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El Ministerio de Educación es un nido de la más profunda vocación y cultura de corrupción del país.
El Ministerio de Educación de la República Dominicana, más que un instrumento para mejorar el sistema educativo nacional, ha sido una vía para enriquecer a mucha gente mediante una serie de mecanismos creados para engañar al Estado y a la sociedad.
En los actuales momentos se habla de una inversión en equipos de computadoras y de pagos a canales de televisión para transmitir la docencia en este tiempo de pandemia, cuyas erogaciones han hecho estar en la palestra pública una serie de escándalos, principalmente, provenientes de los oferentes de ese órgano que denuncian irregularidades y violaciones de la Ley de Compras y contrataciones.
El monto invertido hasta el momento, según el actual ministro de Educación, Roberto Fulcar, es de unos 68 mil millones de pesos, pero de todos los contratos para suplir a Educación hay unos veinte que son objetados, pero entre ellos hay uno muy particular que consiste en el otorgamiento a una pequeña empresa, muy pequeña, de una contrata que alcanza la suma de 450 millones de pesos.
Los detalles sobre las operaciones de esa empresa deja claro que en el Gobierno de Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno (PRM) se trilla el mismo camino de los partidos que han utilizado el Estado para que personas muy específicas se enriquezcan de una forma muy peculiar.
La pequeña empresa señalada sólo tuvo un ingreso durante un año de 100 mil pesos, lo cual indica que no tiene el nivel para que se le entregue una contrata del Estado de 450 millones de pesos, cuyo avance parece también haber sido muy significativo sin que exista la seguridad de que pueda cumplir su compromiso.
La pregunta que muchos sectores de la vida nacional se hacen es por qué se escoje un camino que no es más que la repetición de los que fueron expulsados del poder por los que hoy lo ocupan, quienes censuraban las acciones en este mismo orden del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), cuyos de muchos dirigentes hoy son procesados por corrupción administrativa.
El ministro de Educación, Roberto Fulcar, es un personaje muy extraño, porque luego de que su partido llegara al poder prácticamente no tiene presencia pública, ni siquiera al lado del presidente Luis Abinader, porque ya logró su principal meta que era llegar al puesto que hoy ocupa.
En estos momentos la comunicación con Fulcar es algo más que imposible, no sólo para que el está fuera del Gobierno, sino para los propios funcionarios que están a su mismo nivel en la administración del PRM y que se quejan de que este señor no le toma el teléfono a nadie.
Hay una versión generalizada de que este funcionario es tal vez de los hombres que ha exhibido un comportamiento que no pone en duda la falta de lealtad y de cumplir con la palabra empeñada de los perredemístas, pese a que él fue una figura que se paseaba por todos los medios de comunicación del país como jefe de campaña del hoy presidente.
Los escándalos en que está envuelto el ministro de Educación no han recibido mucha difusión por razones que parecen obedecer a la forma como ha manejado durante la pandemia los recursos que llegan a esa cartera como resultado de los esfuerzos del pueblo dominicano.
Estas bochornosas irregularidades son la razón de que en el Gobierno e incluso en el seno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) se exprese inconformidad con la decisión de Luis Abinader de que se escogiera como Procuradora General de la República a una persona independiente, ya que ello se convierte en motivo para que la politiquería no sea el punto de referencia para el manejo de los casos que involucra a funcionarios de la actual administración.
No son pocos los sectores de la vida nacional que nunca han visto diferencia entre la conducta de los perremeístas y los peledeístas, así como con los demás partidos que se mueven en el escenario nacional, cuya única frontera ha sido creada por el empoderamiento ciudadano, la cual se expresa, principalmente, a través de las redes sociales.
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Posición de R.D. sobre Venezuela es acomodamiento a su condición de sometida a nuevos requerimientos de Trump.
Lo planteado por el Gobierno de Luis Abinader de que no comparte la elección de Delcy Rodríguez como presidenta transitoria de Venezuela tras el apresamiento de Nicolás Maduro, revela que República Dominicana quiere incluso superar lo impuesto por Estados Unidos, pero siempre ajustada a los intereses de la potencia del norte.
La realidad es que la pregunta que se impone es y hasta dónde y quién ha dicho que el país tiene la facultad de objetar a una mandataria provisional escogida por el órgano competente y supuestamente sugerida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), aunque el restablecimiento de relaciones comerciales y diplomáticas conlleve algunos requerimientos democráticos.
Sin embargo, la posición dominicana implica la violación del derecho internacional, entre los que se encuentran el de soberanía y autodeterminación de los pueblos, así como la Carta de la ONU.
Evidentemente que el ingrediente introducido por el Gobierno dominicano resulta gracioso para los intereses foráneos que convergen en Venezuela, máxime los que están asociados a los Estados Unidos.
La contradicción dominicana con lo planteado en la Organización de Estados Americanos (OEA) y su práctica en política exterior, ya que el presente Gobierno siempre se inclina por la intromisión en los asuntos internos de otros países, no deja la naci0n buen parada en la comunidad internacional.
Resulta poco entendible que la República Dominicana no haya apoyado abiertamente la incursión ilegal de Estados Unidos en Venezuela, pero que preste su territorio para el apoyo logístico de la acción.
Es una especie de doble moral, pese a que en su lugar debió mantener una posición aparentemente neutral, aunque de cualquiera manera ya estaba involucrada en una intervención armada que viola los principios fundamentales del derecho internacional
De lo que no queda ninguna duda es que el crédito internacional en política exterior del país ha quedado seriamente comprometido con una causa de la que ha sido una víctima en una diversidad de ocasiones como en el 1916 y el 1965.
La verdad que pretender una conducta diferente de la nación frente a la irracionalidad de Trump sería mucho pedir, sobre todo cuando otros países pertenecientes a la Unión Europea y otras superpotencias como Rusia y China también son tolerantes con la agresividad e intromisión del principal imperio del mundo.
No obstante, desde cualquier perspectiva que sea vea el asunto la conclusión no puede ser otra que en la situación pesa más el miedo que la vergüenza y la dignidad del pueblo dominicano.
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La República Dominicana inhabilitada en política exterior en el nuevo escenario imperial de Trump
La República Dominicana con una ocupación militar parcial de Estados Unidos, se proyecta como una presa sin libertad para expresarse libremente en política exterior.
La ocupación militar, aunque sólo se observa en el Aeropuerto Internacional de las Américas, abarca otros entornos que no son necesariamente visibles.
Pero la agresividad o poco disimulada intervención, deja el país y de igual modo a prácticamente toda Latinoamérica, a merced del capricho y la voluntad de los intereses de la nueva cara del imperio.
La República Dominicana ni por asomo se atreve a pronunciarse libremente sobre política exterior sin que esté a tono con la linea trazada o impuesto por la administración Trump.
La pregunta que subyace es si ese nuevo cuadro no implica también un trastorno del régimen legal, porque se podría estar en un escenario en el que los derechos fundamentales pasen a un segundo plano en el que el Estado Social Democrático de Derecho sea una expresión vacía y sin sentido.
Por razones geopolíticas y factores muy particulares, el país se asoma a un resquebrajamiento del proceso de constitucionalización del derecho a nivel interno y retroceder la nación a épocas ya superadas.
La pregunta que se impone es si prevalecerá en el mundo el pregonado derecho internacional cuando las instituciones que lo enarbolan pierden autoridad moral frente a las violaciones provenientes de potencias como los Estados Unidos que ya ni siquiera guarda las apariencias
El problema, que tiene una dimensión mundial, pero impacta más severamente a los países del tercer mundo y que propicia la posibilidad del surgimiento de regímenes de fuerza, aunque con simulaciones democráticas.
La preocupación tiene que ver con el hecho de graves violaciones del derecho internacional en una época en que éste forma parte consustancial del derecho interno y entonces qué se puede esperar como resultado.
El retroceso de la línea trazada por Donald Trump representa una amenaza mundial contra los logros del derecho contemporáneo, no sólo en favor de las personas físicas, sino también de los Estados más pequeños y débiles.
Hay precedentes en esta materia cuando predominaba en el mundo el llamado constitucionalismo clásico, que dio paso a dictaduras como las Adolfo Hitler en Alemania y la de Benito Mussoline en Italia, cuyos resultados fueron realmente catastróficos para la humanidad.
La interrogante que permanece en el nuevo panorama mundial es si va a pesar más el miedo que la vergüenza y la dignidad de los pueblos del mundo.
Por Elba García
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple su sueño de ser dictador hemisférico, aunque sea por un día.
La vocación dictatorial de Trump se ha expresado con mayor contundencia tras la entrada ilegal en territorio venezolano y apresar al jefe de Estado de ese país Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Tras este acontecimiento en momentos que se habla de la época del derecho constitucional, el cual incluye el derecho internacional, Trump ha anunciado su pretensión de convertir a Venezuela en una nueva colonia del imperio norteamericano.
El gobernante de los Estados Unidos ha adelantado que busca manejar la riqueza petrolera de Venezuela, una de las principales del mundo.
Pero la violación de Trump llega todavía más lejos al advertir a los demás países latinoamericanos a verse en el espejo de Venezuela.
Tromp hizo una alusión directa contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien dice podría correr la misma suerte de Maduro.
Anteriormente lo hizo con Brasil a propósito de la condena por conspiración del expresidente Bolsonoro.
Pero de igual modo se ha comportado con Honduras, donde en sus recientes elecciones presidenciales auspició uno de los candidatos y presionó con advertencias de actuar duramente contra los que estén en contra de sus designios.
Al fin impuso su voluntad, sin que haya reacción fuerte de rechazo a la vocación imperial del presidente de Estados Unidos.
No sé entiende por qué los países latinoamericanos no se unen en un bloque para rechazar la política de dominación y dictatorial de Donald Trump.
Incluso en el rechazo a la violación del derecho internacional por parte de los Estados Unidos pueden incluirse los países de la Unión Europea, que son permanentemente asediados y amenazados de imponerles aranceles y otros castigos como parte de la vocación dictatorial del mandatario norteamericano.
El chantaje de los Estados Unidos incluye también el otorgamiento de visados para ingresar al territorio de la potencia del norte.
La conducta de Trump es como si su administración haya borrado del mapa la supuesta clase gobernante que existe allí.
El problema se torna tan grave que la violación de derechos no solo se produce en Estados Unidos, sino en todo el mundo que parece haber retornado el derecho constitucional clásico, que fue sustituido por el derecho constitucional moderno en que los Estados grandes aplastan a los pequeños.
La época Trump prácticamente ha borrado el legado establecido por Estados Unidos a través del derecho constitucional difuso y sobre el equilibrio de los poderes.
Lo sorprendente de la era Tromp es que hasta la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos luce sometida a una cierta tolerancia del jefe de Estado de la potencia del norte.
Si la mayoría de los países no reaccionan a la política represiva y de dominación de Trump difícilmente pueda sobrevivir el sistema democrático, lo que puede crear serias tensiones y confrontaciones sociales y políticas en todo el planeta.