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El Ministerio Público exhibe altos niveles de deficiencia que promueven impunidad en el pais.
Por Elba García
La crisis institucional de la República Dominicana se expresa en algunos niveles con mayor crudeza que en otros, lo cual es observable en el Ministerio Público.
El asunto resulta tan grave que no hay forma de que las cosas caminen aceptablemente en un órgano con tanta importancia en la persecución del crimen y el delito.
La función del Ministerio Público se queda en una pretensión que nunca se cumple, dado que su personal, principalmente los fiscales, nunca se interesan en darles la respuesta esperada o adecuada a las víctimas de los hechos delincuenciales que se producen regularmente en el país.
En el marco de esta deficiencia parece existir una cierta complacencia por parte de los jueces de instrucción, quienes generalmente siguen las mismas líneas del Ministerio Público en los casos de delitos y crímenes que se les presentan.
Es una crisis de una dimensión insospechada, ya que de la gran cantidad de denuncias y querellas que se presentan muy pocas tienen el seguimiento que garantiza el sistema.
Los únicos casos que tienen un cierto seguimiento son aquellos que tienen un profundo componente político, como los que se inscriben en el marco de la corrupción administrativa.
Ahora no hay forma de que los accidentes automovilísticos tengan la respuesta que debe corresponderse cuando hay pérdidas de vidas humanas, los cuales quedan generalmente impune porque casi siempre la recomendación del Ministerio Público es que el caso se quede en la instancia civil.
La explicación de esta conducta del Ministerio Público tiene que ver con el hecho de que los conductores responsables de los accidentes que han provocado muertes reciben inexplicablemente una especie de protección que raya en lo inconcebible.
En estos momentos el país está frente al caso de la joven venezolana Skarle Valentina Mujica Zapata, quien es señalada como la responsable de causarle la muerte al hijo del presidente de una organización que lucha en contra de la corrupción en el país.
En este caso se ha determinado que la joven extranjera no tiene documentos migratorios en el país y que además no tiene licencia de conducir, aunque tiene un vehículo registrado a su nombre.
Pero igual situación han tenido familiares de personas que han sido víctimas de accidentes de tránsito en Santiago y en otros lugares del territorio nacional, donde los miembros del Ministerio Público mantienen un pulso con los familiares de los fallecidos para que los casos no se conozcan en un tribunal penal, sino a nivel civil, a fin de que el responsable de la desgracia no reciba la sanción que establece la ley, aparentemente por haber recibido alguna compensación para exhibir esa conducta.
La Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial establece sanciones muy claras y contundentes en lo que respecta a la conducción de un vehículo de motor sin licencia y seguro, entre otros requerimientos en esta materia, pero en realidad esta norma no surte el efecto esperado y los fiscales están más atentos al dinero que reciben de paga para su inacción que a cumplir con su rol en la sociedad.
Skarle Valentina Mujica Zapata, de 27 años, es acusada de violar varios artículos de la Ley 63-17 de República Dominica, de acuerdo al documento de solicitud de medida de coerción contra la imputada que entregaron las fiscales Minerva Batista y Carmen Espinal Geo, adscritas a la Fiscalía de la Casa del Conductor, aunque se había producido una denuncia del padre de la víctima de algún tipo de componenda.
A Mujica Zapata, de 27 años, la acusan de ocasionar la muerte del ciudadano Julio César de la Rosa Peralta y de violar el artículo 303, numeral 5, que está contenido en la norma, según las fiscales.
El Ministerio Público también le imputa conducir de manera temeraria o descuidada, cuyo agravio está consignado en el artículo 220 de la Ley 63-17.
Asimismo, las fiscales le imputan la violación al artículo 207 y 208, sobre licencia extranjera y no cumplimiento con la obtención de una licencia en el país, respectivamente.
El artículo 207 establece que “los titulares de una licencia de conducir extranjera que residan en el país podrán solicitar la expedición de una acreditación nacional cuando el documento extranjero mantenga su vigencia, así como previo cumplimiento de las formalidades que mediante el reglamento correspondiente establezca el Intrant”.
Mujica Zapata también es acusada, de acuerdo al documento, de violar el artículo 306 sobre responsabilidad del conductor frente a un accidente.
“El conductor de un vehículo implicado en un accidente del cual resulten personas lesionadas, daños a otro vehículo, a la propiedad pública o privada, detendrá inmediatamente su vehículo en el lugar del accidente de manera que no obstruya el tránsito, y dará cumplimiento a todas las obligaciones que esta ley dispone, sin arriesgar su seguridad”, establece la ley en el artículo 306.
MP acusa a la extranjera que atropelló a Julio César de Rosa Peralta de mentir y abandonar a la víctima y consideró una medida de coerción como una forma de garantizar la presencia de la imputada en el proceso.
El órgano argumentó que la coerción es necesaria por el comportamiento de la imputada después de la ocurrencia de los hechos, además, porque la joven venezolana no tiene arraigo en el país, debido a que se su pasaporte está vencido.
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Posición de R.D. sobre Venezuela es acomodamiento a su condición de sometida a nuevos requerimientos de Trump.
Lo planteado por el Gobierno de Luis Abinader de que no comparte la elección de Delcy Rodríguez como presidenta transitoria de Venezuela tras el apresamiento de Nicolás Maduro, revela que República Dominicana quiere incluso superar lo impuesto por Estados Unidos, pero siempre ajustada a los intereses de la potencia del norte.
La realidad es que la pregunta que se impone es y hasta dónde y quién ha dicho que el país tiene la facultad de objetar a una mandataria provisional escogida por el órgano competente y supuestamente sugerida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), aunque el restablecimiento de relaciones comerciales y diplomáticas conlleve algunos requerimientos democráticos.
Sin embargo, la posición dominicana implica la violación del derecho internacional, entre los que se encuentran el de soberanía y autodeterminación de los pueblos, así como la Carta de la ONU.
Evidentemente que el ingrediente introducido por el Gobierno dominicano resulta gracioso para los intereses foráneos que convergen en Venezuela, máxime los que están asociados a los Estados Unidos.
La contradicción dominicana con lo planteado en la Organización de Estados Americanos (OEA) y su práctica en política exterior, ya que el presente Gobierno siempre se inclina por la intromisión en los asuntos internos de otros países, no deja la naci0n buen parada en la comunidad internacional.
Resulta poco entendible que la República Dominicana no haya apoyado abiertamente la incursión ilegal de Estados Unidos en Venezuela, pero que preste su territorio para el apoyo logístico de la acción.
Es una especie de doble moral, pese a que en su lugar debió mantener una posición aparentemente neutral, aunque de cualquiera manera ya estaba involucrada en una intervención armada que viola los principios fundamentales del derecho internacional
De lo que no queda ninguna duda es que el crédito internacional en política exterior del país ha quedado seriamente comprometido con una causa de la que ha sido una víctima en una diversidad de ocasiones como en el 1916 y el 1965.
La verdad que pretender una conducta diferente de la nación frente a la irracionalidad de Trump sería mucho pedir, sobre todo cuando otros países pertenecientes a la Unión Europea y otras superpotencias como Rusia y China también son tolerantes con la agresividad e intromisión del principal imperio del mundo.
No obstante, desde cualquier perspectiva que sea vea el asunto la conclusión no puede ser otra que en la situación pesa más el miedo que la vergüenza y la dignidad del pueblo dominicano.
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La República Dominicana inhabilitada en política exterior en el nuevo escenario imperial de Trump
La República Dominicana con una ocupación militar parcial de Estados Unidos, se proyecta como una presa sin libertad para expresarse libremente en política exterior.
La ocupación militar, aunque sólo se observa en el Aeropuerto Internacional de las Américas, abarca otros entornos que no son necesariamente visibles.
Pero la agresividad o poco disimulada intervención, deja el país y de igual modo a prácticamente toda Latinoamérica, a merced del capricho y la voluntad de los intereses de la nueva cara del imperio.
La República Dominicana ni por asomo se atreve a pronunciarse libremente sobre política exterior sin que esté a tono con la linea trazada o impuesto por la administración Trump.
La pregunta que subyace es si ese nuevo cuadro no implica también un trastorno del régimen legal, porque se podría estar en un escenario en el que los derechos fundamentales pasen a un segundo plano en el que el Estado Social Democrático de Derecho sea una expresión vacía y sin sentido.
Por razones geopolíticas y factores muy particulares, el país se asoma a un resquebrajamiento del proceso de constitucionalización del derecho a nivel interno y retroceder la nación a épocas ya superadas.
La pregunta que se impone es si prevalecerá en el mundo el pregonado derecho internacional cuando las instituciones que lo enarbolan pierden autoridad moral frente a las violaciones provenientes de potencias como los Estados Unidos que ya ni siquiera guarda las apariencias
El problema, que tiene una dimensión mundial, pero impacta más severamente a los países del tercer mundo y que propicia la posibilidad del surgimiento de regímenes de fuerza, aunque con simulaciones democráticas.
La preocupación tiene que ver con el hecho de graves violaciones del derecho internacional en una época en que éste forma parte consustancial del derecho interno y entonces qué se puede esperar como resultado.
El retroceso de la línea trazada por Donald Trump representa una amenaza mundial contra los logros del derecho contemporáneo, no sólo en favor de las personas físicas, sino también de los Estados más pequeños y débiles.
Hay precedentes en esta materia cuando predominaba en el mundo el llamado constitucionalismo clásico, que dio paso a dictaduras como las Adolfo Hitler en Alemania y la de Benito Mussoline en Italia, cuyos resultados fueron realmente catastróficos para la humanidad.
La interrogante que permanece en el nuevo panorama mundial es si va a pesar más el miedo que la vergüenza y la dignidad de los pueblos del mundo.
Por Elba García
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple su sueño de ser dictador hemisférico, aunque sea por un día.
La vocación dictatorial de Trump se ha expresado con mayor contundencia tras la entrada ilegal en territorio venezolano y apresar al jefe de Estado de ese país Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Tras este acontecimiento en momentos que se habla de la época del derecho constitucional, el cual incluye el derecho internacional, Trump ha anunciado su pretensión de convertir a Venezuela en una nueva colonia del imperio norteamericano.
El gobernante de los Estados Unidos ha adelantado que busca manejar la riqueza petrolera de Venezuela, una de las principales del mundo.
Pero la violación de Trump llega todavía más lejos al advertir a los demás países latinoamericanos a verse en el espejo de Venezuela.
Tromp hizo una alusión directa contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien dice podría correr la misma suerte de Maduro.
Anteriormente lo hizo con Brasil a propósito de la condena por conspiración del expresidente Bolsonoro.
Pero de igual modo se ha comportado con Honduras, donde en sus recientes elecciones presidenciales auspició uno de los candidatos y presionó con advertencias de actuar duramente contra los que estén en contra de sus designios.
Al fin impuso su voluntad, sin que haya reacción fuerte de rechazo a la vocación imperial del presidente de Estados Unidos.
No sé entiende por qué los países latinoamericanos no se unen en un bloque para rechazar la política de dominación y dictatorial de Donald Trump.
Incluso en el rechazo a la violación del derecho internacional por parte de los Estados Unidos pueden incluirse los países de la Unión Europea, que son permanentemente asediados y amenazados de imponerles aranceles y otros castigos como parte de la vocación dictatorial del mandatario norteamericano.
El chantaje de los Estados Unidos incluye también el otorgamiento de visados para ingresar al territorio de la potencia del norte.
La conducta de Trump es como si su administración haya borrado del mapa la supuesta clase gobernante que existe allí.
El problema se torna tan grave que la violación de derechos no solo se produce en Estados Unidos, sino en todo el mundo que parece haber retornado el derecho constitucional clásico, que fue sustituido por el derecho constitucional moderno en que los Estados grandes aplastan a los pequeños.
La época Trump prácticamente ha borrado el legado establecido por Estados Unidos a través del derecho constitucional difuso y sobre el equilibrio de los poderes.
Lo sorprendente de la era Tromp es que hasta la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos luce sometida a una cierta tolerancia del jefe de Estado de la potencia del norte.
Si la mayoría de los países no reaccionan a la política represiva y de dominación de Trump difícilmente pueda sobrevivir el sistema democrático, lo que puede crear serias tensiones y confrontaciones sociales y políticas en todo el planeta.