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Se inicia reto en la sociedad del que depende que se recobre credibilidad de la justicia e institucionalidad del Estado.
El Gobierno del presidente Luis Abinader y del Partido Revolucionario Moderno (PRM) ha iniciado sus ataques en contra de los actos de corrupción que caracterizaron la administración de Danilo Medina.
Los apresamientos y procesamientos de los detenidos se supone que deben estar avalados por una serie de pruebas que no se constituyan en una amenaza de erosionar la credibilidad con que llegó la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, quien en el caso Odebrecht emitió unas críticas que aún perduran en la conciencia nacional de que ese expediente no llegaría a ningún lado porque había sido muy mal estructurado, y en los hechos así ha sido.
Las acciones del Ministerio Público en contra de los exfuncionarios peledeístas se derivan, principalmente, de la presión de la gente para que sean llevados al banquillo de los acusados los responsables de una serie hechos que dejan muy mal parado al sistema de partidos en la República Dominicana, ya que no sólo el PLD tiene que ver con el problema, sino todos los demás, incluidos los más pequeños, de izquierda y de derecha, los cuales tienen alguna participación en la macro o micro corrupción administrativa que es una epidemia, sino una pandemia, que se lleva entre sus garras el patrimonio nacional.
En el país no hay dudas de que el PRM tiene una conducta que no dista mucho de la del PLD, tanto es así que la diferencia sólo consiste en el color con que se identifican ambos, por lo que los dos carecen de escrúpulos para manejarse en función de una ética que ellos mismos promueven desde la oposición, pero que niegan cuando llegan al poder.
Lo cierto es que los apresados estaban en el rumor público por la forma vulgar en que han acumulado grandes fortunas, sobre todo el hermano del expresidente Danilo Medina, Alexis Medina Sánchez, quien creó a lo interno del Gobierno pasado una verdadera asociación de malhechores para alzarse con una gran fortuna económica de recursos provenientes del erario.
Frente a los apresamientos, que todavía falta ver que tan bien armados están los expedientes de una Procuraduría que no se le perdonaría que incurra en el error de no dotarse de las pruebas suficientes para lograr la condena de los primeros apresados, las cuales existen demás, pero que también hay que tomar en cuenta los sectores que se mueven al interior del Gobierno para impedir el enjuiciamiento de aquellos que van a la administración pública a llevarse lo que no es suyo, hay grandes expectativas
En ese contexto, estuvieron los recorridos que hizo Hipólito Mejía luego del triunfo electoral de Abinader para proclamar en el Palacio Nacional que es para fuera que van, pero en el fondo se promovía una impunidad que parte no sólo de la amistad entre ambos exmandatarios, sino de la convicción del representante de una de las corrientes dentro del PRM de que a los exjefes de Estado no se les toca ni con el pétalo de una rosa.
Naturalmente, esa posición de la corriente de Hipólito Mejía dentro de su Gobierno y del partido oficial, también está determinada por unos vínculos económicos que tienen que ver con la asignación de la construcción de obras públicas sobre la base de procedimientos también muy cuestionables, lo cual quiere decir que hay grandes intereses de por medio.
El problema en el país está tan profundo en la cultura nacional que prácticamente nadie, ningún partido, puede decirse que no esté involucrado con el flagelo, cuya gravedad del asunto llega tan lejos que la mayoría de los que critican las acciones corruptas de los que están en el Gobierno actúan igual o parecido desde la oposición y se la pasan hablando a través de los medios de comunicación de lo que no pueden cumplir.
El reto que implican estos primeros apresamientos es de una magnitud que podrían tener un impacto muy grande en la democracia dominicana a partir de las ansias de la población porque se haga justicia por los hechos bochornosos que se cometen desde las alturas del poder y que provoca que por la administración pública desfilen una se serie de pelafustanes que de la nada terminan con fortunas que indignan hasta al más poderoso de los dominicanos, porque es una especie de poder incontrolable que nadie ve y que se disemina por todas las instituciones oficiales, mientras la gente sufre por las precariedades que prevalecen en los servicios públicos.
La presión de las redes sociales y de los propios dirigentes del PRM, que saben muy bien que no contarían con el perdón de los votantes por su negligencia frente a una corrupción que amenaza con llevarse de paro el país, cuyas primeras ejecutorias del presidente Abinader confirmaron que los políticos no se miden cuando suben las escalinatas del Palacio Nacional, está a prueba ahora con la persecución iniciada por el Ministerio Público.
A partir de ayer domingo se ha iniciado un capítulo en la historia de la democracia dominicana que su repercusión va a depender de los desenlaces que estas tengan, porque si tienen éxitos habría ganado la sociedad y la democracia, pero de lo contrario sería una amenaza muy difícil de revertir en un país donde las malas acciones de los políticos lo tienen al borde de su colapso total.
La verdad es que si la persecución obedece a un interés sincero de perseguir a todo el que se ha robado parte del patrimonio público, la lista de allanamientos y apresados será muy larga o mejor dicho interminable, lo cual provocará que los dominicanos se preparen para escuchar hasta el cansancio la expresión persecución política para buscar quitarle fuerza a unas acciones que se hacen muy necesarias en la República Dominicana para contrarrestar un mal que ya existe en todas las instancias públicas y privadas.
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Posición de R.D. sobre Venezuela es acomodamiento a su condición de sometida a nuevos requerimientos de Trump.
Lo planteado por el Gobierno de Luis Abinader de que no comparte la elección de Delcy Rodríguez como presidenta transitoria de Venezuela tras el apresamiento de Nicolás Maduro, revela que República Dominicana quiere incluso superar lo impuesto por Estados Unidos, pero siempre ajustada a los intereses de la potencia del norte.
La realidad es que la pregunta que se impone es y hasta dónde y quién ha dicho que el país tiene la facultad de objetar a una mandataria provisional escogida por el órgano competente y supuestamente sugerida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), aunque el restablecimiento de relaciones comerciales y diplomáticas conlleve algunos requerimientos democráticos.
Sin embargo, la posición dominicana implica la violación del derecho internacional, entre los que se encuentran el de soberanía y autodeterminación de los pueblos, así como la Carta de la ONU.
Evidentemente que el ingrediente introducido por el Gobierno dominicano resulta gracioso para los intereses foráneos que convergen en Venezuela, máxime los que están asociados a los Estados Unidos.
La contradicción dominicana con lo planteado en la Organización de Estados Americanos (OEA) y su práctica en política exterior, ya que el presente Gobierno siempre se inclina por la intromisión en los asuntos internos de otros países, no deja la naci0n buen parada en la comunidad internacional.
Resulta poco entendible que la República Dominicana no haya apoyado abiertamente la incursión ilegal de Estados Unidos en Venezuela, pero que preste su territorio para el apoyo logístico de la acción.
Es una especie de doble moral, pese a que en su lugar debió mantener una posición aparentemente neutral, aunque de cualquiera manera ya estaba involucrada en una intervención armada que viola los principios fundamentales del derecho internacional
De lo que no queda ninguna duda es que el crédito internacional en política exterior del país ha quedado seriamente comprometido con una causa de la que ha sido una víctima en una diversidad de ocasiones como en el 1916 y el 1965.
La verdad que pretender una conducta diferente de la nación frente a la irracionalidad de Trump sería mucho pedir, sobre todo cuando otros países pertenecientes a la Unión Europea y otras superpotencias como Rusia y China también son tolerantes con la agresividad e intromisión del principal imperio del mundo.
No obstante, desde cualquier perspectiva que sea vea el asunto la conclusión no puede ser otra que en la situación pesa más el miedo que la vergüenza y la dignidad del pueblo dominicano.
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La República Dominicana inhabilitada en política exterior en el nuevo escenario imperial de Trump
La República Dominicana con una ocupación militar parcial de Estados Unidos, se proyecta como una presa sin libertad para expresarse libremente en política exterior.
La ocupación militar, aunque sólo se observa en el Aeropuerto Internacional de las Américas, abarca otros entornos que no son necesariamente visibles.
Pero la agresividad o poco disimulada intervención, deja el país y de igual modo a prácticamente toda Latinoamérica, a merced del capricho y la voluntad de los intereses de la nueva cara del imperio.
La República Dominicana ni por asomo se atreve a pronunciarse libremente sobre política exterior sin que esté a tono con la linea trazada o impuesto por la administración Trump.
La pregunta que subyace es si ese nuevo cuadro no implica también un trastorno del régimen legal, porque se podría estar en un escenario en el que los derechos fundamentales pasen a un segundo plano en el que el Estado Social Democrático de Derecho sea una expresión vacía y sin sentido.
Por razones geopolíticas y factores muy particulares, el país se asoma a un resquebrajamiento del proceso de constitucionalización del derecho a nivel interno y retroceder la nación a épocas ya superadas.
La pregunta que se impone es si prevalecerá en el mundo el pregonado derecho internacional cuando las instituciones que lo enarbolan pierden autoridad moral frente a las violaciones provenientes de potencias como los Estados Unidos que ya ni siquiera guarda las apariencias
El problema, que tiene una dimensión mundial, pero impacta más severamente a los países del tercer mundo y que propicia la posibilidad del surgimiento de regímenes de fuerza, aunque con simulaciones democráticas.
La preocupación tiene que ver con el hecho de graves violaciones del derecho internacional en una época en que éste forma parte consustancial del derecho interno y entonces qué se puede esperar como resultado.
El retroceso de la línea trazada por Donald Trump representa una amenaza mundial contra los logros del derecho contemporáneo, no sólo en favor de las personas físicas, sino también de los Estados más pequeños y débiles.
Hay precedentes en esta materia cuando predominaba en el mundo el llamado constitucionalismo clásico, que dio paso a dictaduras como las Adolfo Hitler en Alemania y la de Benito Mussoline en Italia, cuyos resultados fueron realmente catastróficos para la humanidad.
La interrogante que permanece en el nuevo panorama mundial es si va a pesar más el miedo que la vergüenza y la dignidad de los pueblos del mundo.
Por Elba García
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple su sueño de ser dictador hemisférico, aunque sea por un día.
La vocación dictatorial de Trump se ha expresado con mayor contundencia tras la entrada ilegal en territorio venezolano y apresar al jefe de Estado de ese país Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Tras este acontecimiento en momentos que se habla de la época del derecho constitucional, el cual incluye el derecho internacional, Trump ha anunciado su pretensión de convertir a Venezuela en una nueva colonia del imperio norteamericano.
El gobernante de los Estados Unidos ha adelantado que busca manejar la riqueza petrolera de Venezuela, una de las principales del mundo.
Pero la violación de Trump llega todavía más lejos al advertir a los demás países latinoamericanos a verse en el espejo de Venezuela.
Tromp hizo una alusión directa contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien dice podría correr la misma suerte de Maduro.
Anteriormente lo hizo con Brasil a propósito de la condena por conspiración del expresidente Bolsonoro.
Pero de igual modo se ha comportado con Honduras, donde en sus recientes elecciones presidenciales auspició uno de los candidatos y presionó con advertencias de actuar duramente contra los que estén en contra de sus designios.
Al fin impuso su voluntad, sin que haya reacción fuerte de rechazo a la vocación imperial del presidente de Estados Unidos.
No sé entiende por qué los países latinoamericanos no se unen en un bloque para rechazar la política de dominación y dictatorial de Donald Trump.
Incluso en el rechazo a la violación del derecho internacional por parte de los Estados Unidos pueden incluirse los países de la Unión Europea, que son permanentemente asediados y amenazados de imponerles aranceles y otros castigos como parte de la vocación dictatorial del mandatario norteamericano.
El chantaje de los Estados Unidos incluye también el otorgamiento de visados para ingresar al territorio de la potencia del norte.
La conducta de Trump es como si su administración haya borrado del mapa la supuesta clase gobernante que existe allí.
El problema se torna tan grave que la violación de derechos no solo se produce en Estados Unidos, sino en todo el mundo que parece haber retornado el derecho constitucional clásico, que fue sustituido por el derecho constitucional moderno en que los Estados grandes aplastan a los pequeños.
La época Trump prácticamente ha borrado el legado establecido por Estados Unidos a través del derecho constitucional difuso y sobre el equilibrio de los poderes.
Lo sorprendente de la era Tromp es que hasta la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos luce sometida a una cierta tolerancia del jefe de Estado de la potencia del norte.
Si la mayoría de los países no reaccionan a la política represiva y de dominación de Trump difícilmente pueda sobrevivir el sistema democrático, lo que puede crear serias tensiones y confrontaciones sociales y políticas en todo el planeta.