Opinión
El Constitucional ignora la Corte Interamericana
Por Juan Bolívar Díaz
La sentencia que afectaría retroactivamente a decenas de miles de dominicanos descendientes de haitianos de por lo menos tres generaciones desconoce la vinculación de un dictamen de la Corte Interamericana que planteó que los hijos no heredan la ilegalidad de sus padres
El tribunal Constitucional (TC) no sólo negó amparo a una ciudadana que lo solicitaba, sino que la declaró no dominicana y se fue lejos al disponer una rastreo desde el 1929 (84 años) para despojar de la nacionalidad a nacidos e inscritos en el registro civil en por lo menos tres generaciones, si sus padres eran inmigrantes ilegales.
La sentencia, objetada por dos juezas y por varios expertos constitucionalistas, choca con el dictamen del 2005 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), vinculante para el Estado Dominicano, que rechaza que quienes residan por largo tiempo en el país estén en tránsito y que la ilegalidad sea heredada por los hijos.
Una sentencia histórica
Tal como habían adelantado dos de sus integrantes, el TC evacuó una sentencia que hará historia como un adefesio jurídico que pretende el despojo de la nacionalidad a decenas de miles de personas que durante 8 décadas fueron registradas como dominicanas, al amparo de la constitución y leyes vigentes.
La corte conoció una solicitud de amparo de la señora Juliana Deguis Pierre, nacida en Yamasá en 1984, (hace 29 años), y declarada por sus padres haitianos, a quien desde el 2008, la Junta Central Electoral (JCE) le niega copia de su acta de nacimiento con la que pretendía obtener la cédula de identidad, declarándola no dominicana y dejándola como muerta civil, junto a varios miles de descendientes de haitianos.
Aunque en la misma sentencia se reconoce que el caso era competencia del Tribunal Contencioso Administrativo, y contrariando al menos 4 dictámenes propios en sus dos años de vigencia, el TC decidió conocer la instancia, “para garantizar el principio de economía procesal” pero sobrepasó la petición de la recurrente, no se pronunció sobre la legalidad o ilegalidad de la negativa de la copia del acta de nacimiento, y además dictaminó sobre la nacionalidad de millares de personas.
La corte reconoció implícitamente la ilegalidad de la retención del acta al disponer que la JCE emita el documento a la señora Pierre y al mismo tiempo lo remita “al tribunal correspondiente para que determine su validez o nulidad”, Como la sentencia se fundamenta en que la recurrente es hija de “personas en tránsito” categoría de todas las constituciones dominicanas desde 1929, ordena a la JCE realizar una auditoría minuciosa de los libros del registro civil “para identificar e integrar en una lista documental” a todo los extranjeros desde ese año “se encuentran irregularmente inscritos por carecer de las condiciones instituidas por la constitución. Ese listado deberá ser incorporado a los nuevos libros de registro de nacimiento de extranjeros”.
Serán decenas de miles
Esa auditoría será una tarea bien difícil para realizarse en un año, prorrogable a dos, y tropezará con el hecho de que muchos libros de registro están desaparecidos o dañados. Tendrán que rastrear entre más de diez millones de personas, incluyendo los nacidos después del 1929 que han fallecido. Si sólo perseguirán intrusos haitianos, la tarea es menos difícil, buscando por apellidos de origen francés o patois. Los chinos e ingles serán menos. Los españoles no podrán ser detectados sin una lectura del acta para determinar los declarantes.
Uno de los méritos de la sentencia es que confirma el estimado de unos 20 mil afectados por la resolución de la JCE cuando en su página 39 cita un cuadro que cuantifica en 16 mil 945 los expediente remitidos por la Dirección de Inspectoría del organismo para investigación y en 4 mil 836 los investigados y devueltos. El estimado del doctor José Ángel Aquino sólo abarcaba los nacidos después de 1984. Desde 1929 serán decenas de miles, aunque muchos habría que buscarlos en los cementerios.
En miles de casos habrá tres y hasta cuatro generaciones de personas de un mismo tronco familiar “residentes ilegales”, que constituirían un verdadero apartheid que seguiría transmitiendo la ilegalidad a sus descendientes. Tendrán que decirle que ya no son dominicanos a personas hasta de 80 años que nacieron en el país, en una aplicación retroactiva de una nueva interpretación de la Constitución.
Objeciones Fundamentales.
La sentencia fue firmada por once de los trece magistrados del tribunal constitucional que preside el jurista Milton Ray Guevara. Las doctoras Isabel Bonilla Hernández y Katia Miguelina Jiménez dejaron por escrito sus objeciones en documentos de quince y treinta páginas respectivamente, donde rechazan el planteamiento fundamental de la mayoría, de que es inválido todo registro de nacimiento realizado por inmigrantes ilegales desde 1929.
Las dos magistradas se ampararon en la sentencia del 2005 emitida por la CIDH sosteniendo que son vinculantes para el Estado Dominicano. Bonilla planteó que de conformidad con los artículos 67 y 68 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, “los estados partes reconocen que los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son definitivos e inapelables y no pueden ser impugnados o revisados en el ámbito interno”.
Tanto las dos magistradas como los expertos en derecho constitucional rebaten la interpretación que hace la sentencia de los artículos constitucionales referente a la nacionalidad. Específicamente el planteamiento de que los trabajadores inmigrantes están en transito, recordando que hasta la constitución del 2010 todos los textos constitucionales establecían que todos los nacidos en territorio nacional tenían derecho a la nacionalidad, con la excepción de los hijos de diplomáticos y personas en tránsito, lo que se interpretaba como de paso, no los que legal o ilegalmente se quedan en el territorio nacional.
Han objetado la sentencia los doctores Eduardo Jorge Prats, Cristóbal Rodríguez Gómez, Olivo Rodríguez Huerta, Luis Gómez y Ramón Antonio Veras. La han respaldado el director general de migración, así como por el Cardenal Nicolás López Rodríguez y Monseñor Agripino Núñez Collado. En cambio el obispo emérito de la iglesia Episcopal, Telésforo Isaac, la ha condenado en los términos más enérgicos.
La Irretroactividad de la ley.
Todavía hay mucha confusión, pero de lo que trató la sentencia no es del derecho que tienen los descendientes de haitianos u otra nacionalidad, cuyos padres sean ilegales a ser declarados como dominicanos. Eso quedó proscrito en la Constitución del 2010, que en su articulo 18 numeral 3 estableció la restricción a los residentes ilegales.
De lo que se trata es de despojar de la nacionalidad a miles de personas descendientes de haitianos que fueron inscritos en el registro civil cuando bastaba haber nacido en el país. Muchos de ellos tienen décadas de haber sido aceptados como dominicanos. Ellos no se inscribieron, sino que fueron inscritos, y en estricto derecho no se le puede aplicar retroactivamente la exclusión a los ilegales establecida en la constitución del 2010, ni tampoco la ley de migración del 2004.
La constitución del 2010 en su artículo 18 numeral 2 indica que son dominicanos y dominicanas “quienes gocen de la nacionalidad dominicana antes de la entrada en vigencia de ésta constitución”. Y el artículo 110 establece que ¨ La ley solo dispone y se aplica para el porvenir, no tiene efecto retroactivo sino cuando sea favorable al que esté subjúdice o cumpliendo condena. En ningún caso los poderes públicos o la ley podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior.
La Corte Interamericana
En su sentencia del 2005 cuando conoció el caso de dos niñas descendientes de haitianos a las que el estado se había negado a reconocer como dominicanas a pesar de que sus madres ya tenían cédula y documentación nacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dispuso que fueran inscritas y compensadas por el Estado.
En su sentencia la CIDH dejó establecido que los hijos no pueden heredar la ilegalidad de sus padres. Textualmente indicó que “El estatus migratorio de una persona no se transmite a sus hijos”, y que “La condición de nacimiento en el territorio del estado es la única a ser demostrada para la adquisición de la nacionalidad”.
Para deshacer el alegato que equipara como persona en transito a todos los inmigrantes, la CIDH recordó el propio Reglamento de Migración de la República Dominicana número 279 de 1939, que fija un máximo de 10 días para considerar transeúnte por el territorio nacional a un extranjero.
El Argumento de que los inmigrantes residentes por largo tiempo en el país están en tránsito es rebatido por las dos magistradas que emitieron votos disidentes. Citan que la CIDH estableció que “Para considerar a una persona como transeúnte o en tránsito, independientemente de la clasificación que se utilice, el Estado debe respetar un limite temporal razonable, y ser coherente con el hecho de que un extranjero que desarrolla vínculos en un Estado no puede ser equiparado a un transeúnte o a una persona en tránsito ¨. La corte estableció además que “En un sistema de jus soli, sólo hace falta el hecho de que un niño o niña haya nacido en el territorio del Estado, y que la condición migratorio de sus padres no puede ser una condición para el otorgamiento de la nacionalidad, exigir la prueba de la misma, constituye una discriminación”.
Esta sentencia deja abierta la vía para que el caso sea llevado a la CIDH, que si ya dispuso dos inscripciones con más razón dictaminará contra el despojo de la ciudadanía a miles que hasta por ocho décadas se les había otorgado, y en momentos en que en Estados Unidos se busca legalizar, con opción a la ciudadanía, a 12 millones de inmigrantes ilegales, más de cien mil de ellos dominicanos. El proceso llevará tiempo, pero mientras tanto el genocidio civil, seguirá penalizando a millares de personas, aunque cada vez será más rechazado en los ámbitos de los derechos humanos al ocurrir en un país que tiene en el exterior cerca de millón y medio de emigrantes.-
Por Rommel Santos Diaz
Otro importante avance del Estatuto de Roma es la formulación de una definición internacional de género asi como la incorporación de normas especiales de procedimiento y prueba con relación a víctimas y testigos de crímenes de violencia sexual.
Lo anterior incluye la prohibición de entregar evidencias sobre la conducta sexual anterior o posterior de la víctima así como no exigir la corroboración del testimonio de la víctima.
Teniendo en cuenta la complementariedad del Estatuto de Roma , la Corte Penal Internacional no podrá juzgar a todos los perpetradores de crímenes internacionales. Esto implica que la responsabilidad de procesar a la mayoría de esas personas recaerá sobre las instancias nacionales.
Un posible impacto de la Corte Penal Internacional podría ser atraer a la luz pública ´´conflictos olvidados´´ en el mundo a través del inicio de sus investigaciones para que se le de la atención debida y canalice el financiamiento necesario para afrontar estas situaciones, especialmente las necesidades de la población.
Dada la sensibilidad y polarización que puede llevar este tipo de procesos en el ámbito interno, los juicios que la Corte Penal Internacional pueda efectuar servirán de plataforma para que los Estados realicen esta labor.
Cabe destacar que las principales víctimas de los conflictos armados generalmente son las mujeres y los niños. Estos mambiseños fueron reclutados forzosamente, siendo sometidos a tratos inhumanos y degradantes.
Los informes del Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la cuestión de los niños y los conflictos armados, más de dos millones de niños han muerto y seis millones han quedado desaparecidos de por vida como consecuencia de los conflictos.
Por Isaías Ramos
En esta Navidad, cuando las familias intentan reencontrarse con lo esencial, vale la pena detenernos un instante y preguntarnos qué celebramos de verdad. La Navidad no es solo una fecha ni un conjunto de costumbres: es un llamado al renacimiento, a volver a la fuente de nuestros valores y a recordar que la esperanza no es ingenuidad, sino una decisión.
Cerramos el año con señales que duelen. Las denuncias e investigaciones por corrupción han herido la confianza pública y, cuando ese deterioro toca instituciones llamadas a proteger derechos fundamentales, el golpe se vuelve más profundo y más personal para el pueblo.
El caso de SeNaSa, por lo que representa, nos recuerda que la salud no es un privilegio: es un derecho. Por eso, exigir que se investigue a fondo y que se sancione conforme a la ley, caiga quien caiga, no es venganza: es justicia; es respeto al Estado de derecho.
A esto se suma una realidad económica que obliga a la sobriedad. La CEPAL proyecta un crecimiento de 2.9%, insuficiente para responder a la magnitud de las necesidades acumuladas en tantos hogares. Pero el problema no es solo el porcentaje: es el sentido del crecimiento. ¿De qué sirve hablar de avance si no llega al salario ni fortalece los servicios esenciales?
Durante demasiado tiempo se ha sostenido un modelo que, en buena medida, descansa en la explotación laboral y en la extracción intensiva de recursos del pueblo. Zonas francas donde el trabajo no siempre dignifica; minería que presiona recursos y comunidades sin la transparencia y el control ambiental que la nación merece; turismo que produce divisas, pero que no siempre deja prosperidad equitativa y sostenible en los territorios que lo sostienen.
Nadie pide apagar la producción ni cerrar oportunidades; lo que el país exige es justicia: trabajo decente, valor que permanezca en la comunidad y progreso que se convierta en vida digna. El desarrollo real no se mide solo por el PIB: se mide por la dignidad.
Y aquí debemos hablar con claridad, con firmeza y con respeto. No estamos ante fallas aisladas, sino ante un sistema corroído de arriba abajo, donde la impunidad se vuelve costumbre y lo público se usa como botín, mientras al pueblo se le pide paciencia y silencio como si la paciencia pagara la comida, el medicamento y la educación.
Tras tres décadas de un sistema político que, en vez de educar y formar ciudadanos útiles a la patria, ha pervertido la vida pública, endeudado la nación, desmantelado las instituciones productivas del Estado y saqueado los fondos del pueblo bajo un manto de impunidad —donde demasiadas veces los casos se han convertido en “pan y circo”: titulares y medidas de ocasión para calmar al pueblo, pero sin condenas firmes, sin recuperación de lo robado y sin desmontar las redes de impunidad— ha llegado la hora de que el pueblo se ponga de pie, rompa el silencio y se organice para recuperar su dignidad y su futuro.
Sí, existen hombres y mujeres de bien dentro del Estado. Pero cuando el sistema castiga al que denuncia y premia al que abusa, el silencio deja de ser prudencia: se convierte en complicidad. Hoy el país necesita valentía moral y coherencia, no neutralidad cómoda.
Por eso esta Navidad nos importa tanto: nos devuelve al centro. Que esta Navidad nos sirva para asumir un compromiso con una fe inquebrantable en el Niño que nació en Belén. Él nació en humildad, conoció la opresión y, aun así, depositó su confianza en el Padre, más grande que cualquier poder terrenal.
Cristo nos prometió la paz que solo Él puede dar. Esa paz no es anestesia ni silencio ante el abuso; es fortaleza para hacer lo correcto. Es la paz que sostiene el carácter cuando todo alrededor quiere quebrarlo y que impide que la indignación se convierta en odio.
Aunque a veces parezca que los opresores lo tienen todo bajo control, la fe nos recuerda que hay un Dios que ve y toma nota, porque solo Él tiene el control último. Pero esa certeza no nos adormece: nos exige; nos llama a esforzarnos y ser valientes, y a cumplir la parte que nos corresponde.
Nuestro Señor Jesucristo vino a proclamar libertad a los oprimidos y a anunciar buenas nuevas a los pobres. Por eso, la fe verdadera no puede quedarse en consuelo privado ni en indignación sin rumbo: no es solo señalar; es organizar; no es solo criticar; es participar; no es solo esperar; es servir. Y desde el Frente Cívico y Social entendemos que esto incluye comprometerse con una economía que dignifique: apoyar la producción local, exigir trabajo decente, fortalecer encadenamientos para que el turismo se integre a la economía real, compre más a manos dominicanas, y que ningún proyecto de “desarrollo” se construya a costa del agua, la tierra o la vida comunitaria o la explotación humana.
Que esta Navidad sea un punto de inflexión: el inicio de un renacimiento colectivo donde la fe se convierta en responsabilidad, la paz se convierta en unidad con propósito y la esperanza se convierta en acción perseverante. Porque, aunque Dios tenga el control último, a nosotros nos corresponde el deber moral de ser instrumentos de justicia, de libertad y de dignidad para la República Dominicana.
¡Despierta, RD!
Por Oscar López Reyes
Son 13 los días -entre el 24 de diciembre y el 6 de enero- de la temporada más festiva y dinámica de término de diciembre y comienzo de enero, la Navidad, simbolizada en el lenguaje de cantar villancicos, adornos especiales, arbolitos con luces multicolores, gustosos manjares, regalos y tarjetas, belenes, encuentros, el icónico atronar de alegría y felicidad de Papá Noel: «¡Jo, jo, jo!» y servicios religiosos. Y, en esa magia en lienzo de aguinaldos y frescura, se aviva el pedido de perdón por los pecados y el apaciguar del alma para espantar la ambición monetaria y carbonizar, en vitriolo de cobre, la codicia que estrangula la dignidad.
¡Qué lástima, corruptos!,
¡Oh, exclusión de la violencia!
¡Ah, deterioro mental!,
¡Vaya, individualismo extremo!
¡Caray, aislamiento!
¡Guau, pérdida del decoro!
¡Uy, discriminación!
¡Caramba, crisis de valores!
¡Ay, cambio climático!
Estos son sintagmas o enunciados que se deletrean con rituales en la Corona de Adviento: Ramas verdes y cuatro velas, que representan a Jesús como luz de esperanza en una vida de amor eterno. Ese signo litúrgico -que evoca las cuatro semanas del Adviento y las estaciones del año- grita para que se deshagan las tinieblas de esas malignidades que socavan la vergüenza y el pundonor, la lealtad y la generosidad, la integridad y la decencia, el orgullo y la autoestima en el abolengo de la aristocracia y el linaje de la plebe.
Cristianos y ateos participan gozosos en la fiesta anual de la Navidad (proviene del latín Nativitas, que quiere decir nacimiento), que conmemora la venida al mundo de Jesucristo (el 25 de diciembre, entre los años 7 y 4 a.C., en Belén de Judea, y la celebración fue estatuida siglos después para coincidir con los jubileos romanos y paganos.
Belén está enclavada en Palestina (región de Cisjordania), a unos 10 kilómetros al Sur de Jerusalén. Desde 1995 está bajo el mando de la Autoridad Palestina (Estado de Palestina), conforme los Acuerdos de Oslo, pero separada de Jerusalén por un muro de hormigón, ocupado por Israel.
Ese Patrimonio de la Humanidad y otros territorios de Oriente Medio, ubicado entre el mar Mediterráneo y el mar Muerto, se sitúa en el epicentro de un conflicto bélico entre Israel y Palestina. La primera entiende a Jerusalén como su capital “eterna e indivisible”, y la segunda reclama a Jerusalén Este (incluyendo la Ciudad Vieja) como la capital de un futuro Estado.
La mayoría de las naciones no reconoce la anexión de Jerusalén Este por Israel, que entre octubre de 2023 y diciembre de 2025 ha matado a cerca de 70 mil palestinos, en el Genocidio de Gaza: horribles violaciones a niños y mujeres, el bloqueo de la ayuda humanitaria para afrontar la hambruna, la destrucción de hospitales, sistemas de agua, escuelas y hogares, y el permanente desplazamiento forzado de sus habitantes por los bombardeos.
¡Oh, violencia…!
A sus discípulos y otros adeptos, Jesucristo predicó, imperturbablemente, contra la violencia y los exhortó a quebrar la cadena del odio y la venganza, a perdonar en la misericordia, a no utilizar la espada o la ley del más fuerte, a amar a sus enemigos y orar por quienes los persiguen; a poner la otra mejilla a quienes les golpeaban y a dar más de lo que les piden.
Como costumbres festivas, en la víspera -el 24 de diciembre- del nacimiento de Jesús, la Iglesia Católica celebra la “Buena Noche” o Nochebuena a la espera de la conmemoración del Mesías, como banquetes: platos típicos -pavo y cerdo asado-, dulces y frutas secas, bebidas, villancicos, compartir de regalos, la Misa de Gallo y vigilias en templos, hasta el amanecer.
Oficialmente, entre el 25 de diciembre y el 6 de enero las iglesias cristianas evangélicas efectúan el período de la Natividad con misas del día, celebración de la Sagrada Familia, solemnidad de Santa María, de la Epifanía, el Bautismo del Señor, los Santos Inocentes (28 de diciembre), Año Nuevo (fuegos artificiales y música navideña) y el Día de los Reyes Magos. Marginalmente, han sido agregados vacaciones y viajes.
En ciertas épocas y territorios, la Navidad fue prohibida por puritanos y congregaciones protestantes, pero se han impuesto la memoria festiva, las texturas crujientes y la tradición, como estímulo para el bienestar psico-emocional -por la alegría-, para renovar la expectativa y la esperanza en nuevos proyectos, fomentar el amor y la gratitud, y como un canal para robustecer nexos familiares, religiosos y sociales.
En esencia, la Navidad equivale a llegar, dar, recibir y tocar. Y para perdurar, ¡qué suba más y más, hasta la Estrella de Belén, en el solsticio de invierno, trazo de luz, banquetes, diversión y júbilo!
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El autor: Periodista, escritor, catedrático, gremialista y columnista de El Nacional y decenas de medios digitales.