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El dominicano se mueve entre rumores, noticias falsas, pánico y la posibilidad de perder la vida por Covid-19.
Una de las cosas que caracterizan la forma de ser del dominicano es la exageración y dar como cierto cualquier comentario como resultado del invento que forma parte de una cultura, donde hasta la honra de una persona no vale prácticamente nada porque la difamación y la injuria es un juego nacional.
¨Radio Bemba¨ es un personaje nacional que dice lo que es y lo que no es, que forma parte de una leyenda popular como una forma de identificar a todo el que se dedica a inventarse cualquier cosa hasta para pasar el momento, aunque esa conducta termine con la ruina de la vida de muchas personas.
En la República Dominicana cuando en un lugar cualquiera se arma una riña y matan una persona, lo primero que hace el que quiere enterarse es preguntar qué es lo que ocurre y cuando se le informa que alguien ha perdido la vida de inmediato corre el rumor de que murieron 2, 3,4 o 5 personas, porque existe una gran afición por distorsionar o exagerar la verdad de lo ocurrido.
En el país hay lugares donde personas, sobre todo mujeres, han decidido quitarse la vida porque algún vecino regó entre sus amigos que ella se dedica a engañar a su marido, lo cual corre como pólvora y la cuestión termina con una tragedia.
En realidad, hay comunidades del territorio nacional que el chisme, el invento de lo inexistente es como una especie de entretenimiento entre muchos hombres y mujeres, cuya situación ha provocado divorcios y que individuos que se han ido a vivir al extranjero reciban regularmente una serie de historias inventadas que involucran a sus mujeres.
Pero los inventos ocurren en todos los ámbitos en la República Dominicana, porque socialmente hablando muchas personas dicen regularmente lo que no obedece a la verdad, convirtiendo el fenómeno en prácticamente una cultura nacional.
En el país el que ha iniciado una construcción y se le pregunta cuánto lleva invertido regularmente lo multiplica por muchos cientos de miles, pero lo propio ocurre en el terreno político, donde el que ha gastado un millón en campaña dice que lleva 10.
Los inventos han llegado tan lejos que cada día toman cuerpo porque hasta los propios medios de comunicación repiten la mentira como si fuera una verdad indiscutible, cuando la realidad es que cuando un candidato gasta 10 mil pesos dice que fueron 20 millones, para cuyo propósito se tira algunas fotos y las coloca en las redes sociales para hacer creer su historia.
El invento tiene su razón de ser porque luego el protagonista de la misma puede justificar su interés de estafar a su propio partido y al Estado porque se apoya en un invento, en una mentira para exigir un tratamiento que se acerque a su alegada o falsa inversión económica.
Sobre esa misma base son muchos los políticos que son desacreditados sobre la base de una mentira cuando se les atribuyen riquezas que muchas veces no tienen, aunque no se puede negar que en los últimos años, aun cuando éstos no pongan su dinero en la actividad política, terminan apropiándose de una buena parte de los presupuestos de la instituciones públicas.
El invento y ahora las noticias falsas crean muchos problemas a la sociedad dominicana, ya que nunca se sabe cuál es la verdad de lo que se dice, cuya situación se vive ahora con el coronavirus, porque son muchas las informaciones falsas colocadas en las redes sociales que mantiene dislocada a la mayoría de la gente.
El Covid-19 toma fuerza en la República Dominicana y la mayoría de la población ha entrado en pánico, sobre todo porque se trata de una pandemia de carácter mundial y por todos los medios se escuchan las muertes que ocurren en los diferentes países del mundo, pero el asunto se complica cuando el dominicano se da cuenta que esta realidad está hasta dentro de su propia casa.
Ello es un motivo más que suficiente para que el rumor y las noticias falsas tomen mucho cuerpo en el país, como por ejemplo la última que han lanzado los que se dedican a estos asuntos, la cual consiste en decir por las redes sociales que a partir de este martes habrá un toque de queda que será de 24 horas y que en consecuencia no habrá nada abierto para comprar los alimentos que se consumen en el día a día.
Esa noticia falsa ha provocado que los supermercados estén desbordados de clientes para comprar compulsivamente todo lo que encuentran en su camino, creándose una escasez que se podría constituir una situación peor para la gente.
La cuestión es que las noticias falsas ya tienen hasta más fuerza que las verdaderas, porque son tantos los medios digitales que difunden cualquier cosa que la gente no sabe distinguir entre el que tiene credibilidad y el que no la tiene.
Esto así, porque los resultados hablan por sí solos, ya que la mayoría de los supermercados lucen vacíos porque la gente se ha metido en filas interminables para comprar lo que sea porque la cultura del rumor y de las noticias falsas logró convencer más a los dominicanos que los medios de comunicación serios y el Gobierno que han desmentido la versión.
Romper en el país con la cultura del rumor y las noticias falsas no resulta tan fácil en virtud de no hay un régimen de consecuencia en contra del que se dedica a eso, .porque en este caso también se impone recordar que en el país se ha hablado hasta la saciedad de lo que tiene que ver con la inexistencia del Estado.
Esta es la razón y también los niveles de ignorancia por lo que todo el mundo en la República Dominicana está expuesto a la mentira, a las noticias falsas, que muchas veces pueden más que la verdad, porque además este fenómeno es parte de la cultura y el entrenamiento nacional.
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La justicia atrapada en la ineficacia y las malas artes de la partidocracia y de los vicios del poder que dañan la democracia.
Por Elba García
Desde el Tribunal Constitucional, que tiene la misión de mantener el control de la constitucionalidad, hasta el de menor jerarquía como son los juzgados de paz interpretan la ley generalmente al margen del espíritu de la misma y sobre la base de un criterio que no contribuye en nada con el Estado Social Democrático de Derecho, aspecto central del constitucionalismo moderno.
Esta conducta de quienes tienen la responsabilidad de promover seguridad jurídica en el país es una de las principales preocupaciones de los sectores más pensantes de la sociedad dominicana, donde es parte del diario vivir la emisión de sentencias al margen del respeto que se debe observar de los derechos fundamentales en virtud de las normas internas y de las externas que son de obligatorio cumplimiento.
El fenómeno dominicano en materia de justicia preconiza un comportamiento de los jueces y de los fiscales que se fundamenta en un tema que se ha establecido a partir de una cultura de lo mal hecho sin ni siquiera pensar en las consecuencias sociales de sus acciones.
El problema reviste tanta gravedad que, aunque no hay estadísticas al respecto, la vía de hecho toma cuerpo en el país, cuya expresión más contundente son los crímenes a través del sicariato y de otros acontecimientos que se caracterizan por la violencia extrema.
La eficacia en la aplicación de la ley por parte de los tribunales de las diferentes jurisdicciones del sistema de justicia se ha vuelto más salvaje entre los dominicanos para darle salida a los conflictos sociales.
La falencia de la justicia en lo que respecta a emitir sentencias que fortalezcan el estado de derecho, no es exclusiva de los tribunales ubicados en la escala más baja del sistema, sino que lo peor se produce en las altas cortes como la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional, en cuyo último los recursos de revisión de las acciones de amparo y las decisiones jurisdiccionales duran años para ser fallados en violación de su propia ley orgánica, la 137-11.
La llamada mora judicial es un cáncer que le ha matado la credibilidad al sistema de justicia nacional, pese a los discursos de sus actores que hablan de unos logros que nadie puede ver,
El cuadro luce tan amargo que los tribunales de instrucción del Distrito Judicial de Santiago no fijan audiencia para conocer recursos de apelación en violación del articulo 149 de la Constitución que dispone el doble grado.
De igual modo ocurre con las cortes de apelación civil donde un recurso de oposición es fallado hasta dos y tres años después de haber sido sometido por la parte que ha sucumbido en un proceso mediante la aplicación de la figura del defecto.
Asimismo, hay jueces de la jurisdicción civil ordinario que emiten sentencias extrapetitas, es decir, al margen de los pedidos de las partes en litis y además en franca violación de su competencia, sin que para mejorar haya un control de los fallos jurisdiccionales y cuya única opción es recurrir en apelación o casación que implica esperar años para el fallo, lo cual muchas veces ocurre cuando una de las partes ya ha muerto.
Sin embargo, pese a estas graves debilidades del sistema de justicia nacional en el país hay un discurso repetitivo de que hay una importante mejoría del estado de derecho y de la democracia.
Otro de los problemas del sistema de justicia es que los partidos mantienen su control, ya que su escogencia se produce a través del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), el cual es un diseño de la partidocracia para evitar que aquellos actores de la vida política nacional no estén expuestos a sanciones judiciales de los jueces que son escogidos por ellos.
Este panorama desmejora la llamada democracia representativa que hoy por hoy ha dejado resultados que dejan mucho que desear y cuyo descredito no augura para los pueblos que la padecen un futuro promisorio, lo que incluso ya la coloca en un punto de total falta de legitimidad.
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Abandono de investigación y bajo nivel académico impacta universidades que operan sin supervisión.
Por Elba García
Las universidades de la República Dominicana prácticamente han abandonado su cumplimiento con su misión de desarrollar investigaciones científicas y de igual modo preservar o implementar programas educativos para mejorar el bajo índice académico que les afecta.
El problema no constituye un asunto aislado, sino que forma parte de la deficiencia y debilidades institucionales del país, cuyos centros de altos estudios no son sometidos a la fiscalización que dispone la Ley Orgánica del Ministerio de Educación Superior ( MESCyT ), porque pesa más la politiquería que tener un país mejor.
El asunto genera que muchos estudiantes egresen de las diferentes carreras que se imparten en la gran diversidad de las universidades nacionales con un nivel de formación que puede definirse de muy precario, muy pobre, que no pasan de ser analfabetos funcionales.
Sin embargo, la deficiencia importa tan poco en un país donde el Estado no tiene capacidad de regulación, ni de fiscalización y mucho menos de supervisión, que las universidades no pasan de ser una buena industria para producir dinero y nada más.
La gravedad de la cuestión llega tan lejos que incluso los propios docentes de las casas de altos estudios dejan mucho que desear porque no tienen la formación académica e intelectual requerida para proporcionar una buena educación superior.
Las universidades del país, naturalmente no todas, no pasan de ser un gran negocio manejado por familias muy concretas y específicas que tampoco cumplen con el mandato de la norma que la regula y delimita y define lo que son instituciones sin fines de lucro.
Pero la falta de control del sistema educativo nacional ha convertido a las universidades en centros para egresar a personas que luego no tienen espacio en el mercado laboral, en virtud de que no tienen la preparación que reclama la industria nacional.
Es una pena observar el sendero escogido por las universidades, el cual no tiene nada que ver con su misión de desarrollar las ciencias y las tecnologías, así como el nivel intelectual de la sociedad.
Naturalmente, no se trata de un fenómeno exclusivo de la educación superior, intermedia y primaria, sino de todo el andamiaje público, donde la capacidad importa poco, sino la politiquería y el amiguismo, ya que incluso hasta el otorgamiento de una licencia de operación en este sector está fundamentado en un criterio desviado de los estándares que deben prevalecer al respecto.
No hay ningún tipo de evaluación que pueda arrojar buenos resultados en la República Dominicana, porque más que un instrumento para lograr un verdadero desarrollo nacional, la educación superior ha pasado a ser un negocio vulgar de “vivos” y de personas que se dedican al tráfico de influencia.
El problema de la educación superior se suma a la imposibilidad que afronta la sociedad dominicana de promover reforma en instituciones y órganos del Estado que no hay forma de que den pie con bola, como el Ministerio Público y la Policía Nacional, por sólo citar algunos.
La población estudiantil dominicano es bastante grande, pero ello no ha servido para que el sector se menaje con criterios de excelencia académica para construir una mejor nación, cuyos estándares sean comparables con otros países del hemisferio y de otros continentes.
Lo peor del problema es que el país no cuenta con una agenda nacional para enfrentar la deficiencia e insertar la nación en los mejores estándares educativos de Latinoamérica, el Caribe y el mundo.
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Santiago es parte de un fenómeno general que impacta al país en el que las instituciones sin fines de lucro son un botín personal.
Por Elba Rosa García
El fenómeno de la apropiación de las instituciones sin fines de lucro y muchas otras que juegan un papel social y político importante que se debaten entre una serie de intereses individuales de personajes de la sociedad dominicana que sólo se mueven para perjudicar a las grandes mayorías nacionales.
Es una preocupación que tiene su base de sustentación en una herencia histórico-cultural que se apoya en una serie de antivalores que promueven el individualismo como estilo de vida.
El escenario es ahora el Patronato Cibao contra el Cáncer, donde convergen algunos sectores que buscan utilizar esta institución para fines que no se corresponden con sus objetivos.
En los últimos días allí ha explotado un escándalo que habla de serios actos de corrupción que ahora se ventilan en los tribunales del Distrito Judicial de Santiago, cuya irregularidad también se observa en otras entidades de igual carácter como las cooperativas de ahorros y préstamos, las cuales también han tenido un notable éxito en el manejo de fondos de las comunidades.
La Corte de Apelación Civil de Santiago tiene en fase de fallo una demanda civil para buscar la nulidad de una asamblea que permitió escoger una nueva directiva en medio de serios escándalos de corrupción, que incluye una supuesta deuda de más de ochocientos millones de pesos.
Recientemente, tras la celebración de la referida asamblea, hubo que sacar a los que ostentaban la dirección del Patronato con la fuerza pública, drama que prevalece de forma genelizada en el país porque los que llegan a este tipo de organizaciones se llegan a creer dueño del patrimonio de la misma como si se tratara de una herencia familiar.
Este tipo de problema es un asunto que debe enfrentar la sociedad dominicana, porque el mismo se agrava en razón de que los propios tribunales se manejan con una actitud muy complaciente con los que incurren en semejante travesura.
La demanda civil que busca la nulidad de la asamblea general extraordinaria en la que se eligió una nueva directiva en el Patronato Cibao contra el Cáncer, quedó en fase de fallo en la Corte Civil y Comercial de Santiago tras los jueces reservarse la decisión.
La acción legal proviene del destituido presidente del Patronato Cibao contra el Cáncer, quien solicita que se deje sin efecto dicha asamblea, bajo el alegato de supuestas irregularidades en el proceso y violaciones al debido procedimiento. Los abogados del demandante también pidieron la designación de un administrador judicial, argumentando que la reunión estuvo “plagada de vicios”.
La decisión podría ser emitida en un plazo de 48 horas, cuyo acto de la demanda es el número 534, el cual fue depositado el 23 de octubre de 2025 ante la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santiago, a requerimiento de Héctor Antonio Lora Cruceta y otras partes interesadas, representadas legalmente por los licenciados Jhon Starling Fulgencio Frías, Erick R. Germán Mena y María Antonia Vargas del bufete Veras & Veras, con sede en Santiago de los Caballeros.
La situación del Patronato Cibao Contra el Cáncer es propia de una gran cantidad de organizaciones sin fines de lucro, incluido los partidos políticos, entre muchas otras que quedan atrapadas en medio de grupos que las controlan y malversan sus fondos para fines que distorsionan la razón de su existencia.
El problema en esta materia es una plaga que prácticamente se come a la sociedad dominicana, sin que haya a la vista una solución, dado que el motivo de la misma tiene que ver con razones profundamente culturales que hoy día son parte de un problema integral de la sociedad dominicana.