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Gobierno de Abinader desacata sentencias de altas cortes y la Ley 200-04, lo que implica una agresión al estado de derecho y a la democracia.
Son numerosas las sentencias que no cumplen los funcionarios del Gobierno de Luis Abinader y del Partido Revolucionario Moderno (PRM, sobre todo las jurisprudencias y aquellas de carácter vinculantes para todo el sector público, pese que eran críticos de la conducta semejante de administraciones pasadas.
El Tribunal Constitucional acaba de condenar al Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Pensiones y Jubilaciones al pago de un millón doscientos veinte mil pesos por incumplir una sentencia de esa alta corte que le ordenó el traspaso de una pensión a una viuda.
El dinero debe ser pagado a la señora Emegilda Rodríguez, por concepto de liquidación de la astreinte fijada por el Tribunal Constitucional en la sentencia TC-0493-21, emitida el 16 de diciembre de 2021.
El TC acogió una acción de amparo interpuesta por Rodríguez en reclamo del traspaso de la pensión de RD$5,117.50, en calidad de cónyuge superviviente de un pensionado del Instituto Dominicano del Seguro Social (IDSS) y fijó una astreinte de RD$20,000, por cada día de retardo en la ejecución de la decisión.
Ahora el Constitucional acogió una solicitud de liquidación de astreinte que hizo la viuda el 28 de febrero de 2022 mediante la sentencia TC-0117-23, dictada el 24 de febrero de 2023.
La condena implica el pago de 61 días de astreinte, los cuales son contados desde el 30 de diciembre de 2021 hasta el 28 de febrero de 2022, sin perjuicio de los valores por vencer a partir de esa fecha y aquellos derivados del cumplimiento total del fallo.
El alto tribunal indicó que en el expediente no existe constancia de que el Ministerio de Hacienda haya dado aún cumplimiento a la sentencia TC/0493/21, ni se evidencia la existencia de algún motivo serio o causa de fuerza mayor que le impida cumplir con lo ordenado.
El Tribunal Constitucional reiteró el criterio asentado en la sentencia TC/0105/14, en la que estableció que “El derecho a ejecutar lo decidido por el órgano jurisdiccional es una garantía que integra el debido proceso, específicamente el derecho de acceso a la justicia que supone culminar con una decisión que cuente con la garantía de su ejecución en un plazo razonable”.
El Gobierno del PRM y de Abinader se ha caracterizado, asimismo, por lesionar el orden institucional del país, ya que prácticamente todas las instituciones públicas no respetan la Ley 200-04, fruto de que los funcionarios de la actual gestión se creen estar por encima del bien y del mal.
El articulo 2 de la Constitución de la República dispone que la soberanía nacional corresponde al pueblo, de quien emanan todos los poderes del Estado, los cuales se ejercen por representación y del mismo modo lo consigna la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, cuyo articulo 19 manda que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, así como de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.
Por su parte, el artículo 8, Inciso 10, de la Constitución de la República establece que: «Todos los medios de información tienen libre acceso a las fuentes noticiosas oficiales y privadas, siempre que no vayan en contra del orden público o pongan en peligro la seguridad nacional».
También el Artículo 13 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), ratificada por la República Dominicana, mediante Resolución No.739, de fecha 25 de diciembre de 1977, establece que: «Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección».
De igual modo, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, ratificado mediante la Resolución 684, de fecha 27 de octubre de 1977, establece que: El ejercicio del derecho de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas, entraña deberes y responsabilidades especiales; y que por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la Ley y ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás y la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
Asimismo, el precitado Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos en su parte II, numeral 2, establece que: cada Estado Parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones del mismo Pacto, las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en él y que no estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter.
En tal virtud, el derecho de los individuos a investigar y recibir informaciones y opiniones y a difundirlas está consagrado como un principio universal en varias convenciones internacionales, ratificadas por la República Dominicana, razón por la cual el Estado está en el deber de garantizar el libre acceso a la información en poder de sus instituciones.
En ese tenor y conforme a lo que establece el párrafo del artículo 3 de nuestra Constitución: «La República Dominicana reconoce y aplica las normas del Derecho Internacional general y americano en la medida en que sus poderes las hayan adoptado.
En consecuencia, el artículo 8 de la Constitución de la República establece que la finalidad principal del Estado es la protección efectiva de los derechos de la persona humana y el mantenimiento de los medios que le permitan perfeccionarse progresivamente dentro de un orden de libertad individual y de justicia social, compatible con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos.
Como se puede ver, el derecho de acceso a la información gubernamental es una de las fuentes de desarrollo y fortalecimiento de la democracia representativa en tanto permite a los ciudadanos analizar, juzgar y evaluar en forma completa los actos de sus representantes, y estimula la transparencia en los actos del Gobierno y de la Administración.
De modo, que para garantizar el libre acceso a la información pública se requiere de una ley que reglamente su ejercicio y que, entre otras cosas, establezca las excepciones admitidas a este derecho universal para el caso que exista un peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional o el orden público.
Sin embargo, a pesar de que todo el derecho público nacional e internacional establecen el acceso a la información pública como un elemento vital del estado de derecho y la democracia, llama poderosamente a la atención que el Gobierno del PRM sea un violador consuetudinario de la ley que sirve de soporte a todo el ordenamiento jurídico citado más arriba.
Son en realizad muy pocos los entes y órganos del Estado que respetan esta norma jurídica y ya se ha podido establecer que son numerosas las entidades del Estado que se manejan del país que se manejan al margen de esta legislación.
Pero la vocación de violación de la ley del funcionario público del Gobierno de Luis Abinader se hace extensiva a las sentencias erga homes que provienen del Tribunal Constitucional.
Recientemente, el movimiento cívico Participación Ciudadana (PC) reveló hoy que más del 53 por ciento de las instituciones públicas no cumple de forma correcta con la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, la 200-04.
Informó que de una muestra de 82 Instituciones investigadas, 44 obtuvieron calificaciones por debajo de los 70 puntos, equivalentes al 53.7%, lo que demuestra que tienen un escaso cumplimiento de las disposiciones legales sobre la materia.
Entre las instituciones que cumplen de forma escasa y deficiente la referida Ley se encuentran el Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología, la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), la Dirección General de Migración, el IDECOOP, la Dirección General de Bienes Nacionales y el Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS), así como la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, Superintendencia de Seguros y el Ministerio de las Fuerzas, que obtuvieron puntuaciones de 12 a 20 puntos de una evaluación de 100.
Un 53 por ciento, casi el 38% de las empresas públicas obtuvieron menos de 50 puntos, lo que se califica como lamentable.
Sólo 28 de las instituciones, equivalentes al 34.2% del total evaluado, se ubican en las categorías A y B, al lograr una calificación entre 80 y 100 puntos.
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La contienda electoral en los Estados Unidos fue una lucha entre intereses individuales e institucionales.
El triunfo de Donald Trump representa un gran reto para la credibilidad de la democracia de los Estados Unidos, donde parece que ya no tiene vigencia su discurso de adecentamiento de la potencia ante otros países del mundo, dado que la corrupción ha erosionado este sistema político precisamente por las malas acciones de sus actores en el que muy poco importa la ética y la institucionalidad, cuyo mejor ejemplo es la elección presidencial de este 5 de noviembre.
Este martes millones de norteamericanos, incluidos una cantidad significativa de inmigrantes, principalmente latinos, hablaron y prefirieron a quien ha sido condenado por la comisión de una serie de actos ilícitos, pero que nadie puede negar que le ha tumbado el pulso a las tradiciones y la fortaleza institucional de la nación más poderosa del mundo.
Algunos que se decantaron por Donald Trump y otros por Kamala Harris, dos opciones que crearon pasiones políticas en ocasiones desenfrenadas, pero que se impuso el que no siente ningún sonrojo de las acusaciones que pesan en su contra y que demostró que puede más en las urnas que el sistema y quien ahora tiene el doble rol de presidente de los Estados Unidos y al propio tiempo convicto criminal.
La contienda no se trató de una simple confrontación electoral cualquiera, porque por lo menos en el caso de Trump, éste ha cambiado la forma de hacer política en los Estados Unidos, cuyo tono es violento y sin medición de consecuencias, pero que ha logrado imponerse sobre la base de unos «valores» que socava la democracia de esta nación.
Tanto es así que la nación más poderosa del mundo ha descendido al nivel de los países del llamado tercer mundo, donde la actividad político-partidista y electoral raya en lo salvaje, pero sobre todo con una ansia de poder y la búsqueda de acumulación de fortunas que en cierta medida le da una explicación lógica a la distorsión.
Trump es un político que ha logrado imponer sus intereses personales por encima de los institucionales y cuyo comportamiento no es cuestionado por los votantes, ya que se ha observado que mientras más problemas legales tiene su popularidad aumenta.
Las preferencias por uno y otro estaban aparentemente muy cerradas, pero se produjo una ruptura con todos los vaticinios al respecto y Trump ha vencido abrumadoramente, lo que indica que su conducta es respetada y defendida por la mayoría de los estadunidenses.
Lo inexplicable del proceso es que, aunque Trump ha despotricado en contra de los latinos, cuyo último escándalo tiene que ver con considerar a Puerto Rico una isla basura e igual desconsideraciones ha lanzado contra mexicanos, dominicanos, entre otros, pero siempre hubo apoyo a su favor, ya que los resultados de los comicios así lo confirman, dado que dentro de estas mismas comunidades desconsideradas por este candidato radical, conservó un respaldo considerable.
El fenómeno Trump pocos politólogos y sociólogos pueden explicarlo en razón de que mientras más hiriente y violenta fue su campaña, mayor cantidad de seguidores se adhirieron a un candidato y ahora presidente carente de propuestas, cuyo ejemplo ya ha sido emulado en una serie de naciones latinoamericanas.
Al llegar la hora de la verdad el pueblo norteamericano prefirió el discurso y la conducta de Trump que la de cualquier otro candidato, incluida la principal perdedora Kamala Harris.
El triunfo de Trump deja un mensaje equivocado entre los que luchan por llevar la ética a la política, ya que su triunfo desmiente cualquier esfuerzo serio en este sentido, sobre todo para las corrientes en Latinoamérica que hoy hablan de adecentamiento nacional, porque los resultados de las elecciones dejan lo suficientemente clara la preferencia del pueblo de toda la unión americana, aunque siempre se dijo que en por lo menos política exterior ambos contendientes representaban lo mismo.
En esta materia la diferencia entre republicanos y demócratas es sólo el color de los partidos, porque si bien en política interna se observa un accionar que lo distingue uno de otro, pero, por ejemplo, en lo que respecta a la crisis del Medio Oriente ambos se manejan de igual manera, alineados con Israel a pesar de que en muchas naciones del mundo consideran el comportamiento judío como un verdadero genocidio.
Sin embargo, en cuanto a política interna ambos difieren en lo que a políticas migratorias se refiere, ya que nadie puede negar que en esta materia los demócratas tienen una visión mucho más tolerante y considerada con la inmigración que los republicanos.
Pero la diferencia que puedan existir entre unos y otros este martes cinco de noviembre se definieron en favor de quien tiene el peor comportamiento, lo cual también impidió por segunda ocasión que una mujer ocupe la presidencia de los Estados Unidos, no se sabe si para esa decisión pesó mucho optar por una inmigrante de familia que proviene de naciones que no son vistas con buenos ojos por el estadounidense tradicional y el cual regularmente está impactado por un problema racial que tiene su historia en esa nación.
La cuestión es que triunfó la apuesta antiinmigrante, ultraconservadora y, sin lugar a dudas, menos democrática.
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El Gobierno de Luis Abinader no deja de incurrir en errores que sirven de espejo para medir su incapacidad para manejar el Estado.
Todos los días el Gobierno de Luis Abinader da muestra de que no está en capacidad del manejo del Estado, cuyos errores son totalmente infantiles y propios de personas que no tienen la menor idea de su metida de patas.
Las torpezas del Gobierno legitiman las críticas de una oposición desacreditada por sus acciones al margen de la ética y de la moral, la cual está conformada, principalmente, por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la Fuerza del Pueblo de Leonel Fernández.
La última metida de patas del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y de su líder Abinader ha sido anunciar una nueva Constitución de la República, pero al propio tiempo toma medidas que lesionan derechos fundamentales contenidos en la carta magna y los tratados y convenciones internacionales.
De esa manera, el presidente Abinader y el PRM les otorgan toda la legitimidad del mundo a aquellos que han tenido el control del Estado y han hecho lo mismo, porque cómo se explica que no entiendan que lo dispuesto por el Ministerio de Administración Pública (MAP) que obliga a los empleados del Estado a presentar sus contratos de agua y de energía eléctrica lesiona el derecho a la intimidad de las personas.
El asunto tiene mayor gravedad, no sólo porque revela la ignorancia y la doble moral de los perremeístas y su Gobierno, sino también porque si las autoridades se respetaran ni mencionaran los servicios de agua y de energía eléctrica, dado lo deficiente de los mismos.
Hay una famosa expresión que dice que se debe saber nadar y guardar bien la ropa, lo cual no parece que sea aplicable en lo respecta a los funcionarios del gobierno, cuya torpeza no les permite comportarse con prudencia y sensatez.
Es decir, que en el preciso momento en que se habla de que el país tiene una ley sustantiva que es más acorde con el estado de derecho, los perremeistas someten a los empleados públicos a una medida inconstitucional y que va en contra de los derechos consignados en el bloque de constitucionalidad del país, lo cual pone en peligro un derecho tan sagrado como el de la intimidad, el honor personal, que está en primer orden en los derechos interamericanos e internacionales.
La medida en cuestión violenta el artículo 44 de la ley de leyes, lo que representa un contrasentido que amenaza de todos los derechos de los ciudadanos y ciudadanas del país.
Todo el mundo sabe que “las prestadoras de servicios públicos tienen los mecanismos para que los usuarios cumplan con sus obligaciones, sin que ello implique que esas informaciones privadas lleguen a ser de dominio de otras instancias más que de ellas.
Sin embargo, en el presente caso se debe destacar que en lo respecta al agua potable el Gobierno tampoco cumple con la sentencia del Tribunal Constitucional que prohíbe que por un asunto de derechos humanos se produzcan cortes del servicio por falta de pago.
En esa línea de violaciones el gobierno de Luis Abinader procede al corte del agua potable en desacato de lo decidido por el TC a través de los órganos que manejan el preciado líquido como la Corporación de Acuerdo de Alcantarillado de Santiago (CORASAN), entre otras.
La realidad es que el Gobierno, tal y como lo dice la oposición, no cumple con ofrecer un mejor servicio que satisfagan las necesidades del interés colectivo y respondan a los principios de universalidad, accesibilidad, eficiencia, transparencia, responsabilidad, continuidad, calidad, razonabilidad y equidad tarifaria establecidos en la Constitución.
Como que no luce racional que las autoridades tengan un doble discurso, primero de fortalecimiento de la Constitución y segundo de violación de los derechos fundamentales como la dignidad humana, la privacidad de las familias y tire por el suelo el derecho al honor, al buen nombre e imagen.
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Endeudamiento externo tiene que llevar al país a verse en espejo de naciones como Grecia, Argentina y Puerto Rico.
Por Elba García
La economía dominicana ha sido impactada por un proceso de conversión de exportadora a importadora, cuyos únicos renglones con mucha fortaleza, tal vez su tabla de salvación, son el turismo y las remesas, producto de la emigración de dominicanos hacia países mediana y altamente desarrollados.
El manejo de la economía en el país no ha estado al margen de lo que representa una cultura de falta de planificación que proviene desde los tiempos de la colonia, cuyo nivel de endeudamiento supera las líneas de peligro para cualquier nación.
Un buen ejemplo del manejo dislocado de una economía es Argentina, la cual entró a niveles de devaluación e impago que llevó a que ambos términos se convirtieran en sinónimos, tanto fue así que una cosa no se concebía sin la otra y viceversa.
En los comienzos del año 2000 la economía argentina se convirtió en un verdadero drama, cuyas supuestas soluciones siempre han sido un salto al vacío, lo que ha implicado que los recursos de los bancos estén expuestos al sector público y la opción buscada era imprimir dinero inorgánico a través de su Banco Central, lo cual convirtió en ingobernable el régimen de convertibilidad en vigor en ese momento.
Pero hasta el momento la economía de este país ha sido una bomba de tiempo que no ha habido magos políticos que encuentren la fórmula de su saneamiento, cuyo sendero también llevan otras naciones del mundo, incluida la República Dominicana.
El otro caso donde el caos de la economía tenia a esa nación al borde del colapso total fue Grecia, en razón de que la troika liderada por las autoridades del continente europeo declaró un impago que era prácticamente imposible para que un país de la zona escogiera esa vía y si bien se buscó resolver el asunto con una serie de recortes, pero esa medida no bastaba para darle una salida a la deuda de este país.
Entonces, la crisis de estos dos países Argentina y Grecia ha dejado las lecciones de que la deuda y el dinero no son lo mismo, pero que si se deja que el problema se agrave se corre el riesgo de ser impactado por una recesión, la cual trae consigo la disminución de la demanda de crédito privado, debilitamiento de los balances de los bancos y un gobierno que se financia cada vez más con la utilización de éstos porque están bajo su control, lo cual convierte el futuro de la deuda y del sistema bancario en prácticamente uno solo.
Esta situación está apoyada por una evidencia empírica, ya que desafortunadamente este problema compartido, desde luego, no soluciona nada, más bien lo que hace es amplificar y expandir muchas veces el asunto, dado que los bancos y la deuda están más entrelazados y puede advertirse que lo mismo ocurre con el futuro de la moneda, lo cual genera el espectro de la inestabilidad monetaria con su amenaza endémica para el sustento -con frecuencia, de los más vulnerables, cuya lección es no retrasar, sino reestructurar de manera más oportuna antes de que el agujero se vuelva demasiado profundo.
En este mismo contexto está Puerto Rico, pero en el Caribe y con el soporte de alguna manera de los Estados Unidos, lo cual le permite abrir nuevos caminos, pero sin estar exentos de grandes problemas y con desventajas frente a las posibilidades de los que cuentan con una moneda propia, ya que está totalmente dolarizado y pertenece al Segundo Distrito del Sistema de la Reserva Federal, cuyos bancos están protegidos por un seguro de depósitos de E.U., pero donde por igual sus autoridades han declarado que no se pueden pagar todas las deudas de la isla en razón de que las mismas absorben todos los ingresos públicos.
El endeudamiento del Gobierno de Luis Abinader comienza a dejar profundas preocupaciones en esta materia en los diferentes sectores que conforman la vida nacional, sobre todo en los principales de la economía nacional, porque la agresividad mostrada en este aspecto conduce a la nación a un cuadro parecido a lo que ocurre en las tres naciones citadas en este trabajo periodístico..
Luis Abinader en el 2023 rompió récord de endeudamiento público durante un año al tomar prestado US$9,249 millones dólares, unos RD$527 mil 193 millones, según evaluaciones de los partidos de la oposición.
Este monto de US$2,649 millones corresponden a préstamos con organismos crediticios internacionales y US$6,600 millones a la colocación de bonos soberanos.
Algunos sectores indican que las futuras generaciones tendrán que pagar los gastos corrientes de la presente administración, cuya deuda ya alcanza niveles de mucha preocupación.
«En la Cámara de Diputados se aprobaron préstamos por US$2, 649 millones, aparte de esto se ejecutó para este presupuesto la colocación de bonos por RD$ 363 mil millones, que son el equivalente a US$6,600 millones».
En el orden de los endeudamientos las AFP dicen que la gestión Abinader les ha tomado préstamos RD$3.1 billones, cuyo endeudamiento público no sólo alcanza lo nacional, sino también lo externo.
El cuadro de la deuda compromete las futuras generaciones, ya que pagarán todos los compromisos internacionales que irracionalmente asume el país, sin que ese dinero represente la construcción de obras que impacten a los niños que nacen en la actualidad.
Sin embargo, los críticos de la oposición cuando tienen la oportunidad de volver a controlar el Estado repiten el mismo comportamiento en lo referente al endeudamiento público, sobre todo con el propósito de sostener la corrupción administrativa.
La deuda del sector público no financiero representa el 46.3% del PIB al 31 de agosto del 2024, pero el saldo de la deuda externa e interna del sector público no financiero (SPNF) totalizó US$57,596.0 millones, representando el 46.3% del Producto Interno Bruto (PIB) estimado.
La deuda pública en República Dominicana en 2023 fue de 67.581 millones de euros73.094 millones de dólares, creció 3.239 millones desde 2022 cuando fue de 64.342 millones de euros 67.808 millones de dólares,.
Consultores en política fiscal y tributaria plantean que la deuda pública se ha multiplicado por 17 en los últimos 23 años, producto de la gran cantidad de préstamos, lo que ha llevado a que cada dominicano tenga que pagar per cápita seis mil novecientos noventa y tres dólares.
En una conferencia con el título de “Impacto de la Deuda Pública en la Formulación de la Política Presupuestaria”, en el marco de la conmemoración del Primer Congreso de Economía Dominicana organizado por la Escuela de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), se afirmó que todos los años se debe tener la responsabilidad de definir y establecer cómo se van a asignar los recursos del Estado que se manejan a través del presupuesto nacional
La medición del crecimiento económico en el país en los últimos 23 años ha tenido muy poco impacto distributivo en la riqueza de los ingresos, pese a que todo el mundo destaca lo ocurrido en esta materia.
Otro elemento importante es que el crecimiento económico tiene muy poco impacto en las recaudaciones fiscales del Gobierno y que en los últimos veintitrés años el país ha tenido una presión tributaria de un trece por ciento fija.
De modo, que el crecimiento económico que tiene la República Dominicana no se refleja en mayores recaudaciones tributarias del Gobierno para fortalecer el producto interno bruto, lo que ha provocado recurrentes déficit fiscales que han obligado a endeudarnos para poder hacer frente a una proporción importante de las obligaciones
La deuda entre el 2000 y 2023 se ha multiplicado por 17 diecisiete en el país, como resultado de un crecimiento de ésta que advierte serios peligros para el país, ya que la política fiscal del Gobierno afecta el ciclo económico que lesiona la distribución de la riqueza y la cohesión social.
Desde marzo del presente año la deuda de la República Dominicana es de setenta y cuatro mil millones de dólares, cuyo crecimiento desde el 2020 ha sido realmente exponencial, la cual con relación al PIB ya resulta preocupante con implicaciones de sobreendeudamiento por el Covid 19.
La deuda per cápita pasó en el país de 522 dólares en el año 2000 a seis mil novecientos noventa y tres dólares por cada dominicano en 2023, cuyo crecimiento acelerado se ha traducido en una retranca para el Estado.
Las naciones que suelen pedir dinero prestado cuando lo recaudado a través de los impuestos no es suficiente para el financiamiento de proyectos o gastos del Estado terminan en un callejón sin salida con consecuentes crisis sociales y políticas.
Guatemala es el país de Centroamérica que menos ha recurrido a esta práctica, cuya deuda pública es la más baja de la región con 22.593 millones de dólares, lo que equivale a un aproximado del 30 % del Producto Interno Bruto (PIB), según cálculos del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI).
Mientras que los países con la mayor deuda pública son El Salvador, con el 76 % de su PIB comprometido y Costa Rica con el 63 %, los cuales regularmente sirven de punto de referencia para las comparaciones que se hacen, por ejemplo, en la República Dominicana
La deuda de El Salvador ha sido considerada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), en su evaluación del Artículo IV 2023, como “elevada y se encuentra en una senda insostenible”, por lo que recomendó, en febrero de este año, “el desarrollo de un plan fiscal y de financiamiento completo y ambicioso, destinado a reconducirla a una senda sostenible y a facilitar el acceso al mercado internacional de capitales».
Por su parte, Costa Rica sostiene que “la orientación general de las políticas debe seguir centrada en hacer que la inflación regrese a la meta y que la deuda pública se mantenga en una firme trayectoria descendente”.
Las entidades financieras para medir si un nivel de deuda es correcto o excesivo es mediante la comparación de lo que se debe con el PIB de cada país, es decir, el monto de la misma con el valor de los bienes y servicios finales que produce.
Un ejemplo válido en este caso es si un país debe 80 millones de dólares y su PIB es de 100 millones, de lo producido, ya debe la mayor parte y su capacidad de riqueza queda reducida.