Nacionales
Nuevo Código Penal es atacado ante el TC por Colegio de Abogados.
Santo Domingo, R.D.-El Colegio de Abogados de la República Dominicana interpuso una accion directa de inconstitucionaolidad contra diversos articulos del nuevo Codigo Penal, al considerar que la norma contraviene garantias fundamentales coonsagradas en la carta magna, lo cual ocurre a poco menos de cuatro meses para que entre en vigencia.
El recurso, interpuesto por la seccional del gremio en San Pedro de Macorís, ataca 11 artículos de la Ley 74-25, entre los que destaca el límite de pena en concurso de infracciones, que fija un máximo de hasta 60 años de prisión en casos de múltiples delitos.
El abogado Andrés Contreras, quien representa a la parte accionante, explicó que esta prerrogativa, contemplada en el artículo 49 del código, puede generar sanciones que en la práctica se equiparan a una pena de muerte.
El abogado señaló que, aunque existe un reclamo social para endurecer las sanciones penales, estas medidas deben ajustarse al marco constitucional vigente.
En contraposición, la representación legal de la Cámara de Diputados pidió declarar conforme a la Constitución el nuevo Código Penal, «por haberse llevado a cabo con estricto apego a la carta política del Estado». Asimismo, calificó el recurso de «improcedente, mal fundado y carente de veracidad».
El Senado de la República solicitó a la alta corte rechazar la acción, «por no demostrar con fundamentos constitucionales pertinentes las alegaciones de vulneración».
Tras escuchar a las partes, el Tribunal Constitucional (TC), encabezado por el magistrado Napoleón Estévez, se reservó el fallo.
El 17 de diciembre de 2025, la seccional del CARD en San Pedro de Macorís y su presidenta, Josefina Guerrero, interpusieron una acción de inconstitucionalidad contra 11 artículos del nuevo Código Penal. Estos son:
- Artículo 2.10. Principio de no duplicidad de condena: prohíbe juzgar o sancionar dos veces por el mismo hecho.
- Artículo 24. Clasificación de las penas: establece los tipos de penas (privativas de libertad, restrictivas de derechos, multas y medidas sociojudiciales).
- Artículo 49. Límite de pena en concurso de infracciones: fija un máximo de hasta 60 años de prisión en casos de múltiples delitos.
- Artículo 68. Medidas de seguimiento sociojudicial: contempla restricciones posteriores a la condena (contacto con la víctima, residencia, tratamiento, entre otras).
- Artículo 142. Exhibicionismo sexual: tipifica y sanciona conductas de exposición sexual en público.
- Artículo 170. Autosecuestro: penaliza la simulación de secuestro con fines económicos u otros beneficios.
- Artículo 214. Abandono de niños, niñas y adolescentes: sanciona el incumplimiento del deber de cuidado.
- Artículo 260. Ocultamiento de cadáver: castiga la ocultación de un cuerpo, con agravantes si hay delito previo.
- Artículo 284. Corrupción pública: define y sanciona actos de corrupción de funcionarios públicos.
- Artículo 303. Malversación de fondos públicos: sanciona el uso indebido de recursos del Estado.
- Artículo 388. Aplicación de disposiciones: regula la correspondencia entre el nuevo Código Penal y normas anteriores.
TC conoció 12 roles de los que declaró uno inadmisible
El Pleno del TC conoció este miércoles 12 expedientes, de los cuales 11 quedaron en estado de fallo y uno fue declarado inadmisible.
El primer expediente conocido fue el TC-01-2025-0068, en el que Juan Arismendi Mañón Jiménez, Manuel Valdez y la Banca de Lotería Axel impugnaron la Sentencia SCJ-PS-25-2117, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia el 30 de diciembre de 2025.
Este fue declarado inadmisible debido a que el acto atacado no está previsto dentro de las normas susceptibles de impugnación de acción directa de inconstitucionalidad.
Posteriormente, los jueces dejaron en estado de fallo el expediente TC-01-2025-0063, cuyo accionante, Edghar Manuel Polanco Frías atacó el párrafo II del artículo 64 y el numeral 11 del artículo 4 de la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, del 1 de junio de 2017; y los artículos 4, párrafo II, y 7 de la Norma General 07-2022, que establece la exigencia de la constancia fehaciente de pago para que los notarios públicos puedan instrumentar actos y legalizar firmas, emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
En el mismo estatus quedó el expediente TC-01-2025-0064, que tuvo como accionante a Víctor Alejandro Lara Lluberes Quezada, quien impugnó la parte in fine del artículo 11 de la Ley 327-98, de Carrera Judicial, del 11 de agosto de 1998.
De igual forma, el expediente TC-01-2025-0065, interpuesto por Víctor Alejandro Lara Lluberes Quezada en contra de los artículos 132 de la Ley 87-01, del 9 de mayo de 2001, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, y el art. 3 del Reglamento sobre el Subsidio por Maternidad y el Subsidio por Lactancia, aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), mediante Resolución 98-02, del 19 de febrero de 2004, que fue modificado por las resoluciones 138-08, de fecha 11 de agosto de 2005; 181-01, de fecha 14 de julio de 2008, y 378-03, del 26 de noviembre de 2015.
Otro de los expedientes pendientes de fallo, el TC-01-2025-0069, tuvo como accionantes a American Thunder Fireworks, S.R.L., American Pyrothecnics, S.R.L., Avengers Fireworks, Fuegos Artificiales Oriental, Fuegos Phantastik, Heroudini Fireworks, Jupiter Fireworks, Metralla/Party Market, S.R.L., Premium Fireworks, S.R.L., Skysongs Fireworks, Wizard Group, S.R.L. y Firelab Efectos Especial, S.R.L, quienes atacaron la Ley 340-09, para el Control y la Regulación de Productos Pirotécnicos, de fecha 23 de noviembre de 2009.
Igualmente quedó el expediente TC-01-2025-0070, mediante el cual Blas Antonio Reyes R. refutó la Ley 339, del 22 de agosto de 1968, que establece que las viviendas construidas por los organismos autónomos del Estado o directamente por el Poder Ejecutivo quedan declaradas de pleno derecho bien de familia.
Asimismo, está pendiente de fallo el expediente TC-01-2025-0071, interpuesto por el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), seccional San Pedro de Macorís, y su presidenta, Josefina Guerrero, en el que atacan los artículos 2.10, 24, 49, 68, 142, 170, 214, 260, 284, 303 y 388 del Código Penal Dominicano.
A seguidas, el Pleno dejó en estado de fallo el expediente TC-01-2025-0072, que tuvo como accionantes a Miguel Valdemar Díaz y Shesnel Alejandro Calcaño Mena, quienes impugnaron los artículos 8, 146 y 150 de la Ley 97-25, que instituye el Código Procesal Penal de la República Dominicana, de fecha 8 de diciembre de 2025.
Otro expediente a la espera de ser fallado es el TC-01-2025-0073, en el que el accionante, Marino Marrero Báez, atacó la omisión legislativa y el exceso administrativo en materia de activos virtuales.
También el expediente TC-01-2025-0062, interpuesto por Edghar Manuel Polanco Frías contra el artículo 15 del decreto 50-13, que establece el Reglamento de Aplicación de la Ley 253-12, para el Fortalecimiento de la Capacidad Recaudatoria del Estado para la Sostenibilidad Fiscal y el Desarrollo Sostenible, del 1 de febrero de 2013.
En igual condición quedó el expediente TC-01-2025-0066, cuyos accionantes, Víctor Alejandro Lara Lluberes Quezada y Ana Franchesca Medina Quezada, refutaron el convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores del 25 de octubre de 1980, celebrado en La Haya, Países Bajos, y la Resolución 480-2008, dictada por la Suprema Corte de Justicia en Cámara de Consejo en fecha 6 de marzo de 2008.
Por último, los jueces dejaron pendiente de fallo el expediente TC-01-2025-0067, mediante el cual Maritza Méndez Severino atacó el acuerdo de cooperación bilateral entre el Gobierno de la República Dominicana y el Gobierno de los Estados Unidos de América, de fecha 13 de noviembre de 2025.
Nacionales
Senado aprueba reforma que cambia la designación de procuradores adjuntos y adapta el Ministerio Público a la Constitución
La iniciativa modifica la Ley Orgánica 133-11 para adecuar la estructura y los mecanismos de nombramiento de las autoridades del Ministerio Público a los cambios introducidos por la reforma constitucional de 2024.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.— El Senado de la República aprobó este miércoles, en segunda discusión, un proyecto legislativo que introduce modificaciones a la Ley 133-11, Orgánica del Ministerio Público, con el propósito de armonizar su funcionamiento y organización institucional con las disposiciones de la Constitución proclamada el 27 de octubre de 2024.
La iniciativa, presentada por el senador Ramón Rogelio Genao, procura actualizar las normas relacionadas con la designación del procurador general de la República y sus adjuntos, así como incorporar los cambios constitucionales en la composición del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
Uno de los aspectos centrales de la propuesta es la nueva distribución de competencias para seleccionar a los procuradores adjuntos, estableciendo la participación del Consejo Nacional de la Magistratura y del propio procurador general en esos nombramientos.
Procurador general podrá seleccionar parte de sus adjuntos
De acuerdo con el artículo 31 del proyecto aprobado, el procurador general de la República podrá contar con un máximo de 14 procuradores adjuntos.
La mitad de estos funcionarios será designada por el Consejo Nacional de la Magistratura, a propuesta del presidente de la República, y deberá reunir los mismos requisitos constitucionales exigidos para ocupar la Procuraduría General.
Los siete puestos restantes serán seleccionados por el procurador general entre los procuradores generales de Cortes de Apelación que cumplan las condiciones establecidas para ejercer esas funciones.
Esta distribución busca adecuar la estructura del Ministerio Público al esquema institucional surgido de la reforma constitucional de 2024.
Reforma constitucional cambió el mecanismo de designación
Uno de los principales cambios introducidos en la Constitución de 2024 fue la modificación del procedimiento para nombrar al procurador general de la República.
Anteriormente, su designación correspondía directamente al presidente de la República mediante decreto.
Con el nuevo modelo constitucional, el mandatario presenta una propuesta de candidato ante el Consejo Nacional de la Magistratura, organismo al que corresponde decidir sobre su designación.
Otra modificación importante fue la salida del procurador general de la composición del CNM, órgano del que formaba parte desde la reforma constitucional de 2010.
Su lugar pasó a ser ocupado por el presidente del Tribunal Constitucional, como parte de la reorganización del organismo responsable de determinadas designaciones de altas autoridades del sistema de justicia.
La reforma aprobada por el Senado procura eliminar las contradicciones entre la legislación orgánica vigente y las nuevas disposiciones constitucionales.
Continúa pendiente discusión de regulación de conflictos de intereses
Durante la misma jornada legislativa, los senadores avanzaron en el conocimiento del proyecto de Ley General de Regulación de los Conflictos de Intereses en el Ejercicio de Funciones Públicas.
La propuesta, presentada por el senador Antonio Manuel Taveras, fue leída hasta el artículo 20 y posteriormente quedó sobre la mesa para continuar su discusión en otra sesión.
La iniciativa forma parte de los esfuerzos legislativos orientados a establecer reglas sobre los conflictos de intereses que pueden surgir en el desempeño de responsabilidades públicas.
Verón-Punta Cana avanza hacia su conversión en municipio
En otro punto de la agenda, el Senado aprobó el proyecto de ley que eleva el Distrito Municipal Turístico Verón-Punta Cana, perteneciente al municipio Higüey, provincia La Altagracia, a la categoría de municipio.
La propuesta fue presentada por el senador Rafael Varón Duluc y busca modificar la categoría político-administrativa de esa demarcación, caracterizada por su importante actividad turística.
También recibió aprobación la iniciativa que establece el 2 de diciembre de cada año como Día de la Mujer Municipalista, procedente de la Cámara de Diputados.
Aprueban solicitudes de obras y servicios comunitarios
El pleno senatorial acogió diversas resoluciones dirigidas a promover proyectos de infraestructura, servicios públicos y desarrollo comunitario en distintas provincias del país.
Entre ellas figura una solicitud al Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), presidido por Guido Gómez Mazara, para ampliar los servicios de telefonía e internet en comunidades de El Seibo.
Asimismo, los legisladores aprobaron iniciativas para solicitar la habilitación de una funeraria municipal en Sabana de la Mar, provincia Hato Mayor, y la donación de dos autobuses destinados al transporte de estudiantes universitarios de El Valle y Sabana de la Mar.
En materia de propiedad agraria, se acogió una resolución que solicita avanzar en la titulación de terrenos correspondientes a los proyectos Villela, Yerba Buena, Palmarejo, Los Castellanos, Capote, Los Guayo, Piñita y San Rafael, en Hato Mayor.
Estas últimas propuestas fueron impulsadas por el senador Cristóbal Venerado Castillo.
Salud, deportes y cultura también figuran entre las prioridades
En el ámbito sanitario, los senadores aprobaron una iniciativa presentada por María Mercedes Ortiz Diloné para solicitar la construcción de un centro de hemodiálisis en la provincia Hermanas Mirabal.
También fue acogida una resolución del senador Daniel Enrique de Jesús Rivera Reyes orientada a impulsar la terminación del proyecto denominado Colector 10, localizado en la zona este de Santiago.
En materia deportiva, se aprobaron solicitudes para ampliar y remodelar la cancha bajo techo de Laguna Salada, provincia Valverde, y remozar el Coliseo de Boxeo Pepe Mallén, en San Pedro de Macorís.
Las propuestas fueron presentadas por los senadores Odalis Rafael Rodríguez Rodríguez y Aracelis Villanueva Figueroa, respectivamente.
En el área cultural, el Senado respaldó iniciativas destinadas a reconocer las trayectorias de los artistas Facundo Peña, por sus aportes al merengue típico, y Máximo Antonio del Rosario Almonte, conocido popularmente como Toño Rosario, por su contribución a la música dominicana.
Senado aprueba protocolo internacional sobre ciberdelincuencia
Como parte de sus trabajos, la Cámara Alta también aprobó, en única lectura, el Segundo Protocolo Adicional al Convenio del Consejo de Europa sobre la Ciberdelincuencia, firmado el 12 de mayo de 2022.
El instrumento internacional, sometido por el Poder Ejecutivo, está relacionado con el fortalecimiento de la cooperación entre Estados y el intercambio de pruebas electrónicas en investigaciones de delitos informáticos.
Legisladores rinden homenajes póstumos
Durante la sesión, los senadores guardaron un minuto de silencio en memoria de varias personas fallecidas.
Entre ellas estuvieron el niño Justin Rafael, hijo de un colaborador del área de informática del Senado; Alejandro Peña, fallecido en un accidente de tránsito; Raúl Martínez, hermano de un colaborador de la Oficina Senatorial de La Vega, y el médico Luis Eduardo Soto, de San José de Ocoa.
Al concluir los trabajos, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, convocó a los legisladores para una nueva sesión el miércoles 14 de octubre, a las 2:00 de la tarde.
La aprobación en segunda discusión de la modificación a la Ley Orgánica del Ministerio Público constituye un avance en el proceso de adecuación de la legislación dominicana a la reforma constitucional de 2024, aunque la iniciativa deberá completar los trámites legislativos correspondientes antes de convertirse en ley vigente.
EFE
La organización reclama una investigación independiente sobre el fallecimiento ocurrido el 3 de octubre y advierte que el control migratorio debe ejecutarse respetando los derechos humanos y los límites legales del uso de la fuerza.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.— La muerte de un joven de presunto origen haitiano durante un operativo de control migratorio realizado en Punta Cana ha motivado un llamado de Amnistía Internacional para que las autoridades dominicanas investiguen las circunstancias del hecho y determinen si existieron actuaciones contrarias a la ley.
La organización defensora de los derechos humanos solicitó este miércoles 7 de octubre una investigación inmediata, independiente, imparcial y exhaustiva sobre el incidente ocurrido el pasado sábado 3 de octubre, en el que, según informaciones difundidas por medios locales, el joven habría recibido disparos de un agente de la Dirección General de Migración (DGM).
Amnistía Internacional manifestó preocupación por la ausencia de información oficial sobre las circunstancias en que se produjo el fallecimiento y consideró necesario esclarecer lo sucedido, identificar posibles responsabilidades y garantizar el acceso a la justicia de los familiares de la víctima.
Reclaman determinar las circunstancias de los disparos
La organización insistió en que las autoridades deben establecer cómo se desarrolló el procedimiento migratorio, las condiciones en que ocurrió el incidente y si la actuación de los agentes se ajustó a las disposiciones legales que regulan el uso de la fuerza.
En ese sentido, recordó que los estándares internacionales de derechos humanos establecen restricciones estrictas al empleo de armas de fuego por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
Amnistía Internacional sostuvo que la utilización intencional de fuerza letal únicamente puede justificarse cuando resulte estrictamente inevitable para proteger una vida.
Asimismo, enfatizó que la condición migratoria de una persona, independientemente de que se encuentre en situación regular o irregular, no constituye una justificación para el uso ilegítimo de la fuerza.
Organización denuncia posibles prácticas discriminatorias
La directora de Amnistía Internacional para las Américas, Ana Piquer, señaló que durante años distintas organizaciones dominicanas, haitianas e internacionales han documentado denuncias relacionadas con las políticas de control migratorio aplicadas en República Dominicana.
Entre las prácticas denunciadas mencionó la identificación de personas por características raciales, detenciones arbitrarias, deportaciones colectivas y otras actuaciones consideradas discriminatorias.
Piquer planteó que estos antecedentes deben ser tomados en consideración durante las investigaciones, a fin de determinar si la muerte del joven constituye un hecho aislado o guarda relación con posibles patrones de actuación institucional.
La representante de la organización también reclamó que cualquier funcionario cuya responsabilidad en violaciones de derechos humanos resulte demostrada responda ante las instancias correspondientes.
Políticas migratorias bajo cuestionamiento
El pronunciamiento de Amnistía Internacional se produce en medio de la aplicación de las medidas adoptadas por el Gobierno dominicano para reforzar los controles migratorios y las deportaciones de ciudadanos extranjeros que permanecen irregularmente en el territorio nacional.
Desde octubre de 2024, el Poder Ejecutivo desarrolla un programa de repatriaciones que estableció como objetivo alcanzar hasta 10,000 deportaciones de haitianos por semana.
Según las estadísticas oficiales citadas, entre enero y julio de 2026 fueron deportados 250,429 ciudadanos haitianos en condición migratoria irregular.
Estas medidas se ejecutan en un contexto marcado por la crisis política, institucional, económica y de seguridad que atraviesa Haití, situación que ha incrementado los desafíos migratorios y humanitarios en la isla.
Amnistía Internacional ha cuestionado determinadas prácticas utilizadas durante estos procedimientos y ha solicitado que las políticas migratorias dominicanas se apliquen sin discriminación y con respeto a las garantías fundamentales.
Control migratorio y respeto a los derechos humanos
Aunque los Estados tienen facultades para regular el ingreso, la permanencia y la salida de personas extranjeras de sus territorios, el ejercicio de esas atribuciones debe ajustarse a la legislación nacional y a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
En República Dominicana, los procedimientos migratorios están regulados por la Ley General de Migración número 285-04 y su normativa complementaria.
Asimismo, la Constitución reconoce la protección del derecho a la vida, la dignidad humana y las garantías del debido proceso.
En ese contexto, las denuncias sobre actuaciones irregulares de agentes estatales requieren investigaciones que permitan establecer los hechos sin prejuzgar la responsabilidad de las personas involucradas.
Esperan pronunciamiento de las autoridades
Hasta el momento de la información difundida, no se habían ofrecido explicaciones oficiales sobre las circunstancias específicas de la muerte del joven durante el operativo realizado en Punta Cana.
La falta de detalles mantiene abiertas interrogantes sobre el desarrollo de la intervención, el empleo de armas de fuego y las actuaciones posteriores al incidente.
Amnistía Internacional reiteró que las autoridades dominicanas deben garantizar una investigación efectiva y adoptar las medidas correspondientes si se comprueba la comisión de alguna violación de derechos humanos.
El caso vuelve a colocar en el debate público la necesidad de compatibilizar la potestad del Estado para controlar sus fronteras y aplicar su política migratoria con la obligación de proteger la vida, la integridad física y los derechos fundamentales de todas las personas bajo su jurisdicción.
Niní Cáffaro, Leonel Lirio y Janina Rosado fueron distinguidos por la Cámara de Diputados en reconocimiento a sus aportes a la música, el diseño de moda y la proyección artística de la República Dominicana.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.— Tres destacadas personalidades del arte dominicano recibieron este miércoles un homenaje de la Cámara de Diputados, que reconoció sus respectivas trayectorias profesionales y contribuciones al fortalecimiento de la identidad cultural del país.
El cantante Erasmo Niní Cáffaro, el diseñador de moda Leonel Lirio y la pianista y arreglista Janina Rosado fueron distinguidos durante una ceremonia celebrada en el Salón de la Asamblea Nacional, donde recibieron pergaminos de reconocimiento aprobados mediante resoluciones legislativas.
La actividad reunió a legisladores, representantes de diversos sectores y personalidades vinculadas al arte, la política y la cultura nacional.
Niní Cáffaro, una trayectoria vinculada a la música dominicana
La distinción concedida a Niní Cáffaro surgió de una iniciativa presentada por Lucía Medina Sánchez, expresidenta de la Cámara de Diputados.
La resolución destaca la trayectoria del intérprete y sus aportes al desarrollo y la difusión de la música dominicana, tanto dentro como fuera del territorio nacional.
Durante la ceremonia, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, expresó que constituye un honor para la institución reconocer a una figura cuya carrera artística forma parte del patrimonio musical del país.
El homenaje representa un reconocimiento institucional a los años de dedicación de Cáffaro a la interpretación musical y a su contribución a la cultura dominicana.
Leonel Lirio, reconocido por proyectar la moda nacional
El diseñador Leonel Lirio también recibió una distinción por su trayectoria en la industria de la moda y sus contribuciones al posicionamiento del diseño dominicano.
La resolución fue sometida por la diputada Selinée Méndez, quien resaltó la influencia de Lirio en la promoción de la identidad cultural a través de sus creaciones, así como su participación en iniciativas de formación académica.
Al referirse al homenajeado, Alfredo Pacheco destacó que sus diseños han vestido a personalidades nacionales e internacionales, contribuyendo a dar visibilidad al talento creativo de República Dominicana.
El reconocimiento pone de relieve la importancia de la moda como manifestación cultural y como una actividad capaz de proyectar internacionalmente la creatividad dominicana.
Janina Rosado, una vida dedicada al talento musical
La pianista y arreglista Janina Rosado fue distinguida por su destacada participación en el desarrollo de la música nacional y su proyección artística internacional.
La iniciativa legislativa fue presentada por la diputada Juana Castillo, quien valoró la trayectoria profesional de Rosado y sus contribuciones al fortalecimiento del arte dominicano.
Durante el acto, Pacheco recordó su participación como pianista en la agrupación del reconocido cantautor Juan Luis Guerra, experiencia que ha formado parte importante de su recorrido musical.
La distinción reconoce tanto sus capacidades interpretativas como su trabajo en los arreglos musicales y su contribución a la presencia de artistas dominicanos en escenarios internacionales.
Cámara de Diputados destaca importancia de preservar los legados culturales
La diputada Dilenia Santos, presidenta de la Comisión Permanente de Reconocimientos, destacó la labor desarrollada por los legisladores que promueven iniciativas destinadas a valorar las trayectorias de ciudadanos sobresalientes.
Asimismo, resaltó el trabajo de la comisión legislativa para documentar los méritos y contribuciones de las personas propuestas para recibir estas distinciones.
Santos señaló la importancia de dar visibilidad a quienes, desde distintas áreas profesionales, han contribuido al desarrollo de la sociedad dominicana.
Personalidades acompañan a los homenajeados
La ceremonia contó con la presencia de figuras del ámbito político, cultural y deportivo.
Entre los asistentes estuvieron la exvicepresidenta de la República Margarita Cedeño; el expresidente de la Cámara de Diputados Radhamés Camacho; el exdiputado Máximo Castro; la cantante Olga Lara y Luisín Mejía, miembro del Comité Olímpico Internacional.
También participaron legisladores y otros invitados que acompañaron a los homenajeados durante la entrega de los pergaminos.
Al recibir las distinciones, Niní Cáffaro, Leonel Lirio y Janina Rosado expresaron su agradecimiento a la Cámara de Diputados y dedicaron los reconocimientos a sus familiares, amigos y personas que los han acompañado durante sus respectivas carreras.
Con este acto, la Cámara de Diputados resaltó la importancia de reconocer en vida a quienes han contribuido a enriquecer el patrimonio artístico y cultural de República Dominicana.