Análisis Noticiosos
El interés nacional exige racionalidad ante la crisis
Por Juan Bolívar Díaz
La crisis en las relaciones domínico-haitianas alcanzó el nivel máximo antes de la ruptura diplomática que complicaría excesivamente el panorama, justo cuando el Gobierno dominicano debería iniciar la deportación de un excedente de inmigrantes que superaría las 300 mil personas, lo que podría abortar el proceso electoral en Haití.
Con un escenario internacional que sigue siendo muy desfavorable para el país, el interés nacional obliga a la mayor ponderación para buscar salidas diplomáticas, por encima de los grupos extremistas y de los intereses electorales, para evitar mayores daños a la imagen y los intereses de la República Dominicana
¿Podremos deportar 300 mil? El domingo 2 de agosto concluye el plazo de 45 días para iniciar las deportaciones de los inmigrantes que no se acogieron al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE), lo que se supone comenzaría el lunes 3, en medio de un escenario internacional muy desfavorable por el rechazo a la desnacionalización de descendientes de haitianos nacidos en el país.
Nadie puede asegurar cuántos quedan sujetos a la deportación, aunque el Gobierno los cifra en unos 133 mil, partiendo de los 458 mil venidos de Haití, que según la Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI), del 2012 vivían entonces en el país. Les descuenta un estimado de 8 por ciento que tendrían algún estatus regular y los reduce a 421 mil. Les resta los 288 mil que lograron iniciar la regularización y a quienes se dará una residencia provisional, aunque solo el 1.8 por ciento de ellos (unos 5 mil) llenaron todos los requisitos.
Pero el estimado oficial no toma en cuenta los que ingresaron entre el 2012 y 2015, que ningún estudio ha cuantificado, aunque se pueden hacer estimados partiendo de la misma ENI y de los resultados de los censos nacionales de población y otros estudios de la Oficina Nacional de Estadística, como se puede ver en el cuadro anexo, elaborado con informaciones proporcionadas por el director de Censos, doctor Francisco Cáceres.
En el Censo Nacional de Población 2010, los inmigrantes totalizaban 395,791, y la ENI dice que en 2012 eran 524,632, cifra conservadora si se toma en cuenta que en los dos años anteriores se habían incrementado en 39.1 por ciento. Si esa proporción (154,754) se suma a los del censo, serían 550,545, cinco por ciento más. A un crecimiento sobre el 16 por ciento anual, entre 2012 y 2015, habría que adicionarle 49 por ciento (256,072) a los 524 mil, para totalizar 780,704. Si se asume, de forma conservadora, que el incremento se redujo a la mitad, el 25 por ciento, en esos tres años, entonces los inmigrantes ahora serían 131,158 más, para totalizar 655,790. Si se le restan 10 por ciento con estatus regular anterior y los 288 mil admitidos ahora, quedarían como irregulares deportables 414 mil en el primer escenario y 302 mil en el conservador.
Acuerdo mínimo con Haití. Es difícil asumir que el país tenga capacidad para deportar entre 300 y 400 mil haitianos indocumentados, aún restándole unos 40 mil que ya se fueron más o menos voluntariamente, sin un protocolo negociado con el vecino, que no solo garantice estándares internacionales de respeto a los derechos humanos, sino que guarden una progresividad asimilable para que no se produzca un temido estado de calamidad humana. Y si se equivocan deportando nacidos en el país, lo que el Gobierno ha dicho que no hará, la complicación sería mucho mayor.
Tampoco luce razonable una deportación tan masiva y en corto plazo, después de que en la última década los mismos gobernantes permitieron un incremento de la inmigración del 63 por ciento. Con la agravante de que en el mismo periodo se dedicaron a despojar de la nacionalidad a decenas de miles de los descendientes de inmigrantes que habiendo nacido en el país habían sido registrados como dominicanos.
El Gobierno dominicano ha quedado preso de las mil advertencias de deportación que se han formulado tras el inicio del PNRE y de la exacerbación del nacionalismo, pero está consciente, como lo recogió una consulta de la Cancillería dominicana realizada en junio, de los riesgos que implica para Haití en medio de un proceso electoral que tiene después para elegir nuevo presidente. Si el panorama se descompuso con las salidas voluntarias, se complicaría mucho más con las deportaciones sin el amparo de un protocolo negociado, que podría lograrse validando el acordado en el año 1999.
De hecho, las extremas resistencias manifestadas por Haití en las últimas semanas tienen que ver con la campaña electoral en curso, y se teme que grupos de poder pudieran abortar el proceso, pretextando la necesidad de unirse en torno al gobernante para “enfrentar la agresión dominicana”.
El escenario internacional. A la espera del informe de la comisión técnica de la Organización de Estados Americanos (OEA) que visitó las dos naciones en conflicto, el escenario internacional sigue siendo bien adverso para el país, por el daño ocasionado por el pecado original de la sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional, que es lo que se sigue cuestionando en amplios segmentos del mundo. Aunque la diplomacia dominicana ha hecho esfuerzos, no ha podido disipar las impugnaciones internacionales.
No ha contribuido a despejar el veto externo la lentitud con que se ha implementado la Ley 169-14 que devuelve la nacionalidad a los desnacionalizados, aún después que se publicara la lista de 55 mil revalidados. Los defensores de los afectados testimoniaron a la misión de la OEA que apenas el 10 por ciento de los que aparecían en la lista estaban logrando sus documentos. El que solo pudieran acogerse a la regularización 8 mil de los del Grupo B de la Ley 169-14, es decir los descendientes de extranjeros indocumentados nacidos en el país y que nunca fueron reconocidos, quedando la mayoría en riesgo de deportación, es de los elementos básicos que mantiene vivo el rechazo internacional.
Tampoco ha ayudado el encendido discurso nacionalista y de soberanía a ultranza que desconoce tratados internacionales y menos aún que cuatro ministros del Gobierno, incluidos los de la Presidencia y el de Relaciones Exteriores, impugnaran al secretario general de la OEA en base a una tergiversación de declaraciones para presentarlo como favorable al invento de un pretendido plan de fusión de las dos naciones de la isla, cuando en realidad expresaba interés de contribuir al entendimiento entre dos países ubicados en una pequeña isla, pero dijo que “con realidades sociales muy diferentes, con realidades económicas muy diferentes, con realidades políticas muy diferentes”.
Esta semana siguieron apareciendo editoriales en periódicos como el New York Post y una carta dirigida al presidente Barak Obama firmada por 108 profesores de leyes de unas 80 universidades y academias norteamericanas, requiriéndole que intervenga para hacer valer los derechos de los desnacionalizados en el país.
Crecientes preocupaciones
El agravamiento de las relaciones con Haití ha generado crecientes preocupaciones en sectores empresariales temerosos de que los ímpetus de radicales nacionalistas que han ganado espacio en la opinión pública y el Gobierno, puedan aislar el país y generar dificultades a las exportaciones y al turismo dominicano. Tan solo las exportaciones a Haití se cifran anualmente en mil millones de dólares de manera formal y otros 500 millones en el intercambio informal, siendo el único país con que la República Dominicana tiene ventajas comerciales, y de diez a uno.
Esas exportaciones que implican unos 66 mil millones de pesos al año, son fundamentales para decenas de empresas industriales grandes, medianas y pequeñas, para cientos de productores agropecuarios y para comunidades fronterizas. En Haití operan numerosas empresas dominicanas, especialmente en la construcción. Y fue significativo que en medio del desconcierto, los promotores del Plan de Inversiones bilaterales Quisqueya fueran al Congreso Nacional a presentar un proyecto que anuncia inversiones en la frontera por 2 mil millones de dólares.
No han faltado sectores políticos y sociales que ya expresan temores de que el Gobierno esté tratando de extremar el nacionalismo soberanista para mantener desviada la atención de los problemas nacionales y obtener beneficio electoral. No se entiende que en menos de un mes la política del Gobierno pasara de pedir una reunión del Consejo Permanente de la OEA, solicitar y obtener la sede de la próxima asamblea general de la entidad hemisférica del 2016 y anunciar que se retira de su ámbito de negociaciones, impugnando sin base al secretario general Luis Almagro.
El antihaitianismo fue utilizado como mecanismo de cohesión interna por los regímenes de Trujillo y Balaguer y desde el inicio mismo de la República, cuando Pedro Santana reclamó y logró poderes extraordinarios, bajo el argumento de que eran precisos para garantizar la sobrevivencia de la nación frente a los haitianos, aunque pocos años después él mismo la anexara a España.
Por José Cabral
El presidente Luis Abinader ha dejado claro que en él predomina más la torpeza que la razón, dado que promulgó la Ley 13-26 que saca del escenario electoral dominicano las candidaturas independientes ajustadas a la Constitución por la sentencia TC/0788/24.
Desde que conocí a Abinader cuando era un simple aspirante a la Presidencia de la República nunca observé nada que pudiera reflejar o significar las habilidades y la formación necesarias para dirigir el Estado dominicano.
Con esta nueva torpeza queda claro que el proyecto en el Congreso Nacional era un plan del partido más anti-democrático que tiene el país, el Revolucionario Moderno, el cual luego de llegar al poder sirve para muy poca cosa.
El presidente con la promulgación de la ley aprobada por los senadores y diputados deja claro que está con las peores causas y que su proyección desde la Presidencia tiene más de simulación que de vocación democrática.
La pregunta que se haría cualquier persona sensata es qué gana el presidente Abinader con promulgar y convertir en ley una propuesta que no hace otra cosa que dañar la democracia dominicana y que además lesiona la vida institucional de la nación.
Abinader ha querido conjuntamente con los tarados que conforman el Congreso Nacional extirpar las vías que pueden servir para mejorar la democracia nacional, la cual ya prácticamente no tiene legitimidad.
La verdad que no entiendo la razón por la que Abinader no ha logrado superar su torpeza en los años que lleva al frente del Estado dominicano, cuya sin razón ya se ha expresado en una multiplicidad de veces durante sus periodos de gobierno.
Sin embargo, hay un detalle que llama a la atención y es que quien fuera presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, permita que eso ocurra sin renunciar como Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, a menos de que su consejo haya sido que ese contrasentido fuera promulgado.
Ante la torpeza del presidente Abinader sólo queda la interposición de una acción directa de inconstitucionalidad ante el mismo Tribunal Constitucional para que por lógica jurídica predomine la jurisprudencia sentada por la alta corte.
Luis Abinader y su aberrante PRM deben recibir una lección de un profundo contenido político y social, ya que la sociedad no debe tolerar otra torpeza más en contra del deseo de cambio del ciudadano ante el comportamiento distorsionado de los partidos políticos.
Considero que con la promulgación de semejante disparate jurídico queda confirmado que se trata de una confrontación entre la política y el derecho, porque en los partidos pesa más el miedo que la vergüenza.
Por José Cabral
No me queda la menor duda de que la partidocracia aprovecha todo su poder para lesionar la democracia, sobre todo cuando surgen vías que puedan mejorarla.
No hay motivo para no creer que es así, pero la aprobación en el Senado y puede decirse que también prácticamente en la Cámara de Diputados de un proyecto que busca sepultar las candidaturas independientes, confirma de lo que son capaces los partidos políticos.
Lo que espero es que inmediatamente esta travesura del Congreso Nacional termine su proceso en esta instancia del Estado, pase al Poder Ejecutivo para su observación o promulgación, cuya decisión, entonces, permitirá tener una idea más clara de qué tanto la irracionalidad se ha apropiado del Partido Revolucionario Moderno y de sus dirigentes y militantes.
La pregunta que me hago es si el presidente Abinader cometería la torpeza de adherirse al despropósito de los legisladores de prácticamente todos los partidos políticos, que su ceguera no les permite ver hasta dónde llega su facultad en el sistema democrático.
Todo esto lo digo en razón de que lo que hacen los diputados y senadores es romper con el orden institucional de la Nación y si para colmo Abinader, jefe del Estado dominicano, se suma a semejante travesura, entonces podría decirse que todo constitucionalmente hablando está perdido.
Naturalmente, habría que ver cuál es la asesoría que recibiría en esta materia de un hombre con una amplia trayectoria en asuntos jurídicos y que ahora funge como consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia.
No hay que saber tanto de derecho para entender que aún una persona como Subero Isa esté en favor o en contra de la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, la TC/0788/24, no puede haber otra decisión que respetarla para preservar el orden institucional y la supremacía de la constitución de la República.
El orden jurídico nacional se rige por el principio de legalidad y la decisión del Tribunal Constitucional se ajusta a lo que dispone el artículo 47 de la Ley 137-11 en lo concerniente a la interpretación de aquellas normas que violentan la carta magna, cuya ley orgánica se deriva del mandato de los artículos 184 y 185 de la ley de leyes del país.
De manera, que cualquier decisión del presidente de la República tiene que ser en el marco de lo que dispone la Constitución de la República, cuyas candidaturas independientes son el producto de lo consignado por el constituyente en el artículo 22 de la carta magna.
Al ser así, el presidente Abinader no puede tomar otra decisión que no sea observar lo aprobado por los senadores y diputados, porque de lo contrario ese proyecto tendría una muerte segura mediante una acción directa de inconstitucionalidad ante el propio TC.
Por José Cabral.
La partidocracia dominicana está sumergida en un pantano de lodo que tiene profundas raíces culturales, cuya salvación no la puede proporcionar nadie, absolutamente nadie, porque luce algo difícil, por no decir imposible, ya que hay una famosa expresion aplicable a este caso que dice que: «árbol que nació torcido nadie lo endereza».
La figura del depredador está dentro del espíritu de los actores de la vida política partidaria de la nación, pero esa condición no es fruto del capricho de uno o dos de los que conforman la partidocracia, sino de prácticamente todos sus dirigentes y militantes, porque se trata de una visión de vida asociada con una explicación cultural, no de otra cosa.
Hay quienes justifican este comportamiento que hoy sumerge a los partidos políticos en el peor de los descréditos al atraso y la pobreza que ha caracterizado al país desde mucho antes de su nacimiento como república.
Sin embargo, la realidad es que, aunque esas consideraciones sean muy atendibles, porque ahí también entra la baja educación ciudadana, lo cierto es que en el país se ha desarrollado una visión de vida que lleva a la mayoría de la gente a sólo pensar en la adquisición de bienes materiales, aun aquellos que lo tienen todo, sin importar su procedencia.
En mi opinión, aparte de lo cultural, se suma la entrada salvaje del neoliberalismo que se ha llevado de paro los valores cívicos y morales y puede decirse que se ha robado al dominicano que ahora su princial meta es identificar la vía que le permita de forma más fácil y rápida acumular fortunas.
Yo he dicho en otras ocasiones que en el país la mayoría de los políticos quieren llegar al control del Estado para llevarse a sus bolsillos el dinero del patrimonio público, cuya principal desfachatez es que después de sus travesuras someter un proyecto de ley para atacar la corrupción.
Entonces, todo el que busca fortunas fáciles en el país tiene dos caminos para tenerlas y son el narcotráfico y la política que se ejerce a través de los partidos políticos, pequeños, medianos y grandes, cuyos dirigentes saben muy bien que cuando se prestan al juego de los que tienen mayor aceptación popular, no sólo reciben dinero de la Junta Central Electoral, sino también de la ocupación de un cargo público cuando se convierte en bisagra del que ha sido elegido para dirigir los destinos nacionales.
El problema es sumamente grave y preocupante y por esa razón a la partidocracia le importa muy poco el destino de la democracia nacional, sino buscar más dinero para el bolsillo de cúpula dirigencial, lo que explica que no respete el mandato constitucional del que se derivan las candidaturas independientes.
Por esta y otras muchas más razones sostengo que la derrota de la partidocracia en esta confrontación entre la política y el derecho va a depender de cómo se asuma la actitud del Congreso Nacional de anular una opción que no es caprichosa, sino que está consignada en la Constitución de la República, ley suprema de la nación.
Yo tengo la esperanza de que la partidocracia sea derrotada como ha ocurrido en la historia de la República Dominicana, en la que personajes con mucha sensibilidad patriótica se han armado de coraje y les han cortado las cabezas a férreas dictaduras que han retrasado el avance de la democracia nacional.
Todo el mundo sabe que, así como el doctor Joaquín Balaguer proclamaba que la Constitución no era más que un pedazo de papel, cuyo concepto aun prevalece en los nuevos actores de la vida política nacional, pero con la diferencia de que éstos simulan lo contrario, porque sencillamente el país es más de percepción que de realidad, sólo que a través de una doble cara.
Pero no se puede olvidar que, si bien la Constitución no es respetada, cuya comprobación se puede hacer con la gran cantidad de sentencias del Tribunal Constitucional no ejecutadas, las mismas siguen ahí y nadie podrá borrarlas.
Es bueno que se entienda que esa realidad de vender una percepción que no tiene nada que ver con la realidad, sólo perdurará hasta que el soberano, el pueblo dominicano, tolera las travesuras de la partidocracia que no respeta ley y que utiliza el Estado para aliarse con el bajo mundo y con los peores intereses de la nación.