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El Ministerio Público exhibe altos niveles de deficiencia que promueven impunidad en el pais.
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7 meses agoon
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Elba GarcíaPor Elba García
La crisis institucional de la República Dominicana se expresa en algunos niveles con mayor crudeza que en otros, lo cual es observable en el Ministerio Público.
El asunto resulta tan grave que no hay forma de que las cosas caminen aceptablemente en un órgano con tanta importancia en la persecución del crimen y el delito.
La función del Ministerio Público se queda en una pretensión que nunca se cumple, dado que su personal, principalmente los fiscales, nunca se interesan en darles la respuesta esperada o adecuada a las víctimas de los hechos delincuenciales que se producen regularmente en el país.
En el marco de esta deficiencia parece existir una cierta complacencia por parte de los jueces de instrucción, quienes generalmente siguen las mismas líneas del Ministerio Público en los casos de delitos y crímenes que se les presentan.
Es una crisis de una dimensión insospechada, ya que de la gran cantidad de denuncias y querellas que se presentan muy pocas tienen el seguimiento que garantiza el sistema.
Los únicos casos que tienen un cierto seguimiento son aquellos que tienen un profundo componente político, como los que se inscriben en el marco de la corrupción administrativa.
Ahora no hay forma de que los accidentes automovilísticos tengan la respuesta que debe corresponderse cuando hay pérdidas de vidas humanas, los cuales quedan generalmente impune porque casi siempre la recomendación del Ministerio Público es que el caso se quede en la instancia civil.
La explicación de esta conducta del Ministerio Público tiene que ver con el hecho de que los conductores responsables de los accidentes que han provocado muertes reciben inexplicablemente una especie de protección que raya en lo inconcebible.
En estos momentos el país está frente al caso de la joven venezolana Skarle Valentina Mujica Zapata, quien es señalada como la responsable de causarle la muerte al hijo del presidente de una organización que lucha en contra de la corrupción en el país.
En este caso se ha determinado que la joven extranjera no tiene documentos migratorios en el país y que además no tiene licencia de conducir, aunque tiene un vehículo registrado a su nombre.
Pero igual situación han tenido familiares de personas que han sido víctimas de accidentes de tránsito en Santiago y en otros lugares del territorio nacional, donde los miembros del Ministerio Público mantienen un pulso con los familiares de los fallecidos para que los casos no se conozcan en un tribunal penal, sino a nivel civil, a fin de que el responsable de la desgracia no reciba la sanción que establece la ley, aparentemente por haber recibido alguna compensación para exhibir esa conducta.
La Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial establece sanciones muy claras y contundentes en lo que respecta a la conducción de un vehículo de motor sin licencia y seguro, entre otros requerimientos en esta materia, pero en realidad esta norma no surte el efecto esperado y los fiscales están más atentos al dinero que reciben de paga para su inacción que a cumplir con su rol en la sociedad.
Skarle Valentina Mujica Zapata, de 27 años, es acusada de violar varios artículos de la Ley 63-17 de República Dominica, de acuerdo al documento de solicitud de medida de coerción contra la imputada que entregaron las fiscales Minerva Batista y Carmen Espinal Geo, adscritas a la Fiscalía de la Casa del Conductor, aunque se había producido una denuncia del padre de la víctima de algún tipo de componenda.
A Mujica Zapata, de 27 años, la acusan de ocasionar la muerte del ciudadano Julio César de la Rosa Peralta y de violar el artículo 303, numeral 5, que está contenido en la norma, según las fiscales.
El Ministerio Público también le imputa conducir de manera temeraria o descuidada, cuyo agravio está consignado en el artículo 220 de la Ley 63-17.
Asimismo, las fiscales le imputan la violación al artículo 207 y 208, sobre licencia extranjera y no cumplimiento con la obtención de una licencia en el país, respectivamente.
El artículo 207 establece que “los titulares de una licencia de conducir extranjera que residan en el país podrán solicitar la expedición de una acreditación nacional cuando el documento extranjero mantenga su vigencia, así como previo cumplimiento de las formalidades que mediante el reglamento correspondiente establezca el Intrant”.
Mujica Zapata también es acusada, de acuerdo al documento, de violar el artículo 306 sobre responsabilidad del conductor frente a un accidente.
“El conductor de un vehículo implicado en un accidente del cual resulten personas lesionadas, daños a otro vehículo, a la propiedad pública o privada, detendrá inmediatamente su vehículo en el lugar del accidente de manera que no obstruya el tránsito, y dará cumplimiento a todas las obligaciones que esta ley dispone, sin arriesgar su seguridad”, establece la ley en el artículo 306.
MP acusa a la extranjera que atropelló a Julio César de Rosa Peralta de mentir y abandonar a la víctima y consideró una medida de coerción como una forma de garantizar la presencia de la imputada en el proceso.
El órgano argumentó que la coerción es necesaria por el comportamiento de la imputada después de la ocurrencia de los hechos, además, porque la joven venezolana no tiene arraigo en el país, debido a que se su pasaporte está vencido.
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El 2025, como cada año nuevo, entra cargado de grandes expectativas y sueños que normalmente no se ven cristalizados
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4 días agoon
enero 2, 2025Por Elba García
El año 2025 entra con la particularidad de que el mundo sufre un deterioro en lo que respecta con los compromisos asumidos entre gobernantes y gobernados y a nivel de las personas físicas y morales., ya que las riquezas están concentradas en una parte muy ínfima de la sociedad.
Por esta razón se observa, podría decirse, la erosión en todo el planeta del sistema representativo, pero el asunto tiene mayor fuerza en aquellas democracias occidentales que han servido de base al resto de las naciones.
Es indiscutible que las falencias de las democracias occidentales siempre han estado presentes en los países con serias debilidades institucionales, pero el fenómeno ya se ha extendido a las que pretenden convertirse en ejemplo para aquellas naciones que las toman como punto de referencia.
El fenómeno del individualismo y el afán personal por acumular grandes riquezas ha representado desde cualquier perspectiva que se vea la principal retranca para que el modelo de democracia representativa que predomina en el mundo recobre su credibilidad.
Ese modelo de gobierno ha profundizado los niveles de desigualdad social y de pobreza en los pueblos, principalmente del llamado tercer mundo, cuando la crisis de valores ya también incluye en este deterioro a las principales potencias mundiales que tienen como sistema político la democracia representativa.
El problema gana terreno y toma tanto cuerpo en un país como los Estados Unidos, donde ahora la lucha no parece ser una expresión entre aquellos que tienen mayor conciencia social y los que no tienen una menor idea de la necesidad de que los Estados incluyan garantías de políticas públicas inclusivas que disminuyan las injusticias sociales.
Pero, lamentablemente, eso no es lo que se ve, sino todo lo contrario, ya que los gobiernos de las democracias occidentales se fundamentan en favorecer a grupos económicos y a personas de forma particular, aunque ello implique el sufrimiento de los que menos tienen.
El descrédito de los partidos, que involucra también al Estado, pese a que se supone que no siempre los intereses grupales deben estar por encima de los colectivos para evitar la ocurrencia de explosiones sociales, conjuntamente con el debilitamiento institucional de las democracias como la estadounidense, indica que podría desaparecer en el curso de los días hasta el foco de presión que constituye la unión americana en contra de detalles tan importantes como la corrupción administrativa y el terrorismo en razón de que hasta ella camina hacia una tolerancia interna de estos flagelos que la conduce aceleradamente hacia el tercer mundo.
Las pasadas elecciones presidenciales de los Estados Unidos se convirtieron en un ejemplo convincente de que los intereses individuales vencieron a los institucionales, cuyos últimos se supone que son una especie de protección de las grandes mayorías nacionales y de la democracia, pero que la práctica dice totalmente lo contrario.
Este cambio en la política estadounidense envía el mensaje de que no es mucho lo que se puede hacer en esta materia, ya que allí hasta la figura del inducto se ha convertido en un instrumento para favorecer a convictos familiares y vinculados a grupos alineados con algunas corrientes tanto democráticas como conservadoras que hoy tienen el control del Estado.
El tema ha entrado en un derrotero que en realidad pone en peligro el sistema democrático occidental, el cual parecía el más fuerte de todos, aunque ello nunca ha ocurrido en aquellas naciones latinoamericanas, donde su precario desarrollo de sus fuerzas productivas ha llevado consigo una pobre conciencia social y en consecuencia una cuestionada democracia.
La tesis en el campo de la sociología política de que en Estados Unidos tiene el control del Estado una clase social para sí, consciente de su papel en la sociedad, ha entrado en un serio cuestionamiento, porque parece no tener asidero el planteamiento de que lo particular nunca estaría por encima de lo colectivo, sobre todo en el contexto de su sistema de justicia.
Sin embargo, el caso Trump ha sido un desmentido contundente a esa corriente de pensamiento y que le atribuye una fortaleza al Estado de la mayor potencia del mundo en virtud de que se señala que fue el primero que surge en el mundo sin influencias feudales y que el mismo es un instrumento de una clase social con una profunda conciencia social.
Entonces, a partir de esa tesis se puede concluir que Trump se ha puesto por encima de esa supuesta clase social y todo ello implica el colapso total de la credibilidad de una nación que sus políticas públicas están dirigidas a no sólo que sean respetadas por sus ciudadanos y población en general, sino también por los países que están en su órbita por razones de geopolítica
De manera, que, si las cosas se observan a partir de las distorsiones y el descredito de las democracias occidentales, entonces habría que concluir que no es mucho lo que se puede esperar en el año que acaba de hacer su entrada, el 2025, sobre todo porque el resto de los países que conforman el planeta están sumergidos en niveles de endeudamiento preocupantes, que sólo llevan a la colonización económica y política y al debilitamiento de su precario aparato institucional.
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Sentencia del TC sobre candidaturas independientes da golpe mortal al monopolio electoral de la partidocracia.
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2 semanas agoon
diciembre 22, 2024Por Elba García
El Tribunal Constitucional ha emitido la sentencia TC/0788/24 mediante la cual elimina los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23 para darle paso a un mayor nivel de razonabilidad a la aceptación de las candidaturas independientes, cuyo golpe a la partidocracia, quiérase o no, luce ser el más severo históricamente.
No ha sido poca la preocupación del ciudadano por el comportamiento fuera de la ética de los partidos políticos, ya que éstos son los principales promotores de los males de que adolece la democracia nacional.
Puede asegurarse que los partidos políticos, a diferencia de las afirmaciones de muchos de que son el soporte de la democracia, representan en la República Dominicana todo lo contrario, ya que promueven la corrupción administrativa, entre cuyas vertientes está el clientelismo, el tráfico de influencia y otras variantes de la distorsionada política vernácula.
Por esta razón y muchas otras resulta novedosa e interesante la figura de las candidaturas independientes, ya que si bien éstas pueden representar una vía para que se presenten aspirantes que no necesariamente busquen la mejoría del Estado porque que no tienen la menor idea de qué es éste, pero ello también ocurre en el contexto de la desacreditada partidocracia.
Entre los argumentos esgrimidos por los partidos del sistema está que con las candidaturas independientes se abre una brecha importante para que el bajo mundo permee el Estado, pero quienes dicen eso no se dan cuenta que ya hace muchos años que los intereses del narcotráfico y de los peores intereses están presentes y podría decirse que controlan una buena parte del Congreso Nacional, el sistema de justicia e incluso del Poder Ejecutivo.
De manera, que ante esa realidad el argumento al respecto no tiene asidero e incluso debe decirse que, si la nación tiene que correrse el riesgo de ser también contaminada a través de las candidaturas independientes, pues que así sea, porque de cualquier manera ese es un hecho innegable y que ocurre desde mucho antes de que apareciera esta figura del régimen electoral.
La otra arista que debe ponderar la partidocracia es que la figura de las candidaturas independientes es mucho más democrática que la forma que utilizan los partidos del sistema internamente, cuya escogencia de aspirantes responde más a los intereses de aquellos que tienen mayor poder económico que los que exhiben algún liderazgo, no importa de dónde provenga el dinero.
La verdad debe ser dicha en lo que respecta a las candidaturas independientes y es que el legislador estableció en los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23 un verdadero mamotreto, un engaño que vendía la idea de que la referida figura existía cuando las exigencias eran exactamente las mismas que para los partidos políticos.
Era prácticamente un imposible lograr una candidatura independiente en los términos que la plasmó el legislador positivo, cuyo cambio jamás hubiera provenido del Congreso Nacional, porque el principal escollo hubiera venido de diputados y senadores e incluso del propio Poder Ejecutivo que puede vetar cualquier proyecto de ley en este sentido, dado que su procedencia es de la partidocracia que se niega a que existan otros mecanismos para la elección de un ciudadano a la administración pública.
La figura de las candidaturas independientes llega al debate y al escenario nacional a propósito del proceso de constitucionalización que vive la República Dominicana y el mundo, donde los derechos fundamentales no pueden ser contenidos por ningún grupo económico, político o mediático, sobre todo el de elegir y ser elegible.
En toda la historia del país por primera vez se produce lo que han planteado amplios sectores nacionales en reiteradas ocasiones, en el sentido de que, si no se detiene el mal comportamiento de los partidos políticos del sistema, grandes y pequeños, la democracia quedará reducida a una caricatura, que sólo existirá en el papel, porque está demostrado que la partidocracia no tiene hiel ni mide las consecuencias para repetir por décadas el mismo comportamiento antiético y de abusos en contra del patrimonio público.
Un buen ejemplo de lo que ocurre en el escenario electoral es la forma descarada de la compra de votos, pero además cómo se muestra un gran interés de muchos ciudadanos por crear un pequeño partido que lo convierte en un ventorrillo para vendérselo al mejor postor.
En el pasado proceso electoral intentaron buscar reconocimiento más de cien organizaciones que no plantean nada diferente, sino negociar con el que tiene el control del Estado, algunos de cuyos comerciantes de forma descarada y sin sonrojarse plantean públicamente que se les entregue algún cargo público por haber apoyado al que ocupa el Poder Ejecutivo.
La posibilidad de que en el país sea una realidad las candidaturas independientes era sólo a través del fenómeno del neo-constitucionalismo que hoy arropa al mundo, incluida a la República Dominicana, porque por los intereses que convergen en el Congreso Nacional era prácticamente imposible que ello ocurriera.
La República ha sido crítica del manejo del TC de la revisión de la acción de amparo, pero nunca ha dejado de reconocer que ha hecho un trabajo admirable en lo atinente a que en el sistema de justicia y en toda la vida nacional se respete el derecho, el valor y el principio de igualdad, el cual es transversal a todos los demás derechos.
La sentencia del TC hay que verla como una tabla de salvación de la democracia nacional, porque la partidocracia no sólo socava el poco nivel de institucionalidad del Estado, sino también que sustrae los recursos que el pueblo dominicano necesita para su salud, educación y para la satisfacción de otras necesidades sociales.
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Baja calidad de educación no garantiza desarrollo cognitivo en el país pese inversión del 4% del PIB.
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3 semanas agoon
diciembre 18, 2024Por Elba García
Las quejas han sido constantes y permanentes del bajo nivel de la educación dominicana a pesar de la relativa alta inversión económica hecha en el sector.
Más de un billón de dólares ha invertido el país en un sistema educativo que cada día se degrada y en el que prevalece una corrupción que avergüenza a todos y cada uno de los dominicanos decentes.
Desde 2013 cuando se acordó destinar el 4% del Producto Interno Bruto (PIB) de República Dominicana a la educación, el país ha destinado una buena parte de estos recursos para alimentar y estimular el principal flagelo de que adolece la nación, que no es otra cosa que la corrupción administrativa.
El Ministerio de Educación (Minerd) en el 2023 ejecutó el 3.88% del 4% del PIB, lo que equivale a unos 226 mil 232 millones de pesos, la cual es la segunda inversión más alta desde 2013.
En el 2020 fue el año en que se cumplió con el 4%, debido a la pandemia de COVID-19. En ese año, el gasto fue de RD$201,501,223,632.
En cuanto al gasto público per cápita en educación, en 2022 fue de 383 euros por habitante, un aumento del 41,85% respecto a 2021.
En el ranking de países por importe invertido en educación, República Dominicana subió del puesto 70 en 2021 al 63 en 2022. Sin embargo, sigue estando entre los países con un bajo gasto público en educación.
Está demostrado que la educación es el instrumento más ideal y eficiente para lograr un verdadero desarrollo nacional.
Estudios hechos por psicólogos han dado como resultado que el coeficiente intelectual más alto se produce en aquellas naciones donde hay una alta inversión en educación.
Entre todos los países latinoamericanos Uruguay es el que aparece con un más alto coeficiente de inteligencia con 96 puntos, seguido por Argentina con 93 y Chile con 90, pero el nombre de la Republica no figura por ningún lado, lo cual también habla de la poca inversión en esta materia.
El cociente intelectual (CI) ha sido por años un indicador clave para medir las capacidades cognitivas de las personas y un estudio global al respecto, liderado por los psicólogos Richard Lynn y Tatu Vanhanen, destaca a Uruguay como el país con el promedio más alto en América Latina, seguido por Argentina.
En este renglón es importante preguntarse sobre los factores detrás de este desempeño y las implicaciones para el desarrollo socioeconómico de la región.
El caso uruguayo, uno de los países más pequeños del hemisferio, ha captado la atención en el mundo, no solo por su desempeño, sino también por las posibles políticas y condiciones que podrían haber permitido el nivel de desarrollo cognitivo.
El estudio presenta un ranking con los puntajes promedio de CI en los países latinoamericanos, evidenciando una considerable brecha entre las naciones.
Según el análisis de Lynn y Vanhanen, Uruguay tiene un promedio de CI de 96 puntos, ubicándose a la cabeza de América Latina (Archivo)Nicolás Janowski – Lugares
- Uruguay: 96
- Argentina: 93
- Chile: 90
- Costa Rica: 89
- Ecuador y México: 88
- Bolivia y Brasil: 87
- Cuba y Perú: 85
- Colombia, Paraguay y Venezuela: 84
- Honduras: 81
En la investigación quedan claras diferencias sustanciales que podrían estar influenciadas por factores como la inversión en educación, la estabilidad económica y el acceso a recursos básicos.
Los autores del estudio, identifican variables como la calidad del sistema educativo, la equidad en el acceso a la educación, y factores socioeconómicos como determinantes en los niveles promedio de CI.
Países con políticas que priorizan la educación, programas de nutrición infantil y acceso a tecnología suelen tener mejores resultados en el desarrollo cognitivo de su población.
Por ejemplo, la exposición a entornos que estimulan la creatividad y el pensamiento crítico desde la infancia es crucial. En contraste, los países que enfrentan desigualdades económicas y educativas tienden a registrar promedios más bajos de CI.
En este tema Singapur saca la cabeza con (108), Corea del Sur (106) y Japón (105), cuyas naciones no solo se destacan por sus inversiones en educación de calidad, sino también por sus avanzados sistemas de investigación, tecnología y políticas públicas orientadas a potenciar el capital humano.
De acuerdo con los autores, variables como la calidad del sistema educativo, la equidad en el acceso a la educación y factores socioeconómicos son determinantes en los niveles promedio de CI.
El estudio también subraya la relación entre el CI promedio de un país y su capacidad de desarrollo económico. Países con mayores índices de inteligencia suelen ser más innovadores y eficientes en la resolución de problemas, lo que les permite mantener economías más avanzadas. En este sentido, América Latina tiene una oportunidad significativa: priorizar políticas educativas y sociales que fomenten el desarrollo intelectual como una estrategia para potenciar su crecimiento económico.
El liderazgo de Uruguay en el ranking de CI en América Latina no es casualidad. Su enfoque en políticas públicas inclusivas y su inversión en educación de calidad han sido factores clave para este logro, destaca el estudio. Este ejemplo puede servir como un modelo para otros países de la región que buscan mejorar sus índices de inteligencia y, con ello, su proyección económica a largo plazo.
Sin embargo, el caso de la República Dominicana radica en un problema integral, donde la inversión en educación no es una prioridad y el hecho de que se destinen más recursos al sector no implica una mejoría en la misma, sino un mayor aprovechamiento para el enriquecimiento ilícito.
El 4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) para Educación, aunque todavía es uno de los más bajos de la región, el monto no deja de ofrecer una buena oportunidad para que el país ocupe otros niveles mundiales en este renglón.