Opinión
El clúster de la construcción
Published
12 años agoon
Por: HamletA Hermann
El grupo más resiliente a cambios de administración gubernamental
Los contratistas gubernamentales dominicanos se comportan como un clúster homogéneo, vale decir, un conjunto v de computadoras comunes que, operadas simultáneamente, funcionan cual súper-computadora.
Para que un clúster sea eficiente, no basta solo con conectar entre sí los ordenadores, sino que es necesario proveer un sistema de manejo que se encargue de interactuar entre el usuario y los procesos para optimizar el funcionamiento. En este caso, ese sistema operativo es el Poder Ejecutivo.
El clúster dominicano de la construcción se estructura, además, como un ejército disciplinado donde hay jerarquías establecidas y respetadas. El origen de esta congregación tuvo lugar en los gobiernos de Joaquín Balaguer, cuando la corrupción y la impunidad se erigieron como norma de gobierno. Ese grupo ha sido el más resiliente a los cambios de administración gubernamental. Allí se dan cita los contratistas que predominaron en cada una de las administraciones de diferentes partidos que hemos tenido en medio siglo. Sólo hay que revisar las páginas sociales para descubrir cómo anidan juntos esos especímenes. Básicamente, practican y predican la religión del “grado a grado” institucionalizada por Balaguer y perfeccionada por Leonel Fernández, quien la internacionalizó.
Ese clúster de contratistas tiene elementos radicales en su filosofía. El primero y más importante es que las obras deben ser iniciadas, no importa cómo. Son capaces de empezar a movilizarse sin firmar contrato, sin pago avanzado, sin planos detallados o sin fianza para vicios ocultos. El asunto está en aparentar acción, ya sea movilizando tierra o clavando estacas. Eso sí, por sobre todas las cosas, pagando por adelantado la comisión correspondiente al padrino de turno.
Otro elemento inamovible de la filosofía clusteriana es que, luego de iniciada la obra, hay que terminarla, sea como sea. Para esto ponen en marcha rápida a sus asalariados en los medios de comunicación a divulgar, disimuladamente, el criterio de que la economía nacional resultaría perjudicada si cualquiera de sus mamotretos es paralizado. No en balde algunos miembros de ese clan han hecho enormes inversiones para convertirse en propietarios de medios en la prensa, la radio y la televisión.
Conocidos estos conceptos sobre el clúster de la construcción podríamos llegar a entender por qué se inventan “razones” para tanta sinrazón. ¿Por qué las actuales autoridades aceptan sin sonrojo que el puente Los Pilones haya colapsado tres veces en los cinco años más recientes? ¿No puede el Ministro de Obras Públicas reclamar a los contratistas responsables que asuman responsabilidades y cumplan con las sanciones legales que, se supone, deben haber sido establecidas en los contratos?
Tienen sabor a cinismo las declaraciones de este funcionario cuando dijo “que pidieron ayuda a los contratistas que usualmente trabajan con el gobierno y les dijeron que era tiempo de que hicieran algo por el país”. ¿Por qué no exigió ahora el cumplimiento del contrato firmado con esas empresas en los que la ley exige incluir fianzas que cubren los daños provocados por construcciones deficientes? ¿O no es responsable ya el contratista que reconstruyó el puente Los Pilones apenas once meses atrás? ¿Quién es ese empresario? ¿A qué funcionarios gubernamentales está vinculado? ¿Quién hace posible que la impunidad prevalezca?
Según el Ministro, los trabajos “gratuitos” hechos por los contratistas con motivo de la tormenta Isaac ascendieron a un monto estimado entre 400 y 500 millones de pesos, vale decir de 10 a 12.5 millones de dólares. ¿Nadie se sorprendió ante el alegado desprendimiento de esos empresarios? Esa explicación del funcionario se torna increíble porque vivimos bajo un capitalismo en el que, gracias a la falta de institucionalidad, no predomina la competencia, sino el soborno, la corrupción y la impunidad. ¿Cómo creer que esos empresarios se hayan desprendido de tan enorme suma sin recibir algo a cambio? ¿Y qué de los contratos firmados por el INDRHI en la etapa de transición presidencial con un convicto del fraudulento Plan RENOVE? ¿Serán continuadas esas obras irregularmente contratadas?
Pregunto: si no aplicara sanciones ante violaciones evidentes y comprobables, ¿podría la negligencia del Ministro considerarse ante un tribunal de justicia como prueba circunstancial de complicidad? Habría que preguntarles a los actuales cabecillas del clúster de la construcción en República Dominicana por qué tanta hediondez en el ambiente.
Artículo publicado originalmente en el periódico HOY
Por Isaías Ramos
El país se encuentra nuevamente al borde de un abismo que amenaza no solo con oscurecer nuestras calles, sino con apagar la esperanza de un pueblo que lucha por un futuro mejor. Desde octubre de 2024, el sistema eléctrico nacional ha entrado en un estado de colapso programado, reviviendo los fantasmas de tragedias pasadas como las de 1984 y 2002. Apagones de hasta 16 horas diarias no solo paralizan nuestra vida cotidiana, sino que exponen la desgarradora realidad de un modelo energético corrupto, negligente y diseñado para el lucro de unos pocos a costa de la dignidad de muchos.
Mientras la paciencia de los ciudadanos se agota, el gobierno, incapaz de asumir su responsabilidad, recurre a la excusa de que 800 mil usuarios son «ilegales». Pero esta narrativa no solo es ofensiva, sino que oculta el verdadero problema: estamos atrapados en un sistema diseñado para el saqueo y la explotación, un sistema donde la energía, un derecho humano fundamental, se ha convertido en un negocio para las élites.
Esta crisis no es casualidad ni un accidente. Es el resultado de décadas de decisiones políticas equivocadas que comenzaron con la Ley de Capitalización 141-97. Bajo la promesa de «eficiencia» y «estabilidad», el Estado entregó el sistema eléctrico a manos privadas, prometiendo tarifas justas y un servicio estable. Sin embargo, lo que ocurrió fue el despojo del patrimonio nacional.
Desde entonces, más de 30 mil millones de dólares en “subsidios” han sido transferidos a estas empresas eléctricas, una cifra que hoy pesa como una carga insoportable sobre el endeudamiento nacional. Con esos recursos, podríamos haber instalado 20 mil megavatios de energía solar o 15 mil de energía eólica, garantizando nuestra soberanía energética y dejando atrás este modelo obsoleto. En cambio, seguimos pagando tarifas abusivas, soportando apagones interminables y viendo cómo las ganancias de unos pocos crecen mientras el pueblo vive en la penumbra.
La privatización no solo nos arrebató el control de nuestra energía; nos convirtió en rehenes de un sistema donde la dignidad del pueblo es la moneda más barata.
En lugar de asumir su responsabilidad, el gobierno ha optado por criminalizar al pueblo. Etiquetar a miles de familias como «ladrones» de energía no solo es una muestra de desprecio, sino también una estrategia que intenta desviar la atención de la verdadera raíz del problema.
El pueblo dominicano no es ladrón. Es víctima de un sistema roto y de un liderazgo incapaz de garantizar soluciones reales. Si existen usuarios irregulares, el Estado tiene la obligación de regularizarlos con dignidad y justicia. Ir casa por casa, instalar contadores y garantizar un servicio digno y accesible. Pero lo que vemos es lo contrario: un castigo colectivo que penaliza incluso a quienes cumplen con sus obligaciones.
No podemos ignorar los paralelismos con eventos pasados. En 1984, las decisiones erradas llevaron a un estallido social que dejó más de 100 muertos. En septiembre del 2002, el descontento popular derivó en protestas masivas con resultados de más de una docena de muertos y cientos de heridos que sacudieron al país.
Hoy, la situación es alarmantemente similar. La indignación popular crece, las protestas aumentan y la frustración se siente en cada rincón del país. Las voces de los ciudadanos se alzan en un grito colectivo, exigiendo justicia y soluciones reales. Estas no son señales que se deban ignorar. Hacerlo sería abrir la puerta a un nuevo estallido social que podría superar las tragedias del pasado.
En pleno siglo XXI, la energía no es un lujo ni un privilegio. Es un derecho humano fundamental. Así lo reconoce la ONU en su Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 7, que establece: «Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos».
Nuestra nación no puede seguir siendo esclava de un modelo que prioriza el lucro sobre las personas. Es momento de recuperar lo que nunca debimos perder: el control de nuestra energía y el compromiso con el bienestar colectivo.
Debemos construir un sistema energético basado en la sostenibilidad, accesible para todos y gestionado con justicia. Pero esta transición debe ir acompañada de un enfoque que respete la dignidad del pueblo.
El futuro de nuestro país está en juego. Cada día que pasa sin soluciones es un paso más hacia el colapso, pero también cada acción, por pequeña que sea, puede encender una luz. Una luz que nos guíe hacia un futuro donde la energía sea un derecho garantizado, no una mercancía para el lucro.
Desde el Frente Cívico y Social (FCS), estamos convencidos de que el país necesita un liderazgo renovado, uno que priorice al pueblo sobre los intereses privados, que construya un sistema energético digno y que transforme la crisis en oportunidad.
La pregunta es clara: ¿Seguiremos siendo esclavos de las tinieblas o nos levantaremos para construir el país que merecemos?
¡Despierta, RD!
Opinión
Cumplimiento de las solicitudes de la Corte Penal Internacional
Published
1 día agoon
enero 29, 2025Por Rommel Santos Díaz
Las solicitudes de asistencia se cumplirán de conformidad con el procedimiento aplicable en el derecho interno del Estado requerido y, salvo si ese derecho lo prohíbe, en la forma especificada en la solicitud, incluidos los procedimientos indicados en ella y la autorización a las personas especificadas en ella para estar presentes y prestar asistencia en el trámite.
En el caso de una solicitud urgente y cuando la Corte Penal Internacional lo pida, los documentos o pruebas incluidos en la respuesta serán transmitidos con urgencia.
El Estatuto de Roma establece que las respuestas del Estado Parte requerido serán transmitidas en su idioma y forma original.
Cuando resulte necesario en el caso de una solicitud que pueda ejecutarse sin necesidad de medidas coercitivas, en particular la entrevista a una persona o la recepción de pruebas de una persona voluntariamente, aun cuando sea sin la presencia de las autoridades del Estado Parte requerido si ello fuere esencial para la ejecución de la solicitud, y el reconocimiento de un lugar u otro recinto que no entrañe un cambio en el , el Fiscal podrá ejecutar directamente la solicitud en el territorio de un Estado.
Cuando el Estado Parte requerido fuere un Estado en cuyo territorio se hubiera cometido presuntamente el crimen, y hubiere habido una de admisibilidad de conformidad con los artículos 18 o 19, el Fiscal podrá ejecutar directamente la solicitud tras celebrar todas las consultas posibles con el Estado Parte requerido.
En los demás casos, el Fiscal podrá ejecutar la solicitud tras celebrar consultas con el Estado Parte requerido y con sujeción a cualquier condición u observación razonable que imponga o haga ese Estado Parte.
Cuando el Estado Parte requerido considere que hay problemas para la ejecución de una solicitud de conformidad con las solicitudes a que se hace referencia en los artículos 933 y 96 del Estatuto de Roma, celebrará consultas sin demora con la Corte Penal Internacional para resolver la cuestión.
Finalmente, las disposiciones en virtud de las cuales una persona que sea oída o interrogada por la Corte Penal Internacional con arreglo al artículo 72 podrá hacer valer las restricciones previstas para impedir la divulgación de información confidencial relacionada con la seguridad nacional serán igualmente aplicables al cumplimiento de las solicitudes de asistencia a que se hace referencia en el presente artículo.
Por Nelson Encarnación
Una de las medidas más saludables adoptadas por el Gobierno del presidente Luis Abinader relativas a la alimentación escolar fue establecer que en la elaboración de las raciones servidas en los centros educativos se emplee leche de producción nacional, con lo cual se obtienen variados beneficios.
El principal es apoyar y fomentar la ganadería dominicana, cuya incidencia en varias regiones ha sido tradicionalmente muy importante, logrando mantenerse como proveedores que cuentan con una infraestructura confiable, sólida y segura.
El otro beneficio es el control eficaz de la calidad de la leche que se sirve en estos alimentos, así como a los consumidores en general.
Esto alcanza mayor importancia ante las informaciones relacionadas con la aparición de un brote de fiebre aftosa en Alemania, donde se da cuenta de que esa enfermedad, que afecta animales de granja, ha provocado el sacrificio de determinadas especies.
Las acciones adoptadas en ese país se ajustan a los protocolos sanitarios internacionales que exigen sacrificar a los animales expuestos al contagio para evitar la propagación, debido a su alta tasa de infección.
El brote ha generado alarma en Europa, pues es el primero que se registra en Alemania en los últimos 35 años y que aún no ha podido ser controlado de forma completa y radical, según las informaciones de prensa.Esto obliga a las autoridades nacionales a extremar la vigilancia preventiva para evitar su ingreso a la República Dominicana, ya sea a través de leche o de derivados lácteos que lleguen por canales de importación.
Es una alerta oportuna para llamar la atención a fin de que se fortalezcan los controles fitosanitarios para mantener al país libre de una amenaza cuyas repercusiones serian altamente dañinas para el sector.
Sobre todo cuando, según los especialistas, un factor de gravedad y complicación es que no existe tratamiento para los animales infectados, lo cual—como medida extrema—obliga al sacrificio para combatir los brotes.
Es importante resaltar que, afortunadamente, no afecta a los humanos, pero tiene un gran impacto en la ganadería y en toda la cadena de producción asociada a este rubro.
Suponemos que las autoridades del área están edificadas, pues debemos recordar el trabajo que le costó al país restaurar la confianza de nuestros compradores de productos de origen animal, luego de estar vedados precisamente por no extremar los controles.