En el país se desarrolla un debate nacional sobre la decisión tomada por el Congreso Nacional, conformada por diputados y senadores provenientes de los partidos políticos tradicionales, que busca eliminar las candidaturas independientes del sistema electoral nacional.

La ilegalidad de los legisladores choca frontalmente con el mandato de la Constitución de la República que dispone en su artículo 2 y 22 que la soberanía del pueblo dominicano descansa en el ciudadano y es el único que disfruta del derecho de elegir y ser elegido.

Pero en una interpretación distorsionada y negadora del espíritu democrático de la carta magna los partidos políticos a través de sus senadores y diputados, principalmente el Revolucionario Moderno, hoy en el poder, se han empañado en anular las candidaturas independientes que son el resultado en su nueva versión de una interpretación del Tribunal Constitucional en virtud de su facultad otorgada por los artículos 184 y 185 de la ley sustantiva de la nación y el 47 de su ley orgánica, la 137-11.

Los diputados y senadores han pretendido atribuirse una facultad que no tienen de abolir una norma que es el resultado de una jurisprudencia sentada por el Tribunal Constitucional, olvidándose que, si bien ellos tienen la autoridad de interpretar la constitución en su labor legislativa, pero que la misma no es definitiva ni vinculante, como son aquellas que provienen del TC.

Sin embargo, el Congreso Nacional sostiene su posición en que para introducir las candidaturas independientes en el sistema electoral nacional debe producirse una modificación constitucional, lo cual choca con lo ya decidido por el alto tribunal en torno a la figura, pero además que esa decisión no está en el contexto de la competencia del legislador, sino de la alta corte.

La cuestión toma otra dimensión porque habrá que ver cuál es la decisión del presidente Luis Abinader, ya que el proyecto aprobado para eliminar las candidaturas independientes ahora pasa a su control y del Poder Ejecutivo debe venir una observación o la promulgación de una ley que sería inconstitucional y que entonces devuelve el asunto hacia el propio TC mediante la interposicion de una acción directa de inconstitucionalidad.

De cualquier modo, el proyecto de ley aprobado por ambas cámaras pone en una situación difícil, no sólo a la democracia, sino también a la vida institucional de la nación, ya que lo aprobado en el Congreso Nacional cuestiona la autoridad de un órgano facultado por la Constitución para interpretar las normas e incluso los tratados y convecciones del derecho internacional.

Ahora falta esperar cuál será el próximo paso de un gobierno que no planifica nada y que carece de un plan estratégico a corto, mediano y largo plazo para que el dominicano cuente con una mejor democracia.

El reto está echado, pero del presidente inclinarse por la promulgación del proyecto dejaría la democracia muy mal parada, incluida su propia legalidad como jefe de Estado y de observarla estaría fortaleciendo la institucionalidad que tanto se cuestiona en el país.

Sólo falta esperar.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, busca reforzar la influencia de Washington en la región mediante una política en contra del narcotráfico y la migración, además de reducir la presencia china en la zona, la cual parece apoyarse más que en otra cosa en lesionar la dignidad que deben exhibir los mandatarios de los países latinoamericanos, lo cual quedó en evidencia  en el encuentro celebrado recientemente en Miami.

En La actividad, que tuvo lugar en el Trump National Doral Miami, en la que estuvieron presentes 12 líderes latinoamericanos, incluido Luis Abinader de la República Dominicana, hubo una señal de que la dignidad de las naciones allí representadas rueda por el suelo.

En el encuentro hubo hasta bromas de mal gusto por parte de Trump cuando dijo que no le da la gana de aprender el maldito idioma de los mandatarios convocados, cuya expresión aparentemente hizo mucha gracia a los líderes allí presentes, porque los mandatarios invitados tuvieron una sonrisa de buena acogida a lo expresado.

Pero tal vez lo que más causa cierta preocupación de los presidentes y líderes allí presentes es que el contacto con ellos es parte de un plan que busca lesionar sus propios derechos, ya que los usa como tontos útiles para evitar aranceles y otras medidas arbitrarias del jefe de Estado de la potencia del norte.

Lo cierto es que más que desarrollar una política de respeto con los países latinoamericanos, este tipo de encuentro lo que persigue es aumentar los niveles de colonización y podría decirse de humillación de los países latinoamericanos.

Lo que no se entiende es hacia dónde se dirige la política de humillación y de manipulación en detrimento de la dignidad de los gobernantes latinoamericanos, cuya respuesta de ellos es una sonrisa complaciente y de plena satisfacción, aparentemente por tener más miedo que verguenza.

Lo que ocurre en Venezuela envía un mensaje muy contundente de que el mundo se ha doblegado ante el capricho de Donald Trump, quien se apoya en un comportamiento que distorsiona la democracia del continente y de todo el mundo.

Los ataques en contra de las naciones aparentemente libres que se imponen por el poder económico, político y militar de los Estados Unidos, cuyo país más rebelde que no acate el capricho de Donald Trump, puede ser reprimido con aranceles y a través de su política migratoria.

Es un trance muy peligroso el que vive el mundo, cuya estabilidad va a depender hasta el final de la administración Trump, de su volátil mentalidad y aspiración, anunciada por él mismo, de disfrutar de una dictadura en que los derechos de los Estados y de los ciudadanos estén determinados por su voluntad y deseo.

La guerra desarrollada en contra de Irán, independientemente de los abusos denunciados que allí se cometen, implica una expresión muy fiel de una forma de usar el poder público, que proporciona el Estado, para incurrir en arbitrariedades y atropellos imperdonables.

Dice una famosa expresión que no hay peor diligencia que aquella que no se hace, lo cual muy bien puede ser aplicado a un país como la República Dominicana, donde se observa un acomodamiento con la inversión de valores y lo mal hecho.

Es tan grave el problema que el dinero es la regla del juego que prevalece y las cosas son buenas o males a partir de qué tanto se puede dar, es decir, que mediante  esa  regla, pero no de cualquier mercado, sino de aquel que no importa cómo se haya conseguido lo monetario o bienes materiales, sino que lo que importa es qué se tiene materialemte hablando.

Y esto, naturalmente, impacta el escenario en el que se mueve el que quiere ascender al control del Estado y del patrimonio público, porque la gente mide el éxito del individuo a partir de lo que tiene, no importa que para adquirirlo le haya cortado la cabeza a su vecino.

Además, una sociedad donde la promoción social y económica esté soportada en fenómeno como el amiguismo, no en el mérito, las cosas prácticamente se vuelven inmanejables, exactamente lo ocurre en la sociedad dominicana.

El amiguismo permite que cualquier persona entre a cualquier circulo de poder para depredar el patrimonio público e incurrir en cualquier travesura que debe pagar el ciudadano que cumple con sus obligaciones en procura de la consecución de una mejor sociedad.

Ese fenómeno del amiguismo es una puerta abierta para que cualquier inescrupuloso o incapaz entre a controlar instituciones públicas que a la postre crea grandes daños al Estado y a toda la sociedad, porque ése, generalmente, no mide consecuencias, dado que no tiene la capacidad o la formacion para discernir  el daño que pueee causar..

De manera, que la incapacidad para dirigir el Estado, la falta de ética y de moral para ocupar una función estatal representa una grave amenaza para todos y cada uno de los ciudadanos de cualquier sociedad que tenga como objetivo superar su estado de pobreza, lo que impacta negativamente los enunciados de los derechos fundamentales consignados constitucionalmente.

La contradicción entre los textos legales y la realidad crea grandes escollos para que las naciones, sobre todo las del tercer mundo, puedan trascender a un estado de justicia social y económica propias de los nuevos tiempos.

Sin embargo, todo descansa en qué medida los niveles de institucionalidad, cuyas principales expresiones son el respeto del principio de legalidad y de la conciencia de los ciudadanos para empoderarse y hacer de la nación una nueva y con perspectiva diferente de vida, en la que pase a un segundo plano la incapacidad, la improvisación y el no apego a lo ético-moral