Opinión
El infinito vuelo de Bernarda Jiménez
Por Juan Bolívar Díaz
Bernarda Jiménez ha levantado su vuelo infinito sin dar el menor preaviso, expandiendo consternación en la comunidad dominicana en España y en todos los que la conocieron en la República Dominicana de donde partió hace cuatro décadas para consagrarse como la mayor defensora de los derechos y la dignidad de los dominicanos que buscaron en el viejo continente las oportunidades de progreso que no encontraban en el país.
Es difícil descubrir en toda la diáspora dominicana por el mundo una persona que acumulara tantos méritos como Bernarda Jiménez Clemente y que luchara con tanta valentía, involucrando a su esposo español y sus dos hijos, contra las discriminaciones y exclusiones desde 1987 cuando lideró la fundación del Voluntariado de Madres Dominicanas en España (VOMADE) hasta su triste partida este 3 de septiembre presidiendo la Fundación Dominicana para Prevenir la Violencia Juvenil creada hace casi tres años para gestionar el proyecto que auspicia la Embajada dominicana en España con el objetivo de ofrecer atención y tratar de rescatar a los muchachos inadaptados que se refugian en dos agrupaciones de liderazgo dominicano que operan en los barrios de Madrid.
VOMADE es referencial en España, por haber ayudado a regularizar el estatus migratorio de entre 45 mil y 50 mil mujeres, en su mayoría trabajadoras del hogar, que emigraron a este país en las dos últimas décadas del siglo pasado y en la primera del actual. También les prestó otros servicios, de formación técnica, inserción laboral, salubridad y para la reunificación familiar.
La conocí en la Navidad de 1992 cuando la entrevisté en el telediario Uno+Uno de Teleantillas y en varias visitas a Madrid tuve la oportunidad de comprobar personalmente el alcance del trabajo que desarrollaba junto a su esposo, el filósofo Pedro Alvarez, al que incorporó a sus hijos Pedro Luis y Stephanie. VOMADE acumuló tanto éxito que se expandió a servir a los inmigrantes de otros países, especialmente iberoamericanos, contando con apoyo del Gobierno central, del comunitario y municipal. Con los años se profundizó mi relación con esta familia.
En diciembre pasado el presidente Luis Abinader concedió a Pedro Alvarez la nacionalidad dominicana a título privilegiada por los servicios prestados a nuestros migrantes, así como a dirigentes políticos y sociales, incluyendo a José Francisco Peña Gómez y Hatuey de Camps.
Bernarda era médica, especialista en endocrinología y nutrición, así como en medicina estética, y nunca abandonó su profesión, combinándola con el inmenso activismo social que le llevó por gran parte de Europa, Estados Unidos y República Dominicana, para participar en seminarios y dictar conferencias sobre los movimientos migratorios y la inclusión social. También sacó tiempo para escribir varios libros, incluyendo un Manual del Inmigrante del que se imprimieron 20 mil ejemplares, y otro que lleva tres ediciones sobre el asesinato de Lucrecia Pérez, que relata los comienzos de la migración dominicana a Europa.
Se puso al frente de las manifestaciones para exigir justicia frente al asesinato de esa inmigrante dominicana, ocurrido en el sector Aravaca, de Madrid, el 13 de noviembre de 1992. Su firme carácter y determinación contribuyeron a movilizar a amplios segmentos de la sociedad española, al arresto y condena ejemplar de 50 años de cárcel al guardia civil que le disparó y 20 años a sus dos cómplices, logrando que fuera declarado como el primer crimen de odio y racismo en España.
La tenacidad de aquellas movilizaciones fueron determinantes para que España actualizara sus políticas migratorias y adoptara la inclusión social de los inmigrantes, con varios procesos de regularizaciones que han incluido facilidades para la reunificación familiar y la adquisición de la nacionalidad. El Instituto Nacional de Estadística actualiza en 123 mil la cantidad de “españoles de origen dominicano”, aparte de otros 70 mil “ciudadanos dominicanos con estatus de residentes”.
Con justicia Bernarda Jiménez fue condecorada en 1995 por el Rey Juan Carlos y electa en el 2008 como integrante del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Socialista Obrero Español en representación de los inmigrantes, para un período de 4 años, y por seis años fue integrante de su Comité Político Nacional.
La médica mocana mantuvo vivas sus raíces dominicanas viajando varias veces al año al país, con un apartamento en Santo Domingo y vinculándose a innumerables actividades políticas y sociales. Su simpatía natural e inmensa generosidad le confirieron una inmensa legión de amigos, admiradores y colaboradores en todos los ámbitos donde incidió.
Como Embajador de la República Dominicana en España me beneficié de su profunda amistad, de sus consejos y sugerencias, por lo que su sorpresiva partida deja un vacío inconmensurable que han sentido todos los integrantes de nuestra delegación diplomática y mi esposa Ada Wicovitch. Casi siempre se hizo presente en nuestras decenas de actividades con la comunidad dominicana en los últimos tres años y medio. Consternados nos solidarizamos con su querida familia y su legión de amigos, consolándonos con la convicción de que ha viajado al infinito de donde precedía y al que pertenecía.-
Por Rommel Santos Diaz
Se tiene reportado el uso de 250,000 niños soldados en cerca de 50 países. Para completar el panorama, se estima que 20 millones de niños han sido desplazados como consecuencias de las diversas guerras y catástrofes humanitarias, mientras que entre 8,000 y 10,000 niños mueren cada año como consecuencia de utilización de minas antipersonales.
Existen indicios de que la trata de niños en zonas de conflicto es una tendencia que va en aumento y esta vinculada a redes de delincuencia transnacional organizada.
La Corte Penal Internacional es el primer tribunal internacional cuyo Estatuto y Reglas de Procedimiento y Prueba brindan a las víctimas la posibilidad de participar en todas las etapas del proceso.
A diferencia de las actuaciones de las víctimas en otros tribunales internacionales, limitadas a reforzar los argumentos de la defensa o el Fiscal, la Corte Penal Internacional les reconoce derechos que les corresponden por ser quienes han sufrido la grave vulneración de sus derechos humanos y tienen la mayor expectativa de que se haga justicia.
El principal reto de la Corte Penal Internacional será demostrar que sus investigaciones y decisiones no están guiadas por móviles políticos o intereses ajenos a la justicia y la represión de crímenes internacionales.
Finalmente, en la medida en que este sistema se vaya consolidando, siguiendo los parámetros legales del Estatuto de Roma y de las Reglas de Procedimiento y Prueba, es posible que países hoy reticentes hacia la Corte Penal Internacional modifiquen su postura hacia una de ayuda y cooperación. Con esto se lograría tener un sistema penal internacional plenamente universal como complemento a las iniciativas locales por sancionar crímenes de genocidio, lesa humanida, guerra y agresión.
rommelsantosdiaz@gmail.com
Por Nelson Encarnación
El reciente escándalo de corrupción detectado en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) ha acentuado la percepción o el convencimiento en algunos de que los políticos acceden a los cargos públicos con la intención de apropiarse de los recursos que manejan.
Ya en otras oportunidades se ha esparcido el mismo convencimiento, en ocasión de hechos judicializados que aún cursan en los tribunales sin sentencias firmes.
Estos y casos anteriores han servido de fundamento a quienes entienden que las formaciones políticas son nidos de bandidos con una amplia vocación hacia la depredación de los recursos públicos, dando lugar, al mismo tiempo, a la prédica contra los políticos y los partidos.
Sin embargo, existen argumentos y evidencias suficientes para desmontar la mala fama contra los políticos. Podemos afirmar, de manera categórica, que los políticos profesionales no roban.
Para remontarnos a los hechos más sonados de persecución a la corrupción, podemos referir el que ha sido, probablemente, el más sonoro de todos, es decir, el procesamiento judicial del expresidente Salvador Jorge Blanco (1982-1986), quien fue condenado a 20 años de prisión por hechos que, evidentemente, no cometió.
Jorge Blanco, que antes de ser político ya era un abogado prestigioso, murió en medio de precariedades materiales, una situación que no concuerda con quien supuestamente fue un corrupto.
Los hechos por los que se condenó al exmandatario no fueron cometidos por él ni por ninguno de sus seguidores con formación y compromiso político, sino por allegados que nada tenían que ver con el Partido Revolucionario Dominicano.
En el caso de los expedientes que todavía se ventilan en la justicia relacionados con hechos registrados—conforme las imputaciones del Ministerio Público—vinculan en primer plano a personeros relacionados al expresidente Danilo Medina, no a dirigentes conocidos del Partido de la Liberación Dominicana.
Y en el más reciente que ocupa la atención del país, es decir, el expediente Senasa, una simple identificación de los encartados permite concluir en que se repite el mismo patrón: los principales señalados no son políticos de militancia.
En consecuencia, si miramos los hechos con un sentido lógico y alejado de la intención de dañar a los partidos y sus dirigentes, podemos proclamar que los políticos profesionales, con formación en el servicio a la sociedad, con compromiso, no roban los fondos del erario. Ahí está la historia.
Por Isaías Ramos
Al despedir 2025 y abrir 2026, es fácil refugiarse en lo cómodo: deseos repetidos, frases bonitas, la ilusión de que todo cambiará solo porque cambia el calendario. Pero la República Dominicana no necesita otro brindis vacío. Necesita una sacudida de conciencia y un cambio de rumbo. Ese rumbo comienza cuando dejamos de mirar la política como un espectáculo ajeno y asumimos que la república —la casa de todos— se sostiene o se cae con la conducta diaria de su gente.
Durante más de tres décadas, una clase política dominante, reciclada en siglas, alianzas y narrativas, ha contribuido a degradar la vida pública. Se normalizó el privilegio. Se hizo costumbre la trampa. El clientelismo dejó de ser excepción y se volvió método. La impunidad dejó de ser temor y se volvió expectativa. El Estado, demasiadas veces, dejó de ser instrumento del bien común para convertirse en botín, refugio o escalera personal. Cuando lo público se vuelve mercancía, el daño deja de ser un asunto de élites y se convierte en una fractura moral, social y espiritual.
No se trata de negar que existan servidores públicos honestos ni ciudadanos decentes. Precisamente por ellos —y por los jóvenes que merecen un país digno— no podemos resignarnos. Los datos aportan contexto a una percepción extendida: el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 asigna a la República Dominicana 36/100 y la ubica en la posición 104 de 180 países. El Rule of Law Index 2025 del World Justice Project sitúa al país en el puesto 76 de 143, y en el factor “Ausencia de Corrupción”, en 90 de 143.
La experiencia cotidiana confirma esa brecha. El trámite que solo “camina” por la vía indebida. El contrato opaco. El expediente que duerme. La sanción que nunca llega. Ese desgaste produce algo peor que el enojo: produce resignación. Y cuando una sociedad se resigna, la corrupción no se frena; se perfecciona. Así es como una república se vacía por dentro, aunque conserve su nombre y sus símbolos.
La historia política lo ha advertido con claridad: cuando los ciudadanos se repliegan en el interés personal y abandonan la vida pública, el Estado se debilita y queda a merced de los peores. Cuando un pueblo ama su país, respeta las leyes y vive con sobriedad cívica, es posible avanzar hacia el bienestar compartido. Cuando se instala la indiferencia, el interés particular aísla y la república se convierte en un cascarón.
Si 2026 será un año de esperanza, esa esperanza no puede ser pasiva. Tiene que ser esperanza disciplinada: la que mira el abismo, lo nombra y aun así decide construir un puente. Ese puente se llama Constitución. No como símbolo ceremonial, sino como norma viva. El artículo 6 establece su supremacía y declara nulos los actos contrarios a ella. El artículo 7 nos define como Estado Social y Democrático de Derecho. El artículo 8 fija como función esencial del Estado proteger los derechos de la persona y respetar su dignidad.
Honrar la Constitución no es citarla: es vivirla. Es aceptar que no puede haber Estado de derecho con corrupción estructural; que no puede haber democracia con clientelismo; que no puede haber justicia con privilegios. Honrar la Constitución es convertir el servicio público en honor y no en negocio; proteger el dinero del pueblo como sagrado; poner el mérito por encima del padrino; transparentar compras, obras y nombramientos; y asegurar consecuencias reales a quien robe lo común. Esa es la frontera entre república y fachada.
Por eso, en 2026, el Foro y Frente Cívico y Social debe reforzar en todo el territorio nacional un despertar de conciencia sostenido y pacífico que convierta indignación en organización y esperanza en disciplina. No se trata de incendiar el país; se trata de iluminarlo. No de sustituir instituciones, sino de obligarlas a cumplir su rol constitucional con presión cívica legítima.
La ruta es concreta y verificable: formación cívica territorial, veeduría social continua y defensa constitucional práctica, acompañando denuncias, dando seguimiento público a los casos y exigiendo consecuencias sin selectividad.
Nada de esto se logra solo con organizaciones. Se logra con el ciudadano común. En esta semana de cambio de año, vale la pena asumir un pacto sencillo: renunciar a pagar sobornos, a pedir favores indebidos y a justificar privilegios; comprometerse a informarse antes de opinar, a exigir rendición de cuentas en lo local y a participar más allá del voto. Un país cambia cuando cambia lo que su gente considera “normal”.
Imaginemos, con realismo, la nación que podemos construir si ese giro comienza: una donde no se necesita padrino para un servicio; donde un contrato público no es lotería para unos pocos, sino obligación transparente; donde el funcionario teme más a la justicia y a la vergüenza pública que a la pérdida del cargo; donde el joven respeta al competente y no admira al tramposo. Que Dios —y la conciencia despierta de cada dominicano— nos guíe y nos exija verdad, justicia y rectitud; que el amor a la patria sea conducta diaria; y que la defensa de la libertad sea nuestro sentir y nuestro hacer.
Cerramos 2025 con una verdad incómoda: hemos permitido demasiado. Abrimos 2026 con una verdad poderosa: todavía estamos a tiempo. Honrar la Constitución o perder la República: esa es la elección de nuestro tiempo. Salvemos la patria.
¡Despierta RD!