TODOS LOS IMPLICADOS QUE HAN DECLARADO NIEGAN QUE COMETIERAN HECHOS DOLOSOS
Santo Domingo.- La orden de detención por parte de la Procuraduría General de la República, de un grupo de funcionarios y legisladores activos, antiguos congresistas y dirigentes políticos causó una conmoción sin precedentes en el país, que todavía no concluye porque el ministro de Industria y Comercio, Temístocles Montás, uno de los encartados, renunció al puesto.
Si bien Montás le dice al presidente Danilo Medina en una carta en la cual se desvincula de cualquier hecho delictivo, que pone a su disposición su cargo, se da por descontado que el gobernante acogerá esa misiva como una renuncia y procederá cuanto antes a nombrar su sustituto, una forma de mantener su distancia del tema judicial.
Se supo que al menos uno de los sometidos trató de ver al presidente Medina, pero se le habría informado que el gobernante estaba muy ocupado. Otra versión dice que el Presidente mandó a decir a sus cercanos colaboradores que no quería involucrarse en asuntos que estaban encaminados en la justicia.
El coletazo dominicano del escándalo de la empresa brasileña Odebrecht, que involucra a dos de los partidos más importantes del país, el gobernante de la Liberación Dominicana y el Revolucionario Moderno, PRM, podría ser una indicación de la urgencia de una ley de partidos, hasta ahora resistida por los políticos.
El procurador general, Jean A. Rodríguez, ofreció una declaración a la prensa en la cual detalló lo que estaba en proceso con la detención de las personalidades de la política y empresas y aseguró que con ello “están todos los que son y todos los que están”, una señal que calmó el pánico que ha cundido entre los señalados por listas y rumores, aunque en los juicios otros podrían ser arrastrados.
Rodríguez, en su condición de fiscal de la Suprema Corte de Justicia, pidió al Congreso Nacional despojar de la inmunidad parlamentaria a los senadores Tommy Galán, de San Cristóbal y Julio César Valentín, de Santiago, así como al diputado del Partido Revolucionario Moderno PRM, Alfredo Pacheco.
Rodríguez informó también que el caso ha sido declarado complejo, lo que le dará a las autoridades judiciales un espacio de hasta 18 meses para la introducción y los juicios, algunos de los cuales llegarían a la Suprema Corte de Justicia, de manera inmediata si abarca a funcionarios privilegiados, o al final del proceso, para los de jurisdicción ordinaria.
Se trata de delitos muy graves por acusaciones sobre lavado de activos, falsedad en la declaración jurada de bienes, soborno y violación de 14 artículos de la Constitución de la República, que conllevarían sanciones de 3 a 18 años de prisión. Todos los funcionarios y exfuncionarios sometidos rechazaron ante la prensa la comisión de delitos.
Procurador cumplió
El procurador Rodríguez cumplió su palabra al remitir ayer a los funcionarios, legisladores y exfuncionarios involucrados en el caso Odebrecht, tal como lo había informado en el sentido de que haría los sometimientos “caiga quien caiga”. En esa forma el funcionario respondió a los críticos que esperaban “un bulto”.
En sus indagatorias el procurador Rodríguez no solamente fue a Brasil y a Estados Unidos para seguir de cerca el expediente de la empresa brasileña, sino que chequeó las auditorías de la Cámara de Cuentas, los informes de la Dirección de Impuestos, DGI y la declaración jurada de bienes de ley del 16 de diciembre de 1979, la que estaba vigente cuando se cometieron los hechos.
Los que terminaron encartados en el caso fueron Juan Temístocles Montás, ministro de Industria; Julio César Valentín, senador de Santiago, y Tommy Galán, senador de San Cristóbal, los tres del PLD. Además Radhamés Segura, Ruddy González, Andrés Bautista y Alfredo Pacheco, dirigente del PRM.
También Ángel Rondón, quien sería el recipiente de los fondos para los sobornos, Víctor Díaz Rúa, exsecretario de Obras Públicas y jefe de recaudación del PLD, César Sánchez y Conrad Pittaluga, empresario. De los once detenidos ayer, cuatro son altos dirigentes del PRM.
Ayer tarde la dirigencia del PRM denunció el caso como político y se dispuso a defender a los llamados por la Procuraduría General de la República. La dirigencia del PLD mantuvo total silencio en las horas siguientes al llamado de la Procuraduría.
Los integrantes de la Marcha Verde contra la corrupción y la impunidad reclamaron victoria y en adición a los sometimientos, que sean cancelados los contratos de la Odebrecht. Ese mismo pedimento lo hizo Participación Ciudadana a comienzos del mes de enero.
Descrédito de partidos
Una consecuencia directa de los sometimientos, por encima de la defensa que el PRM o eventualmente el PLD pudieran hacer de los encartados, es la realidad de que el acontecimiento marca el descrédito total de los partidos políticos, cuyos dirigentes han vivido de los negocios del estado durante mucho tiempo.
Los sometimientos causaron emoción entre muchos dominicanos, aunque algunos que se manifestaron por los medios digitales, la televisión y la radio pidieron más. Se mencionó el destino que dará la Procuraduría General de la República al caso del ingeniero Diandino Peña, exdirector del Metro, quien fue cancelado hace días.
Peña, fue denunciado en un amplio reportaje que hizo la periodista Alicia Ortega en su programa El Informe. Una entrevista posterior a la primera entrega del programa fue la del propio ingeniero Peña, quien negó todos los cargos de poseer empresas a nombres de terceros y en el exterior y dijo que vivía con un sueldo de 150 mil pesos.
Los sometimientos dieron cancha a abogados penalistas dispuestos a ofrecer sus servicios a los personajes encumbrados, que si bien llegaron revestidos de humildad a las remodeladas celdas del palacio de justicia de Ciudad Nueva, sede habitual de los pequeños delincuentes, se les veía tiempo atrás bien aliñados y ocupando las mesas de los mejores restaurantes.
listindiario.com
Santo Domingo, R.D.-La titular de la Procuraduria Especializada de Persecucion de Corrupcion Administrativa (PEPCA), Mirna Ortiz, sostuvo al responderlle a la defensa del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, que la corrupción administrativa, como la que se le imputa al exfuncionario y a otros más de los gobiernos del expresidente Danilo Medina, «son casos de criminalidad organizada«, los cuales la ley establece que son «imprescriptibles».
Durante la continuación de la réplica ante el Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Ortiz sostuvo que la acusación contra Guerrero y los también exministros Gonzalo Peralta y José Ramón Peralta son procesos de criminalidad organizada porque «contienen todas y cada una de las características» de la criminalidad compleja u organizada.
Tiene la particularidad de ser «un grupo de funcionarios públicos que se coalicionan, que se asocian con empresarios, con testaferros, que pagan sobornos, que mueven activos, que falsifican documentos, que crean estrategias para estafar al Estado», aseveró.
Sostuvo que no solamente la Ley 10-05 del Código Procesal Penal, modificada por la 97-25, contempla que el crimen organizado es imprescriptible, también los tratados internacionales, a los cuales está suscrito la República Dominicana y que tienen el mismo imperio de la normativa local.
La procuradora adjunta manifestó también que, en cuanto al plazo razonable, la jurisprudencia y los acuerdos internacionales han concluido que la extinción de la acción penal no puede plantearse con un simple «conteo matemático» en casos de corrupción como los que se conocen actualmente en el país por la complejidad de estos procesos.
Las indagatorias por las que se llevó a los tribunales se hicieron en el 2021 por los hechos que se le cuestionan durante su gestión en el Ministerio de Hacienda, añadió Ortiz.
La titular de al Pepca citó que el Tribunal Constitucional, en su sentencia TC-0770-24 y la Corte Interamericana han establecido que, aunque los plazos están establecidos por ley, «hay condiciones y circunstancias que deben verificarse para establecer la razonabilidad de esos plazos. Dilaciones del proceso propias de la misma dinámica de los procesos», subrayó.
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La defensa del exministro de Hacienda aseguró que en la réplica que ha hecho el Ministerio Público no ha logrado presentar ni una sola prueba que otorgue posibilidad de que el exfuncionario sea condenado por las acusaciones.
María del Pilar Zuleta, del equipo de abogados de Guerrero, sostuvo que debe preocupar que el órgano acusador manifieste que el plazo para investigar en el proceso penal no tiene un límite, cuando no es así.
«El Código Procesal Penal le fija unos límites para investigar, especialmente cuando el ciudadano está sometido a medidas de coerción«, sostuvo Pilar Zuleta fuera del tribunal a periodistas.
Otro de los puntos que, según dice hay que cuestionar, es sobre que en la acusación no se deben depositar las pruebas, solo enunciarlas.
«Y estas dos afirmaciones del Ministerio Público son preocupantes porque demuestran que no están dispuestos a someterse al debido proceso para hacer sus acusaciones«, dijo la abogada.
San Francisco de Macorís.-Un médico general, identificado como Wilber Polanco Sanz, quien trabaja en una policlínica en el municipio de Las Guáranas, provincia Duarte, fue acusado de violar a una joven haitiana, de 20 años de edad, mientras acudió a ese centro a hacerse una sonografía.
La joven indicó que después de que el doctor le introdujo el transductor endovaginal y le informó que no estaba embarazada, le dijo que tenía “una enfermedad, no sé cómo se llama, unos cositos y él me dijo que no es peligroso», que me pondría unos medicamentos y se me iban a quitar. «Después él dijo que me volteara encima de la cama”, y supuestamente abusó de ella diciéndole que “era un procedimiento normal”.
Tras la acción, dijo que el galeno la amenazó con llamar a Migración si informaba lo ocurrido.
De acuerdo a la fiscal de la Unidad de Atención Integral a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, Sandra Sierra Difó, el galeno tiene tres denuncias por haber violado a otras mujeres, por lo que, al intercambiar información con el cuerpo del orden, fue detenido.
Al ser cuestionado sobre las acusaciones, Polanco Sanz negó los hechos y dijo que la joven que supuestamente es evangélica no sabía que para el estudio había que introducirle un aparato por su vagina.
“Ella parece que es evangélica y sintió vergüenza y se tapó la cara”. “Le introduzco el transductor, le hago el estudio y le entrego su estudio; la secretaria se lo entra en un sobre y la paciente sale muy normal”, dijo.
“Ahora díganme ustedes, ¿una persona a la que uno haya intentado abusar de ella, como ella dice, que yo me desnudé, que la violé, que le introduje los dedos, va a salir caminando normal? Yo tengo todo grabado; ella puede decir que hasta la cabeza le introduje, pero es su palabra contra la mía; yo tengo cámaras, que dicen cómo salió ella de allá”, sostuvo Polanco.
De acuerdo a la fiscal, se están realizando todas las investigaciones necesarias para sustentar el caso. El profesional de la salud será sometido a la justicia en las próximas horas.
SANTO DOMINGO.-Mirna Ortiz, procuradora de corte, sostuvo este miércoles que la defensa del acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez se muestra desordenada y continúa presentando argumentos débiles frente a las pruebas aportadas por el Ministerio Público en el proceso judicial que se lleva en su contra por corrupción administrativa.
“Tenemos tres días escuchando incidentes planteados de forma desorganizada, que no permiten al tribunal concretar ciertamente cuáles son las pretensiones de las partes y el tribunal dio un plazo hasta el miércoles a las 2:00 de la tarde para que organicen su estrategia y se presenten de forma organizada en el tribunal”, dijo la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Mirna Ortiz, quien representó al Ministerio Público en la audiencia junto a los fiscales Emmanuel Ramírez y Aurelio Valdez, ofreció detalles del proceso en respuesta a preguntas de periodistas que cubren el juicio que se ventila en el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
En la jornada de este miércoles la defensa del acusado Alfredo Solano Augusto continuó presentando incidentes.
Conforme al expediente, Rodríguez Sánchez malversó más de RD$6,000 millones mediante procesos fraudulentos entre 2016 y 2020, años en que se desempeñó como procurador General de la República.
También, Alejandro Martín Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos, Isis Tapia, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Rolando Rafael Sebelén Torres, César Nicolás Rizik Pimentel y José Luis Liriano Adames.
Jean Alain Rodríguez Sánchez y los demás procesados enfrentan cargos por corrupción, incluyendo soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos.
