De portada
El DR-CAFTA es una expresión fiel de la cultura de la improvisación que daña tanto a la República Dominicana.
Por Elba García
La entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio de República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA) se produjo hace ya 14 años, pero es ahora cuando las autoridades nacionales se dan cuenta de los errores cometidos, como por ejemplo, adherirse al mismo sin agotar un proceso de ponderación y análisis para entonces concluir con la negociación que establecía éste.
Pero como en el país uno de sus principales problemas es que nada es sometido a un proceso de análisis para evitar auto agredirse como se observa ahora, lo cual es fruto de la cultura de la improvisación y en consecuencia de la falta de una planificación estratégica, cuya falencia es transversal e integral a toda la vida pública y privada de la nación.
Esta debilidad es la responsable de que el país tenga décadas con temas sobre la mesa que no hay forma de solucionarlos, como el de energía eléctrica, agua potable, salud, educación y otros tantos que ya han pasado a ser consustanciales a la existencia de los países del tercer mundo como la República Dominicana, donde lo único que se calcula bien es la sustracción por particulares del patrimonio nacional.
Pero aparte del problema de la improvisación y de la falta de planificación estratégica, también podría decirse que el fenómeno trae consigo una carencia de capacidad y no es para menos, porque el que no sopesa bien las consecuencias de las acciones que toma, siempre se llevará la sorpresa de que las cosas no funcionarán como muchas veces se quiere.
Todo ello explica muy bien lo que se ha dado en llamar como Estados fallidos, que no tienen viabilidad y que producto de esa debilidad jamás podrán pasar del tercer al segundo o al primer mundo, donde el desarrollo humano tiene que ser indiscutible.
Hay muchos ejemplos de avances en educación y en otros renglones, como son los países asiáticos, por lo menos la mayoría, y en ese contexto también se encuentra un país de América del Norte, como el Canadá, el cual pasó del tercer al segundo y podría decirse que al primer mundo, con una economía saludable y con muchos de los problemas que genera la pobreza resueltos.
En lo concerniente al mal manejo dado al DR-CAFTA, la República Dominicana está hoy amenazada con la desaparición del productor de arroz, el cual tiene una gran importancia social, económica, política y de seguridad alimentaria, porque en el momento en que se debió dar una mirada al futuro, no se hizo, probablemente, por acoger lo planteado por los Estados Unidos sin ponderar los resultados en el futuro mediato e inmediato.
Esa improvisación ahora tiene con la soga al cuello a los encargados de diseñar políticas públicas, porque el DR-CAFTA se ha convertido en una carga muy pesada para la sociedad dominicana, ya que el productor de arroz nacional podría ser parte de la historia a partir del año 2025, lo cual podría tener una repercusión política hasta peligrosa para la nación.
Ha quedado lo suficientemente claro que luego de la entrada en vigencia del Tratado, es decir, 14 años después, los países firmantes tienen derecho a crear una comisión para revisar la implementación y operación del acuerdo con respecto al comercio de mercancías agrícolas.
Concretamente el articulo 3.18 del DR-CAFTA establece que 14 años después de su entrada en vigencia las partes crearán una comisión de revisión agrícola que deberá evaluar los efectos del proceso de liberalización comercial, la operación de las medidas de salvaguardia agrícola y su posible extensión.
En otras palabras, esto lo que quiere decir es que se pueden hacer nuevas negociaciones de acuerdo a la realidad de cada país firmante, pero a pesar de que los productores agrícolas dominicanos reclaman una revisión del acuerdo, las autoridades nacionales sólo han hecho algunos amagos, pero que no ha habido nada concreto al respecto.
Todo el país sabe que el DR-CAFTA se firmó en el 2004, durante el gobierno de Hipólito Mejía, y que entró en vigencia en República Dominicana en el 2006, pero desde entonces se han hecho cuestionamientos sobre las condiciones en que fue firmado y los supuestos beneficios que ha traído al país.
El Centro de Estudios Económicos y Sociales, P. José Luis Alemán (CEESPA), de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), publicó un análisis tras cumplirse la primera década de su puesta en vigencia que indica que en el 2004 República Dominicana simplemente se adhirió al tratado sin agotar un proceso de negociación, lo cual confirma la forma irresponsable en que se comporta la improvisación, que no es exclusiva de uno de los gobiernos que ha tenido el país, sino de todos, naturalmente con algunas variantes.
El gobierno de los Estados Unidos “En agosto de 2003, aceptó incorporar al país al DR-CAFTA mediante una simple adhesión (docking), cuya negociación solamente incluyó las listas de acceso a mercados y los tiempos de desgravación, y sin tocar los temas de las disciplinas comerciales -es decir- los temas vinculados al desarrollo, lo cual implicó descartar toda posibilidad de lograr un “trato especial y diferenciado” por los niveles de desarrollo”, establece el citado estudio.
En ese momento las autoridades dominicanas de entonces aceptaron la propuesta de adhesión sin hacer ningún estudio sobre el impacto que el acuerdo tendría sobre la economía del país, las leyes que serían modificadas, los empleos que se perderían o se ganarían, las implicaciones para el comercio exterior, las barreras no arancelarias a remover, la modificación del entorno comercial, entre otros aspectos, según los autores del análisis.
Sin embargo, “Lo más paradójico de todo fue que el DR-CAFTA no fue una imposición estadounidense, sino que por el contrario, una ligereza de grupos políticos nacionales y un sector específico del empresariado local que abogaron a favor de una adhesión, no de una negociación”, dice el documento.
La evaluación del Centro de Estudios Económicos y Sociales José Luis Alemán, destaca que a aquí se renunció consciente o inconscientemente y unilateralmente a cualquier posición en el ámbito internacional que pudiera generar el más mínimo desagrado de los funcionarios estadounidenses.
Los autores señalan que para la firma del tratado no hubo estudio de impacto, ni una revisión de los textos en materia de disciplinas comerciales, ya que todo se hizo de manera precipitada, improvisada, dado que sólo se negociaron los anexos y las listas de acceso a mercados como una excepción y en consecuencia todo consistió en una mera adhesión.
De manera, que ahora tal vez el país tiene una nueva oportunidad para realmente negociar el acuerdo, pero de no ser así el impacto en el aparato productivo nacional será realmente devastador por lo que significa, por el ejemplo, el arroz en el ámbito económico, social y político para la sociedad dominicana, todo como resultado de uno de los peores legados que ha tenido la nación y los cuales han caracterizado de una manera muy importante al partidarismo político, expresado como lo que se ha dado en llamar la partidocracia, madre de una gran desgracia nacional a través de la improvisación y de la depredación del patrio nacional.
El DR-CAFTA se firmó en el 2004 durante el gobierno de Hipólito Mejía y en ese entonces gobernaba en los Estados Unidos George W. Bush, cuyo ministro de Agricultura era oficialmente Eligio Jáquez, quien actualmente disfruta como cónsul general de la República Dominicana en Nueva York, cargo que se lo ha regalado el presidente Luis Abinader como una forma de que acumule fortunas mediante la aplicación de tarifas abusivas en contra de los dominicanos que viven en el exterior, cuyas entradas del mismo van principalmente a los bolsillos del incumbente, pero no del fisco nacional, lo cual explica con mucha claridad el comportamiento de la partidocracia nacional cuando se trata de premiar a uno de sus miembros, no importa los errores cometidos que marcan la nación para toda su existencia..
De portada
Baja calidad de educación no garantiza desarrollo cognitivo en el país pese inversión del 4% del PIB.
Por Elba García
Las quejas han sido constantes y permanentes del bajo nivel de la educación dominicana a pesar de la relativa alta inversión económica hecha en el sector.
Más de un billón de dólares ha invertido el país en un sistema educativo que cada día se degrada y en el que prevalece una corrupción que avergüenza a todos y cada uno de los dominicanos decentes.
Desde 2013 cuando se acordó destinar el 4% del Producto Interno Bruto (PIB) de República Dominicana a la educación, el país ha destinado una buena parte de estos recursos para alimentar y estimular el principal flagelo de que adolece la nación, que no es otra cosa que la corrupción administrativa.
El Ministerio de Educación (Minerd) en el 2023 ejecutó el 3.88% del 4% del PIB, lo que equivale a unos 226 mil 232 millones de pesos, la cual es la segunda inversión más alta desde 2013.
En el 2020 fue el año en que se cumplió con el 4%, debido a la pandemia de COVID-19. En ese año, el gasto fue de RD$201,501,223,632.
En cuanto al gasto público per cápita en educación, en 2022 fue de 383 euros por habitante, un aumento del 41,85% respecto a 2021.
En el ranking de países por importe invertido en educación, República Dominicana subió del puesto 70 en 2021 al 63 en 2022. Sin embargo, sigue estando entre los países con un bajo gasto público en educación.
Está demostrado que la educación es el instrumento más ideal y eficiente para lograr un verdadero desarrollo nacional.
Estudios hechos por psicólogos han dado como resultado que el coeficiente intelectual más alto se produce en aquellas naciones donde hay una alta inversión en educación.
Entre todos los países latinoamericanos Uruguay es el que aparece con un más alto coeficiente de inteligencia con 96 puntos, seguido por Argentina con 93 y Chile con 90, pero el nombre de la Republica no figura por ningún lado, lo cual también habla de la poca inversión en esta materia.
El cociente intelectual (CI) ha sido por años un indicador clave para medir las capacidades cognitivas de las personas y un estudio global al respecto, liderado por los psicólogos Richard Lynn y Tatu Vanhanen, destaca a Uruguay como el país con el promedio más alto en América Latina, seguido por Argentina.
En este renglón es importante preguntarse sobre los factores detrás de este desempeño y las implicaciones para el desarrollo socioeconómico de la región.
El caso uruguayo, uno de los países más pequeños del hemisferio, ha captado la atención en el mundo, no solo por su desempeño, sino también por las posibles políticas y condiciones que podrían haber permitido el nivel de desarrollo cognitivo.
El estudio presenta un ranking con los puntajes promedio de CI en los países latinoamericanos, evidenciando una considerable brecha entre las naciones.
Según el análisis de Lynn y Vanhanen, Uruguay tiene un promedio de CI de 96 puntos, ubicándose a la cabeza de América Latina (Archivo)Nicolás Janowski – Lugares
- Uruguay: 96
- Argentina: 93
- Chile: 90
- Costa Rica: 89
- Ecuador y México: 88
- Bolivia y Brasil: 87
- Cuba y Perú: 85
- Colombia, Paraguay y Venezuela: 84
- Honduras: 81
En la investigación quedan claras diferencias sustanciales que podrían estar influenciadas por factores como la inversión en educación, la estabilidad económica y el acceso a recursos básicos.
Los autores del estudio, identifican variables como la calidad del sistema educativo, la equidad en el acceso a la educación, y factores socioeconómicos como determinantes en los niveles promedio de CI.
Países con políticas que priorizan la educación, programas de nutrición infantil y acceso a tecnología suelen tener mejores resultados en el desarrollo cognitivo de su población.
Por ejemplo, la exposición a entornos que estimulan la creatividad y el pensamiento crítico desde la infancia es crucial. En contraste, los países que enfrentan desigualdades económicas y educativas tienden a registrar promedios más bajos de CI.
En este tema Singapur saca la cabeza con (108), Corea del Sur (106) y Japón (105), cuyas naciones no solo se destacan por sus inversiones en educación de calidad, sino también por sus avanzados sistemas de investigación, tecnología y políticas públicas orientadas a potenciar el capital humano.
De acuerdo con los autores, variables como la calidad del sistema educativo, la equidad en el acceso a la educación y factores socioeconómicos son determinantes en los niveles promedio de CI.
El estudio también subraya la relación entre el CI promedio de un país y su capacidad de desarrollo económico. Países con mayores índices de inteligencia suelen ser más innovadores y eficientes en la resolución de problemas, lo que les permite mantener economías más avanzadas. En este sentido, América Latina tiene una oportunidad significativa: priorizar políticas educativas y sociales que fomenten el desarrollo intelectual como una estrategia para potenciar su crecimiento económico.
El liderazgo de Uruguay en el ranking de CI en América Latina no es casualidad. Su enfoque en políticas públicas inclusivas y su inversión en educación de calidad han sido factores clave para este logro, destaca el estudio. Este ejemplo puede servir como un modelo para otros países de la región que buscan mejorar sus índices de inteligencia y, con ello, su proyección económica a largo plazo.
Sin embargo, el caso de la República Dominicana radica en un problema integral, donde la inversión en educación no es una prioridad y el hecho de que se destinen más recursos al sector no implica una mejoría en la misma, sino un mayor aprovechamiento para el enriquecimiento ilícito.
El 4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) para Educación, aunque todavía es uno de los más bajos de la región, el monto no deja de ofrecer una buena oportunidad para que el país ocupe otros niveles mundiales en este renglón.
De portada
El “talón de Aquiles” del TC es la revisión de acciones de amparo, vía para reponer derechos fundamentales.
Por Elba García
El Tribunal Constitucional decide con celeridad algunos casos que, si bien envían el mensaje de una cierta fortaleza del Estado de Derecho, hay otros que son manejados mediante lo que se conoce como denegación de justicia.
Es evidente que todos aquellos procesos que tienen una mayor importancia política, el TC los falla en un tiempo relativamente corto, mientras que los recursos de revisión de las acciones de amparo de extrema urgencia duermen el sueño eterno sin que se determine claramente la razón de ello.
Resulta inconcebible que un recurso de revisión de una acción de amparo sea fallado por el Tribunal Constitucional hasta dos años después de haber sido sometido en violación de su propia legalidad, cuya Ley 137-11 habla de 30 días para que se produzca una decisión, pero, además, es como que, si se tratara de la violación del principio de igualdad, el cual ha sido el más trabajado por la referida alta corte.
El criterio con que el TC maneja estos casos deja la impresión de que sus decisiones son retrasadas cuando se trata de examinar jurídicamente la conducta de los partidos políticos, cuyas sentencias no surten el efecto esperado.
No se sabe con claridad cuál es el criterio que la Presidencia del Tribunal Constitucional aplica en los casos que son depositados en su secretaria, pero se entiende que el lugar de mayor preponderancia debía tenerla la revisión de los recursos de amparo porque son asuntos que se refieren a los derechos fundamentales, los cuales son sumarios y se caracterizan por la celeridad.
El tema parece ser una de las principales razones para que mucha gente entienda que el TC tiene la tendencia a no priorizar aquellos casos que tienen que ver con los derechos fundamentales, sobre todo cuando están involucrados los partidos políticos.
La explicación que muchos ciudadanos ven es que los obstáculos para conocer los recursos de revisión de las acciones de amparo electorales provienen de que los partidos políticos juegan un papel fundamental para que se tome una decisión al respecto porque son los que controlan el Consejo Nacional de la Magistratura, órgano que tiene la responsabilidad de escoger a los jueces, incluidos a los del Tribunal Constitucional.
Y ciertamente no parece haber otra razón para que el TC viole en estos casos el articulo 102 de su propia ley orgánica, la 137-11, que manda que los recursos de revisión de amparo sean fallados en un plazo de 30 días.
El Tribunal Constitucional con la facultad que le otorga la Constitución de la Republica y su ley orgánica, la 137-11, debía cuidar su imagen para que no se contamine como ocurre con todo el sistema de justicia, el Congreso Nacional y el propio Poder Ejecutivo.
El desbalance temporal que se observa en el conocimiento de casos que no tienen la misma prioridad que la violación de un derecho fundamental, que generalmente es planteado a través de una acción de amparo, causa preocupación de que el TC caiga en la misma deficiencia que se observa en prácticamente todo el sistema de justicia dominicano.
En los últimos días se ha observado que el Tribunal Constitucional le da prioridad a la acción directa de inconstitucionalidad frente a los recursos de amparo, pese que éste último trata cuestiones que tienen mayor urgencia.
En los actuales momentos hay recursos de revisión de acciones de amparo que tienen depositados en el TC hasta dos años y que no han sido fallados, lo cual pone en tela de juicio en el principal tribunal del país el principio que dice que sentencias tardías es denegación de justicia.
El problema con relación a los recursos de revisión de las acciones de amparo puede ser una causa para el sometimiento de los casos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual puede derivar en comprometer civil y penalmente al Estado dominicano.
Pese a que juristas y otros doctrinarios del país no conciben lo ocurrido con el TC en lo que respecta a los recursos de revisión de las acciones de amparo falladas por jurisdicciones especializadas, como el Tribunal Superior Electoral, lo cierto es que parece que todavía pesa mucho la escogencia de los primeros jueces de la alta corte a través del llamado pacto de las corbatas azules.
De portada
Basura y dinero tratados con el mismo criterio en alcaldía de Santiago, cuya carta de presentación es el dispendio.
Son preocupantes las sumas que supuestamente ha invertido la alcaldía de Santiago en recogida de basura, cuyo monto alcanza los tres mil cincuenta y dos millones cuarenta y cuatro mil novecientos treinta pesos con dos centavos (3,052,144,930.72) para la recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos, según lo ha denunciado un regidor de la oposición.
Sólo en el mes de septiembre del corriente año hubo una licitación con la autorización y firmada por la directora financiera del cabildo, Rosa Morel, por la astronómica suma de dos mil millones cuatrocientos cuarenta y un millones quinientos quince mil doscientos sesenta y cinco pesos (2,441,515,00, lo cual revela las peligrosas andanzas del alcalde Ulises Rodríguez.
El dinero destinado sólo en el mes de octubre del 2024 para los fines indicados, según lo establece la ejecución de ingresos y fuentes de financiamiento correspondientes al referido periodo, llega a los doscientos noventa y siete millones seiscientos ochenta y ocho mil quinientos treinta y ocho pesos con sesenta y dos pesos (297,688,538.72.
Pero los gastos excesivos no se paran ahí, sino que en el mes de noviembre se dispuso de la suma de trescientos doce millones novecientos diecisiete pesos (312,941,117 pesos, lo cual advierte que, con la política de compromisos asumidos por el ayuntamiento de Santiago para el pesaje, control y de mantenimiento de las instalaciones y gestión interna de la disposición final de los residuos sólidos en el ecoparque de Rafey Santiago, lleva a una quiebra segura a la ciudad.
El periódico Listín Diario en una investigación realizada al respecto pudo comprobar que los montos establecidos en documentos consultados alcanzan un total de DOP$3,052,144,930.72 (Tres mil cincuenta y dos millones ciento cuarenta y cuatro mil novecientos treinta pesos con setenta y dos centavos), destinados por los trabajos concernientes a la recolección y disposición de los desechos sólidos del municipio en los últimos tres meses del año.
Las alertas al respecto han sido dadas, mientras el municipio de Santiago camina hacia una situación financiera insostenible, todo como resultado de la improvisación y la incapacidad que caracteriza a los funcionarios de la actual administración, encabezada por Ulises Rodríguez.
Además, está sobre la mesa que la mayoría de los contratos de las compañías recolectoras de basura están vencidos, pero que se les paga normalmente. La pregunta que está en el aire y que se espera que alguien pueda responder es por qué los acuerdos de recogida de basura han subido a casi mil millones de pesos, sin que haya una reacción de los regidores del cabildo de Santiago.
Históricamente el ayuntamiento ha sido una fuente de empleos parasitarios utilizados por el partido político en el poder para satisfacer las aspiraciones que se crean a través del llamado clientelismo político, pero además de promover un nivel de corrupción que se expresa a través del principal problema de la ciudad como es la recogida de basura.
Sin embargo, lo que ocurre en la actualidad con la recogida de basura parece ser el nivel más alto de corrupción por parte del actual incumbente, Ulises Rodríguez, lo cual se veía venir por tratarse de un funcionario con una conducta que deja mucho que desear.