De portada
El DR-CAFTA es una expresión fiel de la cultura de la improvisación que daña tanto a la República Dominicana.
Por Elba García
La entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio de República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA) se produjo hace ya 14 años, pero es ahora cuando las autoridades nacionales se dan cuenta de los errores cometidos, como por ejemplo, adherirse al mismo sin agotar un proceso de ponderación y análisis para entonces concluir con la negociación que establecía éste.
Pero como en el país uno de sus principales problemas es que nada es sometido a un proceso de análisis para evitar auto agredirse como se observa ahora, lo cual es fruto de la cultura de la improvisación y en consecuencia de la falta de una planificación estratégica, cuya falencia es transversal e integral a toda la vida pública y privada de la nación.
Esta debilidad es la responsable de que el país tenga décadas con temas sobre la mesa que no hay forma de solucionarlos, como el de energía eléctrica, agua potable, salud, educación y otros tantos que ya han pasado a ser consustanciales a la existencia de los países del tercer mundo como la República Dominicana, donde lo único que se calcula bien es la sustracción por particulares del patrimonio nacional.
Pero aparte del problema de la improvisación y de la falta de planificación estratégica, también podría decirse que el fenómeno trae consigo una carencia de capacidad y no es para menos, porque el que no sopesa bien las consecuencias de las acciones que toma, siempre se llevará la sorpresa de que las cosas no funcionarán como muchas veces se quiere.
Todo ello explica muy bien lo que se ha dado en llamar como Estados fallidos, que no tienen viabilidad y que producto de esa debilidad jamás podrán pasar del tercer al segundo o al primer mundo, donde el desarrollo humano tiene que ser indiscutible.
Hay muchos ejemplos de avances en educación y en otros renglones, como son los países asiáticos, por lo menos la mayoría, y en ese contexto también se encuentra un país de América del Norte, como el Canadá, el cual pasó del tercer al segundo y podría decirse que al primer mundo, con una economía saludable y con muchos de los problemas que genera la pobreza resueltos.
En lo concerniente al mal manejo dado al DR-CAFTA, la República Dominicana está hoy amenazada con la desaparición del productor de arroz, el cual tiene una gran importancia social, económica, política y de seguridad alimentaria, porque en el momento en que se debió dar una mirada al futuro, no se hizo, probablemente, por acoger lo planteado por los Estados Unidos sin ponderar los resultados en el futuro mediato e inmediato.
Esa improvisación ahora tiene con la soga al cuello a los encargados de diseñar políticas públicas, porque el DR-CAFTA se ha convertido en una carga muy pesada para la sociedad dominicana, ya que el productor de arroz nacional podría ser parte de la historia a partir del año 2025, lo cual podría tener una repercusión política hasta peligrosa para la nación.
Ha quedado lo suficientemente claro que luego de la entrada en vigencia del Tratado, es decir, 14 años después, los países firmantes tienen derecho a crear una comisión para revisar la implementación y operación del acuerdo con respecto al comercio de mercancías agrícolas.
Concretamente el articulo 3.18 del DR-CAFTA establece que 14 años después de su entrada en vigencia las partes crearán una comisión de revisión agrícola que deberá evaluar los efectos del proceso de liberalización comercial, la operación de las medidas de salvaguardia agrícola y su posible extensión.
En otras palabras, esto lo que quiere decir es que se pueden hacer nuevas negociaciones de acuerdo a la realidad de cada país firmante, pero a pesar de que los productores agrícolas dominicanos reclaman una revisión del acuerdo, las autoridades nacionales sólo han hecho algunos amagos, pero que no ha habido nada concreto al respecto.
Todo el país sabe que el DR-CAFTA se firmó en el 2004, durante el gobierno de Hipólito Mejía, y que entró en vigencia en República Dominicana en el 2006, pero desde entonces se han hecho cuestionamientos sobre las condiciones en que fue firmado y los supuestos beneficios que ha traído al país.
El Centro de Estudios Económicos y Sociales, P. José Luis Alemán (CEESPA), de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), publicó un análisis tras cumplirse la primera década de su puesta en vigencia que indica que en el 2004 República Dominicana simplemente se adhirió al tratado sin agotar un proceso de negociación, lo cual confirma la forma irresponsable en que se comporta la improvisación, que no es exclusiva de uno de los gobiernos que ha tenido el país, sino de todos, naturalmente con algunas variantes.
El gobierno de los Estados Unidos “En agosto de 2003, aceptó incorporar al país al DR-CAFTA mediante una simple adhesión (docking), cuya negociación solamente incluyó las listas de acceso a mercados y los tiempos de desgravación, y sin tocar los temas de las disciplinas comerciales -es decir- los temas vinculados al desarrollo, lo cual implicó descartar toda posibilidad de lograr un “trato especial y diferenciado” por los niveles de desarrollo”, establece el citado estudio.
En ese momento las autoridades dominicanas de entonces aceptaron la propuesta de adhesión sin hacer ningún estudio sobre el impacto que el acuerdo tendría sobre la economía del país, las leyes que serían modificadas, los empleos que se perderían o se ganarían, las implicaciones para el comercio exterior, las barreras no arancelarias a remover, la modificación del entorno comercial, entre otros aspectos, según los autores del análisis.
Sin embargo, “Lo más paradójico de todo fue que el DR-CAFTA no fue una imposición estadounidense, sino que por el contrario, una ligereza de grupos políticos nacionales y un sector específico del empresariado local que abogaron a favor de una adhesión, no de una negociación”, dice el documento.
La evaluación del Centro de Estudios Económicos y Sociales José Luis Alemán, destaca que a aquí se renunció consciente o inconscientemente y unilateralmente a cualquier posición en el ámbito internacional que pudiera generar el más mínimo desagrado de los funcionarios estadounidenses.
Los autores señalan que para la firma del tratado no hubo estudio de impacto, ni una revisión de los textos en materia de disciplinas comerciales, ya que todo se hizo de manera precipitada, improvisada, dado que sólo se negociaron los anexos y las listas de acceso a mercados como una excepción y en consecuencia todo consistió en una mera adhesión.
De manera, que ahora tal vez el país tiene una nueva oportunidad para realmente negociar el acuerdo, pero de no ser así el impacto en el aparato productivo nacional será realmente devastador por lo que significa, por el ejemplo, el arroz en el ámbito económico, social y político para la sociedad dominicana, todo como resultado de uno de los peores legados que ha tenido la nación y los cuales han caracterizado de una manera muy importante al partidarismo político, expresado como lo que se ha dado en llamar la partidocracia, madre de una gran desgracia nacional a través de la improvisación y de la depredación del patrio nacional.
El DR-CAFTA se firmó en el 2004 durante el gobierno de Hipólito Mejía y en ese entonces gobernaba en los Estados Unidos George W. Bush, cuyo ministro de Agricultura era oficialmente Eligio Jáquez, quien actualmente disfruta como cónsul general de la República Dominicana en Nueva York, cargo que se lo ha regalado el presidente Luis Abinader como una forma de que acumule fortunas mediante la aplicación de tarifas abusivas en contra de los dominicanos que viven en el exterior, cuyas entradas del mismo van principalmente a los bolsillos del incumbente, pero no del fisco nacional, lo cual explica con mucha claridad el comportamiento de la partidocracia nacional cuando se trata de premiar a uno de sus miembros, no importa los errores cometidos que marcan la nación para toda su existencia..
De portada
Práctica política dominicana deja claro que legado de grandes líderes de últimas décadas ha servido poco para enderezar el país.
Por Elba García
El pensamiento profundo de los tres grandes líderes nacionales de las últimas décadas parece que no ha surtido el efecto esperado y que su legado político prácticamente ha desaparecido al correr el tiempo, cuya memoria, a pesar de ser un recuerdo obligado, es como si no hubieran existido, ya que su conducta, visión y propuestas de cambios reposan en el saco del olvido.
La República Dominicana era controlada y manejada políticamente en las décadas de los 70,80 y 90 por tres grandes líderes, uno casi siempre desde el poder y dos desde la oposición, hasta que los tres fallecieron y sus partidos, uno prácticamente ha desaparecido o se ha disminuido ostensiblemente y los otros dos han corrido la misma suerte a partir de que han combatido desde la oposición lo que después han practicado desde el control del Estado.
Joaquín Balaguer, José Francisco Pena Gómez y Juan Bosch, el primero fundador del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), el segundo continuador de una fuerza con gran arrastre popular como el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y el tercero en el momento de su desaparición física fundador y líder del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Analistas políticos del país en más de una ocasión han dicho que la República Dominicana durará varios siglos para que surjan otros líderes de la categoría y la formación de estos tres referentes de la vida política nacional, los cuales tenían sus debilidades y también sus virtudes, cuyas últimas pesaban más que la primera.
Es tanto así que hay quienes piensan que la política ideológica desaparece en el país con la muerte de Balaguer, Peña y Bosch, lo que más que una expresión fría se trata de una verdad indiscutible, ya que después de la inexistencia de ellos la política partidaria se ha convertido en un verdadero mercado clientelar que ha creado un deterioro de la actividad que luce irrecuperable frente a la problemática nacional.
La crisis en este aspecto es tan notable que ya cualquiera se atreve a decir que quiere dirigir el país sin tener la más mínima formación como estadista, cuya tendencia toma mayor impulso a propósito de la desnaturalización de la vida político-partidista y por la llegado al control del Estado de personas que sólo han sido favorecidas por circunstancias muy especiales que se han presentado.
De los tres líderes que sirven de base a este trabajo interpretativo, el primero citado, Joaquín Balaguer, se echó la vida en el poder, siempre fiel a su pensamiento político conservador, aunque en términos del peor lastre nacional como lo es la corrupción administrativa, supo manejar el tema con una notable dualidad, ya que mientras decía que la misma se detenía en la puerta de su despacho, pero auspiciaba que algunos personajes de sus gobiernos se enriquecieran, aunque él de manera personal no lo hizo.
Los gobiernos de Balaguer, por lo menos durante sus primeros doce años en el poder, tuvieron un perfil de neo-dictadura, lo que se entendió como una expresión fiel con un régimen del que fue una ficha estelar durante una buena parte de su vida como lo fue la sanguinaria dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina e influyó en su visión sus vínculos familiares con Ulises Heureaux (LILIS), pero además hubo un asunto que tiene que ver con la época en que desempeñó su liderazgo.
Lo cierto es que el liderazgo de Balaguer para bien o para mal tuvo mucho peso en la historia nacional e incluso trilló el camino para un cambio que no hubo forma de que fuera excluido del mismo y mucho menos perseguido por crímenes que siempre se consideraron de Estado y que era muy difícil no pensar en su participación mediante alguna incitación, cuyo mejor ejemplo fue el asesinato del periodista Orlando Martínez, sin entrar en la gran cantidad de jóvenes que desaparecieron misteriosamente por sus ideas y militancia política
Sin embargo, Balaguer sale del control del Estado prácticamente sin un centavo, aunque con una fuerte mancha en el orden democrático porque mostró una tendencia a no tolerar el libre juego de las ideas y el desarrollo de las diferentes corrientes del pensamiento político nacional.
Por su parte, Peña Gómez, el más grande líder de masas, pero que no pudo llegar al control del Estado porque fue muy emocional y repentista, cuya conducta fue fundamentalmente ética, aunque fue cuestionado en algunas ocasiones por su tolerancia con personajes de la vida nacional que no eran muy amantes de la transparencia.
Sin lugar a dudas, que Peña Gómez dejó un legado ético que pesa más que cualquier error cometido en el curso de su vida público-partidista, lo cual representa un legado muy positivo para el pueblo dominicano.
Profesor Juan Bosch fotos históricas de cuando era presidente.
El tercero de ellos, Bosch, cuyo lugar no implica que ese sea su puesto en términos de importancia, fue un ejemplo, principalmente ético e ideológico, fundador de un partido como el PLD que en algún momento fue considerado un patrimonio nacional, porque el mismo se fundó inspirado en dos instituciones con una gran mística y disciplina como las Fuerzas Armadas y la Iglesia Católica.
Tanto fue así que amplios sectores de la vida nacional tenían la esperanza de que el PLD produjera los cambios que demandaba la sociedad dominicana para enrumbarse por el camino del progreso, el crecimiento y el desarrollo nacional.
Bosch en el momento en que crea el PLD concibe unas ideas que buscaban atraer a una pequeña burguesía difícil de manejar y que había marcado la historia nacional a propósito de la independencia nacional del yugo haitiano y cuyos principales protagonistas provenían de ese sector de clase y que son despiadados cuando de la búsqueda de bienes materiales se trata.
Por esa razón en el naciente PLD no valían mucho los títulos académicos que generalmente son exhibidos como una exigencia social para poder escalar a la adquisición de poder político y económico y aun así fueran muchas las decepciones que se llevó Bosch con algunos personajes de esa pequeña burguesía que le acompañaron cuando él decidió dejar el PRD para fundar la nueva organización.
Bosch años después de la fundación del PLD presentó renuncia de esta organización porque en su opinión sus dirigentes y miembros tenían un comportamiento muy parecido al del PRD, pero posteriormente reconsideró su salida y permaneció en su máxima dirección.
En el PLD al momento de la renuncia de Bosch había diferentes grupos que buscaban el control de la organización, entre ellos, Antonio Abreu (TONITO), Rafael Alburquerque y Norge Botello, cuyos grupos daban la razón al líder político de que su partido tomaba el mismo camino del PRD.
No bien Bosch entra en una situación delicada de salud y tras la firma de un Pacto Patriótico, en el que Balaguer era una ficha clave y ya luego de la llegada al poder de Leonel Fernández, el PLD sigue el camino del PRSC y el PRD para al final los tres terminar con su credibilidad totalmente erosionada por lo que en los actuales momentos el país está estacionario en la misma situación de precariedad de cuando se crea el Partido de la Liberación Dominicana, el cual buscaba mejorar las condiciones de vida del pueblo dominicano a través del poder a partir de la anhelada dignidad humana a que aspiran todos los países del mundo.
La cuestión es que la República Dominicana llega a décadas de lucha democrática, sin prácticamente ningún avance, cuya propia constitución si se mide por el sistema de justicia fácilmente se llega a la conclusión de que la misma no supera una de fachada, es decir, que existe en el papel, pero no en la realidad, con el agravante de que ya en el país no existen este tipo de líderes que procuraban cambios profundos en la sociedad.
De manera, que en la actualidad es muy poco lo que se puede pedir, porque en una gran mayoría, por no decir prácticamente todos los que van a la política partidista, prevalece más la búsqueda de intereses individuales y materiales que el bienestar general de la nación, es decir, que en su mente está más el espíritu del depredador histórico que el legado dejado por líderes de la talla de Bosch, Pena Gómez y de alguna manera de Balaguer.
De portada
Haití en el mismo escenario de toda América Latina impactada por una visión hegemónica y fuera de toda lógica democrática.
La República de Haití, la más pobre del hemisferio occidental y de más allá hoy entra en otro mar de incertidumbres y poca certeza del destino de un pueblo abatido por la pobreza y la violencia, cuya manipulación por parte de los Estados Unidos de América. la condena a una situación más deplorable y preocupante.
La debilidad institucional del vecino territorial de la República Dominicana, o mejor decir de su hermano gemelo, pese a las diferencias culturales y socio-económicas, se profundiza sin que se vea una solución viable en el tiempo.
Este sábado 7 de febrero Haití entró nuevamente en un vacío de poder, pero con la imposición y la intromisión de la potencia del norte, que crea mayores dificultades para la elección de autoridades nacionales con algún nivel de legitimidad, ya que existe la voluntad de Trump de llevar al control del inexistente Estado a quien le viene en gana.
El Consejo Presidencial de Transición (CPT) se disuelve sin haber cumplido con una de sus principales metas de escoger un presidente de la República mediante elecciones amplias y populares, a los fines de que ese mecanismo condujera a Haití a un clima de mayor seguridad para su población.
Es un problema institucional de nunca acabar, porque cada intento por reorientar la nación sucumbe por una diversidad de problemas que tienen que ver con el control externo y por los profundos niveles de corrompimiento de todo su tejido social.
El proceso ahora se complica más porque el Gobierno de los Estados Unidos se ha propuesta imponer a una persona que aparentemente no cuenta con el apoyo de sectores claves de la sociedad haitiana.
Se trata de Alix Didier Fils-Aimé, predilecto de Trump, quien ostenta en la actualidad la posición de primer ministro, que recibició las riendas de la vecina nación de Saint-Cyr, a los fines de garantizar la continuidad de un Estado que es una quimera, cuyos límites son inciertos e indefinidos.
Hasta este sábado el CPT era el que gestionaba las acciones públicas, pero ahora, muerta sus funciones, el país entra en un hoyo mucho más profundo institucional, el cual ha resultado contminado como las autoridades anteriores de abusos, corrupción, nepotismo, tráfico de influencias, privilegios indebidos y ventajas consideradas indecentes.
La situación haitiana deja al Estado vecino, correspondiente a la República Dominicana, antigua colonia española, en una situación, sino de alta preocupación, por el impacto en una nación con profundas debilidades institucionales y con un comportamiento que presenta similitudes con su hermano territorial, por lo menos de alerta máxima.
La situación haitiana no deja de ser un callo en los zapatos de su vecino República Dominicana, donde no se sale de escándalos de corrupción y debilidades institucionales que hoy cuestionan su pobre democracia, pese a que vende una percepción que no tiene nada que ver con su realidad.
El deterioro de la realidad de Haití se caracteriza por la ausencia total del Estado, cuyo panorama lo deja sin presidente, senadores, diputados, alcaldes y otras autoridades públicas, lo cual puede profundizar los niveles de violencia que la impactan.
Todo parece indicar que las bandas criminales ahora actuarán más impunemente y a sus anchas, porque no hay quien pueda detenerlas, lo cual profundiza los problemas de seguridad y deja en total estado de indefensión a la población civil.
En pocas palabras, todas las acciones públicas quedan paralizadas y habría que ver cómo se comportan los cuerpos creados para mantener el orden público como la Policía haitiana, sin una dirección que indique el camino a recorrer.
Debe decirse que mientras Estados Unidos ve a Fils-Aimé como una salida inteligente a la crisis haitiana, amplios sectores de ese pueblo la consideran como una acción ilegal, ya que no se trata del resultado de una elección popular, lo cual puede profundizar el problema de ingobernabilidad de la nación más pobre del hemisferio.
La inclinación de Trump por Fils-Aimé ratifica la política autoritaria y de imposición de los Estados Unidos de América, la cual no ha dejado dudas de que los resultados son peores que las vías democráticas para instaurar autoridades nacionales en cualquier país del mundo.
La utilización por parte de la potencia de norte de la fuerza de las armas lleva a la eliminación del derecho internacional o cuando menos a debilitar el respeto a los derechos humanos consignados mediante avances importantes del derecho constitucional comparado.
De portada
R.D. parte de fenómeno que replica precaria formación académica y vulgar negocio universitario.
Por Elba García
En la República Dominicana hay universidades por doquier, son licencias que se otorgan, principalmente por razones políticas, como las franquicias a los partidos políticos, a las emisoras de radio y a las estaciones de televisión, es decir, que se trata de un problema integral o general.
Sin embargo, Pese a que en las naciones del tercer mundo se abusa con el otorgamiento de licencias para operar a universidades que se forman sin las calificaciones que dispone la ley, el Ministerio de Educación Superior, al menos en la República Dominicana, no toma en cuenta el problema, dado que pesa más la politiquería que la fiscalización y supervisión de los centros de estudios superiores que no se ajustan a una filosofia de buena enseñanza, que en algunos casos pone en peligro la salud pública, cuando se trata de carreras como la Medicina, el Derecho o la Ingeniería, lo que representa una verdadera amenaza en contra del desarrollo nacional.
Los dominicanos deben verse en el espejo de los brasileños que tras un examen de evaluación por parte del Ministerio de Educación para medir la formación de los futuros médicos dio como resultado que un tercio de las licenciaturas de Medicina analizadas no preparan a los alumnos para ejercer la profesión en condiciones mínimas aceptables, lo que motivó la suspensión de un 25 por ciento del alumnado.
Los resultados son alarmantes y causan aprensión entre la ciudadanía, además de un debate sobre dos cuestiones, la facilidad para implantar facultades universitarias y como lograr médicos aceptablemente formados para atender en Brasil a 212 millones de habitantes en un territorio con muchas regiones de difícil acceso y tan grande como Estados Unidos, cuyo sistema de salud es inmenso.
El fenómeno, que obedece a la crisis que vive la mayoría de las naciones del tercer mundo, donde la fiscalización del Estado es prácticamente nula, sobre todo en educación, es encontrado en muchos otros lugares como la República Dominicana, donde cursar una carrera universitaria se inscribe más que en otra cosa en satisfacer una exigencia social que convierte en muy buen negocio las universidades con la venta de una enseñanza deficiente y pobre.
La proliferación de universidades, no sólo impacta la calidad de la educación, sino también el comportamiento ético de los egresados, quienes sólo toman en cuenta el mercado donde van a ejercer una carrera para la que no se han preparado lo suficientemente bien, cuyos resultados ponen en peligro la salud de la gente.
La modalidad de crear universidades vistas más como negocio que como instrumento para crear los técnicos que necesita el país para fines de mejorar su desarrollo, propicia una verdadera desgracia nacional que no es tan fácil revertirla.
El problema, por ejemplo, de la República Dominicana es que el asunto de las universidades no sólo tiene que ver con la poca formación de los profesionales que egresan, sino de los docentes de esos centros de estudios que todavía están necesitados de recibir adiestramiento o educación para cumplir bien con su rol.
La formación a troche y moche de médicos, abogados, ingenieros y otros profesionales académicos plantea un problema más serio del que cualquiera puede pensar, porque si al cabo de los años el país cambiara o mejorara sus niveles de fiscalización, supervisión y de institucionalidad los profesionales que han egresado de la mayoría de las universidades serian desperdicios que no habría forma de enderezarlos, ya que ya están ajustados a una cultura de improvisación y de hacer lo que no se debe hacer.
Entonces, lo que ocurre en Brasil con el examen de evaluación a los futuros médicos y cuyas deficiencias salieron a la superficie, puede asegurarse que en la República Dominicana los resultados pueden ser peores, máxime que ese país sudamericano es una plaza para que el profesional de esta disciplina vaya de todos los demás países del hemisferio a hacer postgrados y en consecuencia se supone que las regulaciones tienen que ser mayores.
El primer examen de este tipo en Brasil evaluó a 350 cursos de medicina, impartidos por instituciones públicas y privadas, los cuales abarcan a 90 mil estudiantes que deben demostrar habilidades y capacidades de conocimientos básicos para ejercer como médicos, pero la realidad fue que el mismo conllevó la suspensión de aquellas universidades con menos del 40 por ciento de los alumnos que deben tomar el mismo.
Brasil en estos momentos está lleno de temor y preocupación causado con el hecho de que alrededor de 13 mil estudiantes del último semestre de Medicina suspendieron el examen oficial, a los fines de ejercer la carrera sin haber sido evaluados, mientras el Consejo Federal de Medicina busca cómo impedirlo, cuyas peores notas son de escuelas de niveles municipales, creadas por los ayuntamientos o dependencias de entidades privadas con fines de lucro.
La medida tomada en Brasil ante el fenómeno es sancionar las facultades de Medicina, aunque la misma no va a repercutir en los alumnos, ya que las universidades tienen prohibido ampliar su oferta de plazas, aunque podrán mantenerlas o tendrán que reducirlas en función de lo mala que sea su calificación.
La pregunta que se impone es que en un país como la República Dominicana, donde las universidades aparecen auspiciadas por instituciones sin fines de lucro, como patronatos y fundaciones, pero que operan con el criterio de cualquier negocio y que son el resultado de las políticas neoliberales que han entrado salvajemente al escenario nacional y que al momento de ser evaluadas pesan más como parte del libre mercado que de los beneficios que proporciona una buena educación al desarrollo nacional.
La educación superior es un negocio que se ha multiplicado al margen de los propósitos de la Ley 139-01 que les sirve de sustento y en consecuencia está en el marco de vender lo que no se tiene y procurar acogerse más a la politiquería que a una enseñanza de calidad para una mejor proyección del país en el campo del conocimiento científico y tecnológico.