Análisis Noticiosos
El Gobierno debe reconocer el creciente clamor social
Por Juan Bolivar Diaz
Transcurrida la tercera parte del año, el Gobierno dominicano sigue empeñado en desconocer el clamor y la indignación nacional contra la corrupción, tratando de descalificar la Marcha Verde y apelando a recursos como la intimidación y el espionaje, evadiendo claras señales políticas y judiciales de que se acabará la impunidad.
El creciente riesgo social, con potencialidad de traducirse en político, que comienza a afectar el interés de la nación, recomienda aprovechar la convocatoria para el 15 de mayo del Consejo Nacional de la Magistratura para empezar a despolitizar los órganos judiciales, y buscar real consenso sobre los proyectos de reformas electorales en el Congreso.
El cuarto mes perdido. Abril completa hoy el primer cuatrimestre del 2017, perdido en el desconcierto generado por la crisis política-institucional estallada en diciembre cuando la justicia de Estados Unidos develó el inmenso entramado de corrupción montado por la constructora Odebrecht y agentes políticos en una docena de naciones, con la mayor proporción relativa en la República Dominicana, tanto en monto de sobornos por 92 millones de dólares, como por las sumas implicadas en contratos, el tamaño de la economía, del territorio y la población. Agravado por haberse operado desde el país el financiamiento de campañas electorales en varias naciones a través del asesor político del presidente Danilo Medina, Joao Santana y su esposa, hasta sus encarcelamientos y posterior condena.
A diferencia de lo ocurrido en casi todos los demás países involucrados en los sobornos por 788 millones de dólares, en RD la justicia no ha producido la primera coerción, esperando que le caigan desde el nublado cielo brasileño, aunque desde el 12 de enero, cuando interrogó al agente de Odebrecht Angel Rondón, el procurador general Jean Alain Rodríguez lo identificó como el repartidor de los sobornos locales.
El presidente Danilo Medina, como el secretario general del partido gobernante, Reinaldo Pared, han dicho que no prevalecerá la impunidad, ha faltado una condena contundente al entramado de corrupción nacional y transnacional operado en el país. Los órganos superiores del PLD desaprovecharon sus recientes reuniones sin emitir un documento anticorrupción, como los que acostumbró al país antes de alcanzar el Gobierno, cuando llegaron a organizar grandes marchas contra la corrupción, que ahora estigmatizan.
Desconcierto generalizado. Tanto el Gobierno como su partido y su Ministerio Público han aparecido desconcertados a lo largo del cuatrimestre, buscando ganar tiempo, mientras la indignación social en vez de mermar da muestras de crecimiento. Han centrado la atención en los nombres de los sobornados que daría Odebrecht y la justicia brasileña, relegando el apoyo a las campañas electorales, sin el menor esfuerzo por esclarecer el financiamiento de Joao Santana y el uso del país como plataforma internacional de corrupción política.
Más allá de interrogatorios a una veintena de personas, sin la menor coerción ni imputación, el empeño del Gobierno y su justicia se ha centrado en un cuestionado acuerdo que garantiza impunidad a la Odebrecht y su ilegal mantenimiento como contratista del Estado, ejecutando aún cuatro obras, incluyendo las discutidas plantas de carbón.
Fue el domingo pasado cuando el procurador Rodríguez pidió a la Cámara de Cuentas que auditara las obras ejecutadas por Odebrecht para determinar si hubo sobrevaluación, diez días después de haber dicho que a su despacho no le correspondía investigarlo.
Para colmo, el presidente de la Cámara de Cuentas anunció al día siguiente que ya había contactado para esa tarea al experto Augusto Nardes, del órgano federal de auditorías de Brasil, sin previa licitación. De inmediato la Marcha Verde denunció que este aparece entre los sobornados de la Petrolera brasileña que originó la operación Lava Jato, según publicó el acreditado diario Folha de Sao Paulo, lo que revocó la contratación.
Palos de invidentes. Tras la cuarta exitosa marcha del Movimiento Verde, el domingo 23 en San Francisco de Macorís, funcionarios y voceros del PLD aparecieron dando palos de invidentes. Primero acusaron a los propulsores de albergar propósitos de desestabilizar al Gobierno y luego el ministro de Interior y Policía dijo por televisión que escuchan las llamadas telefónicas y leen los whatsaps de los promotores de las marchas, dislate que trató de enmendar el mismo día, alegando que respetan las jurisdicciones privadas.
Al principio de las marchas los gobiernistas trataron de atribuir su patrocinio al Partido Revolucionario Moderno, luego a la oposición en general, después a los empresarios, particularmente a los generadores eléctricos, y esta semana a grupos de vocación subversiva que la habrían infiltrado. Ahora dicen que la desnaturalizaron.
La mejor respuesta se la dio el obispo de Mao-Monte Cristi, monseñor Diómedes Espinal, quien defendió la Marcha Verde, cuestionó la lentitud en la investigación del escándalo Odebrecht, y proclamó que “lo que puede poner en riesgo la estabilidad son los actos de corrupción”.
Aumenta el riesgo social. En los más diversos sectores sociales se incrementa la preocupación por los riesgos a que expone el país el alto nivel de corrupción y la percepción generalizada de que se evade esclarecer por completo y sancionar aún un caso transnacional y confesado como el de Odebrecht. Hay preocupación por la deslegitimación de las autoridades y hasta líderes empresariales, como Franklin Báez Brugal, apoyan públicamente la Marcha Verde.
Báez Brugal, expresidente del CONEP, escribió en HOY ayer sábado que “Pretender vender la idea de que las marchas tienen una agenda oculta y que quieren desestabilizar al Gobierno, es desconocer los hechos y tratar de tapar el sol con un dedo, los que apoyan públicamente el movimiento y los que desde sus casas se sienten complacidos con lo que ocurre, lo único que quieren es castigo para los corruptos, que terminen las componendas y que los políticos actúen de manera diferente, y dejen de creer que todos somos retardados mentales que no nos damos cuenta de lo que ocurre a nuestro alrededor”.
El obispo emérito de Santiago, monseñor Ramón de la Rosa reiteró su condena de la corrupción como “basura moral que hace daño y contamina”. Y en rueda de prensa, la orden religiosa de los Capuchinos Franciscanos apoyó la Marcha Verde planteando que “la corrupción y la impunidad empobrecen la sociedad dominicana”.
Circula en las redes sociales un estudio de la institución internacional Enodo Global con el título de “República Dominicana: Corrupción, Riesgo Social y Seguridad”, que concluye en que las confesiones de Odebrecht “generaron riesgo social” en la nación. “Transformó las tensiones sociales y las quejas subyacentes contra el Gobierno en hostiles discusiones en línea y protestas. Movilizó a individuos, redes sociales, grupos de activistas y grandes segmentos de la población a la acción como nunca antes. Más aún logró que los ciudadanos cambiaran su percepción de la corrupción y la impunidad.
Sostiene que “El riesgo social representa una amenaza real para las estructuras sociales formales e informales, el Gobierno y las instituciones políticas, la seguridad y la economía”, por lo que recomienda desarrollar una comprensión profunda para diagnosticar los factores de riesgo social, diseñar estrategias para evitar que se transforme en agitación civil, y “fortalecer la agenda anti corrupción y el sistema de partidos políticos”.
La oportunidad de comenzar se la brinda la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura para renovar el Tribunal Superior Electoral y cuatro (4) miembros de la Suprema Corte de Justicia, iniciando la despolitización de las altas cortes, y buscando consenso para aprobar las leyes de Partidos y del Régimen Electoral.
Por José Cabral
El presidente Luis Abinader ha dejado claro que en él predomina más la torpeza que la razón, dado que promulgó la Ley 13-26 que saca del escenario electoral dominicano las candidaturas independientes ajustadas a la Constitución por la sentencia TC/0788/24.
Desde que conocí a Abinader cuando era un simple aspirante a la Presidencia de la República nunca observé nada que pudiera reflejar o significar las habilidades y la formación necesarias para dirigir el Estado dominicano.
Con esta nueva torpeza queda claro que el proyecto en el Congreso Nacional era un plan del partido más anti-democrático que tiene el país, el Revolucionario Moderno, el cual luego de llegar al poder sirve para muy poca cosa.
El presidente con la promulgación de la ley aprobada por los senadores y diputados deja claro que está con las peores causas y que su proyección desde la Presidencia tiene más de simulación que de vocación democrática.
La pregunta que se haría cualquier persona sensata es qué gana el presidente Abinader con promulgar y convertir en ley una propuesta que no hace otra cosa que dañar la democracia dominicana y que además lesiona la vida institucional de la nación.
Abinader ha querido conjuntamente con los tarados que conforman el Congreso Nacional extirpar las vías que pueden servir para mejorar la democracia nacional, la cual ya prácticamente no tiene legitimidad.
La verdad que no entiendo la razón por la que Abinader no ha logrado superar su torpeza en los años que lleva al frente del Estado dominicano, cuya sin razón ya se ha expresado en una multiplicidad de veces durante sus periodos de gobierno.
Sin embargo, hay un detalle que llama a la atención y es que quien fuera presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, permita que eso ocurra sin renunciar como Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, a menos de que su consejo haya sido que ese contrasentido fuera promulgado.
Ante la torpeza del presidente Abinader sólo queda la interposición de una acción directa de inconstitucionalidad ante el mismo Tribunal Constitucional para que por lógica jurídica predomine la jurisprudencia sentada por la alta corte.
Luis Abinader y su aberrante PRM deben recibir una lección de un profundo contenido político y social, ya que la sociedad no debe tolerar otra torpeza más en contra del deseo de cambio del ciudadano ante el comportamiento distorsionado de los partidos políticos.
Considero que con la promulgación de semejante disparate jurídico queda confirmado que se trata de una confrontación entre la política y el derecho, porque en los partidos pesa más el miedo que la vergüenza.
Por José Cabral
No me queda la menor duda de que la partidocracia aprovecha todo su poder para lesionar la democracia, sobre todo cuando surgen vías que puedan mejorarla.
No hay motivo para no creer que es así, pero la aprobación en el Senado y puede decirse que también prácticamente en la Cámara de Diputados de un proyecto que busca sepultar las candidaturas independientes, confirma de lo que son capaces los partidos políticos.
Lo que espero es que inmediatamente esta travesura del Congreso Nacional termine su proceso en esta instancia del Estado, pase al Poder Ejecutivo para su observación o promulgación, cuya decisión, entonces, permitirá tener una idea más clara de qué tanto la irracionalidad se ha apropiado del Partido Revolucionario Moderno y de sus dirigentes y militantes.
La pregunta que me hago es si el presidente Abinader cometería la torpeza de adherirse al despropósito de los legisladores de prácticamente todos los partidos políticos, que su ceguera no les permite ver hasta dónde llega su facultad en el sistema democrático.
Todo esto lo digo en razón de que lo que hacen los diputados y senadores es romper con el orden institucional de la Nación y si para colmo Abinader, jefe del Estado dominicano, se suma a semejante travesura, entonces podría decirse que todo constitucionalmente hablando está perdido.
Naturalmente, habría que ver cuál es la asesoría que recibiría en esta materia de un hombre con una amplia trayectoria en asuntos jurídicos y que ahora funge como consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia.
No hay que saber tanto de derecho para entender que aún una persona como Subero Isa esté en favor o en contra de la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, la TC/0788/24, no puede haber otra decisión que respetarla para preservar el orden institucional y la supremacía de la constitución de la República.
El orden jurídico nacional se rige por el principio de legalidad y la decisión del Tribunal Constitucional se ajusta a lo que dispone el artículo 47 de la Ley 137-11 en lo concerniente a la interpretación de aquellas normas que violentan la carta magna, cuya ley orgánica se deriva del mandato de los artículos 184 y 185 de la ley de leyes del país.
De manera, que cualquier decisión del presidente de la República tiene que ser en el marco de lo que dispone la Constitución de la República, cuyas candidaturas independientes son el producto de lo consignado por el constituyente en el artículo 22 de la carta magna.
Al ser así, el presidente Abinader no puede tomar otra decisión que no sea observar lo aprobado por los senadores y diputados, porque de lo contrario ese proyecto tendría una muerte segura mediante una acción directa de inconstitucionalidad ante el propio TC.
Por José Cabral.
La partidocracia dominicana está sumergida en un pantano de lodo que tiene profundas raíces culturales, cuya salvación no la puede proporcionar nadie, absolutamente nadie, porque luce algo difícil, por no decir imposible, ya que hay una famosa expresion aplicable a este caso que dice que: «árbol que nació torcido nadie lo endereza».
La figura del depredador está dentro del espíritu de los actores de la vida política partidaria de la nación, pero esa condición no es fruto del capricho de uno o dos de los que conforman la partidocracia, sino de prácticamente todos sus dirigentes y militantes, porque se trata de una visión de vida asociada con una explicación cultural, no de otra cosa.
Hay quienes justifican este comportamiento que hoy sumerge a los partidos políticos en el peor de los descréditos al atraso y la pobreza que ha caracterizado al país desde mucho antes de su nacimiento como república.
Sin embargo, la realidad es que, aunque esas consideraciones sean muy atendibles, porque ahí también entra la baja educación ciudadana, lo cierto es que en el país se ha desarrollado una visión de vida que lleva a la mayoría de la gente a sólo pensar en la adquisición de bienes materiales, aun aquellos que lo tienen todo, sin importar su procedencia.
En mi opinión, aparte de lo cultural, se suma la entrada salvaje del neoliberalismo que se ha llevado de paro los valores cívicos y morales y puede decirse que se ha robado al dominicano que ahora su princial meta es identificar la vía que le permita de forma más fácil y rápida acumular fortunas.
Yo he dicho en otras ocasiones que en el país la mayoría de los políticos quieren llegar al control del Estado para llevarse a sus bolsillos el dinero del patrimonio público, cuya principal desfachatez es que después de sus travesuras someter un proyecto de ley para atacar la corrupción.
Entonces, todo el que busca fortunas fáciles en el país tiene dos caminos para tenerlas y son el narcotráfico y la política que se ejerce a través de los partidos políticos, pequeños, medianos y grandes, cuyos dirigentes saben muy bien que cuando se prestan al juego de los que tienen mayor aceptación popular, no sólo reciben dinero de la Junta Central Electoral, sino también de la ocupación de un cargo público cuando se convierte en bisagra del que ha sido elegido para dirigir los destinos nacionales.
El problema es sumamente grave y preocupante y por esa razón a la partidocracia le importa muy poco el destino de la democracia nacional, sino buscar más dinero para el bolsillo de cúpula dirigencial, lo que explica que no respete el mandato constitucional del que se derivan las candidaturas independientes.
Por esta y otras muchas más razones sostengo que la derrota de la partidocracia en esta confrontación entre la política y el derecho va a depender de cómo se asuma la actitud del Congreso Nacional de anular una opción que no es caprichosa, sino que está consignada en la Constitución de la República, ley suprema de la nación.
Yo tengo la esperanza de que la partidocracia sea derrotada como ha ocurrido en la historia de la República Dominicana, en la que personajes con mucha sensibilidad patriótica se han armado de coraje y les han cortado las cabezas a férreas dictaduras que han retrasado el avance de la democracia nacional.
Todo el mundo sabe que, así como el doctor Joaquín Balaguer proclamaba que la Constitución no era más que un pedazo de papel, cuyo concepto aun prevalece en los nuevos actores de la vida política nacional, pero con la diferencia de que éstos simulan lo contrario, porque sencillamente el país es más de percepción que de realidad, sólo que a través de una doble cara.
Pero no se puede olvidar que, si bien la Constitución no es respetada, cuya comprobación se puede hacer con la gran cantidad de sentencias del Tribunal Constitucional no ejecutadas, las mismas siguen ahí y nadie podrá borrarlas.
Es bueno que se entienda que esa realidad de vender una percepción que no tiene nada que ver con la realidad, sólo perdurará hasta que el soberano, el pueblo dominicano, tolera las travesuras de la partidocracia que no respeta ley y que utiliza el Estado para aliarse con el bajo mundo y con los peores intereses de la nación.