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El impacto de los ERTE en el fútbol

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El autor, abogado de derecho deportivo, explica cómo se aplica un expediente de regulación en el deporte profesional

Como consecuencia de la entrada en vigor del Decreto-ley del 17 de marzo de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social de la Covid-19, se ordenó el cierre temporal de los centros deportivos, entre los que se encuentran los campos de fútbol y gimnasios. Ello ha originado la imposibilidad temporal de desarrollar la actividad principal a los clubes, y por ende la paralización de sus ingresos principales, los generados a través de la televisión, que suponen un porcentaje muy importante del total. Mientras tanto, sus gastos no han disminuido, especialmente los relativos al coste de plantilla deportiva que, a su vez, suponen un porcentaje muy alto en sus presupuestos.

¿Cómo se aplica un ERTE? Si el club entiende que se encuentra dentro de las actividades afectadas por la Covid-19 debe solicitar ante la autoridad laboral que declare la existencia de causa de fuerza mayor, aportando un informe relativo a la vinculación de la pérdida de actividad y documentación acreditativa; si la actividad se encuentra dentro de las contenidas en el listado publicado de actividades afectadas directamente (gimnasios, campos de fútbol), únicamente debe de acreditar estar ejerciendo dicha actividad. La autoridad tiene el plazo de cinco días para resolver sobre el mismo, siendo aprobado por silencio administrativo si en dicho plazo no se ha respondido por la autoridad laboral, aunque posteriormente se puede revisar la certeza de las circunstancias alegadas.

Dos son las medidas que pueden solicitarse por los clubes afectados, incluso coetáneamente sobre contratos distintos; la suspensión temporal del contrato, lo que se traslada a que los contratos de trabajo se equiparan a la situación de desempleo temporal, y la reducción de la jornada ordinaria de trabajo entre un mínimo de un 30% y un máximo de un 70%; en ambos casos los contratos de trabajo se activan automáticamente a las condiciones previas al inicio del ERTE, una vez sea suspendido el estado de alarma.

Por tanto, los clubes pueden solicitar la suspensión de los contratos de sus trabajadores, deportistas y no deportistas, suspendiéndose la obligación del pago del salario por un lado y la obligación de trabajar por otro, pero manteniéndose el contrato en vigor, equiparando su situación temporalmente a la situación legal de desempleo; en este caso se mantiene a todos los trabajadores el derecho a cobrar la prestación por desempleo y en los límites establecidos legalmente, con un máximo de 1.411,83 euros mensuales si tiene a su cargo dos hijos o más. También el decreto exonera a los clubes que solicitan y les es autorizado el ERTE por causas de fuerza mayor, del abono de la aportación empresarial a la Seguridad Social si tienen menos de 50 trabajadores y del 75% de la cuota a los demás, sin que esa exoneración perjudique las cotizaciones de los deportistas, que se mantiene considerando dicho periodo como cotizado a todos los efectos. En este caso, los deportistas únicamente percibirán dicho importe del Estado, sin que exista obligación alguna por parte de la empresa a abonar la diferencia.

La segunda modalidad se refiere a la reducción temporal de la jornada laboral, que podrá ser de entre un 30% y un 70%. Con esta medida el contrato se mantiene activo y únicamente se produce una reducción del tiempo de trabajo y proporcional del salario durante el período de la adopción de la medida. A modo de ejemplo si a un futbolista le reducen su jornada un 70% y mantiene un salario anual de 365.000 euros se calculará el salario diario, 1.000 euros, aplicándole una reducción de 700 (70%) diarios durante el estado de alarma; en ningún caso dicha reducción se produce sobre el porcentaje de su salario total, únicamente sobre el salario de los días afectados por la medida.

En este último supuesto, el club deberá seguir abonando el importe de las cotizaciones correspondientes por la jornada efectivamente trabajada (30%) considerado el resto de jornada como cotizado a todos los efectos. A su vez, el deportista percibirá temporalmente del club el importe correspondiente al 30% de su salario, que será complementado con la prestación por desempleo proporcional al tiempo de jornada reducida con el importe máximo de 988,28 euros (70% de 1.411,83 euros).

En resumen, la solicitud de ERTE de suspensión de jornada o en su caso de reducción de jornada, formulada por los clubes va a tener importantes efectos económicos en los futbolistas, quienes van a ver mermados sus ingresos temporalmente.

Santiago Nebot es abogado especialista en derecho deportivo, exdirector de la asesoría jurídica de la AFE y árbitro de la cámara de resolución de la FIFA.

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Estudio revela hombres de países ricos y con igualdad de género comen más carne que las mujeres

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AGENCIA EFE

El objetivo del equipo era analizar las diferencias del consumo de carne entre hombres y mujeres en países con distintos niveles de desarrollo social y económico (medidos por la esperanza de vida, los años de escolarización y la renta nacional bruta)

Suiza.- Los hombres tienden a comer carne con más frecuencia que las mujeres, una diferencia que aumenta en los países con mayores niveles de igualdad de género, desarrollo social y desarrollo económico, según un estudio publicado este jueves en Scientific Reports.

Los autores del estudio, dirigido por Christopher Hopwood, de la Universidad de Zurich (Suiza), atribuyen esta diferencia a que los individuos de estos países tienen más oportunidades de expresar sus preferencias alimentarias.

El objetivo del equipo era analizar las diferencias del consumo de carne entre hombres y mujeres en países con distintos niveles de desarrollo social y económico (medidos por la esperanza de vida, los años de escolarización y la renta nacional bruta).

También tuvieron en cuenta el nivel de igualdad de género del país, medido según la participación económica, los niveles de educación, el empoderamiento político, la salud y la supervivencia.

Para hacer el estudio, utilizaron los datos de una encuesta realizada en 2021 a 20.802 participantes de 23 países de América del Norte y del Sur, Europa y Asia que debían declarar su sexo y la frecuencia con la que comían carne.

Los autores descubrieron que, a excepción de China, India e Indonesia, los hombres solían comer carne con más frecuencia que las mujeres.

Las diferencias en el consumo de carne en ambos sexos tendían a ser mayores en los países con mayores niveles de igualdad de género y desarrollo social y económico, con mayores diferencias en Alemania, Argentina, Polonia y Reino Unido.

También descubrieron que los hombres y las mujeres de países con mayores niveles de igualdad de género y desarrollo social y económico tendían a comer carne con más frecuencia que los de países con menores niveles de renta.

El consumo total de carne era mayor en Tailandia, China, Estados Unidos y España.

Reducir el consumo de carne

El equipo cree que unos niveles más altos de igualdad de género y desarrollo pueden proporcionar a las mujeres una mayor libertad para elegir comer carne con menos frecuencia y también pueden permitir a los hombres comprar y comer carne con más frecuencia.

Los resultados también indican que pueden ser necesarias diferentes estrategias para fomentar la reducción del consumo de carne en países con distintos niveles de desarrollo social y económico para reducir el impacto medioambiental de la agricultura.

Así, los investigadores sostienen que ofrecer a los consumidores más oportunidades de consumir alternativas a la carne de origen vegetal o carne cultivada (de laboratorio) puede ser más eficaz en los países con mayores niveles de desarrollo.

En paralelo, incentivar la producción de alternativas a la carne de origen vegetal o de carne cultivada puede ser más eficaz en los países con menores niveles de desarrollo, concluye el estudio.

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Estados Unidos ofrece 170 millones a Guatemala para prevenir la migración irregular

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El presidente de Guatemala aprovechó su gira en Washington para pedir acompañamiento de la OEA en el proceso de elección de magistrados para las Cortes del país.

Ciudad de Guatemala.- El Gobierno de los Estados Unidos ofreció esta semana durante la visita a Washington del presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, que aportará 170 millones de dólares más para el país centroamericano destinados a proyectos de salud, desarrollo y seguridad con el objetivo de combatir las causas centrales de la migración.

Alrededor del mediodía, Arévalo y Harris dieron una conferencia de prensa en la que vicepresidenta reiteró el apoyo de su Gobierno hacia Guatemala. “Su elección ha traído un sentido de optimismo a la gente de los Estados Unidos y alrededor del mundo. (…) Mientras usted responsabiliza a los actores corruptos y promueve una buena gobernanza, nosotros lo apoyamos”, manifestó Harris al presidente guatemalteco.

Harris recalcó la importancia de la lucha contra la corrupción tanto para mitigar la migración irregular como para atraer inversión económica hacia Guatemala. “La corrupción empodera a las organizaciones criminales y perpetúan la violencia, factores que obligan a la gente a dejar su país de origen”, agregó.

Por su parte, Arévalo agradeció el apoyo recibido por el Gobierno estadounidense durante el “difícil proceso de elección presidencial y de transición” y reiteró su compromiso de luchar contra la corrupción. “Mantendremos nuestro compromiso como gobiernos para fomentar la participación de todos los sectores para construir una Guatemala nueva, democrática y mucho más próspera”, señaló el mandatario.

El anuncio de los 170 millones más que se adicionarán para invertir en Guatemala, se anunciaron por medio de un comunicado de prensa previo al encuentro de los funcionarios. Esto forma parte de la ruta de trabajo que Estados Unidos ha implementado, según Harris, en los últimos tres años para abordar las causas fundamentales de la migración irregular de Centroamérica.

Arévalo pide ayuda a la OEA

Como parte de su gira en Washington la que inició el domingo y concluyó este miércoles, el presidente Arévalo participó el martes en la Sesión Protocolaria de la Organización de Estados Americanos (OEA), en la que manifestó su agradecimiento por todo el apoyo recibido durante la transición de Gobierno y les pidió el acompañamiento para la elección de magistrados para Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones, un proceso que se realizará en los próximos cinco meses y en el que el Congreso de Guatemala, deberá elegir a los magistrados que dirigirán ambas cortes para el periodo 2024-2029.

“Guatemala solicita a la Organización de Estados Americanos que de acompañamiento a la selección de autoridades del sistema de justicia mediante una misión de observación de este proceso”, dijo. El mandatario indicó que el país está a la víspera de iniciar una “batalla” jurídica y política contra grupos que controlan el aparato judicial y por eso pidió el apoyo de la OEA.

En la nación centroamericana, la elección de magistrados para ambas Cortes ha sido un proceso viciado en el que abogados, magistrados, exfuncionarios públicos y empresarios han estado en prisión debido al tráfico de influencias y el manejo ilegal que en su momento descubrió e investigó la extinta Comisión Internacional contra la Corrupción en Guatemala (CICIG) para nombrar magistrados. Esta elección es una de las más esperadas y complejas en el Legislativo desde hace más de cuatro años.

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Cómo acelerar la transición energética en América Latina

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“Podríamos transformarnos en potencia energética”, dice el ministro de Minas y Energía de Colombia, Andrés Camacho. Pero expertos coinciden en que es necesaria una mayor planificación

Buenos Aires.- La transición energética es una de las claves del momento en materia ambiental. El reto es reducir el uso de combustibles fósiles (gas, petróleo y carbón) para reemplazarlos progresivamente por energías renovables. En este escenario, América Latina se encuentra ante una gran oportunidad. Con un enorme potencial para el desarrollo de energía fotovoltaica, eólica, biocombustibles o hidrógeno verde, la cuestión es cómo aprovecharla y qué camino tomar para acelerar el proceso.

Las energías renovables, en aumento

Según el panorama energético 2023 de América Latina y el Caribe, publicado por la Organización Latinoamericana de Energía (Olade), la capacidad de generación eléctrica con fuentes de energías renovables no convencionales en 2022 se incrementó: la eólica, un 10% y la solar, 46%. “El 95% de la nueva capacidad instalada en generación eléctrica en el año 2022 fue renovable y aún existe una brecha que cubrir de 16,2 millones de habitantes en cuanto a cobertura del servicio eléctrico”, aclara el informe.

Brasil, por ejemplo, es uno de los líderes mundiales en inversión en energía eólica, “además de contar con un buen nivel de inversión en investigación y desarrollo tanto público como privado”, agrega Bersalli. Mientras en Chile, según María Trinidad Castro Crichton, directora ejecutiva del World Energy Council (WEC) en ese país, “las energías renovables alcanzan un 54% en la matriz energética, explica. Además, “tiene una capacidad proyectada de producir 70 veces los requerimientos en combustibles tales como el hidrógeno bajo en emisiones”. A eso se le suma, apunta la experta, la gran capacidad de generación de energía fotovoltaica, gracias especialmente a la alta radiación solar en el norte y también de energía eólica por los fuertes vientos del sur de Chile.

La importancia de la planificación

El país sudamericano se comprometió al desafío de la carbono neutralidad para el año 2050 con una transición energética que debe considerar la accesibilidad, seguridad y sustentabilidad del suministro energético, recuerda Castro. “Chile centró su política energética como parte de su estrategia de desarrollo. Es una visión a largo plazo que trasciende los Gobiernos de turno. En este sentido, contamos con una hoja de ruta que define ejes estructurales que vamos actualizando de forma participativa conforme avanzan los años”, señala.

En esta misma línea, el ministro de Minas y Energía de Colombia, Andrés Camacho, destaca que hay dos elementos clave para el proceso de transición energética justa que está desarrollando su país: que sea una apuesta de todas las áreas del Gobierno —no sólo de las de energía— y que haya una respuesta favorable por parte de la sociedad. “Buscamos reducir el extractivismo, desarrollando otros sectores de la economía, como el campo, la industria y el turismo. La idea es garantizar fuentes de ingreso que sustituyan las del petróleo, gas y carbón”, detalla a América Futura el funcionario.

Incluso, recuerda que Colombia tomó la decisión de no conceder más contratos de exploración de petróleo ni hidrocarburos y, así, no aumentar más la frontera extractiva. Además, están llevando adelante un proyecto de comunidades energéticas: “Estamos en pleno desarrollo de más de 5000 comunidades energéticas en todo el país que tienen el propósito democratizar la energía. Tenemos agua, sol y viento para aprovechar. Como continente podríamos transformarnos en potencia energética, complementándonos con los países que tienen minerales, que nos daría un buen margen de competitividad en la disputa geopolítica que el mundo está recorriendo”.

En el caso de Costa Rica, “lo que más se explota es la energía hidroeléctrica que ocupa más del 70% de la matriz”, explica Federico Varela, Gerente General de HiPower, empresa costarricense líder en energía solar. ”Lo que sucede es que cuando se tiene tan alta dependencia de un tipo de energía, la planificación de la demanda es crucial. En 2023, al extenderse el fenómeno de El Niño los embalses se vaciaron, provocando que se tuviera que importar energía de otros países . Ante esto, la energía solar y eólica deberían ser alternativas a la hidroeléctrica”, sostiene. Sin embargo, la política pública actual en Costa Rica no fomenta la adopción de este tipo de energía, lo que viene con aumentos en la tarifa.

¿Y qué pasa con Argentina? Martín Dapelo, especialista en energías renovables y fundador de la empresa On Networking, afirma que, con el nuevo Gobierno de Javier Milei y los cambios que está llevando, “se quitaron beneficios a las renovables y se les mantiene a los hidrocarburos”. En ese sentido, menciona el DNU, el decreto de necesidad y urgencia, que “derogó los beneficios fiscales en materia energética que tenía la generación distribuida”, aquella que permite que cada usuario de la red eléctrica pueda generar su propia energía a partir de fuentes renovables y pueda inyectar los excedentes al sistema energético tradicional. Mientras, los hidrocarburos aún tienen subsidios.

Los retos de América Latina

Los especialistas coinciden en que Latinoamérica necesita saldar ciertas asperezas para unirse en pos de una alianza regional que facilite y dé fortaleza a esta clase de políticas. “Los desafíos que impone la emergencia climática, los conflictos geopolíticos, la era post pandemia, entre otros, necesitan del liderazgo de personas que sirvan de guía para construir en conjunto una casa común mejor para todos”, asegura Crichton, de WEC Chile.

En el mismo sentido, Anahí Urquiza, investigadora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2, dice que en la región hay muchísimo que hacer en materia de investigaciones propias y desarrollo de la ciencia, sin dejar de mirar a los pueblos originarios que “viven de manera diferente en su relación con los ecosistemas”. “Debemos ganar fortaleza para no perder el foco frente a los vaivenes políticos”, sostiene Urquiza. “Para avanzar en estas áreas, necesitamos que las inversiones sean mayores, crear institucionalidad que permita generar una articulación adecuada entre la evidencia científica, el diálogo con los territorios y las decisiones de largo plazo”. ¿Estará Latinoamérica a la altura de poder realizar una transición soberana a largo plazo, poniendo foco en las fortalezas de la región?

Cómo acelerar la transición energética

Los especialistas consultados por América Futura coinciden en una serie de pasos en los que cada país debe trabajar para acelerar la transición:

1. Focalizar en medidas de eficiencia energética e invertir en renovables.
2. A nivel macro, facilitar las inversiones en tecnologías de energía renovable pero también en infraestructura, como líneas de transmisión y distribución, sistemas de almacenamiento.
3. Adecuar normativas, legislaciones y reorientar progresivamente los subsidios energéticos que benefician a los combustibles fósiles hacia las energía limpias.
4. Desarrollar alianzas sólidas a nivel latinoamericano para crear cadenas de valor regionales en torno a las energías renovables, la movilidad eléctrica, transporte público como, por ejemplo, líneas de ferrocarriles rápidos.

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