La República Dominicana y Haití son dos Estados con alguna similitud como consecuencia de la falta de institucionalidad que aqueja a ambos, lo cual genera que el abordaje de los problemas en lo referente a políticas públicas, sean tan parecido.

Sin embargo, hay que decir que para ser realista, el Estado dominicano, por lo menos de palabras, es de hecho y de derecho diferente, aunque con una alta contaminación.

Por su parte, el Estado haitiano sólo existe en el papel, es decir, que en la práctica es un fantasma, por lo que no se puede esperar ningún tipo de eficiencia y planificación de sus ilegitimas autoridades.

En estas cuestiones descansa la pobreza que afecta a ambas naciones, son países con una baja educación y con unos niveles muy altos de corrupción, por lo que la crisis dominico-haitiana está determinada por un problema que muy bien podría ser semántico, toma o desvío, cuyo último es el que constituye una real violación del Tratado de 1929.

En consecuencia, el diferendo entre ambos países, que ocupan la misma isla, no puede sorprender a nadie, cuya agravante está representado por la irresponsabilidad con que se manejan los asuntos de Estado, la poca seriedad y regurosidad con que se asumen los problemas de estas naciones.

De manera, que la crisis dominico-haitiana, derivada de la construcción del canal de riego que se construye en Juana Méndez, es algo carente de sentido, no porque no tenga importancia irrigar las tierras de la empobrecida nación y exigir el respeto de los acuerdos, sino porque hace años que los mecanismos de solución están plasmados en el Tratado firmado en el 1929, el cual delimita los derechos y deberes de ambos, por lo que si fuera sólo una toma no debe ser motivo de conflictos, pero si se trata de un desvío entonces se ha incurrido en una  falta grave que viola lo acordado.

Pero tanto uno como el otro parece que no manejaron con la suficiente seriedad el tema que ha degenerado en la crisis, aunque se sabe que en por lo menos en la República Dominicana hay una cultura de manejar los asuntos que comprometen su porvenir con superficialidad y un buen ejemplo sobre este particular fue el Tratado de Libre Comercio firmado entre Centroamérica, República Dominicana y los Estados Unidos, en el que el gobierno nacional no supo defender una cuestión tan delicada y con un profundo contenido social, político y económico para el país como es el arroz y permitió que el productor del cereal pueda ser liquidado de una forma impensada.

Es una pena que estas cosas ocurran, pero la cultura de la improvisación y la falta de un pensamiento profundo y estratégico para manejar los asuntos del Estado sólo deja como resultado este tipo de conflicto y situaciones desventajosas para la sociedad.

Tanto el conflicto con Haití como la firma del D.R. CAFTA por parte de la República Dominicana ha dejado una secuela de daños que parecen ser irreparables, porque en por lo menos el último ha habido un ultranacionalismo que daña, en ambas naciones, que tal vez sus relaciones jamás vuelvan a ser iguales, pese a las acusaciones raciales de siempre.

Sin embargo, puede afirmarse que lo racial no ha sido lo fundamental para que las cosas hayan llegado a estos niveles, pese que no se puede negar que es un componente importante en la relación entre ambas naciones, sino que la torpeza de las autoridades dominicanas es el elemento que más pesa para que las cosas estén en el nivel en que se encuentran en estos momentos.

La realidad es que el Gobierno pudo manejar mejor la situación creada con la toma o el desvío del rio Masacre, pero todo parece indicar que primó más la superficialidad que la profundad de pensamiento que requería el asunto.

Pero no queda de otra que la paciencia y que la solución al diferendo sea el resultado de los estudios técnico-científicos planteados por este periódico mediante un arbitraje internacional, a fin de que prime la justicia y el respeto a los acuerdos firmados entre ambas naciones en torno al rio Masacre

La corrupción administrativa es uno de los más grandes flagelos que ha golpeado históricamente a la República Dominicana, porque genera más pobreza y grandes dificultades para convertirse en un país realmente viable.

Son muchas las veces que se ha dicho que con lo robado en el país se pueden construir varias republicas dominicanas, tal vez hasta mejores que la que se tiene en la actualidad.

Nadie puede negar que es un cáncer que genera pobreza, desigualdad, exclusión social y miseria, entre otros agravantes.

La corrupción tanto pública como privada representa una verdadera tragedia nacional, pero si este flagelo está acompañado de lo que constituye otra cultura nacional como es la improvisación, además de la incapacidad y la falta de planificación estratégica, entonces el asunto se vuelve trágico.

Precisamente esto ocurre en el país con cualquiera de los partidos políticos que se fundaron para promover esos antivalores y a partir de esa premisa se puede decir que no diseñan políticas públicas para combatir eficientemente problemas como el de la inmigración haitiana, la contaminación ambiental y todo el desorden que representa la República Dominicana.

Probablemente el PRM puede ser menos corrupto que el PLD, la FP, PRD y PRSC, entre otras ofertas electorales, pero de lo que se puede estar seguro es que tal vez no haya en el país ninguna otra organización con un nivel de improvisación y de incapacidad como el que exhibe el partido oficial.

 Cada tema delicado que ha manejado el gobierno, ha arrojado los mismos resultados, porque no planifican nada e incluso son expertos en hacerse enemigos de aquellos que los quieren ayudar sinceramente, sin nada a cambio.

El ejemplo más reciente de la dolencia del PRM es la crisis dominico-haitiana, cuyo presidente Abinader lleva años buscando convertirse en el principal blanco de los haitianos, porque ha recorrido un largo camino en la comunidad internacional para que invadan un país que no es el suyo, lo cual representa una intromisión en los asuntos internos de otra nación.

Este periódico ha dicho reiteradamente que el presidente Abinader no sabe un ápice de lo que es un Estado y en consecuencia su gobierno no puede ser otra cosa que un gran desastre, sólo apoyado en la doble moral y en la falta de sentido común.

El diferendo entre haitianos y dominicanos representa un revés político para un partido que no sabe qué hacer cuando se presentan crisis de esta magnitud, así exactamente como cuando se le echa veneno a un asentamiento de cucarachas que corren despavoridas sin saber hacia dónde.

Sin embargo, lo más preocupante del asunto es que el impacto de esa mala política del PRM repercute de una forma muy severa en contra del Estado y la sociedad dominicana.

A Dios que reparta suerte, porque como bien se plantea en este editorial, si bien la corrupción constituye una tragedia nacional, igual ocurre con la improvisación y la incapacidad, todas encontradas en el PRM, PLD, FP, PRD y PRSC y demás yerbas.

La figura de las candidaturas independientes hace muchos años que forma parte del derecho comparado y su propósito es darle la opción al ciudadano de que no tenga que unirse a un partido político con personalidad jurídica para participar de la democracia y para ejercer el derecho fundamental de elegir y ser elegible.

En esta materia es importante dejar claro que el derecho constitucional y convencional está cimentado sobre la base de la persona humana y que el derecho al voto se ejerce mediante el ejercicio de la ciudadanía.

Siendo así, entonces se puede colegir que la figura jurídica de las candidaturas independientes es una forma de reforzar un derecho tan sagrado de la democracia como es el de elegir y ser elegible, el cual es consustancial al ciudadano, a la persona humana.

Por lo que no se entiende que el legislador juegue semánticamente con una figura jurídica que permite que el votante que esté harto de los partidos políticos que sólo saben muy bien hacer corrupción, tenga la opción de participar de la democracia sin contaminarse con una serie de organizaciones que han depredado el patrimonio público.

Por esta razón, hay que dar la voz de alarma para que en el país se cree todo un debate nacional sobre la figura jurídica de las candidaturas independientes, en razón de que el legislador recurre a un juego semántico para distorsionar y evitar que la gente se acoja a tan importante derecho fundamental de elegir y ser elegible.

 El que estudia la ley queda con la sensación de que la figura jurídica de las candidaturas independientes ha sido creada para dar la idea de que el país está a tono con el derecho comparado en materia electoral, pese a que la realidad parece ser otra, lo que representa un serio cuestionamiento a la democracia y al estado de derecho.

No es descabellado pensar de esa forma si se parte de la realidad de que las leyes las aprueban y las promulgan los principales actores de la partidocracia y así como se comprometen con el bajo mundo y la depredación del patrimonio público, pueden muy bien armar una trampa para mantener secuestrada a la ciudadanía y que en consecuencia la democracia no se adecente y que no arribemos a una mejor sociedad.

Sólo ello puede explicar el manejo semántico del artículo 156 de la Ley 2023 en franca violación al espíritu de la constitución y del derecho internacional público a nivel electoral, lo cual representa una treta que el ciudadano debe desmontar.

La pelota en lo que respecta a las candidaturas independientes está en la cancha de la junta central electoral, el tribunal constitucional y de los abogados constitucionalistas que serán consultados al respecto.