Nacionales
Una sentencia que explica la importancia del control politico del CNM.
Santo Domingo.- La parte del proceso que más cuestionaba al Partido de la Liberacion Dominicana (PLD) ha logrado ser superada, lo que explica y justifica, tal vez, lo que siempre se ha señalado que el Gobierno de Danilo Medina nombró a uno de los suyos en la Suprema Corte de Justicia a los fines de garantizar impunidad cuando su gente tuviera que ser enjuiciada, exactamente como ha ocurrido ahora con Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta.
La jueza Altagracia Ramírez del Cuarto Juzgado de la Instrucción envia a juicio el fraude millonario con expropiaciones, pero descarta la parte que más sacudía al Partido de la Liberación Dominican (PLD): el supuesto uso de ese dinero para imponerse en las elecciones de 2020.
Durante años, el Estado dominicano tuvo que pagarles a ciudadanos y empresas cuyos terrenos o propiedades fueron tomados para hacer obras públicas. Eso se llama expropiación y es legal.
El problema, según el Ministerio Público, es que alrededor de esos pagos legítimos se habría armado una red de abogados, funcionarios e intermediarios que infló los montos, fabricó reclamaciones y se embolsó fondos que eran de todos los dominicanos.
La acusación dice que así se robaron más de 19 mil millones de pesos. Para ponerlo en perspectiva: esa suma equivale a lo que el Gobierno gasta en meses enteros en programas sociales.
Es importante tener presente que el hecho de que alguien sea enviado a juicio no significa que sea culpable, significa que hay pruebas suficientes para que un tribunal las examine. La inocencia o culpabilidad se decide en el juicio, no antes.
Desde el principio, la parte más explosiva del caso era la pregunta: ¿usaron dinero robado al Estado para ganar las elecciones? Si eso se hubiera podido probar, habría afectado directamente la legitimidad de toda una era política. Eso es lo que la jueza Ramírez descartó, al menos por ahora, porque las pruebas presentadas no fueron suficientes para conectar el dinero de las expropiaciones con la campaña electoral.
El resultado práctico es que Castillo —quien fue candidato presidencial del PLD en 2020— y José Ramón Peralta quedan libres de esa acusación. Y esto llega en un momento político particular: Castillo acaba de recuperar su visa estadounidense y ha mostrado interés en seguir activo dentro del PLD.
Las dos cosas a la vez, en partes distintas del caso. Logró mantener viva la parte más técnica y económicamente voluminosa del expediente. Pero perdió la narrativa política que le daba impacto público al caso. Un juicio sobre contratos y transferencias bancarias genera mucho menos interés mediático que uno sobre financiamiento ilegal de campañas.
El juicio de fondo —donde se presentarán todas las pruebas y se escuchará a los acusados— puede tardar años. El caso es técnico, voluminoso y tiene muchos imputados. Mientras tanto, el debate político sobre si los gobiernos de Danilo Medina usaron fondos del Estado para sus fines electorales seguirá sin una respuesta judicial definitiva.
En resumen, el Estado dominicano perdió miles de millones de pesos en un presunto esquema de fraude con expropiaciones. Eso va a juicio. Pero si ese dinero terminó en una campaña política, por ahora, no se pudo demostrar.
Nacionales
Falta de interés de jueces de la Suprema por evaluación crea preocupación en algunos sectores de la sociedad.
Santo Domingo.- Una cierta preocupacion en la sociedad civil ha creado la renuncia de la jueza María Garabito a postularse para mantener su cargo en la Suprema Corte de Justicia, lo que a pesar de que abre una tercera plaza para un nuevo aspirante, pero que causa mucha atencion el poco interes de someterse a la evaluación en el Consejo Nacional de la Magistratura.
Que ya sumen tres los jueces que decidieron salir del Poder Judicial genera preocupación entre representantes de la sociedad civil.
Desde Participación Ciudadana se cuestionan las razones de las decisiones del presidente de la Suprema Corte, Luis Henry Molina, y las juezas Nancy Salcedo y María Garabito, aunque otras organizaciones consideran que solo es el cierre de una larga carrera judicial.
Con el retiro voluntario de Garabito, la magistrada marca el cierre de una destacada trayectoria de más de 38 años dedicada a la administración de justicia.
Ahora el Consejo Nacional de la Magistratura deberá cubrir tres vacantes, además de desarrollar el proceso de evaluación de los demás jueces.
Fue revocado este jueves por la Segunda Sala de la Corte Penal el auto de no ha lugar que favoreció a Jean André Pumarol Fernández, por lo que enfrentará un juicio de fondo por el ataque con arma blanca a sus vecinos y en cuya agresión falleció una mujer de 70 años.
Los jueces del tribunal de segundo grado, presidido por Ysis Muñiz Almonte e integrado por Teófilo Andújar y Luis Jiménez, también dictaron prisión preventiva de tres meses a Pumarol Fernández, a ser cumplida en el centro de Anamuya, en Higüey.
El magistrado Andújar emitió un fallo observado, que quiere decir que está de acuerdo con la decisión, pero no con la motivación.
- El procesado no se encontraba en audiencia, como el pasado 23 de julio, cuando se aplazó la decisión de la corte.
El fallo deja sin efecto el emitido por el juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien rechazó enviar a juicio de fondo al acusado, al argumentar el magistrado que al momento de herir de gravedad a las víctimas este estaba bajo un cuadro sicótico.
Pumarol atacó a las víctimas el miércoles 23 de julio de 2025, alrededor de las 4:00 de la tarde, en el Condominio Naco Dorado IV, agresión que dejó como resultado la muerte de Yolanda Handal Abugabir, de 70 años, dentro de su apartamento, al cual el victimario tocó y se le abrió la puerta.
También causó lesiones al menos cinco personas, entre ellas a su padre, y a la doméstica de la víctima.
Santo Dpmingo, R.D.-El primer sustituto del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, el juez Manuel Herrera Carbuccia, presentó su renuncia como magistrado de esa alta corte.
La decisión fue comunicada mediante una carta dirigida al mandatario Luis Abinader, en su calidad de presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Con esta dimisión, ya suman cuatro los jueces que han declinado participar en el proceso de evaluación establecida por la ley para determinar su continuación o remoción de la alta corte.
Herrera Carbuccia, quien finaliza un ciclo de 14 años en el Poder Judicial, expresa en su misiva recibida este miércoles por la Secretaría del CNM.
Entre el lunes y ayer comunicaron también su decisión a no continuar en la alta corte el actual presidente Luis Henry Molina, Nancy Salcedo y María Garabito Ramírez.