Opinión
El FMI: ¿y el diablo?
Published
12 años agoon
Por Rosario Espinal
Hubo una época que llamar al Fondo Monetario Internacional (FMI), o que viniera por cuenta propia, era ver llegar el mismo diablo. El Fondo era sinónimo de imposición imperial, austeridad, impuestos y devaluación. En los últimos años, sin embargo, los técnicos del FMI llegan al país, se reúnen, evalúan, acuerdan y se van sin que se arme un titingó.
¿Por qué? ¿Es más benévolo ahora? ¿Cambió la sociedad dominicana?
Por la crisis financiera que explotó hace cuatro años en Estados Unidos, el FMI decidió apretar sin asfixiar.
La caída del consumo en las economías desarrolladas obligó a mantener cierta flexibilidad en el sistema económico mundial, de manera que no se generalizara la crisis. Esto favoreció a países como República Dominicana, que pudieron acceder a más recursos vía préstamos bancarios o la emisión de bonos soberanos. He ahí la facilidad con que Leonel Fernández endeudó el país en los últimos años.
Gran parte de esa deuda se contrajo para construir el Metro de Santo Domingo, otras obras de infraestructura, y subsidiar el sistema eléctrico. Mucho de ese dinero fue a parar en manos de peledeístas, reformistas, y otras fuerzas aliadas que acumulan riqueza desde el Estado.
El FMI se ha hecho de la vista gorda, aunque República Dominicana apareciera, en el Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, como líder en malversación de fondos públicos y mala educación. Para cumplir con los requerimientos del FMI, el gobierno de Leonel Fernández impulsó varias reformas impositivas sin que se generaran amplias protestas. Una, porque en las más recientes no se aumentó el ITBIS, y dos, porque la oposición política es cadavérica. Sostener el ritmo de endeudamiento del Estado Dominicano ha dependido también de un flujo significativo de inversión extranjera que genera divisas y estabiliza el peso. Otra será la historia cuando se reduzca esa inversión o se repatrien muchos capitales.
En los últimos ocho años el país también se benefició de los efectos post-traumáticos de la crisis financiera dominicana de 2003-2004, que obligó a establecer controles bancarios. Cuando en 2008 explotó la crisis financiera en Estados Unidos, el sistema dominicano ya había sido rehabilitado y regulado.
Por su lado, la oposición política dominicana sólo habla de catástrofe. Consecuentemente, legitima la presencia del FMI como prueba fehaciente de que las cosas andan mal.
Cuando los técnicos del FMI aterrizan en República Dominicana, ya han sido bendecidos por el gobierno que siempre quiere recursos frescos, y por la oposición que siempre muestra un panorama nacional espantoso y dice no confiar en el gobierno para solucionar los problemas.
Ahora sucede lo mismo: el gobierno necesita dinero para cubrir sus déficits y negocia con el Fondo. Si las medidas de reajuste no son muy duras, se aprobarán con algunas críticas y muchas alabanzas. Si son duras, el horno se calentará porque en el país hay mucha fatiga social.
Algunos altos funcionarios gubernamentales se muestran sabichosos y buscan de excusa para aumentar los impuestos, la necesidad de recaudar más recursos para otorgar el 4% a la educación. Pero ojo, no hay que tragarse ese cuento. En la espiral de préstamos e impuestos acumulados, nunca se contempló invertir más en la educación.
El gobierno de Danilo Medina necesita dinero para pagar los préstamos contraídos por su antecesor, para subsidiar el ineficiente sector eléctrico, cubrir déficits presupuestarios incurridos en campaña electoral, y embarcarse en algunos grandes proyectos que permitan la acumulación de capital a cercanos colaboradores y contribuyan a gestar cierta legitimidad política.
Este círculo vicioso se mantendrá hasta que el FMI decida apretar y asfixiar, sea en esta ronda u otra.
Artículo original publicado en el periódico HOY
Por José Cabral.
Desde hace años que he tenido el convencimiento de que el Ministerio Público es tanto o más desacreditado que su auxiliar la Policía Nacional.
Sin embargo, mi perspectiva del problema era hasta cierto punto equivocada, porque el asunto es de mucho más dimensión que lo que se ve a simple vista.
La cuestión es que la falta de eficiencia y de transparencia del Ministerio Público está adornado de unos corrompimientos que preocupan a cualquier dominicano sano.
El flagelo no sólo está presente en los pueblos del interior del país, sino que el mismo tiene su origen en su propia sede de la capital dominicana.
Hay informes de que en la cima del Ministerio Público están enquistados los que les sirven de soporte a los fiscales corruptos del interior del país, principalmente en Santiago.
Por lo que se sabe una procuradora general adjunta es la persona que promueve y apoya la sinvergüencería y falta de escrúpulos de miembros del Ministerio Público que no tienen miramientos para involucrarse en inmoralidades.
Hay quienes entienden que la Procuradora General de la República, Miriam Germán, parece ser una presa de los grupos que apoyan a esos fiscales corruptos.
De acuerdo a lo que ha trascendido en el escenario hay una procuradora adjunta que tiene mucho futuro en la carrera judicial que sirve de madrina de esos miembros del Ministerio Público para cometer todo tipo de tropelías.
No parece que esta descomposición del Ministerio Público pueda mejorar porque los corruptos pueden más que los que están sanos.
Los únicos perdedores con la situación planteada son los ciudadanos y los dominicanos en sentido general, porque están expuestos a cualquier situación que puede afectarles a ellos y a sus familiares.
La verdad que las cosas no son como se ven.
Por Miguel Guerrero
Cuesta entender las razones por las cuales los dirigentes de los países en desarrollo, como el nuestro, se resisten a aprender de las experiencias de las naciones ricas en materia de economía. La mayoría de esos países han tenido la fortuna de darse gobiernos con un sentido amplio de las realidades, que en situaciones difíciles, han asumido la responsabilidad de tomar a los toros por los cuernos.
Ronald Reagan, por ejemplo, comprimió el gasto público, achicó así el papel del gobierno, mientras reducía los impuestos. El resultado no se hizo esperar. La economía norteamericana comenzó a crecer y el nivel de vida de los estadounidenses mejoró. En más de una ocasión, la Junta de Reserva Federal de los Estados Unidos ha bajado las tasas de interés para impulsar la dinámica económica. El dinero deja de ser una mercancía de lujo, los préstamos se abaratan y la gente dispone así de mayor accesibilidad a préstamos para adquirir vivienda y resolver otras necesidades familiares o de sus empresas. Idénticas fórmulas han sido ensayadas con éxito en muchos otros países en distintas oportunidades.
En el nuestro, en cambio, la tendencia ha sido siempre la de resolver los problemas nacionales con más impuestos y préstamos onerosos que comprometen seriamente las finanzas públicas. Una y otra vez depositamos la suerte del manejo de los conflictos y las precariedades económicas del sector público en más y más leyes impositivas que sólo consiguen engordar la burocracia e inflar el gasto público, y empobrecen aun más a la población sin lograr el objetivo de mejorar las condiciones del país.
Se cree que al enriquecer al Estado, las cosas serán más fáciles. Con ello apenas se consigue el empobrecimiento de los ciudadanos, que ven así cómo la gula fiscal de los gobiernos acaba por mermar sus recursos, agrava sus penurias y hace mucho más difícil la solución de sus problemas particulares.
Opinión
La Constitución y el Desafío del Verdadero Bienestar Social
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2 días agoon
octubre 31, 2024Por Isaías Ramos
En un acto de promulgación de las nuevas reformas a la Constitución, que debió haber sido solemne, el presidente proclamó que “una Constitución no está hecha solo con frías palabras técnicas sobre un papel, sino que es, sobre todo, el alma de un pueblo.” También afirmó que “la Constitución es la brújula de nuestra democracia, el espíritu que nos une y nos eleva.” Sin embargo, estas palabras resultan un eco vacío frente a la cruda realidad de sus acciones.
Una Constitución debe ser más que un simple documento; debe encarnar las aspiraciones y los derechos fundamentales de su pueblo. Hoy vivimos una profunda disonancia entre los principios constitucionales y las políticas de este gobierno y de aquellos que le precedieron.
En lugar de orientar hacia el bienestar social y económico, somos testigos de un modelo neoliberal extractivista que prioriza el crecimiento económico sobre el bienestar colectivo, privatiza las ganancias y socializa las pérdidas, ignorando flagrantemente el espíritu de la Constitución y las necesidades de quienes debería servir.
Bajo esta administración, los derechos económicos y sociales consagrados en nuestra Constitución han sido brutalmente vulnerados. Las reformas fiscal y laboral impulsadas e introducidas en el Congreso por el poder ejecutivo están y estaban claramente diseñadas para beneficiar a unos pocos —los grandes intereses corporativos— mientras millones de ciudadanos lidian con la miseria y el sufrimiento diario. Esto no solo es inaceptable; es una traición a la promesa constitucional de garantizar condiciones dignas para todos.
El discurso oficial puede referirse a una «brújula» democrática, pero debemos cuestionar quiénes son realmente los beneficiarios de este rumbo. Al hablar del “espíritu” que une a la nación, es imperativo preguntarnos si ese espíritu incluye a los marginados por el modelo impuesto o si solo refleja los intereses de una élite privilegiada.
La verdadera esencia de una democracia reside en su capacidad para escuchar y atender las demandas del pueblo. Sin embargo, lo que hemos observado hasta ahora es una desconexión alarmante entre el gobierno, la Constitución y la ciudadanía. La promesa constitucional se convierte en retórica vacía cuando, día tras día, se ignoran los principios del Estado Social y Democrático de Derecho y las voces que claman por justicia económica y social.
En este contexto crítico, es urgente reafirmar nuestro compromiso con los principios fundamentales de nuestra Constitución. Exigimos acciones concretas, no solo palabras grandilocuentes. Es momento de recordar a las élites que nos gobiernan que su mandato conlleva una responsabilidad ineludible hacia todos los ciudadanos, sin excepción.
Al final del día, “el alma” mencionada por el presidente reside en cada uno de nosotros: trabajadores luchadores, familias que se esfuerzan por salir adelante e individuos comprometidos con construir un futuro mejor para las próximas generaciones.
Por ello, en el Frente Cívico y Social hacemos un llamado urgente a reorientar nuestro camino hacia uno en el que prevalezcan la justicia social, la igualdad y el respeto por nuestros derechos económicos como pilares inquebrantables dentro del marco constitucional.
En el FCS creemos firmemente que solo así podremos forjar una democracia auténtica, donde nuestras vidas sean valoradas más allá del simple crecimiento económico impuesto desde arriba. La verdadera brújula debe guiarnos hacia una sociedad inclusiva, donde cada voz cuente y sea escuchada, porque esa es la esencia del pacto social: gobernar para todos.
Despierta, RD.