Opinión
El genocidio civil sacude a la JCE
Por Juan Bolívar Díaz
Fue un inventario realizado en 168 oficialías del Estado Civil que arrojó los 22 mil 673 casos que pueden caer en el genocidio civil que ejecuta la Junta Central Electoral, 84 por ciento descendientes de haitianos
Nadie puede asegurar cuántos son los descendientes de extranjeros que han sido víctimas del genocidio civil que desde el 2007 ejecuta la Junta Central Electoral (JCE), pero un inventario realizado en 168 oficialías del Estado Civil arroja 22 mil 673 nacidos entre el 1982 y el 2010 que podrían ser afectados, 84 por ciento de origen haitiano.
El resultado de la investigación dispuesta por el Coordinador de la Comisión de Oficialías de la JCE, José Ángel Aquino, llevó a este miembro titular del organismo a plantear un proyecto de ley para solucionar el escándalo, lo que provocó el enojo del presidente Roberto Rosario y un preocupante conflicto público.
De 67 nacionalidades
Aunque el inventario de madres extranjeras no residentes que registraron hijos entre el 1982 y el 2010, implicó a personas de 67 nacionalidades, el 84 por ciento afecta a descendientes de haitianos, proporciones coherentes con las “más de 60 nacionalidades” y el 87 por ciento de origen haitiano, que arrojó la reciente Encuesta Nacional de Inmigrantes. De un total de 22 mil 663 casos, los de ascendencia haitiana son 19 mil 15. La segunda mayoría es la estadounidense, con 521, el 2.29 por ciento, y 470 de China para 2.07 por ciento. De Venezuela se registran 218, de España 198, de Holanda 117 y 101 de Cuba.
La mayor parte están en el sureste, asiento fundamental de la industria azucarera que atrajo las primeras inmigraciones haitianas. Por provincia, La Romana encabeza con 7 mil 55, el 31 por ciento, seguida del Distrito Nacional, con 2 mil 809, el 12 por ciento y San Pedro de Macorís con 2 mil 392 casos para un 10.5 por ciento. La Altagracia registra mil 986, el 9 por ciento, Monte Plata mil 528, el 7 por ciento y la provincia Santo Domingo el 5 por ciento, con mil 71 casos.
El informe detalla los casos por municipios, lo que permite apreciar más claramente el influjo de los ingenios azucareros y que se trata de viejos inmigrantes, dada la decadencia de la producción azucarera en las últimas dos décadas. Resaltan los municipios cañeros como Guaymate, con 3 mil 521 casos, casi igual que los 3,534 de La Romana. San Pedro de Macorís con 2 mil 32, San Rafael del Yuma con mil 662, Bayaguana 884, Esperanza 847, El Seibo 810, Santo Domingo Este 789, Sabana Grande de Boyá 601, Higüey 324, Hato Mayor 269, Sosúa 214, y Bajos de Haina 183.
Alcances del inventario
Ante las denuncias nacionales e internacionales sobre el creciente despojo de la nacionalidad, en el 2010 el doctor José Ángel Aquino, en su calidad de Coordinador de la Comisión de Oficialías de la JCE auspició un formulario a las 168 oficialías del Estado Civil para recabar información sobre el número de hijos que pudieran ser afectados por la Resolución 12-07, de diciembre del 2007 de la JCE, la cual ratificó la Circular 17 de su Cámara Administrativa, que el 17 de marzo de ese año prohibió a los oficiales civiles expedir copias de actas de nacimiento “relacionadas con padres extranjeros que no han probado su estatus legal de residencia”.
La circular 17 que inició el genocidio civil fue emitida a espalda del Pleno de la JCE, bajo la firma de Roberto Rosario que presidía la Cámara Administrativa, y con la aprobación de Aquino y del doctor César Francisco Féliz, miembros. Ante las múltiples protestas, la disposición fue llevada 9 meses después al Pleno que la ratificó a unanimidad, aunque poco después los jueces electorales Aura Celeste Fernández y Eddy Olivares pidieron su derogación, en sendos documentos donde la consideraban inconstitucional e ilegal.
El 12 de diciembre del 2012 Aquino dirigió una comunicación a seis funcionarios de la JCE, encabezados por la directora del Registro Civil, dando cuenta del inventario, que totalizó los 22 mil 673 casos en disputa. Detalla que 12 mil 914 de las inscripciones de hijos de madres extranjeras, más de la mitad, se hicieron sin documento alguno, 3 mil 597 con pasaportes, 2 mil 895 con fichas (del Consejo Estatal del Azúcar), 2 mil 749 con cédulas, 496 con carnet y 22 con seguro social. Recoge el nombre del inscrito, de la madre y el padre, con sus respectivas nacionalidades y documentos, si los tenían, fecha, así como número del libro, folio y acta.
Proyecto de solución
Aquino había sido, junto a Rosario, un fervoroso defensor de la Circular 17 y de la Resolución 12-07, pero el inventario y la magnitud de las denuncias, nacionales e internacionales, le hicieron consciente del alcance del genocidio civil. Debió considerar también que habrían otros miles inscritos antes de 1982, por lo que elaboró un “Anteproyecto de Ley sobre Registro de Nacimientos de Hijos (as) de Madres Extranjeras No Residentes en la República Dominicana”, con la esperanza de “contribuir a buscar una solución”, planteando que “Resulta imperiosa la necesidad de discutir propuestas e ideas que definan este tema de manera integral, tomando en cuenta su aspecto legal y humano, con el propósito de evitar la ocurrencia de casos de apátrida y garantizar el derecho a un nombre, identidad y nacionalidad de los afectados”.
El anteproyecto crearía un procedimiento para conceder la nacionalidad dominicana al titular de las actas de nacimiento suspendidas, previo aporte de documentos que demuestren sus vínculos con el país y que la JCE realice las investigaciones correspondientes. Es un híbrido con intención de resolver el conflicto, pero ha sido rechazado por los dominico-haitianos y sus defensores, bajo el criterio de que no se les puede conceder lo que ya habían obtenido por derecho, porque daría visos de legalidad al despojo de que han sido víctima y podría prestarse a discriminaciones.
En principio el anteproyecto tuvo apoyo de la Comisión de Oficialías de la JCE, pero la oposición radical de Rosario logró que lo desestimaran, lo mismo que hizo el Pleno de la Junta en sesión del 21 de febrero pasado, que dispuso “Único: Desestimar el Anteproyecto…y documentar los 22,673 casos de extranjeros que han sido identificados en los Libros Registros de nacimiento y remitirlos a la Dirección General de Migración, para que esta institución tome la decisión al respecto”, según reza la certificación escrita y firmada por el secretario general de la JCE, Hilario Espiñeira Ceballos.
Trasciende el conflicto
La iniciativa de Aquino lo ha distanciado de la posición radical de Rosario, y lo ha acercado a la que sustentó solitario el magistrado Eddy Olivares. Ambos rechazaron la decisión de enviar los 22 mil 673 casos a Migración y han coincidido también en cuestionar aspectos fundamentales de los términos de condiciones para adquirir equipos, materiales y servicios para la emisión de una nueva cédula de identidad para la totalidad de la ciudadanía. Rosario cuenta con el apoyo de los magistrados Féliz y Altagracia Graciano de los Santos.
La confrontación se ha manifestado en los medios de comunicación y ante comisiones congresionales, originando la creación de una comisión de diputados para indagar el conflicto, en medio de alientos de los militantes del antihaitianismo que hace tiempo quieren la cabeza de Olivares, y ahora también la de Aquino.
Esta semana el Pleno de tres de la JCE rechazó que “se hayan presentado a nuestras instalaciones la cantidad de 22,673 personas a solicitar loa expedición de actas de nacimiento y que las mismas se les hayan negado”. Dicen que ninguna dependencia de la JCE dispuso el inventario y que éste “ha sido únicamente responsabilidad” del magistrado Aquino”, ignorando su condición de coordinador de la Comisión de Oficialías y que al remitir el inventario a los magistrados, el 24 de abril, Aquino dijo que fue hecho por los oficiales del Estado Civil y los formularios “fueron revisados y remitidos a nuestro despacho por la Dra. Dolores A. Fernández Sánchez, Directora Nacional de Registro del Estado Civil”. Aquino no ha dicho que los 22,673 casos se han presentado a solicitar copias de actas, sino que están expuestos a ser afectados.
Cuántos son los excluidos
Nadie ha podido precisar con certeza a cuántas personas de ascendencia extranjera, nacidas en el país y registradas como dominicanas se les ha negado copias de su acta de nacimiento desde que se emitió la Circular 17 en el 2007, aunque se concuerda en que son miles. Menos se ha podido saber cuántos son los potencialmente expuestos, además de los 22 mil 673 del inventario, ya que el mismo sólo cuantificó a partir de 1982, y han aparecido afectados sobre 50 y hasta 60 años de edad, aunque como la generalidad es pobre, pocos son los que requieren una copia de su acta de nacimiento, teniendo cédula, después de los 40 años. Si para emitir la nueva cédula se requiere el acta de nacimiento, entonces serían varias decenas de miles los afectados.
El comunicado del Pleno afirma que “sólo se ha suspendido la expedición de 4,338 actas del estado civil, de las cuales sólo unas 1,088 corresponden a casos de madres extranjeras no residentes, considerados irregulares o viciados”. Pero no indica cuántas están bajo investigación, sin suspensión formal, pero negadas de facto.
Ya el 16 de julio del 2008, en un “Comunicado a la Opinión Pública” que se incluye textualmente como Anexo IX.12 en el Volumen III del Informe Política Social: Capacidades y Derechos, de la Oficina de Desarrollo Humano del PNUD, 2010, la JCE informó que tenía bajo investigación 9,028 expedientes que “afectan las actas del Estado Civil, de los cuales “3,115 actas de nacimiento investigadas en virtud de la Circular 17 emitida por la Cámara Administrativa de esta institución”. Una fuente bien informada de la propia JCE sostiene que casi cinco años después serían unos 7 mil a quienes se les ha negado la expedición de copias de sus actas de nacimiento.
Los propios grupos de solidaridad con los afectados por la desnacionalización tampoco han podido precisar cantidad. En el 2011 el Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes cuantificó mil 584 en un estudio que abarcó sólo las comunidades de Don Juan y Quisqueya de San Pedro de Macorís, Monte Plata, Guaymate y Neyba.
Artículo publicado en el diario HOY.
Por Rosario Espinal
Los inmigrantes dominicanos no solo envían remesas regularmente, también llegan con las maletas cargadas, sobre todo en época navideña, y los bolsillos dispuestos a auxiliar a sus familiares y amistades, o a gastar para disfrutar en su terruño.
A fin de año siempre es pertinente abordar el tema de las remesas y los inmigrantes dominicanos porque muchos regresan a pasar la Navidad.
Las cifras oficiales del Banco Central muestran que, en el 2021, la República Dominicana recibió 10,402.5 millones de dólares en remesas familiares, en el 2022 fueron 9,856.5 millones, en el 2023 un total de 10,157.2 y en el 2024 al mes de septiembre la suma iba por 7,998.7 millones. Y que conste, la cantidad real de aportes en dólares y euros de los inmigrantes es mayor que lo computado, porque hay transacciones informales que no captan los radares del Banco Central.
Las remesas familiares representan pues la mayor fuente de divisas para el país, y nadie movió un dedo en el mercado laboral dominicano para generar esos ingresos. Llegaron gracias a la solidaridad familiar de miles de dominicanos que han emigrado al extranjero, sobre todo a los Estados Unidos, de donde proviene el 85% de las remesas.
Unos enfatizan la consecuencia negativa de las remesas familiares, argumentado que la población receptora se acostumbra a no trabajar o hace pocos esfuerzos laborales. Otros señalan el mayor bienestar y la movilidad social de las familias que reciben remesas, así como la disponibilidad de divisas en la economía nacional.
El mayor flujo de remesas a la República Dominicana en los últimos años es producto de un factor coyuntural y otro estructural. El coyuntural fue la pandemia que llevó a Estados Unidos a distribuir subsidios, y una parte de los recursos que recibieron los inmigrantes dominicanos los enviaron a sus familiares. El estructural es el incremento constante de la migración dominicana.
Aunque el Gobierno dominicano no lleva estadísticas precisas sobre la cantidad de dominicanos que emigran, la República Dominicana se encuentra entre los principales países del mundo que reciben visas de inmigrante de Estados Unidos con relación a su población. Eso ilustra la magnitud.
¿Por qué tanta migración dominicana?
Hace 60 años se inició el proceso migratorio de dominicanos hacia los Estados Unidos porque, durante la intervención militar de 1965, el consulado aumentó la cantidad de visas de inmigrante que otorgaba a dominicanos.
Ese mismo año, Estados Unidos cambió su Ley de Migración para favorecer la reunificación familiar. O sea que, cada dominicano o dominicana que emigraba con visa de residencia tenía la opción de pedir sus familiares cercanos. Esto ha generado una espiral migratoria sin precedentes en los últimos 60 años que aún no se detiene.
Los inmigrantes dominicanos no solo envían remesas regularmente, también llegan con las maletas cargadas, sobre todo en época navideña, y los bolsillos dispuestos a auxiliar a sus familiares y amistades, o a gastar para disfrutar en su terruño.
Para la República Dominicana, la migración dominicana ha sido una tabla de salvación económica. Los inmigrantes son el verdadero seguro social de muchas familias, aportan divisas que la economía dominicana necesita, contribuyen al crecimiento económico y de la clase media.
Demos pues la bienvenida navideña a los inmigrantes dominicanos.
Por Elba García Hernández
Independiente del comportamiento histórico del pueblo dominicano frente, sobre todo, del dominio de la nación por extraños, ha sido de mucho arrojo y gallardía. Ahí está la reacción del pueblo dominicano ante la dominación haitiana y el imperio español. Son muchos los ejemplos que se configuran en cada batalla que se produjo para liberarse el país de la intromisión foránea.
Sin embargo, en el curso del tiempo las cosas no parecen ser iguales, porque en segmentos importantes de la sociedad se observa en muchas ocasiones más miedo que vergüenza. No importa que tan amenazada esté la dignidad de la gente. Probablemente el fenómeno tanga su explicación en la aparición en el país de la figura de sicariato. Es decir, que cualquier individuo disponga de la vida ajena por una paga de unos cuantos pesos y que como reacción la gente tenga miedo porque el sicario no tiene rostro y puede aparecer en cualquier momento y lugar.
El asunto reviste una gran importancia sociológica y política porque se observa que muchas personas prefieren tolerar lo peor y echar por la borda su dignidad cuando tienen que poner en una balanza el miedo y la vergüenza. Y no es que se trate de caer en una irracionalidad que lleve a la persona a ser desaprensiva y dar una respuesta violenta a cualquier ataque que se produzca en su contra.
Pero la realidad es que la vida sin dignidad es como convertirse en la peor de las basuras, en no ser nadie y por consiguiente perder hasta el respeto de los demás. Incluso, hay personas que tienen como principio de vida no tener problemas, lo cual es muy sensato, pero cuando el individuo sacrifica su dignidad por esa causa entonces se convierte en un pusilánime que será irrespetado por todo el mundo.
En el campo del derecho, incluso del penal, lo que no se invoca se queda en la impunidad, ya sea por negligencia o miedo, sobre todo en los hechos cuya persecución sea a instancia privada, porque además existe la razón temporal para que los casos mueran y que prevalezca la impunidad, así se trate de un crimen horrendo.
De manera, que el miedo si pesa más que la vergüenza entonces la gente y toda la sociedad se vuelve inservible y no funcional, sobre todo en el campo de los derechos y obligaciones, cuya última figura es una parte muy importante del Derecho Civil.
En la República Dominicana la tendencia a que impere una nueva dictadura, tan férrea y criminal como la trujillista, podría ser el resultado del miedo, más que de la vergüenza, pero hay centenares de situaciones que podrían perdurar en el tiempo como consecuencia del primer elemento de preocupación.
En esa virtud, el 2025 tiene que ser un año de arrojo y de echar a un lado el miedo para que prevalezca la vergüenza y de esa manera enfrentar todos los males sociales que nos aquejan y acechan.
Este nuevo año 2025 debe sobresalir para enfrentar las amenazas en contra de la dignidad de los dominicanos a través de sobreponer la vergüenza por encima del miedo, lo cual será una forma de recobrar o recuperar los derechos perdidos y el respeto frente a los demás.
No se trata de cualquier realidad, porque cuando un pueblo, un ciudadano o cualquier persona pierde la vergüenza y se deja vencer por el miedo, entonces desaparecen los derechos subjetivos y en consecuencia impera la ignominia y la desigualdad.
Por José Cabral
No hay un solo argumento que justifique el comportamiento de los partidos políticos, porque han demostrado que son la peor plaga de la democracia. No como sostienen hipócritamente algunos de que los partidos políticos son el sostén de la democracia. Solo bastaría con pasar balance a sus acciones, cuya mayoría está dirigida a arruinar lo poco de lo bueno que puede tener el llamado sistema democrático representativo.
Puede decirse con toda seguridad que el mal augurio para el 2025 es el comportamiento de esa plaga llamada partidocracia, que repito se trata de los partidos políticos grandes, medianos y pequeños, sin excluir a los que dicen ser de izquierda o de derecha. Es una verdadera maldición para la sociedad. La gente no se imagina cómo los que dirigen los partidos políticos están llenos de tantas malas intenciones.
En una cosa difiero de algunos ciudadanos que dicen que dentro de todos los partidos políticos hay personas buenas y malas, lo cual me lleva a la siguiente reflexión: Se puede confiar en aquel que va a una de estas organizaciones a sabiendas de que está controlada por depredadores del patrimonio público y por ladrones vulgares de lo que no es suyo.
La cuestión es señores que se trata de una verdadera plaga, tanto es así que ya ni siquiera sus dirigentes hacen un esfuerzo por simular lo contrario a la verdad, como por ejemplo lo que ocurre en la partidocracia donde con el tiempo todo lo mal hecho se legitima. Ahí están los casos de Félix Bautista y otros tantos que ahora son los que proponen las leyes para dirigir a toda la sociedad.
A la partidocracia le encanta tener como legisladores a extraditables y convictos de la justicia de los Estados Unidos, lo que parece ser un orgullo de esta plaga, que hoy ya no solo se traga el Producto Interno Bruto, sino el presupuesto de la nación y todos los recursos con que cuenta el dominicano para lograr alguna vez una vida digna.
De manera, que, si una cosa podría indicar que la sociedad dominicana ha entrado en un verdadero proceso de cambio, es la erradicación o cuando menos el control de la conducta de la partidocracia. Es una imperiosa necesidad de todas las sociedades del mundo limpiarse, sacudirse, dejar en el basurero la plaga política, pero principalmente en la República Dominicana, donde la tendencia es que todo lo anormal sea vea como normal y lo podrido como sano.
Sin embargo, debe decirse que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre las candidaturas independientes es una buena señal, aunque la misma no sea la panacea en lo que respecta a la eliminación de la vida política nacional de la partidocracia. Que nadie se llame a engaño de que este fallo no traiga consigo la penetración al sistema de otras plagas que también están presentes en la sociedad dominicana. Cualquier cosa puede ocurrir, pero, sin lugar a dudas, que la decisión del TC representa un pequeño avance en esa lucha sin cuartel para por lo menos disminuir el control que tiene la partidocracia sobre la vida político-electoral de la nación.
Los ataques en contra del TC serán muchos y mayores en razón de que está de por medio un botín, que no es otro que el patrimonio nacional, el cual es controlado por esa plaga que no tiene hiel ni remordimiento. En este contexto los dominicanos de buenos sentimientos deben de prepararse para organizar movimientos sociales con la fuerza necesaria para detener las pretensiones de la partidocracia de obstaculizar todo lo que vaya en contra de los intereses de la plaga que representan los partidos políticos en la República Dominicana. El 2025 tiene que ser el ano de grandes cambios para construir un país que la naturaleza se lo ha dado todo, pero que un grupito de vividores que se han alzado con todas las riquezas nacionales. El momento ha llegado de parar en seco a una partidocracia que no tiene el más mínimo interés de que el país cuente con una democracia decente y funcional.
En conclusión, entiendo que el 2025 sólo será un año de cambios si el dominicano asume la problemática nacional con seriedad y decisión.
Con más vergüenza que miedo.
¡Manos a la obra