Nacionales
Lluvias afectan 14 acueductos y 321,287 usuarios por averías
El Instituto Nacional de Aguas Potables y Y ALcantarillado (INAPA) registró que 14 acueductos están fuera de servicio, fruto de las fuertes lluvias que afectaron a 321 mil doscientos ochenta y siete usuarios.
La información está contenida en un comunicado emitido por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), que explicó que igualmente, Barahona, San Pedro de Macorís y San Cristóbal presentan viviendas anegadas, personas desplazadas y negocios afectados, de manera parcial.
Igualmente, la Defensa Civil informó en su boletín meteorológico de hoy que 978 viviendas afectadas, cinco destruidas, 4,890 personas desplazados a casas de familiares y dos comunidades incomunicadas conforman el reporte actual de zonas vulnerables en el este y suroeste del país, breves daños y alertas de orientación como medidas preventivas para la población.
Entre las comunidades incomunicadas de Barahona se encuentran Los Arroyos y Arroyo al Medio, resultado de las crecidas de los ríos Bretón, La Colorá y El Colorado, afectando 21 viviendas inundadas, de las cuales, cinco quedaron destruidas, además de una escuela, provocando el desplazamiento de personas a casas de familiares y amigos.
Mientras tanto, en San Pedro de Macorís 45 viviendas fueron anegadas por los fuertes aguaceros ubicados en el callejón de Ortiz y en el sector El Toconal, alrededor de 11 casas.
Parte de las inundaciones urbanas que se registraron el jueves en Santo Domingo. ( )
En la zona de San Cristóbal, el COE reporta 151 viviendas anegadas en los sectores de Santé1, con cuatro viviendas afectadas, el ensanche Constitución con diez viviendas, el Cruce de Madre Vieja Sur con ocho viviendas, Villa Federico también con ocho casas inundadas, el reconocido Lava Pies con 60 viviendas y el populoso Moscú con 59 viviendas anegadas, además del municipio de Haina, con 350 viviendas inundadas.
El organismo preventivo y de socorro explica que la alerta amarilla implica que el evento representa situaciones inminentes de riesgo y severas de emergencias, y en este rango de orientación se encuentran hasta el día de hoy el Gran Santo Domingo, y las provincias de San Cristóbal, Peravia, Azua y Barahona, para un total de cinco.
La alerta Verde es aquella que se declara cuando las expectativas de un fenómeno permiten prever la ocurrencia de un evento peligroso para la población, pudiendo ser total o parcial, en ese sentido, hasta el día de hoy las provincias de Monte Plata, Duarte, Santiago, Samaná, Monseñor Nouel y La Vega.
Asimismo, La Altagracia, El Seibo, Independencia, San Juan, Bahoruco, Pedernales, María Trinidad Sánchez, San pedro de Macorís, La Romana y Hato Mayor, Sánchez y San José de Ocoa, para un total de 18.
La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet), en su boletín de esta mañana de estableció que habrá bastante nubosidad, humedad ye inestabilidad que persiste sobre el Mar Caribe, esto obedece a la incidencia de un sistema de baja presión localizado al sur de Haití, condición que provocará en el día de hoy aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento ocasionales en las regiones del Nordeste, Suroeste, Sureste, Cordillera Central y la zona fronteriza.
A su vez, notificó que para la actual temporada de Huracanes se reconocen 14 tormentas nombradas, siete huracanes, dos huracanes mayores con una probabilidad de 43% que al menos un huracán mayor afecte el Caribe. Del pico de la temporada explicó que se mantiene entre los meses de agosto, septiembre con mayor formaciones de tormentas tropicales y huracanes hasta octubre, donde empieza a disminuir.
El COE como organismo informativo y de prevención recomienda a la población seguir los lineamientos y orientaciones de los organismos de protección civil, mantenerse en contacto con la Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos.
Ante la ocurrencia de aguaceros, los residentes en zonas de alto riesgo que habitan próximo a ríos, arroyos y cañadas deben estar atentos y tomar las medidas de precaución necesarias ante posibles crecidas e inundaciones repentinas. También pueden informarse o solicitar ayuda al 809-472-0909 extensión 462 de la Oficina Presidencial de Tecnología, Información y Comunicación (OPTIC).
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.