Santo Domingo, RD.-Se ha agotado en el país la esperanza de tener un nuevo Código Penal, el cual lleva tantos años de vigencia que ya no encaja con la sociedad dominicana, pero que los legisladores se han apoyado en cualquier contrasentido para evitar su aprobación.Nacionales
El Congreso Nacional le ha dado un archivo definitivo al Código Penal.
Santo Domingo, RD.-Se ha agotado en el país la esperanza de tener un nuevo Código Penal, el cual lleva tantos años de vigencia que ya no encaja con la sociedad dominicana, pero que los legisladores se han apoyado en cualquier contrasentido para evitar su aprobación.Los 222 congresistas, divididos en 190 diputados y 32 senadores, han dispuesto de 730 días para demostrar si disponían de la capacidad suficiente para impulsar normativas legislativas que permitieran, en primera instancia, superar la pandemia del Covid-19.
La pandemia fue el primer desafío para los legisladores. Durante ese tiempo, aprobaron al Poder Ejecutivo nueve solicitudes de Estados de Emergencia, iniciando el 28 de agosto de 2020 y finalizando exactamente un año después.
Sumado a esto, durante la pandemia se aprobaron al menos cinco préstamos destinados a hacer frente al Covid-19, por un monto estimado de US$1,086,080,000, cifra a la cual se le puede agregar otros endeudamientos aprobados durante este período, pero con distintas finalidades.
Un segundo desafío que tuvieron fue la reforma a un Código Penal que tiene más de un siglo de antigüedad, pero la aprobación nunca se pudo concretar.
El proyecto de ley de Código Penal fue debatido por más de un año en comisiones especiales, bicamerales, consultas públicas y otros espacios, sin embargo, cuando todo parecía consensuado, la Cámara de Diputados no alcanzó los votos suficientes para aprobar un informe ya sancionado por el Senado y finalmente el proyecto perimió.
Un tercer desafío que también acaparó la atención nacional, fue la Ley de Extinción de Dominio, aprobada tras polémica, debates acalorados y presión tanto nacional como internacional.
En la primera sanción del Senado no contaba con el apoyo de las bancadas de oposición. Sin embargo, una serie de reformas y consensos en la Cámara de Diputados permitió su aprobación a unanimidad en ambos órganos legislativos.
Aunque estos tres desafíos acapararon la atención nacional en gran parte de estos dos años, este medio recopiló y analizó todas las iniciativas legislativas sancionadas por el Congreso, a partir de su extracción de los sistemas de información legislativa de ambas cámaras, y detectó donde los legisladores han puesto su esfuerzo.
Leyes incompletas
Durante dos años el Congreso solo ha logrado ponerse de acuerdo para aprobar 41 leyes, pero de este número 23 fueron enviadas por el Poder Ejecutivo y una por la Suprema Corte de Justicia, por lo que solo 17 fueron iniciativas de algún legislador.
Además, de este último número, ocho fueron leyes que solo cambian el nombre de alguna calle o estructura, por lo que solo las restantes nueve constituyen piezas que pueden llegar a generar un impacto.
Justamente a partir de esta falta de leyes aprobadas por ambas cámaras legislativas radica un problema, y es que visto de otra manera, los diputados y senadores sólo se han logrado poner de acuerdo en 17 oportunidades cuando se trata de iniciativas propuestas por un legislador.
Esta problemática se fundamenta en que la Cámara de Diputados ha aprobado unas 96 iniciativas de ley y en Senado más de 100 leyes, sin embargo, la mayor parte de estas no logran concretarse, quedando estancadas al pasar de cámara.
Esta problemática también se ha visto reflejada en conflictos públicos, como cn la Ley Nacional de Vacunas, aprobada en el Senado, pero estancada en la Cámara de Diputados, luego de un grupo de diputados alegó que con esa pieza se quería obligar a la población a “vacunarse obligatoriamente”.
De igual manera, está el caso del proyecto de ley que regula la lengua de seña y el Sistema Braille en República Dominicana, el cual ha sido aprobado al menos una cinco veces en la Cámara de Diputados y al llegar al Senado perime.
Las deudas pendientes
Más allá de lo hecho por el Congreso Nacional durante estos dos años, en sus cámaras existen decenas de leyes pendientes de aprobación, que son limitadas a enviarse a una comisión, pero nunca debatidas.
La primera deuda pendiente que tiene el Congreso Nacional y que va acorde a uno de los desafíos no cumplidos, es lograr el consenso y la aprobación del nuevo Código Penal.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, hizo mención de este proyecto a poco de concluir la última legislatura, dando a entrever que podrían retomar los debates y las acciones para intentar sancionar la pieza legislativa en los restantes dos años.
También, dentro de la mora legislativa que tienen en el Congreso Nacional, aparecen otros pendientes, como la reforma al Código Civil, Ias leyes de Hidrocarburos, de Compras y Contrataciones, de Fideicomisos, de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, de Aguas, de Referéndum, entre otras iniciativas.
Sin embargo, aunque trabajo hay de sobra, la cercanía con el inicio de la precampaña electoral podrían colocar en detrimento las labores legislativas para los siguientes dos años.
Restando dos años, los legisladores aún están a tiempo de recomponerse y afrontar las responsabilidades que aún tienen pendiente.
655
Resoluciones.
Entre la Cámara de Diputados y el Senado han aprobado en estos dos años 655 resoluciones, casi una por día, en las cuales los legisladores piden, solicitan, recomiendan, instruyen o exhortan a que algún funcionario de primer nivel a construir algunas obras o ejecute alguna acción a favor de su provincia.
Miles
Siguen vigentes.
En ambas cámaras siguen vigentes miles de resoluciones que al final y al cabo no tienen ningún peso, ya que no comprometen a los funcionarios a tener que dar una respuesta, ya que son un documento declarativo, porque se pide solución a una autorida, pero sin compromiso o exigencia alguna.
Nacionales
Detalles de cómo la PGR siguió al fiscal Aurelio Valdez hasta comprobar entrega de dinero en sobornos
Santo Domingo, R.D.-La solicitud de medida de coerción en contra del fiscal Aurelio Valdez Alcántara narra el proceso de investigación y seguimiento que le hizo el Ministerio Público por supuestamente recibir 10 mil dólares en una entrega controlada.
De acuerdo al órgano acusador, el 13 de marzo de este año, el fiscal concretó un encuentro con Roberto Canaán, quien es testigo en el caso de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa). La reunión sería en Plaza Lama de avenida Jiménez Moya con 27 de Febrero.
“En este lugar Roberto Canaán abordó el vehículo del imputado Aurelio Valdez Alcántara, quien utilizó información privilegiada sobre sus vehículos personales y propiedades para establecer una posición de dominio”, dice la solicitud.
En esta reunión, el fiscal le indicó de manera explícita que podía “alterar el proceso seguido” en contra de Canaán a “cambio de un beneficio económico directo”.
La suma inicial fijada por Valdez Alcántara, según el Ministerio Público, fue de 200 mil dólares, “suma que redujo” a 150 mil, además de que “mostró interés en un reloj Rolex y exigió la entrega de un vehículo de lujo, específicamente un Mercedes Benz 350 o 450 negra”.
Además, el fiscal “rechazó opciones más económicas, como una guagua Volvo o Mazda, insistiendo en el modelo de alta gama solicitado”.
El día 25 de marzo, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, solicitó la designación de un juez para la investigación en este caso. El 27, la magistrada Ysis Muñiz, quien fue la jueza designada, autorizó al Ministerio Público a investigar la entrega vigilada de dinero.
El día 27, en horas de la tarde, Aurelio Valdez contactó a Roberto Canaán para que se reunieran en la Plaza Comercial Bella Vista Mall, en el área de parqueos del cuarto piso, con la “intención de realizar el pago de soborno exigido”.
Como seguimiento en el caso, “para cubrir y documentar la entrega” del dinero, el Ministerio Público conformó un equipo integrado por el mayor Luis Antonio Valdez Moreno, encargado de la División de Operaciones, auxiliado por varios agentes policiales, y acompañados por el fiscal Andrés Octavio Mena.
Estos se trasladaron a la plaza antes citada, también en el cuarto piso, y desde ahí observaron el vehículo Honda CRV, color crema, propiedad del fiscal Aurelio Valdez.
Miraron que Roberto Canaán abordó el carro del fiscal y permaneció por aproximadamente cinco minutos en el interior e hizo la entrega del dinero.
Cuando ambos salieron del parqueo, el fiscal fue seguido por los agentes de la Policía Nacional, quienes le solicitaron detener el vehículo cuando se encontraba en la calle Pedro Antonio Bobea, en la parte frontal del Centro Comercial Almacenes Unidos.
Los policías le ordenaron detener el vehículo y, tras esto, le solicitaron acompañarlos a la Procuraduría General de la República en su vehículo con los agentes.
Cuando se encontraban en el área de parqueos del sótano de la Procuraduría General y en presencia del fiscal Andrés Octavio Mena Marte, procedieron a requisar el interior y preguntarle si tenía algo en su interior, a lo que este indicó que solo tenía un arma de fuego y una tableta tipo computadora de la Procuraduría General de la República.
“En la requisa, con la presencia del imputado Aurelio Valdez Alcántara, específicamente en la parte interior del Sunroof y la tapa corrediza del Sunroof, fueron ocupados la cantidad de 100 billetes de cien dólares americanos, para un total de diez mil dólares (US$10,000.00) en efectivo”, dice la solicitud de medida de coerción, que narra todo lo que encontraron en el vehículo, como tarjetas y celular.
El arma del fiscal, de acuerdo al documento, es una pistola marca Bersa, 9 mm. Color negro con corredera plateada, serial 0018MP, con un cargador y trece (13) cápsulas para la misma.
Nacionales
Fiscal le habría pedido dinero, reloj y auto a Roberto Canaan, testigo de la PGR en el caso Senasa
Santo Domingo, R.D.-El fiscal Aurelio Valdez Alcántara, investigado por pedir soborno, le habría pedido a Roberto Canaán, uno de los principales mencionados en el caso de corrupción del Seguro Nacional de Salud (Senasa), el pago de 200 mil pesos, un rolex y auto Mercedes Benz, según el expediente del Ministerio Público.
Canaan se desempeñó como Gerente de Atención al Usuario en Senasa.
En la solicitud de medida de coerción del caso Senasa, Canaan es señalado como el cuarto testigo que usaría el Ministerio Público en el caso.
Ahora el fiscal Valdez Alcántara enfrenta una solicitud de 12 meses de prisión preventiva como medida de coerción por parte del Ministerio Público.
«Con lo que probamos la estructura orgánica de corrupción, el mecanismo de influencia interna
y el origen ilícito de fondos que caracterizaron la gestión del Dr. Santiago Hazim Albainy. Este testimonio de una persona del círculo interno, aporta una narrativa directa que conecta y da sentido a la evidencia documental previamente.
incorporada», señala el Ministerio Público, como uno de los elementos principales para utilizar a Canaan como testigo en el caso.
Roberto Canaan no figura entre los acusados en el caso Senasa.
El Ministerio Público informó que la investigación que realizan en contra del fiscal arrojó que habría exigido al imputado de Senasa una suma inicial de USD$200,000.
Explicaron que esta suma la redujo a USD$150,000 “en una negociación en la que también mostró interés en un reloj marca Rolex y exigió un Mercedes Benz 350 o 450”.
De acuerdo a las informaciones, Valdez Alcántara fue sometido a la justicia tras ser apresado en flagrante delito el viernes.
Según se ha informado, la investigación del caso la dirige directamente la procuradora general de la República, quien garantizó a toda la población “que jamás va a tolerar actos de corrupción en la institución”.
Esta tarde, a las 2:00, será el conocimiento de la medida de coerción en su contra.
Santo Domingo, R.D.-La audiencia de apelación del juicio contra el pelotero Wander Franco y Martha Vanessa Chevalier fue aplazada nuevamente este lunes.
La fecha dispuesta por el tribunal es del 13 al 15 de mayo, para presentar los medios probatorios por el Ministerio Público e inicio de la defensa técnica.
Franco fue condenado en primera instancia a dos años de prisión suspendida, mientras que Martha Vanessa Chevalier, madre de la menor presuntamente abusada, fue condenada a 10 años de prisión al ser encontrada culpable de explotación sexual y lavado de activos.
El nuevo juicio contra ambos fue ordenado por la Corte de Apelación de la Cámara Penal de Puerto Plata luego de anular la sentencia del 27 junio del 2025 emitida por el tribunal colegiado de esta jurisdicción.