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Doble discurso deja sin sustentación a leonelistas en interés de anulación de parte votación primarias.
El grupo que encabeza Leonel Fernández inicio su derecho al pataleo con una denuncia de un algoritmo que adultero los resultados de las primarias celebradas el pasado domingo y siempre se quejo de los cambios repentinos en el conteo de los votos por parte de la Junta Central Electoral (JCE).
La contradicción entre lo que se dice por la prensa y la solicitud formal hecha a la JCE, tiene que ver con el contenido de la instancia depositada en el órgano arbitral, cuya inconsistencia le quita fuerza a su reclamo, sobre todo porque las cosas que dice en esa petición formal se sustenta en suposiciones, no en pruebas.
La instancia depositada por Rubén Maldonado y Fernando Fernández no menciona por ningún lado lo que si puede ser una respuesta contundente a la queja del grupo leonelista que es el conteo manual del 100 por ciento de los votos, no solo a nivel presidencial como se ha solicitado, cuya explicación podría estar en que tal vez a los leonelistas no le fue tan mal en los otros niveles, pese a que se trato del mismo sistema de votación y conteo automatizados.
Pero el reclamo pierde mucha fuerza porque la solicitud no está fundamentada en pruebas, porque Leonel no ha aportado la primera, sólo se queda en cosa como esta: que hubo cambios repentinos en la tendencia del conteo de los votos automatizados, pese que todo el mundo sabe que la primera que hubo fue en favor de Gonzalo Castillo y luego para beneficiar al expresidente.
Ell grupo de Leonel pierde la perspectiva y también la lógica en su instancia al árbitro electoral cuando no solicita la anulación de los resultados de las primarias, sino solo de las presidenciales, pero no de los demás niveles de votación como para senador, diputado, regidor, entre otros.
Es importante que quede claro que sólo una cosa puede aclarar el alegato original del grupo de Leonel de que hubo un fraude a través del sistema de conteo y transmisión automatizada por el supuesta algoritmo que todavía no ha podido ser demostrado y es el conteo manual del cien por ciento de los votos.
Es más la decisión de la Junta Central Electoral del conteo manual debía decidirlo el órgano comercial aunque nadie se lo pida, porque es lo único que puede despejar dudas, no sólo frente a los leonelistas, sino ante el pueblo dominicano y la comunidad internacional, sobre todo si se toma en cuenta que esa misma tecnología se va usar para montar otras dos contiendas el próximo año 2020.
El conteo manual es la mejor y más contundente decisión que debe tomarse para satisfacer las expectativas del ciudadano que hoy no sabe si confiar o no confiar en el sistema de votación y transmisión automatizada a fin de evitar la comisión de otro fraude electoral, si fue que lo hubo en las primarias.
Los pedidos del grupo de Leonel difieren mucho entre lo que le dice a los medios de comunicación y su solicitud formal ante la Junta Central Electoral, lo cual le quita credibilidad a su reclamo que se sustenta sólo en sospechas y especulaciones sin aportar pruebas.
Ayer este periódico planteo que es legitimo el reclamo de los leonelistas, pero eso no puede ser sobre la base de argumentaciones que se fundamentan en cuestiones tan poco trascendentes, pero además sin depositar ninguna evidencia del fraude cometido.
Entre las cosas que menciona este grupo está el cambio repentino de la tendencia del conteo cuando todo el mundo sabe que es totalmente normal que con una diferencia tan pequeña en favor de uno de los aspirantes, que eso pase.
Se informaba de que eran alrededor de algunos cientos de votos que favorecían primero a Gonzalo y luego a Leonel, quien se colocó arriba para posteriormente volver a encabezar el conteo Castillo hasta que finalmente se alzó con el triunfo.
Sin embargo, hay que insistir en que la Junta Central Electoral debe ser la más interesada que se cuente el cien por ciento de los votos, a fin de despejar las dudas de Leonel Fernández, quien en lo que tiene que ver con los fraudes no ha recurrido con mucha fuerza al elemento más contaminante de las primarias que consistió en la compra de votos, cuyo ilícito penal fue cometido por ambos grupos, es decir, por leonelistas y danilistas.
Lo otro es que el grupo de Leonel Fernández ha acusado públicamente al hijo del periodista Guillermo Gómez, Jochy, de ser el ideólogo del fraude, pero no aporta ninguna prueba ni hace un sometimiento formal en los tribunales.
Entonces no se sabe lo que quiere Leonel, si realmente que se aclaren los resultados, que muy bien podría ser a través del conteo manual, aunque se incluya como pide el exmandatario auditar los equipos usados en las primarias con la presencia de una serie de organizaciones internacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA) e incluso la embajada de los Estados Unidos en la Republica Dominicana, o quedarse en el marco mediático.
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Posición de R.D. sobre Venezuela es acomodamiento a su condición de sometida a nuevos requerimientos de Trump.
Lo planteado por el Gobierno de Luis Abinader de que no comparte la elección de Delcy Rodríguez como presidenta transitoria de Venezuela tras el apresamiento de Nicolás Maduro, revela que República Dominicana quiere incluso superar lo impuesto por Estados Unidos, pero siempre ajustada a los intereses de la potencia del norte.
La realidad es que la pregunta que se impone es y hasta dónde y quién ha dicho que el país tiene la facultad de objetar a una mandataria provisional escogida por el órgano competente y supuestamente sugerida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), aunque el restablecimiento de relaciones comerciales y diplomáticas conlleve algunos requerimientos democráticos.
Sin embargo, la posición dominicana implica la violación del derecho internacional, entre los que se encuentran el de soberanía y autodeterminación de los pueblos, así como la Carta de la ONU.
Evidentemente que el ingrediente introducido por el Gobierno dominicano resulta gracioso para los intereses foráneos que convergen en Venezuela, máxime los que están asociados a los Estados Unidos.
La contradicción dominicana con lo planteado en la Organización de Estados Americanos (OEA) y su práctica en política exterior, ya que el presente Gobierno siempre se inclina por la intromisión en los asuntos internos de otros países, no deja la naci0n buen parada en la comunidad internacional.
Resulta poco entendible que la República Dominicana no haya apoyado abiertamente la incursión ilegal de Estados Unidos en Venezuela, pero que preste su territorio para el apoyo logístico de la acción.
Es una especie de doble moral, pese a que en su lugar debió mantener una posición aparentemente neutral, aunque de cualquiera manera ya estaba involucrada en una intervención armada que viola los principios fundamentales del derecho internacional
De lo que no queda ninguna duda es que el crédito internacional en política exterior del país ha quedado seriamente comprometido con una causa de la que ha sido una víctima en una diversidad de ocasiones como en el 1916 y el 1965.
La verdad que pretender una conducta diferente de la nación frente a la irracionalidad de Trump sería mucho pedir, sobre todo cuando otros países pertenecientes a la Unión Europea y otras superpotencias como Rusia y China también son tolerantes con la agresividad e intromisión del principal imperio del mundo.
No obstante, desde cualquier perspectiva que sea vea el asunto la conclusión no puede ser otra que en la situación pesa más el miedo que la vergüenza y la dignidad del pueblo dominicano.
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La República Dominicana inhabilitada en política exterior en el nuevo escenario imperial de Trump
La República Dominicana con una ocupación militar parcial de Estados Unidos, se proyecta como una presa sin libertad para expresarse libremente en política exterior.
La ocupación militar, aunque sólo se observa en el Aeropuerto Internacional de las Américas, abarca otros entornos que no son necesariamente visibles.
Pero la agresividad o poco disimulada intervención, deja el país y de igual modo a prácticamente toda Latinoamérica, a merced del capricho y la voluntad de los intereses de la nueva cara del imperio.
La República Dominicana ni por asomo se atreve a pronunciarse libremente sobre política exterior sin que esté a tono con la linea trazada o impuesto por la administración Trump.
La pregunta que subyace es si ese nuevo cuadro no implica también un trastorno del régimen legal, porque se podría estar en un escenario en el que los derechos fundamentales pasen a un segundo plano en el que el Estado Social Democrático de Derecho sea una expresión vacía y sin sentido.
Por razones geopolíticas y factores muy particulares, el país se asoma a un resquebrajamiento del proceso de constitucionalización del derecho a nivel interno y retroceder la nación a épocas ya superadas.
La pregunta que se impone es si prevalecerá en el mundo el pregonado derecho internacional cuando las instituciones que lo enarbolan pierden autoridad moral frente a las violaciones provenientes de potencias como los Estados Unidos que ya ni siquiera guarda las apariencias
El problema, que tiene una dimensión mundial, pero impacta más severamente a los países del tercer mundo y que propicia la posibilidad del surgimiento de regímenes de fuerza, aunque con simulaciones democráticas.
La preocupación tiene que ver con el hecho de graves violaciones del derecho internacional en una época en que éste forma parte consustancial del derecho interno y entonces qué se puede esperar como resultado.
El retroceso de la línea trazada por Donald Trump representa una amenaza mundial contra los logros del derecho contemporáneo, no sólo en favor de las personas físicas, sino también de los Estados más pequeños y débiles.
Hay precedentes en esta materia cuando predominaba en el mundo el llamado constitucionalismo clásico, que dio paso a dictaduras como las Adolfo Hitler en Alemania y la de Benito Mussoline en Italia, cuyos resultados fueron realmente catastróficos para la humanidad.
La interrogante que permanece en el nuevo panorama mundial es si va a pesar más el miedo que la vergüenza y la dignidad de los pueblos del mundo.
Por Elba García
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple su sueño de ser dictador hemisférico, aunque sea por un día.
La vocación dictatorial de Trump se ha expresado con mayor contundencia tras la entrada ilegal en territorio venezolano y apresar al jefe de Estado de ese país Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Tras este acontecimiento en momentos que se habla de la época del derecho constitucional, el cual incluye el derecho internacional, Trump ha anunciado su pretensión de convertir a Venezuela en una nueva colonia del imperio norteamericano.
El gobernante de los Estados Unidos ha adelantado que busca manejar la riqueza petrolera de Venezuela, una de las principales del mundo.
Pero la violación de Trump llega todavía más lejos al advertir a los demás países latinoamericanos a verse en el espejo de Venezuela.
Tromp hizo una alusión directa contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien dice podría correr la misma suerte de Maduro.
Anteriormente lo hizo con Brasil a propósito de la condena por conspiración del expresidente Bolsonoro.
Pero de igual modo se ha comportado con Honduras, donde en sus recientes elecciones presidenciales auspició uno de los candidatos y presionó con advertencias de actuar duramente contra los que estén en contra de sus designios.
Al fin impuso su voluntad, sin que haya reacción fuerte de rechazo a la vocación imperial del presidente de Estados Unidos.
No sé entiende por qué los países latinoamericanos no se unen en un bloque para rechazar la política de dominación y dictatorial de Donald Trump.
Incluso en el rechazo a la violación del derecho internacional por parte de los Estados Unidos pueden incluirse los países de la Unión Europea, que son permanentemente asediados y amenazados de imponerles aranceles y otros castigos como parte de la vocación dictatorial del mandatario norteamericano.
El chantaje de los Estados Unidos incluye también el otorgamiento de visados para ingresar al territorio de la potencia del norte.
La conducta de Trump es como si su administración haya borrado del mapa la supuesta clase gobernante que existe allí.
El problema se torna tan grave que la violación de derechos no solo se produce en Estados Unidos, sino en todo el mundo que parece haber retornado el derecho constitucional clásico, que fue sustituido por el derecho constitucional moderno en que los Estados grandes aplastan a los pequeños.
La época Trump prácticamente ha borrado el legado establecido por Estados Unidos a través del derecho constitucional difuso y sobre el equilibrio de los poderes.
Lo sorprendente de la era Tromp es que hasta la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos luce sometida a una cierta tolerancia del jefe de Estado de la potencia del norte.
Si la mayoría de los países no reaccionan a la política represiva y de dominación de Trump difícilmente pueda sobrevivir el sistema democrático, lo que puede crear serias tensiones y confrontaciones sociales y políticas en todo el planeta.