Opinión
El genocidio civil sacude a la JCE
Por Juan Bolívar Díaz
Fue un inventario realizado en 168 oficialías del Estado Civil que arrojó los 22 mil 673 casos que pueden caer en el genocidio civil que ejecuta la Junta Central Electoral, 84 por ciento descendientes de haitianos
Nadie puede asegurar cuántos son los descendientes de extranjeros que han sido víctimas del genocidio civil que desde el 2007 ejecuta la Junta Central Electoral (JCE), pero un inventario realizado en 168 oficialías del Estado Civil arroja 22 mil 673 nacidos entre el 1982 y el 2010 que podrían ser afectados, 84 por ciento de origen haitiano.
El resultado de la investigación dispuesta por el Coordinador de la Comisión de Oficialías de la JCE, José Ángel Aquino, llevó a este miembro titular del organismo a plantear un proyecto de ley para solucionar el escándalo, lo que provocó el enojo del presidente Roberto Rosario y un preocupante conflicto público.
De 67 nacionalidades
Aunque el inventario de madres extranjeras no residentes que registraron hijos entre el 1982 y el 2010, implicó a personas de 67 nacionalidades, el 84 por ciento afecta a descendientes de haitianos, proporciones coherentes con las “más de 60 nacionalidades” y el 87 por ciento de origen haitiano, que arrojó la reciente Encuesta Nacional de Inmigrantes. De un total de 22 mil 663 casos, los de ascendencia haitiana son 19 mil 15. La segunda mayoría es la estadounidense, con 521, el 2.29 por ciento, y 470 de China para 2.07 por ciento. De Venezuela se registran 218, de España 198, de Holanda 117 y 101 de Cuba.
La mayor parte están en el sureste, asiento fundamental de la industria azucarera que atrajo las primeras inmigraciones haitianas. Por provincia, La Romana encabeza con 7 mil 55, el 31 por ciento, seguida del Distrito Nacional, con 2 mil 809, el 12 por ciento y San Pedro de Macorís con 2 mil 392 casos para un 10.5 por ciento. La Altagracia registra mil 986, el 9 por ciento, Monte Plata mil 528, el 7 por ciento y la provincia Santo Domingo el 5 por ciento, con mil 71 casos.
El informe detalla los casos por municipios, lo que permite apreciar más claramente el influjo de los ingenios azucareros y que se trata de viejos inmigrantes, dada la decadencia de la producción azucarera en las últimas dos décadas. Resaltan los municipios cañeros como Guaymate, con 3 mil 521 casos, casi igual que los 3,534 de La Romana. San Pedro de Macorís con 2 mil 32, San Rafael del Yuma con mil 662, Bayaguana 884, Esperanza 847, El Seibo 810, Santo Domingo Este 789, Sabana Grande de Boyá 601, Higüey 324, Hato Mayor 269, Sosúa 214, y Bajos de Haina 183.
Alcances del inventario
Ante las denuncias nacionales e internacionales sobre el creciente despojo de la nacionalidad, en el 2010 el doctor José Ángel Aquino, en su calidad de Coordinador de la Comisión de Oficialías de la JCE auspició un formulario a las 168 oficialías del Estado Civil para recabar información sobre el número de hijos que pudieran ser afectados por la Resolución 12-07, de diciembre del 2007 de la JCE, la cual ratificó la Circular 17 de su Cámara Administrativa, que el 17 de marzo de ese año prohibió a los oficiales civiles expedir copias de actas de nacimiento “relacionadas con padres extranjeros que no han probado su estatus legal de residencia”.
La circular 17 que inició el genocidio civil fue emitida a espalda del Pleno de la JCE, bajo la firma de Roberto Rosario que presidía la Cámara Administrativa, y con la aprobación de Aquino y del doctor César Francisco Féliz, miembros. Ante las múltiples protestas, la disposición fue llevada 9 meses después al Pleno que la ratificó a unanimidad, aunque poco después los jueces electorales Aura Celeste Fernández y Eddy Olivares pidieron su derogación, en sendos documentos donde la consideraban inconstitucional e ilegal.
El 12 de diciembre del 2012 Aquino dirigió una comunicación a seis funcionarios de la JCE, encabezados por la directora del Registro Civil, dando cuenta del inventario, que totalizó los 22 mil 673 casos en disputa. Detalla que 12 mil 914 de las inscripciones de hijos de madres extranjeras, más de la mitad, se hicieron sin documento alguno, 3 mil 597 con pasaportes, 2 mil 895 con fichas (del Consejo Estatal del Azúcar), 2 mil 749 con cédulas, 496 con carnet y 22 con seguro social. Recoge el nombre del inscrito, de la madre y el padre, con sus respectivas nacionalidades y documentos, si los tenían, fecha, así como número del libro, folio y acta.
Proyecto de solución
Aquino había sido, junto a Rosario, un fervoroso defensor de la Circular 17 y de la Resolución 12-07, pero el inventario y la magnitud de las denuncias, nacionales e internacionales, le hicieron consciente del alcance del genocidio civil. Debió considerar también que habrían otros miles inscritos antes de 1982, por lo que elaboró un “Anteproyecto de Ley sobre Registro de Nacimientos de Hijos (as) de Madres Extranjeras No Residentes en la República Dominicana”, con la esperanza de “contribuir a buscar una solución”, planteando que “Resulta imperiosa la necesidad de discutir propuestas e ideas que definan este tema de manera integral, tomando en cuenta su aspecto legal y humano, con el propósito de evitar la ocurrencia de casos de apátrida y garantizar el derecho a un nombre, identidad y nacionalidad de los afectados”.
El anteproyecto crearía un procedimiento para conceder la nacionalidad dominicana al titular de las actas de nacimiento suspendidas, previo aporte de documentos que demuestren sus vínculos con el país y que la JCE realice las investigaciones correspondientes. Es un híbrido con intención de resolver el conflicto, pero ha sido rechazado por los dominico-haitianos y sus defensores, bajo el criterio de que no se les puede conceder lo que ya habían obtenido por derecho, porque daría visos de legalidad al despojo de que han sido víctima y podría prestarse a discriminaciones.
En principio el anteproyecto tuvo apoyo de la Comisión de Oficialías de la JCE, pero la oposición radical de Rosario logró que lo desestimaran, lo mismo que hizo el Pleno de la Junta en sesión del 21 de febrero pasado, que dispuso “Único: Desestimar el Anteproyecto…y documentar los 22,673 casos de extranjeros que han sido identificados en los Libros Registros de nacimiento y remitirlos a la Dirección General de Migración, para que esta institución tome la decisión al respecto”, según reza la certificación escrita y firmada por el secretario general de la JCE, Hilario Espiñeira Ceballos.
Trasciende el conflicto
La iniciativa de Aquino lo ha distanciado de la posición radical de Rosario, y lo ha acercado a la que sustentó solitario el magistrado Eddy Olivares. Ambos rechazaron la decisión de enviar los 22 mil 673 casos a Migración y han coincidido también en cuestionar aspectos fundamentales de los términos de condiciones para adquirir equipos, materiales y servicios para la emisión de una nueva cédula de identidad para la totalidad de la ciudadanía. Rosario cuenta con el apoyo de los magistrados Féliz y Altagracia Graciano de los Santos.
La confrontación se ha manifestado en los medios de comunicación y ante comisiones congresionales, originando la creación de una comisión de diputados para indagar el conflicto, en medio de alientos de los militantes del antihaitianismo que hace tiempo quieren la cabeza de Olivares, y ahora también la de Aquino.
Esta semana el Pleno de tres de la JCE rechazó que “se hayan presentado a nuestras instalaciones la cantidad de 22,673 personas a solicitar loa expedición de actas de nacimiento y que las mismas se les hayan negado”. Dicen que ninguna dependencia de la JCE dispuso el inventario y que éste “ha sido únicamente responsabilidad” del magistrado Aquino”, ignorando su condición de coordinador de la Comisión de Oficialías y que al remitir el inventario a los magistrados, el 24 de abril, Aquino dijo que fue hecho por los oficiales del Estado Civil y los formularios “fueron revisados y remitidos a nuestro despacho por la Dra. Dolores A. Fernández Sánchez, Directora Nacional de Registro del Estado Civil”. Aquino no ha dicho que los 22,673 casos se han presentado a solicitar copias de actas, sino que están expuestos a ser afectados.
Cuántos son los excluidos
Nadie ha podido precisar con certeza a cuántas personas de ascendencia extranjera, nacidas en el país y registradas como dominicanas se les ha negado copias de su acta de nacimiento desde que se emitió la Circular 17 en el 2007, aunque se concuerda en que son miles. Menos se ha podido saber cuántos son los potencialmente expuestos, además de los 22 mil 673 del inventario, ya que el mismo sólo cuantificó a partir de 1982, y han aparecido afectados sobre 50 y hasta 60 años de edad, aunque como la generalidad es pobre, pocos son los que requieren una copia de su acta de nacimiento, teniendo cédula, después de los 40 años. Si para emitir la nueva cédula se requiere el acta de nacimiento, entonces serían varias decenas de miles los afectados.
El comunicado del Pleno afirma que “sólo se ha suspendido la expedición de 4,338 actas del estado civil, de las cuales sólo unas 1,088 corresponden a casos de madres extranjeras no residentes, considerados irregulares o viciados”. Pero no indica cuántas están bajo investigación, sin suspensión formal, pero negadas de facto.
Ya el 16 de julio del 2008, en un “Comunicado a la Opinión Pública” que se incluye textualmente como Anexo IX.12 en el Volumen III del Informe Política Social: Capacidades y Derechos, de la Oficina de Desarrollo Humano del PNUD, 2010, la JCE informó que tenía bajo investigación 9,028 expedientes que “afectan las actas del Estado Civil, de los cuales “3,115 actas de nacimiento investigadas en virtud de la Circular 17 emitida por la Cámara Administrativa de esta institución”. Una fuente bien informada de la propia JCE sostiene que casi cinco años después serían unos 7 mil a quienes se les ha negado la expedición de copias de sus actas de nacimiento.
Los propios grupos de solidaridad con los afectados por la desnacionalización tampoco han podido precisar cantidad. En el 2011 el Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes cuantificó mil 584 en un estudio que abarcó sólo las comunidades de Don Juan y Quisqueya de San Pedro de Macorís, Monte Plata, Guaymate y Neyba.
Artículo publicado en el diario HOY.
Por Rommel Santos Diaz
Otro importante avance del Estatuto de Roma es la formulación de una definición internacional de género asi como la incorporación de normas especiales de procedimiento y prueba con relación a víctimas y testigos de crímenes de violencia sexual.
Lo anterior incluye la prohibición de entregar evidencias sobre la conducta sexual anterior o posterior de la víctima así como no exigir la corroboración del testimonio de la víctima.
Teniendo en cuenta la complementariedad del Estatuto de Roma , la Corte Penal Internacional no podrá juzgar a todos los perpetradores de crímenes internacionales. Esto implica que la responsabilidad de procesar a la mayoría de esas personas recaerá sobre las instancias nacionales.
Un posible impacto de la Corte Penal Internacional podría ser atraer a la luz pública ´´conflictos olvidados´´ en el mundo a través del inicio de sus investigaciones para que se le de la atención debida y canalice el financiamiento necesario para afrontar estas situaciones, especialmente las necesidades de la población.
Dada la sensibilidad y polarización que puede llevar este tipo de procesos en el ámbito interno, los juicios que la Corte Penal Internacional pueda efectuar servirán de plataforma para que los Estados realicen esta labor.
Cabe destacar que las principales víctimas de los conflictos armados generalmente son las mujeres y los niños. Estos mambiseños fueron reclutados forzosamente, siendo sometidos a tratos inhumanos y degradantes.
Los informes del Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la cuestión de los niños y los conflictos armados, más de dos millones de niños han muerto y seis millones han quedado desaparecidos de por vida como consecuencia de los conflictos.
Por Isaías Ramos
En esta Navidad, cuando las familias intentan reencontrarse con lo esencial, vale la pena detenernos un instante y preguntarnos qué celebramos de verdad. La Navidad no es solo una fecha ni un conjunto de costumbres: es un llamado al renacimiento, a volver a la fuente de nuestros valores y a recordar que la esperanza no es ingenuidad, sino una decisión.
Cerramos el año con señales que duelen. Las denuncias e investigaciones por corrupción han herido la confianza pública y, cuando ese deterioro toca instituciones llamadas a proteger derechos fundamentales, el golpe se vuelve más profundo y más personal para el pueblo.
El caso de SeNaSa, por lo que representa, nos recuerda que la salud no es un privilegio: es un derecho. Por eso, exigir que se investigue a fondo y que se sancione conforme a la ley, caiga quien caiga, no es venganza: es justicia; es respeto al Estado de derecho.
A esto se suma una realidad económica que obliga a la sobriedad. La CEPAL proyecta un crecimiento de 2.9%, insuficiente para responder a la magnitud de las necesidades acumuladas en tantos hogares. Pero el problema no es solo el porcentaje: es el sentido del crecimiento. ¿De qué sirve hablar de avance si no llega al salario ni fortalece los servicios esenciales?
Durante demasiado tiempo se ha sostenido un modelo que, en buena medida, descansa en la explotación laboral y en la extracción intensiva de recursos del pueblo. Zonas francas donde el trabajo no siempre dignifica; minería que presiona recursos y comunidades sin la transparencia y el control ambiental que la nación merece; turismo que produce divisas, pero que no siempre deja prosperidad equitativa y sostenible en los territorios que lo sostienen.
Nadie pide apagar la producción ni cerrar oportunidades; lo que el país exige es justicia: trabajo decente, valor que permanezca en la comunidad y progreso que se convierta en vida digna. El desarrollo real no se mide solo por el PIB: se mide por la dignidad.
Y aquí debemos hablar con claridad, con firmeza y con respeto. No estamos ante fallas aisladas, sino ante un sistema corroído de arriba abajo, donde la impunidad se vuelve costumbre y lo público se usa como botín, mientras al pueblo se le pide paciencia y silencio como si la paciencia pagara la comida, el medicamento y la educación.
Tras tres décadas de un sistema político que, en vez de educar y formar ciudadanos útiles a la patria, ha pervertido la vida pública, endeudado la nación, desmantelado las instituciones productivas del Estado y saqueado los fondos del pueblo bajo un manto de impunidad —donde demasiadas veces los casos se han convertido en “pan y circo”: titulares y medidas de ocasión para calmar al pueblo, pero sin condenas firmes, sin recuperación de lo robado y sin desmontar las redes de impunidad— ha llegado la hora de que el pueblo se ponga de pie, rompa el silencio y se organice para recuperar su dignidad y su futuro.
Sí, existen hombres y mujeres de bien dentro del Estado. Pero cuando el sistema castiga al que denuncia y premia al que abusa, el silencio deja de ser prudencia: se convierte en complicidad. Hoy el país necesita valentía moral y coherencia, no neutralidad cómoda.
Por eso esta Navidad nos importa tanto: nos devuelve al centro. Que esta Navidad nos sirva para asumir un compromiso con una fe inquebrantable en el Niño que nació en Belén. Él nació en humildad, conoció la opresión y, aun así, depositó su confianza en el Padre, más grande que cualquier poder terrenal.
Cristo nos prometió la paz que solo Él puede dar. Esa paz no es anestesia ni silencio ante el abuso; es fortaleza para hacer lo correcto. Es la paz que sostiene el carácter cuando todo alrededor quiere quebrarlo y que impide que la indignación se convierta en odio.
Aunque a veces parezca que los opresores lo tienen todo bajo control, la fe nos recuerda que hay un Dios que ve y toma nota, porque solo Él tiene el control último. Pero esa certeza no nos adormece: nos exige; nos llama a esforzarnos y ser valientes, y a cumplir la parte que nos corresponde.
Nuestro Señor Jesucristo vino a proclamar libertad a los oprimidos y a anunciar buenas nuevas a los pobres. Por eso, la fe verdadera no puede quedarse en consuelo privado ni en indignación sin rumbo: no es solo señalar; es organizar; no es solo criticar; es participar; no es solo esperar; es servir. Y desde el Frente Cívico y Social entendemos que esto incluye comprometerse con una economía que dignifique: apoyar la producción local, exigir trabajo decente, fortalecer encadenamientos para que el turismo se integre a la economía real, compre más a manos dominicanas, y que ningún proyecto de “desarrollo” se construya a costa del agua, la tierra o la vida comunitaria o la explotación humana.
Que esta Navidad sea un punto de inflexión: el inicio de un renacimiento colectivo donde la fe se convierta en responsabilidad, la paz se convierta en unidad con propósito y la esperanza se convierta en acción perseverante. Porque, aunque Dios tenga el control último, a nosotros nos corresponde el deber moral de ser instrumentos de justicia, de libertad y de dignidad para la República Dominicana.
¡Despierta, RD!
Por Oscar López Reyes
Son 13 los días -entre el 24 de diciembre y el 6 de enero- de la temporada más festiva y dinámica de término de diciembre y comienzo de enero, la Navidad, simbolizada en el lenguaje de cantar villancicos, adornos especiales, arbolitos con luces multicolores, gustosos manjares, regalos y tarjetas, belenes, encuentros, el icónico atronar de alegría y felicidad de Papá Noel: «¡Jo, jo, jo!» y servicios religiosos. Y, en esa magia en lienzo de aguinaldos y frescura, se aviva el pedido de perdón por los pecados y el apaciguar del alma para espantar la ambición monetaria y carbonizar, en vitriolo de cobre, la codicia que estrangula la dignidad.
¡Qué lástima, corruptos!,
¡Oh, exclusión de la violencia!
¡Ah, deterioro mental!,
¡Vaya, individualismo extremo!
¡Caray, aislamiento!
¡Guau, pérdida del decoro!
¡Uy, discriminación!
¡Caramba, crisis de valores!
¡Ay, cambio climático!
Estos son sintagmas o enunciados que se deletrean con rituales en la Corona de Adviento: Ramas verdes y cuatro velas, que representan a Jesús como luz de esperanza en una vida de amor eterno. Ese signo litúrgico -que evoca las cuatro semanas del Adviento y las estaciones del año- grita para que se deshagan las tinieblas de esas malignidades que socavan la vergüenza y el pundonor, la lealtad y la generosidad, la integridad y la decencia, el orgullo y la autoestima en el abolengo de la aristocracia y el linaje de la plebe.
Cristianos y ateos participan gozosos en la fiesta anual de la Navidad (proviene del latín Nativitas, que quiere decir nacimiento), que conmemora la venida al mundo de Jesucristo (el 25 de diciembre, entre los años 7 y 4 a.C., en Belén de Judea, y la celebración fue estatuida siglos después para coincidir con los jubileos romanos y paganos.
Belén está enclavada en Palestina (región de Cisjordania), a unos 10 kilómetros al Sur de Jerusalén. Desde 1995 está bajo el mando de la Autoridad Palestina (Estado de Palestina), conforme los Acuerdos de Oslo, pero separada de Jerusalén por un muro de hormigón, ocupado por Israel.
Ese Patrimonio de la Humanidad y otros territorios de Oriente Medio, ubicado entre el mar Mediterráneo y el mar Muerto, se sitúa en el epicentro de un conflicto bélico entre Israel y Palestina. La primera entiende a Jerusalén como su capital “eterna e indivisible”, y la segunda reclama a Jerusalén Este (incluyendo la Ciudad Vieja) como la capital de un futuro Estado.
La mayoría de las naciones no reconoce la anexión de Jerusalén Este por Israel, que entre octubre de 2023 y diciembre de 2025 ha matado a cerca de 70 mil palestinos, en el Genocidio de Gaza: horribles violaciones a niños y mujeres, el bloqueo de la ayuda humanitaria para afrontar la hambruna, la destrucción de hospitales, sistemas de agua, escuelas y hogares, y el permanente desplazamiento forzado de sus habitantes por los bombardeos.
¡Oh, violencia…!
A sus discípulos y otros adeptos, Jesucristo predicó, imperturbablemente, contra la violencia y los exhortó a quebrar la cadena del odio y la venganza, a perdonar en la misericordia, a no utilizar la espada o la ley del más fuerte, a amar a sus enemigos y orar por quienes los persiguen; a poner la otra mejilla a quienes les golpeaban y a dar más de lo que les piden.
Como costumbres festivas, en la víspera -el 24 de diciembre- del nacimiento de Jesús, la Iglesia Católica celebra la “Buena Noche” o Nochebuena a la espera de la conmemoración del Mesías, como banquetes: platos típicos -pavo y cerdo asado-, dulces y frutas secas, bebidas, villancicos, compartir de regalos, la Misa de Gallo y vigilias en templos, hasta el amanecer.
Oficialmente, entre el 25 de diciembre y el 6 de enero las iglesias cristianas evangélicas efectúan el período de la Natividad con misas del día, celebración de la Sagrada Familia, solemnidad de Santa María, de la Epifanía, el Bautismo del Señor, los Santos Inocentes (28 de diciembre), Año Nuevo (fuegos artificiales y música navideña) y el Día de los Reyes Magos. Marginalmente, han sido agregados vacaciones y viajes.
En ciertas épocas y territorios, la Navidad fue prohibida por puritanos y congregaciones protestantes, pero se han impuesto la memoria festiva, las texturas crujientes y la tradición, como estímulo para el bienestar psico-emocional -por la alegría-, para renovar la expectativa y la esperanza en nuevos proyectos, fomentar el amor y la gratitud, y como un canal para robustecer nexos familiares, religiosos y sociales.
En esencia, la Navidad equivale a llegar, dar, recibir y tocar. Y para perdurar, ¡qué suba más y más, hasta la Estrella de Belén, en el solsticio de invierno, trazo de luz, banquetes, diversión y júbilo!
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El autor: Periodista, escritor, catedrático, gremialista y columnista de El Nacional y decenas de medios digitales.