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Opinión

El juicio de las exclusiones

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Por Juan Bolívar Díaz

Nadie sabe lo que va a ver y con lo que tropezará en este mundo nuestro tan absurdo. Llegamos el viernes al tribunal donde se juzga a Marino Zapete, bajo cargos de difamación e injuria sin pensar que seríamos tratados como revoltosos peligrosos. Un pelotón policial nos cerró el paso a la sala de audiencia. Temimos que estaría abarrotada por personeros. Pero al asomar la cabeza advertimos que los asientos estaban vacíos.

Los colegas seguían llegando y comenzó una ruidosa protesta. Nos remitieron a la secretaria del tribunal, quien informó que el juez había decidido que sólo entrara un noticiario que con anticipación había solicitado instalar equipos de televisión. De nada valieron las explicaciones de que sólo portábamos cámaras, celulares o libretas y que nunca hubo que pedir permiso con anticipación. Estábamos excluidos. Los demandantes y el juez Franny González no querían periodistas donde se juzgaría precisamente un presunto delito de prensa.   

Cuando la protesta aumentaba, un oficial trajo lo que parecía un inicio de arreglo: que entraran Huchi Lora y Juan Bolívar, y luego sumaron a la presidenta del Colegio de Periodistas, Mercedes Castillo. Fue un momento de desconcierto, pues dudábamos si debíamos aceptar esa discriminación por notoriedad, pero como el juicio había empezado, preferimos ser testigos. Fuera siguió la protesta, con golpes tan fuertes a la puerta, que casi hacían imposible la audiencia, pero el magistrado no se daba por aludido. Al ver que no entraba más nadie, llamamos al oficial para  advertirle que fuera había colegas como el insigne Ramón de Luna, decano del periodismo nacional. Lo introdujo de inmediato.

Tratando de evadir el remordimiento de conciencia nos concentramos en la audiencia, cuanto lo permitía el ruido exterior, para escuchar que la defensa recusaba al tremendo juez, porque no sólo dejaba fuera a los periodistas, sino que dos días antes también había excluido a casi todos los testigos y los elementos de prueba presentados por Zapete.

Este sería el juicio de las exclusiones, reviviendo aquel de 1996 cuando el teniente y juez Juan Severino me condenó a 6 meses de cárcel y a una multa de 2 millones de pesos, excluyéndonos del juicio, aberración y linchamiento político por la publicación del libro “Trauma Electoral” que documentó el dramático fraude de las elecciones de 1994. Me costó 2 años lograr, con eficientes abogados, que la Suprema Corte anulara aquel mamotreto.

No es posible reeditar aquello. No se puede impedir que Marino presente los documentos que justifican su afirmación de que la señora Maybeth Rodríguez se benefició de contratos otorgados grado a grado por cientos de millones de pesos, por el entonces Ministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo, precisamente uno de los testigos excluidos.

Los abogados defensores presentaron agravantes: que ya se habían cursado las citas judiciales, cuando la parte acusadora hizo oposición, y que el juez las revocó, sin notificarlo previamente a la parte interesada para que ejerciera el derecho a refutar.

No se entiende que  el juez considere irrelevante que se pueda interrogar,  como testigo, a quien firmó los contratos. Es tan relevante como los contratos y el acta de la asamblea de la empresa Asimra del 22 de septiembre del 2015, certificados, cuya segunda resolución da potestad a la señora Rodríguez para firmar contratos y cheques y abrir cuentas bancarias, “en su condición de gerente y apoderada de la empresa”. Copias legalizadas demuestran que ella firmó contratos con el ministro Castillo, violando la Ley de Compras y Contrataciones Públicas, basados en un decreto presidencial anterior. Que no aparezca como accionista, como se aduce, no le resta complicidad y responsabilidad en un acto ilegal. 

Con esa documentación no hay juez que pueda condenar a Zapete. Sólo el abuso de poder, y el deseo de escarmentar a los periodistas que defienden el patrimonio público, como mandan sus deberes profesionales y ampara la Constitución, pueden explicar esa farsa. Se ha convertido en un boomerang al evidenciar los excesos del ministro Castillo, quien en buen juicio debería explicar cómo pasó por  encima de la ley para beneficiar a empresas relacionadas. Ya Alicia Ortega documentó otro paquete más grande de contratos otorgados grado a grado, por 11 mil 500 millones de pesos, en los meses antes de convertirse en candidato presidencial oficialista.

Esa demanda es un absurdo, que terminará tan mal como comenzó y tendrá alto costo para el gobierno. Ahí ya tienen las condenas contundentes de la Sociedad Interamericana de Prensa y del Comité Internacional  para Protección de los Periodistas. Si Marino es condenado, podrá contar con mi compañía en la prisión. Preparo maleta y espero, finalmente,  conocer por dentro La Victoria o a la inmunda cárcel de Azua.-

 

 

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Opinión

La democracia no es sólo electoral.

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Por José Cabral

Lo dicho por el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez, en el sentido de que tras el cierre definitivo del proceso electoral, el país puede exhibir cada vez más el fortalecimiento del sistema democrático como una referencia regional.

Esta expresión del presidente del órgano comicial se inscribe en lo que siempre se pregona, pero que no pasa de ser un enunciado que en realidad no se corresponde con la verdad.

La JCE todavía es un verdadero desastre, aunque en asuntos puntuales parece haber cumplido con algunas formalidades, como, por ejemplo, unas votaciones relativamente ordenadas, lo cual es un logro de hace ya muchos años.

Pero hablar de avances democráticos evidentemente que es una cuestión relativa, porque este sistema luce muy rezagado y para hacer un análisis realista de la democracia habría que tomar en cuenta muchas otras aristas.

La verdad es que la democracia dominicana es todavía muy de papel, la cual entraña una serie de falencias que muy difícilmente con el comportamiento que tienen los actores políticos se pueda llegar a un punto en el que se acabe la frase más común en el país de que el modelo político avanza y se fortalece.

Escuchar afirmaciones como las de Román Jáquez confirma de que el país sólo sabe manejarse con la creación de una percepción que representa un verdadero engaño, una mentira.

Hay que ser muy atrevido para hablar de un proceso electoral enteramente democrático, transparente e íntegro, cuando todo el mundo sabe que el mismo está lleno de trampas, de compra de votos y de todo tipo de fraudes.

La Junta Central Electoral (JCE) está llena de tantas deficiencias que tal vez sea una de las peores instancias de la débil democracia nacional.

Ahí es muy poco el control que existe, tanto es así que su funcionamiento representa una vergüenza nacional, donde no hay control de nada, absolutamente de nada, a menos que no sea de la organización puntual de unas elecciones llenas de problemas.

Hay que parar que se digan cosas que cuando se ven en los medios de comunicación no deja otra impresión de que el dominicano nada en la mentira y la manipulación.

Cuando la JCE examine y proceda en contra de los que más dañan el sistema electoral y toda la democracia, entonces se podrá usar el lenguaje de que el país camine hacia una forma más creíble y fortalecimiento institucional.

De otra manera se trata de una verdadera vacuencia, que nadie cree y que los resultados son el mejor desmentido de una democracia que sólo existe en el papel, no en los hechos.

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Opinión

República Dominicana: Por ahora… un país a la deriva

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Por Isaías Ramos

Durante las últimas décadas, la República Dominicana ha disfrutado de un supuesto crecimiento económico notable, impulsado por las remesas de los dominicanos en el exterior, un endeudamiento preocupante, una economía de vitrina, el auge del turismo y las zonas francas. Sin embargo, este «progreso» no ha sido suficiente para superar las vulnerabilidades estructurales de una economía extremadamente dependiente del entorno internacional.

La industria nacional, incapaz de convertirse en competitiva a nivel internacional o de satisfacer la demanda interna, sufre debido a un suministro eléctrico caro e ineficaz, leyes laborales que parecen reliquias del pasado y un sistema de seguridad social ajeno al bienestar colectivo. Esto refleja la falta de voluntad política para buscar un desarrollo económico y social que beneficie a la mayoría del pueblo dominicano. Un claro ejemplo de esto es la Ley de Educación (66-97), que, aunque virtuosa y creadora de grandes expectativas, finalmente solo ha dejado decepción y frustración en la población.

No obstante, es en la Ley 1-12, la Estrategia Nacional de Desarrollo, donde se plasma la visión de país que aspiramos construir antes del año 2030: “República Dominicana es un país próspero, donde las personas viven dignamente, apegadas a valores éticos y en el marco de una democracia participativa que garantiza el Estado Social y Democrático de Derecho, y promueve la equidad, la igualdad de oportunidades y la justicia social, gestionando y aprovechando sus recursos para desarrollarse de forma innovadora, sostenible y territorialmente equilibrada e integrada, y se inserta competitivamente en la economía global”.

Esta estrategia de desarrollo, elaborada desde el 2008 y convertida en ley en el 2012, a pesar de estar sustentada en el espíritu de un Estado Social y Democrático de Derecho, permite abrir ventanas a un neoliberalismo que ha logrado imponerse, bloqueando toda posibilidad de promover e implementar la equidad, la igualdad de oportunidades y la justicia social.

A esto se suma un alarmante endeudamiento, una educación que ha dado la espalda a la formación en principios cívicos y valores morales, exacerbada por métodos de perversión, una inseguridad ciudadana desbordada y un sistema de impunidad que perpetúa la corrupción a niveles alarmantes, debilitando la confianza en las instituciones.

Ante este panorama, el gobierno actual ha propuesto 12 reformas, la mayoría ya contempladas en dicha ley. Es imperativo para el gobierno, antes de llevar a cabo la mayoría de estas reformas, restaurar la credibilidad del Estado y ganar la confianza de los ciudadanos con medidas y reformas reales hacia el bienestar colectivo.

Reformas como el código laboral, la seguridad social y del sector eléctrico para adecuarlas al Estado Social y Democrático de Derecho son impostergables con el objetivo de evitar continuar profundizando la miseria y el endeudamiento económico y social al que este modelo neoliberal ha sometido a la población.

Desde el Frente Cívico y Social entendemos que un Estado Social y Democrático de Derecho no es compatible con un modelo económico neoliberal; por lo tanto, las reformas contempladas en la Ley 1-12 deben realizarse acorde a ese espíritu constitucional y a esa visión del país que todos soñamos vivir, y así encaminar a la nación hacia un futuro próspero y equitativo. ¡Es el momento de demostrar que podemos construir ese país que no solo «crezca», sino que también mejore la calidad de vida de cada uno de sus ciudadanos!

¡Despierta, RD!

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Opinión

Los Derechos del Acusado ante la Corte Penal Internacional

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Por Rommel Santos Díaz

El desarrollo de una norma internacional de derecho esta obviamente centrado en el  enjuiciamiento de los supuestos criminales de guerra, el cual se traduce en el apoyo  a un proceso  penal fuerte e independiente.

La implementación de una norma de derecho esta igualmente fundamentada, sin embargo , en la manera en que las personas acusadas  son llevadas ante la Corte Penal Internacional. El proceso  para alcanzar el objetivo  incluye la garantía de un  debido proceso  para todas las personas acusadas.

Es por esta razón que es necesario crear un proceso de defensa  fuerte e independiente. La garantía de los derechos del imputado  es esencial para el establecimiento de un  proceso de defensa  fuerte, y los Estados  Partes podrían necesitar adaptar ciertos aspectos de sus sistemas de justicia penal en el futuro, para asegurar  que sus prácticas referentes a los imputados  tomen en cuenta la jurisprudencia de la CPI en esta área. Delo contrario podrían amenazar la integridad del proceso y perjudicar el trabajo futuro de la CPI.

Uno de los objetivos del sistema  internacional de justicia penal es apoyar la reconciliación entre las personas  y evitar los actos de retribución  colectiva. Para que esto suceda ,  los procedimientos de juicio  deberán respetar los derechos  del acusado, garantizando el empleo de todos los medios de defensa de los cuales tienen derecho  de hacer uso.

Deberá haber un debido proceso , o los miembros del grupo de la persona  acusada se percibirán  ultrajados por un sistema de justicia que no es más que un frente de venganza organizada.

Los artículos 55 y 67 del Estatuto de Roma enumeran los derechos generales de las personas acusadas, y  estos derechos afectan  los procedimientos de competencia del Estado de detención  o custodia.

Los derechos y las obligaciones  que se mencionara están estipulados en la Declaración Universal de Derechos Humanos,y particularmente garantizados por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los cuales son obligatorios para la mayoría de los Estados  Miembros de las Naciones Unidas.

El artículo 67 del Estatuto de Roma establece claramente que deberá existir plena igualdad entre la defensa y la Fiscalía en cualquier proceso ante la Corte Penal Internacional. Por ende, el Estatuto de Roma enfatiza el principio de igualdad de poderes.

A la luz de los derechos del sospechoso establecidos tanto en el artículo 55 como en el artículo 67 del Estatuto de Roma, es esencial para llevar a cabo un procedimiento justo  y efectivo que se garanticen y protejan  estos derechos a lo largo de todo el proceso.

Es recomendable que al arrestar o detener a  una persona el Estado respete todos los derechos estipulados en el artículo 55 para que se garantice el debido proceso, y se evite agravar el proceso en el caso de una revisión  judicial.

El artículo 54 del Estatuto de Roma establece que el Fiscal deberá respetar plenamente los derechos de las personas dispuestos por el Estatuto. Esto significa que las autoridades locales deberán cooperar plenamente con la Fiscalía durante las investigaciones en el lugar de los hechos, y cumplir con cualquier requisito que permita que la investigación descubra tanto prueba vinculante como exculparte para presentar ante la CPI.

[email protected]

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