Nacionales
Lluvias afectan 14 acueductos y 321,287 usuarios por averías
El Instituto Nacional de Aguas Potables y Y ALcantarillado (INAPA) registró que 14 acueductos están fuera de servicio, fruto de las fuertes lluvias que afectaron a 321 mil doscientos ochenta y siete usuarios.
La información está contenida en un comunicado emitido por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), que explicó que igualmente, Barahona, San Pedro de Macorís y San Cristóbal presentan viviendas anegadas, personas desplazadas y negocios afectados, de manera parcial.
Igualmente, la Defensa Civil informó en su boletín meteorológico de hoy que 978 viviendas afectadas, cinco destruidas, 4,890 personas desplazados a casas de familiares y dos comunidades incomunicadas conforman el reporte actual de zonas vulnerables en el este y suroeste del país, breves daños y alertas de orientación como medidas preventivas para la población.
Entre las comunidades incomunicadas de Barahona se encuentran Los Arroyos y Arroyo al Medio, resultado de las crecidas de los ríos Bretón, La Colorá y El Colorado, afectando 21 viviendas inundadas, de las cuales, cinco quedaron destruidas, además de una escuela, provocando el desplazamiento de personas a casas de familiares y amigos.
Mientras tanto, en San Pedro de Macorís 45 viviendas fueron anegadas por los fuertes aguaceros ubicados en el callejón de Ortiz y en el sector El Toconal, alrededor de 11 casas.
Parte de las inundaciones urbanas que se registraron el jueves en Santo Domingo. ( )
En la zona de San Cristóbal, el COE reporta 151 viviendas anegadas en los sectores de Santé1, con cuatro viviendas afectadas, el ensanche Constitución con diez viviendas, el Cruce de Madre Vieja Sur con ocho viviendas, Villa Federico también con ocho casas inundadas, el reconocido Lava Pies con 60 viviendas y el populoso Moscú con 59 viviendas anegadas, además del municipio de Haina, con 350 viviendas inundadas.
El organismo preventivo y de socorro explica que la alerta amarilla implica que el evento representa situaciones inminentes de riesgo y severas de emergencias, y en este rango de orientación se encuentran hasta el día de hoy el Gran Santo Domingo, y las provincias de San Cristóbal, Peravia, Azua y Barahona, para un total de cinco.
La alerta Verde es aquella que se declara cuando las expectativas de un fenómeno permiten prever la ocurrencia de un evento peligroso para la población, pudiendo ser total o parcial, en ese sentido, hasta el día de hoy las provincias de Monte Plata, Duarte, Santiago, Samaná, Monseñor Nouel y La Vega.
Asimismo, La Altagracia, El Seibo, Independencia, San Juan, Bahoruco, Pedernales, María Trinidad Sánchez, San pedro de Macorís, La Romana y Hato Mayor, Sánchez y San José de Ocoa, para un total de 18.
La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet), en su boletín de esta mañana de estableció que habrá bastante nubosidad, humedad ye inestabilidad que persiste sobre el Mar Caribe, esto obedece a la incidencia de un sistema de baja presión localizado al sur de Haití, condición que provocará en el día de hoy aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento ocasionales en las regiones del Nordeste, Suroeste, Sureste, Cordillera Central y la zona fronteriza.
A su vez, notificó que para la actual temporada de Huracanes se reconocen 14 tormentas nombradas, siete huracanes, dos huracanes mayores con una probabilidad de 43% que al menos un huracán mayor afecte el Caribe. Del pico de la temporada explicó que se mantiene entre los meses de agosto, septiembre con mayor formaciones de tormentas tropicales y huracanes hasta octubre, donde empieza a disminuir.
El COE como organismo informativo y de prevención recomienda a la población seguir los lineamientos y orientaciones de los organismos de protección civil, mantenerse en contacto con la Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos.
Ante la ocurrencia de aguaceros, los residentes en zonas de alto riesgo que habitan próximo a ríos, arroyos y cañadas deben estar atentos y tomar las medidas de precaución necesarias ante posibles crecidas e inundaciones repentinas. También pueden informarse o solicitar ayuda al 809-472-0909 extensión 462 de la Oficina Presidencial de Tecnología, Información y Comunicación (OPTIC).
Santo Domingo.- Raymundo Mejía, juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá el próximo 15 si envía o no a juicio a los propietarios de la discoteca Jet Set Club, Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de 236 personas fallecidas durante el derrumbe del techo del centro de diversión, ocurrido el 8 de abril del 2025.
El magistrado dará el fallo a las 10:00 de la mañana de esa fecha, con el objetivo de ponderar los argumentos del Ministerio Público, de los representantes legales de las víctimas y de la defensa de los imputados.
Esto tras más de un año de ocurrir la tragedia que dejo más de 200 personas fallecidas y más de cien heridos y decena de huérfanos.
Durante la audiencia, familiares de los fallecidos y personas afectadas expusieron ante el juez cómo han cambiado sus vidas tras el trágico suceso. Asimismo, los imputados y su defensa presentaron sus argumentos ante el tribunal.
El Ministerio Público solicitó formalmente el envío a juicio de los propietarios de la discoteca Jet Set Club, al considerar que existen suficientes elementos de prueba que demuestran la responsabilidad de los hermanos Espaillat en los hechos que se les imputan.
A la salida del tribunal, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, expresó que espera que el juez adopte una decisión acorde a la ley y ordene el envío a juicio de los acusados.
El 18 de junio, le dictan medida de coerción contra Antonio y Maribel Espaillat, propietario y gerente de la discoteca Jet Set, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de más de 230 personas fallecidas y 189 heridas tras el desplome del techo del centro de diversión. Ellos fueron apresados el 12 de junio por miembros del Ministerio Público tras ser interrogado por el hecho.
Santo Domingo.- Mientras en el pais se pregona que se ha avanzado en el estado de derecho, ocupa el segundo lugar en América Latina y el Caribe con mayor numero de presos preventivos y ocupación penitenciaria más alta, superada solo por Haití, según la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).
El dato, que es reseñado este domingo por periódico Listín Diario refleja una debilidad estructural del sistema de justicia penal en su capacidad de investigación y procesamiento.
Señala que en República Dominicana hay aproximadamente 25,000 personas privadas de libertad, de las cuales cerca de 16,000, equivalente a mas del 60% son preventivos.
El documento advierte que la elevada proporción de personas privadas de libertad sin sentencia firme en América Latina y el Caribe evidencia esa misma debilidad estructural. Cuando las investigaciones criminales son lentas o de baja calidad y los tribunales enfrentan sobrecarga de casos, la prisión preventiva termina usándose como sustituto de investigaciones eficaces y procesos judiciales oportunos.
Agrega que la dinámica se refuerza por la presión política y social de “mostrar resultados” en materia de seguridad. Esa presión incentiva respuestas punitivas inmediatas, incluso cuando los procesos judiciales no están plenamente desarrollados.
“El resultado es una acumulación de personas detenidas sin condena que traslada las fallas del debido proceso al sistema penitenciario. Esto contribuye al hacinamiento y debilita la capacidad del Estado para mantener un control efectivo sobre las cárceles”, señala Democracias Bajo Presión.
El PNUD explica que desde inicios del siglo XXI la región ha registrado uno de los aumentos más rápidos de población penitenciaria a nivel mundial. El número de personas privadas de libertad pasó de unos 700,000 a comienzos de los años 2000 a cerca de 1.8 millones en 2024. Es un incremento cercano al 150%.
“Este crecimiento contrasta con la relativa estabilidad o el aumento moderado observado en otras regiones y refleja, entre otros factores, la expansión de políticas penales más punitivas y el uso extensivo de la prisión preventiva”, apunta el informe.
Asimismo, establece que la población privada de libertad en América Latina y el Caribe presenta un marcado sesgo socioeconómico. Los estudios revelan que las personas bajo prisión tienen un nivel educativo inferior al promedio de la población general.
“Esta desigualdad se acentúa en la fase de la prisión preventiva, donde el acceso limitado a una defensa legal y las dificultades para acreditar condiciones de arraigo —como domicilio estable, empleo formal o fianzas— incrementan la probabilidad de permanecer detenido durante el proceso judicial”, destaca el estudio.
Ante ese panorama, el PNUD advierte que cuando las cárceles presentan sobrepoblación crónica, déficits de control interno o se convierten en centros de coordinación de actividades ilícitas, la capacidad del Estado para ejecutar sanciones queda comprometida.
Otras causas del problema
El reporte también señala que los cuerpos policiales en América Latina y el Caribe enfrentan fragmentación institucional, bajos niveles de profesionalización, limitaciones en capacidades investigativas y vulnerabilidad a la cooptación local.
Por eso, cuando la probabilidad de sanción es reducida —lo que se refleja en bajas tasas de homicidios esclarecidos— el poder intimidatorio de los actores criminales se amplifica y la autoridad estatal pierde credibilidad.
La medida de coerción efectiva, según el informe, no se mide solo por operativos o despliegues, sino por la capacidad de investigar, procesar y sancionar de manera consistente. “En este sentido, la impunidad constituye un indicador central de debilitamiento coercitivo: sin consecuencias previsibles frente al delito, el monopolio legítimo de la violencia se vuelve nominal más que efectivo”.
Santo Domingo, R.D.-Una estructura criminal desarticulada por el Ministerio Público, identificada como Operacion Onco 14, recibió una imputación formal al ser acusada de orquestar un sofisticado esquema de fraude en perjuicio del Estado dominicano, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y cientos de pacientes oncológicos de la región del Cibao.
Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato y exmiembro de la junta directiva del IORC, Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
Según el expediente, los acusados utilizaron empresas fachada, incluyendo Vargas Lora & Asociados (actualmente Vargas Guzmán Accounting Center) y la fundación antes mencionada, para desviar fondos destinados a tratamientos médicos vitales para pacientes del régimen subsidiado.
El Ministerio Público subraya una irregularidad clave en la investigación, aunque los estatutos del IORC estipulaban un mandato de dos años para la presidencia, Héctor Antonio Lora Cruceta se mantuvo en el cargo desde el 9 de octubre de 2018 hasta el 6 de octubre de 2025.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, destacó que esta es la tercera estructura criminal enfrentada como parte de las investigaciones sobre el fraude al SeNaSa, una labor de depuración iniciada con la Operación Senasa bajo la dirección de la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso.
En los allanamientos, realizados con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), se ocuparon dinero en efectivo y títulos de propiedad, dispositivos electrónicos (computadoras, celulares, DVR), documentación comprometedora y vehículos.
Según el Ministerio Público el grupo deberá responder por una serie de cargos graves que incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito a sistemas), lavado de activos.