Análisis Noticiosos
El interés nacional exige racionalidad ante la crisis
Por Juan Bolívar Díaz
La crisis en las relaciones domínico-haitianas alcanzó el nivel máximo antes de la ruptura diplomática que complicaría excesivamente el panorama, justo cuando el Gobierno dominicano debería iniciar la deportación de un excedente de inmigrantes que superaría las 300 mil personas, lo que podría abortar el proceso electoral en Haití.
Con un escenario internacional que sigue siendo muy desfavorable para el país, el interés nacional obliga a la mayor ponderación para buscar salidas diplomáticas, por encima de los grupos extremistas y de los intereses electorales, para evitar mayores daños a la imagen y los intereses de la República Dominicana
¿Podremos deportar 300 mil? El domingo 2 de agosto concluye el plazo de 45 días para iniciar las deportaciones de los inmigrantes que no se acogieron al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE), lo que se supone comenzaría el lunes 3, en medio de un escenario internacional muy desfavorable por el rechazo a la desnacionalización de descendientes de haitianos nacidos en el país.
Nadie puede asegurar cuántos quedan sujetos a la deportación, aunque el Gobierno los cifra en unos 133 mil, partiendo de los 458 mil venidos de Haití, que según la Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI), del 2012 vivían entonces en el país. Les descuenta un estimado de 8 por ciento que tendrían algún estatus regular y los reduce a 421 mil. Les resta los 288 mil que lograron iniciar la regularización y a quienes se dará una residencia provisional, aunque solo el 1.8 por ciento de ellos (unos 5 mil) llenaron todos los requisitos.
Pero el estimado oficial no toma en cuenta los que ingresaron entre el 2012 y 2015, que ningún estudio ha cuantificado, aunque se pueden hacer estimados partiendo de la misma ENI y de los resultados de los censos nacionales de población y otros estudios de la Oficina Nacional de Estadística, como se puede ver en el cuadro anexo, elaborado con informaciones proporcionadas por el director de Censos, doctor Francisco Cáceres.
En el Censo Nacional de Población 2010, los inmigrantes totalizaban 395,791, y la ENI dice que en 2012 eran 524,632, cifra conservadora si se toma en cuenta que en los dos años anteriores se habían incrementado en 39.1 por ciento. Si esa proporción (154,754) se suma a los del censo, serían 550,545, cinco por ciento más. A un crecimiento sobre el 16 por ciento anual, entre 2012 y 2015, habría que adicionarle 49 por ciento (256,072) a los 524 mil, para totalizar 780,704. Si se asume, de forma conservadora, que el incremento se redujo a la mitad, el 25 por ciento, en esos tres años, entonces los inmigrantes ahora serían 131,158 más, para totalizar 655,790. Si se le restan 10 por ciento con estatus regular anterior y los 288 mil admitidos ahora, quedarían como irregulares deportables 414 mil en el primer escenario y 302 mil en el conservador.
Acuerdo mínimo con Haití. Es difícil asumir que el país tenga capacidad para deportar entre 300 y 400 mil haitianos indocumentados, aún restándole unos 40 mil que ya se fueron más o menos voluntariamente, sin un protocolo negociado con el vecino, que no solo garantice estándares internacionales de respeto a los derechos humanos, sino que guarden una progresividad asimilable para que no se produzca un temido estado de calamidad humana. Y si se equivocan deportando nacidos en el país, lo que el Gobierno ha dicho que no hará, la complicación sería mucho mayor.
Tampoco luce razonable una deportación tan masiva y en corto plazo, después de que en la última década los mismos gobernantes permitieron un incremento de la inmigración del 63 por ciento. Con la agravante de que en el mismo periodo se dedicaron a despojar de la nacionalidad a decenas de miles de los descendientes de inmigrantes que habiendo nacido en el país habían sido registrados como dominicanos.
El Gobierno dominicano ha quedado preso de las mil advertencias de deportación que se han formulado tras el inicio del PNRE y de la exacerbación del nacionalismo, pero está consciente, como lo recogió una consulta de la Cancillería dominicana realizada en junio, de los riesgos que implica para Haití en medio de un proceso electoral que tiene después para elegir nuevo presidente. Si el panorama se descompuso con las salidas voluntarias, se complicaría mucho más con las deportaciones sin el amparo de un protocolo negociado, que podría lograrse validando el acordado en el año 1999.
De hecho, las extremas resistencias manifestadas por Haití en las últimas semanas tienen que ver con la campaña electoral en curso, y se teme que grupos de poder pudieran abortar el proceso, pretextando la necesidad de unirse en torno al gobernante para “enfrentar la agresión dominicana”.
El escenario internacional. A la espera del informe de la comisión técnica de la Organización de Estados Americanos (OEA) que visitó las dos naciones en conflicto, el escenario internacional sigue siendo bien adverso para el país, por el daño ocasionado por el pecado original de la sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional, que es lo que se sigue cuestionando en amplios segmentos del mundo. Aunque la diplomacia dominicana ha hecho esfuerzos, no ha podido disipar las impugnaciones internacionales.
No ha contribuido a despejar el veto externo la lentitud con que se ha implementado la Ley 169-14 que devuelve la nacionalidad a los desnacionalizados, aún después que se publicara la lista de 55 mil revalidados. Los defensores de los afectados testimoniaron a la misión de la OEA que apenas el 10 por ciento de los que aparecían en la lista estaban logrando sus documentos. El que solo pudieran acogerse a la regularización 8 mil de los del Grupo B de la Ley 169-14, es decir los descendientes de extranjeros indocumentados nacidos en el país y que nunca fueron reconocidos, quedando la mayoría en riesgo de deportación, es de los elementos básicos que mantiene vivo el rechazo internacional.
Tampoco ha ayudado el encendido discurso nacionalista y de soberanía a ultranza que desconoce tratados internacionales y menos aún que cuatro ministros del Gobierno, incluidos los de la Presidencia y el de Relaciones Exteriores, impugnaran al secretario general de la OEA en base a una tergiversación de declaraciones para presentarlo como favorable al invento de un pretendido plan de fusión de las dos naciones de la isla, cuando en realidad expresaba interés de contribuir al entendimiento entre dos países ubicados en una pequeña isla, pero dijo que “con realidades sociales muy diferentes, con realidades económicas muy diferentes, con realidades políticas muy diferentes”.
Esta semana siguieron apareciendo editoriales en periódicos como el New York Post y una carta dirigida al presidente Barak Obama firmada por 108 profesores de leyes de unas 80 universidades y academias norteamericanas, requiriéndole que intervenga para hacer valer los derechos de los desnacionalizados en el país.
Crecientes preocupaciones
El agravamiento de las relaciones con Haití ha generado crecientes preocupaciones en sectores empresariales temerosos de que los ímpetus de radicales nacionalistas que han ganado espacio en la opinión pública y el Gobierno, puedan aislar el país y generar dificultades a las exportaciones y al turismo dominicano. Tan solo las exportaciones a Haití se cifran anualmente en mil millones de dólares de manera formal y otros 500 millones en el intercambio informal, siendo el único país con que la República Dominicana tiene ventajas comerciales, y de diez a uno.
Esas exportaciones que implican unos 66 mil millones de pesos al año, son fundamentales para decenas de empresas industriales grandes, medianas y pequeñas, para cientos de productores agropecuarios y para comunidades fronterizas. En Haití operan numerosas empresas dominicanas, especialmente en la construcción. Y fue significativo que en medio del desconcierto, los promotores del Plan de Inversiones bilaterales Quisqueya fueran al Congreso Nacional a presentar un proyecto que anuncia inversiones en la frontera por 2 mil millones de dólares.
No han faltado sectores políticos y sociales que ya expresan temores de que el Gobierno esté tratando de extremar el nacionalismo soberanista para mantener desviada la atención de los problemas nacionales y obtener beneficio electoral. No se entiende que en menos de un mes la política del Gobierno pasara de pedir una reunión del Consejo Permanente de la OEA, solicitar y obtener la sede de la próxima asamblea general de la entidad hemisférica del 2016 y anunciar que se retira de su ámbito de negociaciones, impugnando sin base al secretario general Luis Almagro.
El antihaitianismo fue utilizado como mecanismo de cohesión interna por los regímenes de Trujillo y Balaguer y desde el inicio mismo de la República, cuando Pedro Santana reclamó y logró poderes extraordinarios, bajo el argumento de que eran precisos para garantizar la sobrevivencia de la nación frente a los haitianos, aunque pocos años después él mismo la anexara a España.
El presidente José Raúl Mulino asegura que el tránsito de personas se ha reducido este año en un 98%. Coincide con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca
Bogotá.-El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ha anunciado este jueves el cierre de los centros migratorios que ha formado parte de la ruta del Tapón del Darién, la zona selvática que han cruzado más de un millón de inmigrantes desde 2016. Mulino asegura que el tránsito de personas que se dirigían a Estados Unidos ha disminuido un 98%. Las deportaciones masivas ordenadas por Donald Trump han disuadido a muchos inmigrantes, que incluso realizan el camino de vuelta a sus países por este mismo paso fronterizo, solo que en sentido contrario.
“No permitiremos más migrantes en esa zona del Darién y cerramos una operación que comenzó en el año 2016. Me da mucha complacencia haber cumplido y haber cerrado el Darién, con lo que eso significa para la seguridad regional y panameña”, ha dicho en rueda de prensa. Mulino hace este anuncio el mismo día que la NBC ha revelado que Trump le ha pedido al Pentágono varios planes para tomar el control del Canal de Panamá, la joya sobre la que gira la economía de este país.
El Darién lo cruzaban sobre todo venezolanos que huían de la catastrófica situación económica de su país, pero también colombianos, ecuatorianos y hasta gente llegada desde lugares remotos, como Vietnam, Afganistán o Congo. El paso desde la zona colombiana lo controlaban grupos paramilitares que han ganado cientos de millones de dólares con este negocio. Cada migrante debía desembolsar unos 350 dólares si quería tener derecho a pasar. Un número indeterminado de personas ha muerto en estos años víctima de los peligros de la selva, crecidas de ríos y atracos y violaciones de bandas de delincuentes.
El lado panameño lo controlaba el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), que vigilaba el cruce de los viajeros. Antes de abandonar la selva, tenían que parar en Bajo Chiquito y Canaan Membrillo, donde las autoridades panameñas hacían control de pasaportes y atendía médicamente a los inmigrantes. Una veintena de oenegés y entidades de Naciones Unidas se ocupaban también de darles asistencia, cuidar de los menores y proveerles de agua potable, duchas y alimentos.
El paso migratorio también le cambió la vida a los pueblos indígenas que viven a orillas del río que cruza la selva, mayormente de origen embera. Los habitantes de estas pequeñas poblaciones llevaban en barca a los migrantes y les daban techo y les vendían comida. De repente tuvieron unos ingresos económicos extraordinarios. El cierre supone un golpe económico muy grande para sus comunidades. La caída del flujo de inmigrantes, de acuerdo al presidente de Panamá, ha sido estrepitosa: “Hace un año teníamos 36.841 migrantes cruzando por Darién, hoy marzo llegamos a 112. Una disminución importantísima, que representa de entre el 97-98 % de éxito por parte de las autoridades de Migración y el Senafront”.
El Darién como paso importante empezó a ser relevante cuando en 2016 empezaron a cruzarlo ciudadanos de nacionalidad cubana. Abierta esa vía que parecía más factible que la marítima, las cifras se elevaron en 2021 con 133.726 migrantes, 248.284 en 2022 y 520.000 en 2023. Se convirtió en el cruce fronterizo más importante del mundo. Después llegaban a Costa Rica, donde continuaban hasta México. Desde el norte de ese país entraban en Estados Unidos. La llegada de Trump a la Casa Blanca lo ha cambiado todo. Por ahora, el cruce del Darién queda clausurado.
elpais.com
El último lance entre las dos instituciones pone en evidencia cómo se ha menoscabado la autoridad del Poder Judicial en México
México.-Una de las enseñanzas inesperadas de la reforma judicial en México es que las autoridades pueden desobedecer las sentencias de los jueces, o acatarlas a conveniencia, cuando una mayoría democráticamente electa controla todas las palancas del poder en el Ejecutivo y el Legislativo. El último episodio de la crisis institucional lo ejemplifica el intento del Tribunal Electoral (TEPJF), dominado por una mayoría oficialista, de disputar las facultades de la Suprema Corte de Justicia para revisar los juicios de amparo. Detrás del conflicto está la lluvia de suspensiones dictadas por jueces para frenar las elecciones del 1 de junio, en las que los mexicanos votarán a miles de cargos de la Judicatura. El Supremo echó abajo esas suspensiones y dejó a salvo la elección judicial —pues no procede el amparo en materia electoral y menos contra una reforma constitucional—, no sin antes observar que los magistrados del TEPJF se arrogaron facultades inexistentes para invalidar las resoluciones de los jueces en su intento de desatorar el proceso.
El lance puso en evidencia la ruptura institucional en la que se ha sumido el país ante la voluntad de Morena de implementar su reforma sin cortapisas. Ya hace unos días, en el festejo republicano de la Constitución de 1917, la presidenta, Claudia Sheinbaum, decidió no invitar al evento oficial a Norma Piña, titular de la Suprema Corte y del Poder Judicial. Así, solo estuvieron representados dos de los tres Poderes de la Unión: el Ejecutivo y el Legislativo, controlados por Morena. Como represalia a los jueces que otorgaron suspensiones contra la reforma judicial, el Consejo de la Judicatura Federal —el órgano encargado de vigilar la conducta de los juzgadores, también de mayoría oficialista— acordó denunciarlos penalmente ante la Fiscalía General de la República.
Con esas consideraciones, el TEPJF —siempre gracias a la mayoría de tres magistrados alineada a Morena— estableció que las suspensiones dictadas por los jueces no tenían efectos sobre la elección judicial, y dieron vía libre a las autoridades del Ejecutivo y el Legislativo para ignorar esas resoluciones y continuar con los preparativos de los comicios. El último ejemplo vino luego de que un juez ordenó a los Comités de Evaluación que integraban las listas de candidatos frenar el proceso. Solo el Comité del Poder Judicial acató la instrucción. Los Comités del Ejecutivo y el Legislativo desobedecieron al juez sin ninguna consecuencia.
El ministro del Supremo Alfredo Gutiérrez preparó un proyecto para resolver el conflicto competencial entre los jueces de distrito y el TEPJF. En su proyecto, el togado ya se lamentaba por “la simplicidad con la que diversos actores institucionales decidieron ignorar los cauces legales cuando estos no convenían a sus intereses”. Antes de la votación del asunto, el pasado jueves, los magistrados del Tribunal Electoral exigieron al propio Gutiérrez, así como a los ministros Norma Piña, Javier Laynez y Jorge Pardo, no participar en la discusión del proyecto por haber hecho anteriormente pronunciamientos contra la reforma judicial, lo que, supuestamente, demostraba que no votarían de manera imparcial. El TEPJF, sin embargo, no consideró necesario pedir también la excusa de las ministras Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres, claramente militantes de Morena y quienes, desde su posición en el Supremo, están en campaña buscando ser “ratificadas” en la elección judicial.
Nunca antes los magistrados del Tribunal Electoral habían intentado dar órdenes a los ministros de la Suprema Corte. Si bien el TEPJF es la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral, el Supremo es un tribunal constitucional y su presidenta, Piña, es la cabeza de todo el Poder Judicial, por lo que, jerárquicamente, está por encima de cualquier juzgado. Ninguno de los ministros se excusó de la votación del proyecto de Gutiérrez. Hacerlo hubiera dejado a la Suprema Corte solo con seis integrantes, cuando el mínimo para que exista quorum es de siete.
Al final, el Supremo resolvió, como era de esperarse, que no se puede suspender un proceso electoral ni tampoco una reforma constitucional —como la judicial—, y ordenó a los juzgadores dar marcha atrás en sus resoluciones. Los togados también indicaron que el TEPJF no tenía facultades para revisar juicios de amparo y señalaron que sus fallos al respecto debían leerse como una mera opinión de sus integrantes. “Las sentencias [del Tribunal] no pueden tener la capacidad de incidir de manera alguna en las determinaciones de jueces de amparo; no funciona como instancia de revisión y su pretensión de anular los efectos de las suspensiones simplemente carece de cualquier efecto dentro de nuestro orden jurídico”, dice la resolución del Supremo. El ministro Alberto Pérez Dayán fustigó a los magistrados electorales que han actuado a tono con Morena —Mónica Soto, presidenta del TEPJF; Felipe Fuentes y Felipe de la Mata—, a los que se refirió como “la exigua mayoría de un tribunal deliberadamente incompleto, predecible, obvio, complaciente y sesgado con el poder”.
La sesión del jueves estuvo plena de referencias al quiebre institucional que ha supuesto la reforma judicial, una circunstancia que el ministro Gutiérrez calificó de “perturbadora”. “Esta Corte ha observado cómo cada transgresión al orden constitucional ha allanado el camino para la siguiente, hasta llegar al punto donde los límites institucionales, que alguna vez parecieron inquebrantables, se han vuelto porosos”, dijo el togado. “Diversas autoridades han normalizado lo que debería ser impensable: el desacato selectivo de resoluciones judiciales, la intervención e invención de competencias inexistentes y la subordinación del derecho a consideraciones políticas”, ha añadido.
La presidenta Sheinbaum, que siempre defendió las facultades —no existentes— del TEPJF para interferir en las resoluciones de los jueces de amparo, celebró que se haya aprobado el proyecto de Gutiérrez en el Supremo. “La elección de las y los jueces, ministros, magistrados, ¡va! Ya no tiene ninguna barrera de ningún tipo”, ha dicho en su conferencia Mañanera del viernes. La Corte enfila a su desaparición. En septiembre será reemplazada por un nuevo órgano judicial integrado por nueve ministros electos por voto popular, que presidirá quien obtenga más sufragios en la pasarela. La mayoría de los togados actuales decidió no participar en los comicios. Juez y parte, Batres, Esquivel y Ortiz están en abierta campaña y aspiran a ser las más votadas, para entregar a Morena otra institución en la que tendrá mayoría.
elpais.com
Por Efe
Davos (Suiza).- Prácticamente todo Latinoamérica ha sido excluida de un acuerdo que permitirá a más de un centenar de países tener acceso a medicamentos genéricos que han demostrado tener hasta un 95 % de eficacia para prevenir infecciones con el VIH (virus causante del sida), en momentos en que varios países de la región están experimentando un fuerte aumento de nuevos casos.
“Están excluyendo a países de ingresos medios que podrían producirlas y venderlas más baratas al resto del mundo, países como Brasil, Perú, México y Argentina.
Estos países han participado incluso en los ensayos y ahora son excluidos, lo cual es equivocado y no ético”, declaró en una entrevista con EFE la directora del Programa de Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (UNAIDS), Winnie Byanyima. Las compañías en cuestión son Gilead y ViiV.
La primera ha desarrollado un producto que con solo dos dosis de inyectables al año puede prevenir la infección, mientras que la segunda tiene un medicamento que se administra cada dos meses con el mismo propósito.
UNAIDS estima que, a pesar de no ser una cura, si 10 millones de personas en el mundo tuvieran acceso a estos medicamentos en 2025 se podría cumplir el objetivo internacional de erradicar el VIH para 2030.
El acuerdo para poder acceder a sus versiones genéricas son cruciales en vista del exorbitante coste de estos tratamientos, que en el caso del producido por Gilead puede alcanzar los 40.000 dólares anuales, mientras que los genéricos podrían costar solo 40 dólares al año por persona.
“Estamos muy preocupados porque al mismo tiempo que sabemos que tenemos un medicamento preventivo poderoso y altamente eficaz, vemos la misma vieja historia, como lo que ocurrió con los antirretrovirales, que tomaron diez años (para la comercialización de genéricos) durante los cuales doce millones de africanos murieron esperando que su precio bajara”, recordó Byanyima, quien participa en el Foro Económico Mundial de Davos.
Únicamente la exclusión de Brasil, Colombia, México y Venezuela deja fuera al 7 % de las nuevas infecciones a nivel mundial.
La jefa de UNAIDS citó los casos alarmantes de Venezuela y Perú, donde el año pasado los nuevos casos de infecciones con VIH aumentaron un 98 % y 80 %, respectivamente con respecto a 2023, lo que hace urgente que puedan acceder a estos nuevos medios de prevención.
Sobre la razones de esta evolución negativa, dijo que en el caso de Venezuela se trata de una combinación de factores, como el desarraigo de parte de la población convertida en desplazados internos o refugiados, y la precariedad del sistema de salud.
“En Perú vemos que mucha gente no está conectada con el sistema de salud y también mucho estigma y discriminación. Hay muchas personas gais que buscan ayuda muy tarde y mueren por falta de diagnóstico, así que hay múltiples factores que estamos tratando de investigar”, explicó.
Frente a situaciones como éstas, “Gilead está utilizando tácticas para retrasar las cosas, pero nosotros exigimos rapidez y que se aumente la producción.
Queremos lo que ya tienen, lo que han puesto en el mercado en Estados Unidos y en los países ricos, para que llegue a todas las personas, la mayoría de las cuales están en el Sur (países en desarrollo)”, concluyó Byanyima.