Opinión
El juicio de la Corte Penal Internacional
Por Rommel Santos Díaz
El acusado tiene el derecho de estar presente durante el juicio, excepto cuando perturbare continuamente el proceso. Si no hay otras medidas razonables adecuadas el acusado puede ser retirado y dársele la oportunidad de observar el juicio y dar instrucciones a su defensor desde fuera de la sala.
La salida de la sala durará el tiempo que sea estrictamente necesario. Se enfatiza la obligación de la sala de Primera Instancia de ver que el juicio sea “justo y expeditivo y conducido con pleno respeto a los derechos del acusado y con la debida protección a las víctimas y testigos”.
Entre otras facultades, la Sala de Primera Instancia puede solicitar la comparecencia y testimonio de testigos y la presentación de documentos, proteger la confidencialidad de la información y brindar protección al acusado, los testigos y las víctimas, y dirimir cualesquiera otras cuestiones pertinentes.
Cabe destacar que con algunas limitadas excepciones que permiten sesiones cerradas para proteger víctimas, testigos o información confidencial o sensible, los juicios se celebrarán públicamente.
El artículo 65 del Estatuto de Roma refleja un compromiso entre los enfoques que toman diferentes sistemas legales del mundo respecto a la declaración de culpabilidad. La Corte tiene el deber de asegurar que el acusado entienda las consecuencias de una admisión de culpabilidad, que se hace voluntariamente tras suficiente consulta con el abogado defensor y corroborada por los hechos de la causa.
En otro orden la Corte puede convencerse de esto, o si no lo constata, puede ordenar que prosiga el juicio con arreglo al procedimiento ordinario. Si el interés de la justicia y de las víctimas en particular lo requieren, la Corte puede pedir al Fiscal que presente pruebas adicionales (inclusive declaraciones de testigos) u ordenar que prosiga el juicio con arreglo al procedimiento ordinario.
En respuesta al fenómeno de “petición de negociación” la Corte no está comprometida con ningún acuerdo entre el Fiscal y la defensa respecto a la modificación de los cargos, la declaración de culpabilidad o la condena a ser impuesta.
El Estatuto diseñó cuidadosamente los derechos del acusado. Todos tienen el derecho de presunción de inocencia hasta que el Fiscal convenza a la Corte de la culpabilidad del acusado más allá de una duda razonable. Los derechos básicos relativos al juicio incluye el derecho a ser informado sin demora del cargo, a tener el tiempo y las facilidades adecuadas para preparar la defensa, a ser procesado sin dilaciones indebidas, a tener abogado (gratuitamente si fuere necesario), a interrogar testigos, y así sucesivamente.
Es importante señalar que el acusado tiene el derecho importante de no ser obligado a declarar ni a declararse culpable y a guardar silencio sin que ello pueda tenerse en cuenta a los efectos de determinar su culpabilidad o inocencia. Tiene el derecho a declarar de palabra o por escrito en su defensa sin prestar juramento y a que no se invierta la carga de la prueba ni le sea impuesta la carga de presentar contrapruebas.
El Fiscal tiene el deber de divulgar cualquier prueba que muestre o tienda a mostrar la inocencia o a atenuar la culpabilidad del acusado o afectar la credibilidad de las pruebas de cargo.
Estratégicamente la Corte tiene una obligación general a “adoptar las medidas adecuadas para proteger la seguridad, el bienestar físico y psicológico, la dignidad y la vida privada de las víctimas y los testigos” tomando en cuenta factores tales como la edad, el género y el tipo de delito. Tales medidas no podrán redundar en perjuicio de los derechos del acusado o de un juicio justo e imparcial.
En otro orden, partes del juicio a puerta cerrada o la presentación de pruebas por medios especiales se permiten como excepción al principio de audiencias públicas, y la Corte adopta en tales medidas particularmente en el caso de una victima de violencia sexual o de un menor de edad que sea victima o testigo salvo decisión en contrario.
Las opiniones y observaciones de las víctimas cuyos intereses personales se vieran afectados serán presentadas y tenidas en cuenta en las fases del juicio que se consideren pertinentes sujetos a los derechos del acusado. Antes del comienzo del juicio, el Fiscal puede definir un resumen en vez de toda la información o pruebas si la seguridad de un testigo o la de su familia puede correr grave peligro.
El Estatuto establece un marco básico relativo a las pruebas. El testimonio de un testigo en el juicio deberá darse generalmente en persona, sujeto a las disposiciones del Estatuto o las Reglas que apuntan a la protección de los testigos o permitir el uso de tecnología de audio o video o declaraciones escritas.
La Corte puede pedir la presentación de cualquier prueba que considere necesaria para la determinación de la verdad y puede, de acuerdo con criterios señalados en las Reglas, decidir sobre la pertinencia o admisibilidad de cualquier prueba teniendo en cuenta, entre otras cosas, el valor probatorio y cualquier perjuicio que pueda suponer para el juicio.
Hay indicar de modo importante, que las pruebas obtenidas como resultados de una violación del Estatuto o de las normas de derechos humanos internacionalmente reconocidas serán inadmisibles si la violación suscita serias dudas sobre la fiabilidad de las pruebas o si admisión atentare “contra la integridad del juicio o redunde en grave desmerito de el”. El Estatuto establece seis delitos contra el sistema de administración de justicia artículo 70.
Estos incluyen, cuando se cometieron intencionalmente, dar falso testimonio, presentar pruebas que sabe son falsas o falsificadas, interferir con un testigo o con la prueba, interferir con un funcionario de la Corte, tomar represalias contra dicho funcionario de la Corte, o solicitar o aceptar un soborno en calidad de funcionario de la Corte.
Por otro lado, los procedimientos relativos a estos delitos, sancionables con multa o pena de reclusión no mayor de cinco años, serán establecidos en las Reglas. Aun cuando la Corte puede proceder con respecto a estos delitos, puede solicitar también a un Estado Parte que lo haga. Consecuentemente, el Estatuto obliga a los Estados a extender sus leyes penales de acuerdo con ello.
Las faltas de conducta ante la Corte tales como perturbar las audiencias o negarse deliberadamente a cumplir sus órdenes se sanciona con una multa o con medidas administrativas tales como la expulsión de la Sala.
Un Estado tiene el derecho de intervenir cuando sienta que la divulgación de información requerida conforme al Estatuto puede afectar a los intereses de su seguridad. El Estado, el Fiscal, la defensa y las Salas pertinentes deben adoptar todos los pasos necesarios para resolver la cuestión por medio de la cooperación con medidas tales como la modificación de la solicitud, la obtención de la información de una fuente distinta o en una forma diferente (como por ejemplo resúmenes), o acordando condiciones tales como limitaciones en la divulgación, utilizando procedimientos a puerta cerrada o ex parte u otras medidas.
Si han dado todos los pasos razonables en las líneas anteriores y el Estado continúa sintiendo que la información o los documentos no pueden divulgarse sin perjuicio de su seguridad nacional, se notificará a la Corte. Sí la Corte encuentra que la prueba es necesaria para establecer la culpabilidad o la inocencia del acusado puede, como último recurso, determinar que el Estado no esta cumpliendo con sus obligaciones de conformidad con el Estatuto y puede remitir la materia a la Asamblea de Estados Parte, o si procede, al Consejo de Seguridad.
Los magistrados intentarán llegar a decisiones de condena o absolución unánimemente, a falta de lo cual decidirá la mayoría. Las opiniones de la mayoría y la minoría aparecerán en la resolución que será leída (probablemente en forma resumida) en sesión pública. La Corte establecerá principios aplicables a la reparación, incluidas la restitución, la indemnización y la rehabilitación que ha de otorgarse a las víctimas o a sus causahabientes.
Finalmente, a petición de la víctima o (excepcionalmente) por su propia iniciativa, la Corte puede determinar el alcance y la extensión del daño, pérdida o lesión de las víctimas. La Corte puede dar órdenes de reparación directamente contra una persona condenada o puede ordenar un pago de un Fondo Fiduciario.
Por Narciso Isa Conde
¡Habría que intentar tumbarlas o aplastarlas con armas e invasiones de alto calibre!, y eso no es fácil, porque los invasores corren el riego de empantanarse como le ha pasado en otras partes del planeta.
Esta América es nuestra, la de ellos es la del “Norte Revuelto y Brutal”, destinado a «sembrar de miseria” nuestra América.
No somos “patio trasero” de nadie.
A estas alturas del proceso, consideramos inaceptable una nueva apelación al monroísmo y más aún las demenciales pretensiones del trumpismo y otras variantes del neofascismo.
En esta América…el oro, el litio, las tierras raras, el titanio, la Amazonía, la biodiversidad, las costas, las playas y los ríos, no son de EEUU.
Son nuestros y los vamos a defender.
¡Que lo sepan bien Trump, Elon Musk, Laura Richardson y Marco Rubio!
¡Que lo sepan su CIA, USAID, Comando Sur, el Pentágono y su gabinete de halcones!
Ni su retórica de terror, ni el coloniaje racista, ni sus guerras de variadas intensidades y generaciones, nos asustan.
Carecen de capacidad para intimidar los estados y pueblos que ejercen el derecho a la autodeterminación
Son huesos duros de roer.
Ni Cuba, ni Venezuela, ni Nicaragua se caen con palabras y fantocherías cobardes, tampoco con guerras de baja intensidad.
Eso está requeté demostrado.
¡Habría que intentar tumbarlas o aplastarlas con armas e invasiones de alto calibre!, y eso no es fácil, porque los invasores corren el riego de empantanarse como le ha pasado en otras partes del planeta.
Pero, además, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia no están solas en el mundo, ni en este continente.
Cuba y Venezuela tienen poder militar para devolver. Como pasa, en otras latitudes con Corea del Norte en la cercanía de Corea de Sur y Japón, aliados carnales y sedes de base militares de EEUU.
El odio colonial neofascista incluso apunta contra México, Colombia y Brasil en favor de las ultraderechas de esas naciones, a pesar de la traición de Lula a Venezuela y las recientes inconsecuencias de Petro con la patria de Bolívar y de Chávez.
Hacia México el trumpismo derrama hiel y desde sus entrañas se esgrimen sanciones y amenazas inaceptables para la dignidad de su gobierno y de su pueblo, y no le será fácil al Gobierno de Trump imponer sus designios; como tampoco le será fácil ejecutar su xenofobia brutal, ni cumplir sus promesas racistas contra los flujos migratorios y la inmigración “tercermundista” que las propias potencias neocoloniales han provocado
· LOS DESIGNIOS NEFASTOS DEL TRUMPISMO HAN SIDO CONFESADOS.
Todas esas pretensiones imperiales han sido confesadas por los halcones “electos” o designados, con todo el descaro del mundo.
Sabemos, además, para que pueden dar Trump, Vance, Musk, Laura Richardson y Rubio, para solo dejarlo en ese nefasto quinteto, hermanado en el anticomunismo, el racismo, la xenofobia y la voracidad sobre riquezas naturales ajenas.
Rubio es más rubio que Trump y más colonialista y neofascista que la sombra de los dos nuevos principales inquilinos de la Casa Blanca. Se crio y formó políticamente en la madriguera de Miami, mientras Musk es un producto del apartheid sudafricano, del elitismo capitalista y de su opulenta existencia.
Estamos enterados, por sus propios alardes que sus “panas full” en estos lares son Milei, Noboa, Bukele, Bolsonaro, Kast, Murillo, Uribe, Duque, Marie Corina-González Urrutia … y con ellos y con otros de parecida calaña, se propone construir el bloque regional de neofascismo mundial; que de seguro va ha ser bendecido por Trump, Netanhau, Zelensky, Giorgia Meloni y la Len Pen…
El plan incluye la ampliación de ese bloque, el asalto a otros estados del continente y el programa para intentar revertir por la fuerza todos los procesos que a escala continental EEUU no controla.
A Puerto Rico le esperan las agresiones consabidas del trumpismo y de su envenenada oferta de estadidad, ahora con menos posibilidades de éxitos, dados acontecimientos (electorales y no electorales) que revelan el ascenso de la conciencia independentista del pueblo de Borinquén.
Y a Haití una mayor dosis de violencia, racismo y opresión.
Entre los/as candidatos/as con “méritos” para esa ampliación están Luis Abinader, el nuevo primer ministro de Haití, Alí Dipré Fil Bien Amé, la presidenta Buluarte de Perú, el presidente Santiago Peña Palacios de Paraguay, entre otros y otras.
· CAUSAS DEL REPLIEGUE VIOLENTO HACIA NUESTRA AMÉRICA.
Trump y sus halcones, no lo confiesan así, pero realmente se trata de un repliegue al “patio trasero”, con un fuerte énfasis en desplazar a China, Rusia e Irán de esta región; desestabilizar y tumbar los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua y la determinación de apoderarse por cualquier medio de su patrimonio natural.
La voracidad minera y el nuevo asalto a la naturaleza no humana tiene portavoces.
La Generala Laura Richardson, Jefa del Comando Sur, organismo encargado de preservar militarmente para EEUU esas riquezas ajenas, ha proclamado abiertamente el interés que tiene esa súper potencia en “el triángulo del litio (Argentina, Chile y Bolivia)”, en “las reservas de petróleo (la más grande del mundo), gas natural, cobre y oro de Venezuela”, en “los bosques de la Amazonia (los pulmones del planeta)” y en “el 31 % del agua dulce del mundo”.
Por su parte, Elon Musk confesó su auspicio al golpe de estado contra Evo Morales en Bolivia y declaró que tras el litio y los minerales imprescindibles para las tecnologías de punta estaba en disposición de dar golpe de estado donde fuera necesario.
Corporaciones petroleras, mineras, químicas e informáticas y el Pentágono, su Comando Sur, la CIA y el Departamento de Estado, confluyen en la misma dirección rapaz. Su hambre de combustibles fósiles, litio, titanio, oro, tierras raras, agua y biodiversidad, potencia la voracidad imperial.
La hostilidad contra China ha tenido una matriz bipartidista y un carácter estratégico hasta hace poco, y está claro que Trump y sus halcones estas prestos a subirle el tono.
Pero recientemente la momia de Biden ha sido usada en la transición por una facción del fracturado poder estadounidense, para meterle una piedra en el camino a TRUMP; asumiendo sorpresivamente la actual Administración una actitud conciliadora con China, la cual ha sido aprovechada por el liderazgo del gigante oriental para reiterar y dejar aún más claro lo que esa súper potencia no aceptaría ni de Biden, ni de Trump, ni de nadie.
El repliegue hacia acá, con la contraofensiva anunciada, tiene su razón de ser en la derrota de la OTAN en Ucrania y en el criterio de importantes sectores de poder que auparon al trumpismo, sobre la necesidad de apaciguar ese capítulo desgastante de la guerra global infinita desatada por EEUU, no otros.
A esa negociación, el mismo Biden, ha respondido autorizando a Ucrania a usar de misiles de largo alcance contra Rusia, lo que ha sido rechazado por Francia e Inglaterra; otra evidencia de la creciente fractura de las elites imperialistas europeas y estadounidenses, y de los riesgos que asechan a la humanidad en medio de este tumultuoso proceso de decadencia y descomposición del sistema imperialista occidental.
· TRUMP Y SUS HALCONES NO REPRESENTAN LA PAZ.
No es que Trump y sus halcones son pacifistas, sino que EEUU ha perdido esa guerra y de continuarla le puede ir peor.
El poder político-militar estadounidense está obligado a negociar con Rusia y el ascenso de Trump ofrece esa oportunidad. La condición no la impondrá Trump, sino Putin que controla territorio y podría avanzar más. De todas formas, se trata de una negociación necesaria y a la vez compleja, que puede dilatar.
El complejo militar-industrial-financiero-informático en estos últimos años ha obtenido enormes beneficios y se puede dar el lujo de un receso de guerra en Europa, en favor del alivio a la carga sobre el deficitario presupuesto de EEUU y su colosal endeudamiento. Así opera el poder profundo de ese Coloso decadente.
La carga económica estadounidense en la OTAN es alta y Europa Occidental, sensiblemente diezmada, está bajo la presión de Trump en materia de financiamiento, forzada también a ceder frente a Rusia.
No es el caso de la guerra contra Palestina, ya sensiblemente regionalizada en el Oriente Medio.
Las relaciones carnales con Israel y el lobby estadounidense del gran capital sionista, obligan a continuarla.
Trump no admite la existencia del Estado Palestino e incita a Netanhau a completar el holocausto palestino, para luego intentar colonizar el litoral occidental de Gaza, cesar los combates y concentrar la presión contra IRÁN.
Sigue siendo difícil aplastar a Hamas y más aún derrotar los Huties yemenitas y a Hebollag,
El “pacifismo” de Trump se fue al carajo al referirse a la guerra en esa región, donde, además existe una resistencia palestina que no cree en cuento y con demostrada capacidad ofensiva frente un sionismo cada vez más desacreditado y vulnerable.
Cierto que los jefes del Partido Demócratas-PD y sus enclaves globalistas son terriblemente guerreristas, pero suponer adversidad a las guerras en las entrañas del pacto neofascista que sustenta a Trump, al trumpismo y a su nueva admiración, es más que una tontería, dado que su esencia es la dominación violenta y que el repliegue en Ucrania es fruto de un gran revés militar, como lo fue en Afganistán. Incluso ese pacto contiene fuertes ingredientes del globalismo “demócrata”, traspasado a los “republicanos” leales a Trump.
Del neofascismo como producto de una decadencia agresiva del imperialismo occidental y su súper potencia dominante, en el contexto de un endurecimiento del neoliberalismo neocolonial, en general solo puede esperarse una continuidad de la política con la modalidad de variadas combinaciones de guerras.
Solo la insurgencia global de la humanidad amenazada de extinción. puede derrotar esos designios imperiales y crear lo nuevo, combinando todos los actores de esa gran transformación hacia un mundo justo, diverso, multicultural y solidario.
Por Isaías Ramos
Las recientes declaraciones del gobierno dominicano sobre el llamado “abastecimiento navideño” han generado indignación y descontento en un sector importante de la población. Con anuncios de 10 millones de raciones de alimentos cocidos y productos festivos como manzanas y dulces, se nos presenta un espectáculo que oculta la dura realidad de miles de familias que enfrentan hambre y pobreza durante todo el año.
El director de comedores económicos afirmó que personas hacen filas desde las 11:00 p. m. del día anterior para recibir su ración navideña. Esto no es motivo de celebración; es una muestra alarmante de la humillación y la dependencia extrema que este modelo asistencialista perpetúa. Que miles tengan que someterse a estas condiciones para acceder a lo más básico evidencia el fracaso de un sistema que prioriza lo mediático sobre lo estructural.
En lugar de atacar las raíces del hambre y la pobreza, el gobierno opta por paliativos temporales. La pregunta es inevitable: ¿por qué esperar hasta diciembre para responder a una crisis alimentaria constante? Estas acciones parecen diseñadas más para apaciguar críticas y desviar la atención pública que para ofrecer soluciones reales. Mientras tanto, el campo dominicano continúa en abandono, con agricultores que trabajan arduamente sin el apoyo necesario del Estado.
Hablar de “multiplicar lo que se da al pueblo”, como mencionó el presidente, es irónico cuando ese mismo pueblo ha sido despojado de oportunidades dignas y sostenibles. El acceso a alimentos no debería depender de campañas temporales, sino ser el resultado de políticas agrarias efectivas que fortalezcan la producción nacional, garanticen la seguridad alimentaria y promuevan el desarrollo rural.
La dependencia del clientelismo o asistencialismo crea un ciclo vicioso: cada diciembre, las familias esperan con resignación una mano tendida, mientras el resto del año se ignoran sus necesidades. Esto no solo perpetúa la pobreza, sino que se convierte en una forma de control social, diseñada para mantener el poder en lugar de empoderar al pueblo.
Más preocupante aún es cómo estas medidas superficiales distraen de los problemas estructurales: falta de empleo digno, educación adecuada y sistemas de salud funcionales. Ofrecer comida en épocas festivas es insuficiente e inaceptable. La solución pasa por un cambio profundo en la gestión de los recursos y en la priorización de las necesidades del pueblo.
El “abastecimiento navideño” debería ser un recordatorio de lo que está mal con nuestro sistema actual. No podemos permitir que nuestras autoridades sigan utilizando estas medidas como herramientas para maquillar el hambre y la pobreza. Es hora de exigir políticas públicas basadas en justicia social, que aseguren salarios justos, inviertan en infraestructura rural y fortalezcan a los agricultores locales.
En el Frente Cívico y Social hacemos un llamado al pueblo dominicano: despertemos ante esta realidad. Cada vez que hacemos fila por un plato de comida, aceptamos la normalización del hambre y la precariedad. Debemos rechazar este sistema que perpetúa ciclos de pobreza y vulnerabilidad.
Movilicémonos por nuestros derechos. Exijamos transparencia, rendición de cuentas y acciones concretas que prioricen las necesidades del pueblo. Las festividades no deberían ser un recordatorio de nuestro fracaso institucional, sino una celebración de logros fruto del esfuerzo colectivo entre el gobierno y su gente.
En el FCS creemos que llegó el momento de construir un país donde la dignidad, la justicia y la igualdad sean accesibles para todos. La lucha por un futuro mejor comienza aquí y ahora.
¡Despierta, RD!
Por Nelson Encarnación
El plan de seguridad vial anunciado el lunes por el presidente Luis Abinader y varios funcionarios es una iniciativa que si se llevara a la práctica debería tener un impacto significativo en la reducción de la siniestralidad en el tránsito, un renglón negativo en el cual nuestro país ocupa uno de los primeros lugares en la región como principal causa de muerte.
Lo delineado apunta a una relevancia si se implementa en su plenitud, aunque se generan interrogantes que deben ser despejadas. Una de ellas—probablemente la más trascendental—es qué hacer con los 3.7 millones de motocicletas que circulan sin ningún control por toda la República Dominicana, que representan el factor determinante para que el país tenga tan elevado sitial en las mediciones sobre siniestralidad vial.
La preocupación no es solo eso, sino que se fundamenta en las estadísticas disponibles—que son muy pobres, por cierto—sobre el impacto de los motores en el flagelo de los accidentes y en el papel que estos juegan como causantes de fallecimientos y lesiones permanentes.
Las únicas estadísticas disponibles las recibimos luego de ocasiones especiales, como Semana Santa, Navidad y festividades que incrementan la movilidad vial, cuando las autoridades montan los llamados operativos. Al pasar balance de esos operativos puntuales nos enteramos de que, en promedio, el 70% de los eventos viales, las muertes y las lesiones es aportado por las motocicletas, un medio de transporte que se ha masificado de manera inimaginable y sin controles efectivos.
Es decir, que al desagregar el factor motocicletas, las estadísticas relacionadas a accidentes viales tenderían a una reducción significativa, y, por consiguiente, nuestro país bajaría a los lugares menos punteros en cuanto a muertes, heridos y discapacidades permanentes que se derivan de ellos.
Esta dramática circunstancia nos lleva a ser escépticos respecto del resultado a obtener del importante plan que se ejecutará, pero también representa una decisión retadora para las autoridades.
¿Qué se contempla frente al desafío de millones motocicletas conducidas por desaprensivos para quienes no existen normas?
Y lo más relevante todavía: ¿Cuál será la conducta de los agentes encargados de hacer cumplir las leyes, y para quienes—frente a motoristas y “padres de familia” que conducen “conchos” y voladoras—las disposiciones son nulas? Esta es una cuestión determinante para que el plan vial alcance el éxito que todos esperamos.