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Danilo Medina comprometido en caso Calamar, pero no se entiende por qué no ha sido formalmente imputado.

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Por Elba García

El delito de coalición de funcionarios entre todos los que fueron apresados por el Ministerio Público es a partir de una reunión celebrada en el Palacio Nacional, la cual fue encabezada por el presidente Danilo Medina y en la que exhortó a sus subalternos a buscar todo el dinero que fuera posible para la campaña electoral del 2020, cuyo candidato era Gonzalo Castillo.

Posteriormente,  José Ramón Peralta, ministro en ese entonces Administrativo de la Presidencia,  le solicitó a quien fuera  Director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), Francisco Pagán, ficha clave en esta investigación,  que convocara en el Palacio Nacional a unos de los principales constructores del Estado Dominicano, el ingeniero Bolívar Ventura, quien en ese momento tenía lo que se entendían eran deudas del Estado Dominicano.

De inmediato, Pagán convocó a una reunión en su oficina en la OISOE al ingeniero Bolívar Ventura, quien acudió y luego se trasladó hasta el Palacio Nacional junto al funcionario, lo que posibilitaba un rápido acceso del contratista porque evitaba la burocracia propia del Sistema de Seguridad de la sede del Gobierno Dominicano.

En esa reunión, José Ramón Peralta, le dice a Bolívar Ventura, siempre de acuerdo a la narración de los hechos por parte del Ministerio Público, que debía hacer un aporte para la campaña y que a cambio se le harían unos pagos de deudas que tenía con el Estado y que para fines de coordinar los mismos debía ir donde el exministro de Hacienda Donald Guerrero.

En la reunión coordinada por Francisco Pagán con el Ministerio de Hacienda, Donald Guerrero, este último le dice a Bolívar Ventura, que necesitan fondos para las elecciones internas del 2019, por lo que a cambio de la entrega del dinero adeudado, tenía que hacer una donación que iría a la campaña interna del PLD, concretamente en apoyo al entonces precandidato Gonzalo Castillo, lo cual representaba una operación de soborno.

En el momento de la propuesta, el señor Bolívar Ventura indica que tenía muchas deudas y que lo que podía hacer era donar doscientos millones, pero que Donald Guerrero entendía que debía ser  más.

 La insistencia del exministro Donald Guerrero termina en que Bolívar Ventura entregaría la suma de quinientos millones de pesos, cuyo monto aumentó a la suma total de RD $527,694,838.00.

Es a partir de estos hechos que el Ministerio Público instrumenta la acusación a los investigados, Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, junto a otros a los que se refiere esta imputación, de coalición para distraer fondos del Estado y que el monto llega a los referidos RD $527,694,838.00).

En la búsqueda de fondos como lo había exhortado el expresidente Medina los imputados logran que el investigado Víctor Encarnación, entonces director técnico de la OISOE, realice volumetrías falsas de obras incluso cerradas, que habían sido realizadas por las empresas de Bolívar Ventura.

Las maniobras con cubicaciones falsas, como tiene probado la presente investigación, se convierte en una estafa contra el Estado dominicano, lo cual llevo a  Donald Guerrero, José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo, Víctor Encarnación Daniel y Omar de Jesús Caamaño a distraer  montos millonarios a través de cubicaciones adulteradas, que tenían como sustento un reconocimiento de deuda, el cual el constructor no había solicitado  sobre la base de  una volumetría inexistente.

Todas estas operaciones, siempre de acuerdo  a las pruebas que posee el Ministerio Público,   se realizan en el 2019, pero la mayoría de las documentaciones se adelantan con fecha del 2018  para poder justificar el pago como deuda pública, ya que una  contraída en el  2019 no se podría pagar en el 2019 bajo ese concepto.

Los exfuncionarios Donald Guerrero y José Ramón Peralta solicitaron decenas de millones a Bolívar Ventura, quien le dijo que no era posible mover todas esas cantidades en efectivo por la ley de lavado de activos y es ahí que se dispone hacer los contactos con el administrador del Banco de Reservas, Simón Lizardo, quien delega las operaciones en el contralor de la institución de intermediación financiera, Andrés Guerrero, lo que da inicio a un caso de lavado de activos, tal vez el más grande que se haya  conocido en el país en detrimento del patrimonio del Estado.

Las deudas que el Estado tenía con el ingeniero Bolívar Ventura a través de sus empresas Doiteca Diprecat, Construcciones y Diseño RMM y Consorcio Tecnológico de la Construcción CTC venían de hace más de diez años y fueron las que utilizaron Donald Guerrero, José Ramon Peralta, que constituyó un esquema de corrupción, cuya cabeza era el entonces presidente Danilo Medina.

Como fue establecido, la propuesta a Bolívar Ventura fue recibir el pago de aproximadamente 30 obras que había construido desde la OISOE, para justificar pagarlas a través de acuerdos de reconocimiento de deuda por trabajos adicionales, aunque en realidad eran cubicaciones maniobradas con falsedad de contenido.

Entonces es lo que lleva al Ministerio Público a sostener  que es evidente que aquí hay una clara coalición de funcionarios, entre Donald Guerrero, José Peralta, Gonzalo Castillo, Daniel Omar de Jesús Caamaño y Princesa Alexandra García Medina, pero de cuya trama no se puede excluir al expresidente Danilo Medina, dado que el  fin era  estafar al Estado Dominicano y distraer fondos millonarios en una mega operación de lavado de activos, materializadas, además, a través de una asociación de malhechores.

 Tanto fue así que para los primeros pagos a la citada estructura, Bolívar Ventura utilizó la agencia de cambio RM, ubicada en la zona Este del Gran Santo Domingo, de la cual es dueño y administrador el señor Anderson Acevedo, quien le realizó un cambio de moneda mediante una transferencia electrónica.

El dinero producto de esa operación fue llevado a la OISOE y entregadas a Francisco Pagán, las cuales fueron ejecutadas 2 veces por la suma de cincuenta millones de pesos cada una, y este funcionario  le entrega a Donald Guerrero en su despacho del Ministerio de Hacienda la suma de cincuenta millones de pesos en efectivo y posteriormente  la restante suma de cincuenta millones de pesos a José Ramón Peralta en el Palacio Nacional.

Los cien millones de pesos entregados por Pagán fueron a través de Peralta, pero que las sumas restantes habría que llevárselas a Donald Guerrero, quien dispuso como se distribuirían las mismas.

Luego  de los pagos en efectivo, Francisco Pagán le informó a Bolívar Ventura que sería contactado para ejecutar las entregas inmediatamente iba recibiendo los pagos de lo debido por OISOE.

Establece el Ministerio Publico que en ese sentido recibió un mensaje del investigado Andrés Guerrero, quien en ese momento era el contralor del Banco de Reservas, para coordinar el canje de cheques y entrega de dinero en el Banco de Reservas, sucursal calle José contreras esquina Gral. Jiménez Moya, La Feria, Distrito Nacional, quien además organizaba todo para la entrega, las que se realizaban luego de haber recibido las instrucciones de su superior.

Aduce que  que  las evidencias indican que Andrés Guerrero se refería sin mayor cuidado a que ese dinero era para Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo.

Según el Ministerio Público RD$ 527,694,838.00 fueron recibidos a través de quienes dispuso Donald Guerrero, es decir, los señores Ramón Emilio Jiménez (a) Mimilo y José Arturo Ureña, quienes hacen un esquema de distribución en el que participa el señor Fernando Crisóstomo, quien a su vez es la persona que hace la entrega de efectivo al investigado Víctor Encarnación, quien, como hemos dicho, se encarga de alterar la volumetría de OISOE.

Es preciso decir, aduce la instancia, que todo este esquema operaba con la participación directa de Francisco Pagán como director de la OISOE y con el entonces contralor general de la República Daniel Omar De Jesús Caamaño Santana, quien hacía el trámite de los pagos, sin haber ningún control, a cambio de recibir su porcentaje de los sobornos.

La solicitud de orden de allanamiento o registro de lugares de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), incluye a 23 personas relacionadas a la investigación relativa al caso Calamar.

La solicitud de orden de allanamiento depositada por el titular del PEPCA, Wilson Camacho del 7 de febrero pasado, fue autorizada por la jueza coordinadora de los juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, el 8 de marzo pasado.

En la instancia se solicita el allanamiento de Ángel Donald Guerrero Ortiz, José Ramón De Jesús Peralta Fernández, Gonzalo Castillo Terrero,  Daniel Omar de Jesús Caamaño , Luís Miguel Piccirillo Mcabe,  Claudio Silver Peña Peña,  Aldo Antonio Gerbasi Fernández,

También Princesa Alexandra García Medina, Oscar Arturo Chalas, Andrés Guerrero, Ángel Lockward Mella, German Fernando Mateo Andújar, Alejandro Antonio Constanzo Sosa, Roberto Santiago Moquete Ortiz, Ramón David Hernández,

Igualmente, Yajaira Brito Encarnación, Marcial Reyes, Ana linda Fernández de Paola, Emir José Fernández de Paola, Rafael Parmenio Rodríguez Bisonó, Agustín Mejía Ávila y Víctor Matías Encarnación Montero.

El grupo es investigado por violación de los artículos 123 (145, 146 y 147, 166, 171 y 172, 177 265 y 266 y 405 del Código Penal Dominicano que tipifican la coalición de funcionarios, falsificación, prevaricación, desfalco, soborno o cohecho, asociación de malhechores y estafa contra el Estado) 18 de la Ley No. 311-14 que tipifica el enriquecimiento ilícito, artículos 3 letras A y B, 4, 8 letra B, 18, 21 letra B y 26 de la Ley No. 72-02, sobre Lavado de Activos (para los hechos de lavados cometidos antes de 2017), así como los artículos 59, 63, 64 y 78 de la ley núm. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Político para el Financiamiento ilícito de campañas políticas.

Como se ve, en las acciones  anticorrupción del Ministerio Público siempre ha aparecido el nombre  de   Danilo Medina, pero nadie entiende si ciertamente la condición de haber estado en la cima del poder político constituye una garantía de no ser procesado por los delitos cometidos, ya que el primer imputado  debía ser el actual presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), pero  inexplicablemente el Ministerio Público no ha procedido en su contra a partir de las pruebas aportadas.

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La pobreza lastre del que no ha podido librarse Argentina y cuyos índices aumentaron en el último trimestre del año.

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Las alianzas electorales con el que ostenta el poder es una forma de confabularse con lo mal hecho y con la corrupción administrativa.

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Por Elba García

La alianza político-electoral en la práctica es una especie de complicidad con el que maneja los recursos públicos de forma inadecuada y desviada de una proclamada conducta ética que en el fondo es todo lo contrario a lo que se pregona.

El actual proceso electoral, que incluye las municipales del pasado 18 de febrero y las presidenciales y congresuales del próximo mes de mayo, es una expresión del alto nivel de distorsión que sufre la democracia dominicana, ya que la mayoría de los partidos políticos pequeños que han apoyado al PRM avalan y promueven su conducta de actuar al margen de las leyes del régimen electoral.

Está comprobado que todos estos partidos son más de lo mismo, cuya única razón para adherirse al que está en el poder es preservar su reconocimiento ante la Junta Central Electoral (JCE) y de esa manera continuar con el recibimiento de fondos económicos a través de un apoyo que no es propio.

El asunto ha tomado ribetes tan preocupantes que aun aquellos pequeños partidos que mantenían un supuesto apego a principios éticos y que proclaman que trabajan por un mejor país, hoy están sumados al partido oficial, pese a que la conducta del PRM no dista tanto de la que han asumido el PLD y el líder de la Fuerza del Pueblo (FP) de Leonel Fernández.

El asunto luce mucho para contaminante cuando partidos como Alianza País mantiene una alianza con Luis Abinader sin dejar la menor brecha de distanciamiento, cuyo presidente de esa organización y candidato a la senaduría del distrito nacional, Guillermo moreno, está integrado como el que más a la campana a la reelección, lo cual implica admitir como válida la conducta de los oficialistas en lo que respecta a la compra de votos y de cualquier otra trampa propia de la politiquería nacional.

Es una vinculación política que no deja espacio para plantear alguna diferencia con el comportamiento antiético del PRM y de sus funcionarios, lo que deja claro que aunque este partido de Moreno tiene diferencias de forma, no de fondo, con los partidos que conforman la oposición, lo define como más de lo mismo y prácticamente lo deja sin moral para en otra contienda electoral reasumir el discurso moralista que enarboló en el pasado.

Todo este cuadro plantea que el panorama dominicano camina hacia una profundización de la legitimación de las inconductas de los actores de la vida política nacional, cuyas consecuencias alejan las posibilidades de mejorar la democracia nacional.

Sin embargo, en el campo electoral no se puede negar que han surgido otras propuestas que aparentan sustentar un discurso de cambio en el Estado dominicano, como por ejemplo el doctor Roque Espaillat (El Cobrador),  pero las herramientas que usa para buscar alcanzar la meta de presentar una propuesta creíble también se ha desvanecido, porque ha canalizado sus aspiraciones a través de un partido que representa la misma corrupción o tal vez peor de la que se les atribuye a los que en las últimas décadas han controlado el estado.

Concretamente, hay que referirse a lo que parece lo más parecido a un “mesías”, cuyo discurso busca aproximarse a Nayid Bukele de el salvador, lo cual le da un matís poco original y sin tomar en cuenta las diferencias entre las sociedades dominicanas y la del país centroamericano.

Lo cierto es que si bien causa preocupación los altos niveles de coincidencias entre los “moralistas” de hace algún tiempo y que ahora están abrazados a la reelección sin importar cómo impacta esa conducta a su futuro político, lo mismo ocurre con personajes aparecidos como “salvadores” de la noche a la mañana que buscan convertirse en candidatos a cualquier precio, proyectando una diferencia que en el fondo no existe y que no pasa de la expresión aquella de «quítate tú pa-ponerme yo».

Este periódico siempre ha sostenido que para que en la República Dominicana pueda producirse un cambio verdadera debe ser a partir de una propuesta político-electoral que primero busque restablecer valores y entonces dar los pasos a través de un proyecto de nación a 40 años que se apoye en una dirección colegiada y cuyos líderes siempre sean sometidos al escrutinio del ciudadano para que haya una especie de cedazo.

Ello así porque en la República Dominicana por razones de su herencia histórico cultural a través de la política partidista se reproducen permanentemente una serie de antivalores que promueven un cacicazgo que hace que las organizaciones que se dedican a estos fines  sean en realidad sociedades comerciales al servicio de particulares y no de los valores cívicos y democráticos.

Los partidos políticos son empresas comerciales individuales que regularmente o prácticamente siempre tienen un dueño que incluso se apropia hasta de los fondos que proporciona la junta central electoral (JCE) sin rendirle cuenta a nadie, pero quien además negocia con el partido en el poder para exigir prebendas y beneficios muy personales.

Siendo así, si en el país no surgen propuestas político-electorales sobre la base de la construcción de un liderazgo colegiado, cuya única superioridad entre sus actores sea el talento a fin de respetar un principio constitucional como el de igualdad, a fin de que se  requiera que todo aquel que persigue ser aspirante a la presidencia de la República sea sometido a un proceso de legitimación que no deje la menor duda de su apego a principios verdaderamente democráticos.

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R.D. entre impostores, corruptos, doble moral y falsos demócratas.

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Se imponen a todos los niveles las aspiraciones individualistas y las propuestas políticas sobre la base de la herencia histórico-cultural dominicana sustentada en el caudillismo, el jefismo, el patriarcado, el machismo, el amiguismo y hasta y el hembrismo.

Desde el nacimiento de la República Dominicana los liderazgos antidemocráticos y personalistas han marcado la historia del país, lo cual representa que el anhelo de tener una democracia real y auténtica se distancie en el tiempo.

La revolución restauradora, aunque fue una de la más hermosa lucha por la independencia definitiva de la nación, también  fue uno de los acontecimientos que mostró hasta dónde el espíritu individualista de los actores de la vida política nacional ha impedido que una serie de logros se concreten, porque ponen los intereses particulares por encima de los colectivos.

En los actuales momentos cuando se inicia lo que parece ser el fin de la partidocracia aparecen unos supuestos mesías que no les interesa para nada que en el país se articule una propuesta auténticamente democrática y apoyada en un proceso de legitimación que conlleve el aglutinamiento de todos aquellos dominicanos que realmente anhelan un cambio en el Estado.

El último aparecido en el escenario nacional es el doctor Roque Espaillat, quien acaba de renunciar a la candidatura presidencial por el Partido Socialista Cristiano (PSC), el cual tuvo una votación en las elecciones municipales recién pasadas  de unos 3,600 votos, lo cual luce haber llevado a la propietaria de esa organización política, Soraya Aquino, a aliarse con, según lo que se ha dicho, aunque todavía no ha salido nada oficial al respecto, con el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y con la Fuerza del Pueblo de Leonel Fernández.

La candidatura de Roque Espaillat y de otra señora llamada Yadira Marte parece ser un proyecto lanzado por dos personas que se inscribe en esa herencia histórico-cultural del pueblo dominicano y en otras fórmulas que han surgido a nivel internacional, como por ejemplo en Argentina con Javier Miley y en El Salvador con Nayid Bukele, que consisten en  deseos individuales y personalistas, independientemente de cualquier logro que hayan tenido.

Este proyecto político busca  extrapolar hacia el país unas propuestas políticas de naciones que no necesariamente tienen similitudes con la República Dominicana.

Sin embargo, hay un marcado interés en que el dominicano asuma el proyecto político salvadoreño como propio, lo cual deja una sensación muy amarga, porque es una forma de que los supuestos cambios enarbolados no serían genuinos y la motivación de que así sea obedece a un afán de casarse con la gloria a cualquier precio.

El afán de poder lleva a quienes sirven de soporte a las aspiraciones de Roque Espaillat a inventarse incluso unas supuestas encuestas en la que él aparece por encima de todos los demás candidatos presidenciales, incluido el favorito Luis Abinader, lo que indica que “El Cobrador”, como también se le conoce, recurre a las malas artes de los que él pretende combatir con las mismas mentiras y engaños al pueblo dominicano y con la manipulación o la invención de mediciones que no se han hecho.

Son cosas que nadie se las cree, pero esa mentira crea un impacto en la gente de que se está frente a otro mentiroso y estafador de la opinión pública, ello independientemente de que Luis Abinader, Leonel Fernández, Abel Martínez y Danilo Medina apelen también a esa manipulación.

Pero cualquier cosa que digan los partidos de la partidocracia nacional no merece ningún crédito, por lo que en este momento está erosionada la imagen de esas organizaciones tradicionales.

Pero parece que la conducta de Roque Espaillat toma un derrotero aún más preocupante, porque a raíz de lo ocurrido con el partido que lo llevaba de candidato, ha surgido la versión de que “El Cobrador” está en proceso de aliarse con Ramfis Domínguez Trujillo, nieto del dictador Rafael Leonídas Trujillo, cuya foto al respecto ha sido colocada en el internet,  lo que no sorprende porque hay quienes lo ubican  en los entornos del expresidente Joaquín Balaguer, pero más concretamente a que sus pretensiones están  apoyadas en los antivalores que forman parte de la herencia histórico-cultural del pueblo dominicano, lo cual tiene un alcance que pone en tela de juicio el elemento ético que esgrime  como su principal carta de presentación, ya que los cuestionamientos en contra de Domínguez Trujillo son  muchos y muy variados.

Otra aparente mentira que difunden algunos de los que están en los alrededores de Roque Espaillat es que Ulises Francisco Espaillat es su bisabuelo, lo que no parece ser así, ya que este prócer dominicano tiene vínculos familiares muy estrechos con sectores de la oligarquía dominicana, como Alejandro Grullón, dueño del Banco Popular Dominicano (BPD), entre otros.

Ese detalle plantea que entonces podría estarse frente a una persona que difunde informaciones que no se corresponden con la verdad para vender una imagen que lo bien posesione en el escenario político nacional, máxime sus vínculos familiares con Ulises Francisco Espaillat Quiñones, quien los tuvo con figuras como el expresidente Salvador Jorge Blanco, Víctor Espaillat Mera y con otros personajes de la oligarquía nacional.

El primer apellido de Roque se escribe exactamente como el de Ulises Francisco Espaillat, pero nótese que el segundo es Tavárez, el cual se diferencia de los Tavares que provienen de la familia oligarca de Santiago y que tienen un vínculo filial con el prócer en referencia, cuyo apellido se escribe con S, no con Z.

Las hembras de estos Taváres, que fueron los dueños de la famosa tienda el Gallo de Santiago y el Ron Tavares, se matrimoniaron con hombres de otras familias también vinculadas a la oligarquía como Domingo Bermúdez, quien fue el esposo de Julia Taváres, mientras que su hermana Rosa contrajo matrimonio con Don Marco Cabral Bermúdez, hijo de José María Cabral y Báez.

Igual ocurre con la familia León Jiménes, la cual cambió la S por la Z talvez para diferenciarse de los Jiménez, cuyo hermano más viejo de esta familia, Don Eduardo, ya fallecido,  también estuvo casado con Ana María Tavares  Grieser, otra de la referida familia, quienes no procrearon hijos.

Esta aclaración histórica tiene su razón de ser en razón de que no parecen claros y podría que se trate de un error cuando se dice por los medios de comunicación que Ulises Francisco Espaillat Quiñones es el bisabuelo de Roque Espaillat Tavárez.

Otra versión que no parece tener mucha credibilidad es la revelada por el propio Roque Espaillat, en el sentido de que alguien le ofreció un millón de dólares para que lo invirtiera en su campana electoral, ya que se sabe que los empresarios y los narcotraficantes ponen dinero en política cuando alguien tiene una real vocación de poder y posibilidades incuestionables de ganar unas elecciones, lo cual no parece ser el caso de este aspirante.

También ha habido una tergiversación por una persona que forma parte del proyecto de Roque Espaillat y Yadira Marte, en el sentido de que este aspirante y seguidor de Bukele de El Salvador ha rechazado los fondos que otorga la Junta Central Electoral (JCE), ya que ellos no tienen un partido reconocido por este órgano del Estado, porque la solicitaron y fue rechazada, es decir, que no cuentan con uno que tenga personalidad jurídica y en lo que respecta al Partido Socialista Cristiano (PSC), que lo llevaba como candidato presidencial, su legalidad data de hace algunos meses y los fondos se proporcionan luego de haber participado en una contienda electoral.

Estas aclaraciones obedecen a que no se puede querer corregir lo que está mal sobre la base de la manipulación y las mentiras, porque al ser así el país está frente a más de lo mismo, porque cuando se miente con una cosa igual ocurre con las otras.

Es procedente destacar que las criticas vertidas por Roque Espaillat y Yadira Marte tienen todo el asidero del mundo, pero lo preocupante del asunto es que digan cosas que ponen en tela de juicio su honestidad al utilizar la mentira como una herramienta para ganar capital político, lo cual crea una grave lesión a la pose ética que se quiera simular.

Ciertamente la República Dominicana debe proponerse crear una nueva camada de políticos que no mientan, que no muestren un afán desmedido por el poder, que tengan una profunda vocación democrática y que cualquier candidatura a un cargo público sea sometida para fines de su legitimación al escrutinio de los ciudadanos como una forma de que en el pais no se repita la historia del caudillismo, el jefismo, el patriarcado y la dictadura.

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