Opinión
El mundo “patas arriba”: a lo Galeano, no a lo FMI- Georgieva
Por Narciso Isa Conde
Kristalina Georgieva, Directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), declaró al mundo con especial grandilocuencia que “la pandemia del coronavirus ha puesto al mundo PATAS ARRIBA con la pérdida de un millón de vidas y un impacto económico profundo en los países de bajos ingresos que nos enfrentamos a riesgos de una generación perdida” (Primera Plana y primer titular del diario Hoy de la República Dominicana /07-10-2020)
Es claro que el propósito del FMI, en su condición de gendarme del capitalismo imperialista occidental, es presentar la crisis sistémica, en marcha desde hace varias décadas, como el producto reciente de una crisis de salud.
- EL PROPIO GALEANO TRITURA ESA MANIOBRA PUBLICITARIA.
La Georgieva, para su desgracia, no solo no tuvo en cuenta la historia del capitalismo y de su fase imperialista; no solo omitió el impacto desgarrador sus últimas tres décadas de neoliberalismo, sino que despreció el sentido que el gran escritor latinoamericano le da el titulo de su obra.
Obvió de paso, que el inocultable contenido de esa obra, expresa de múltiples maneras una valoración de la crisis y sus nefastos impactos sobre la humanidad y sobre el planeta Tierra, radicalmente contrarias a toda opinión propagandística que pretenda presentarla como algo fortuito, provocado por un virus fuera de control.
Vale, por tanto, contrastar la esencia de lo plateado desde la cúpula del FMI, con lo expresado por Galeano en la referida obra escrita antes de finalizar el siglo pasado, cuando el nuevo corona virus no pensaba nacer o cuando el impacto del capitalismo sobre la naturaleza o sus laboratorios especializados en guerra biológica, no lo habían podido engendrar.
“Las posibilidades de que un banquero que vacía un banco pueda disfrutar, en paz, del fruto de sus afanes son directamente proporcionales a las posibilidades de que un ladrón que roba un banco vaya a parar a la cárcel o al cementerio. “
“Cuando un delincuente mata por alguna deuda impaga, la ejecución se llama ajuste de cuentas; y se llama plan de ajuste la ejecución de un país endeudado, cuando la tecnocracia internacional decide liquidarlo. El malevaje financiero secuestra países y los cocina si no pagan el rescate: si se compara, cualquier hampón resulta más inofensivo que Drácula bajo el sol. La economía mundial es la más eficiente expresión del crimen organizado. Los organismos internacionales que controlan la moneda, el comercio y el crédito practican el terrorismo contra los países pobres, y contra los pobres de todos los países, con una frialdad profesional y una impunidad que humillan al mejor de los tira bombas.“
“El arte de engañar al prójimo, que los estafadores practican cazando incautos por las calles, llega a lo sublime cuando algunos políticos de éxito ejercitan su talento. En los suburbios del mundo, los jefes de estado venden los saldos y retazos de sus países a precio de liquidación por fin de temporada, como en los suburbios de las ciudades los delincuentes venden, a precio vil, el botín de sus asaltos.” (Eduardo Galeano Patas Arriba Página 10 de 204)
No era necesario mencionar al FMI o al Banco Mundial por sus nombres, para que algunas referencias contenidas en estos párrafos indicaran su destino.
- ¿QUIENES HAN PUESTO AL MUNDO PATAS ARRIBA?
El mundo está patas arribas desde hace siglos y el capitalismo imperialista -más aun en su fase neoliberal o neoconservadora- tiene mucho más responsabilidad en la tragedia que sufrimos, que los virus que ha engendrado, creado o manipulado; incluida toda la familia de los coronas y particularmente el nuevo corona virus y su COVID 19; pandemia portadora de una impronta maltusiana, tan maltusiana como el concepto de “población sobrante” o “superflua”, referido a los/as mayores adultos/as, población enferma, sectores híper-empobrecidos y niños de la calle.
De esa enorme responsabilidad no pueden escapar sus “tanques pensantes” capaces de formular teorías genocidas; sus FMI, BM, carteles, bancos globales y corporaciones transnacionales, encargados de convertir la economía mundial en una “expresión del crimen organizado”; su Pentágono OTAN, CÍA, Mossad y paramilitares… a cargo de su guerra global infinita; sus negociantes de la salud y las enfermedades, sus farma-corporaciones, sus manipuladores de pandemias, epidemias y vacunas; sus traficantes de órganos, drogas y personas.
No olvidemos que una directora del FMI, que precedió a la actual, propugnó abiertamente por la eliminación de la población envejeciente.
Súmense los muertos de hambre, hacinamiento, sed, desnutrición, comida basura, contaminación ambiental, frío, enfermedades curables…; la población infantil que no llega a los 5 años, los enfermos que fallecen por falta de atención y medicación apropiada, los que mueren por ingestión de fármacos basura, las mujeres fallecidas a causa de la penalización del aborto terapéutico…
Agreguen las muertes provocadas por las guerras desplegadas por las grandes potencias de Norteamérica y Europa Occidental, y resalta la entronización de una política de exterminio por vía diversas, frente a la cual el teatro fondomonetarista de Kristalina resulta pálido y mentiroso a la vez. Solo en Irak el Pentágono y la OTAN han provocado más muertes que la COVID 19.
Esta tragedia social y humana no llegó ahora con esta pandemia, sino que es el producto de una multi-crisis acumulada, que estaba a punto de tener un estallido mayor que los escenificados en el 2008 y 2012.
Estamos ante un nuevo nivel de una crisis en espiral del sistema capitalista, manejado hasta ahora a favor de las facciones más poderosas de sus cúpulas; provocando a la vez mayores empobrecimientos de los seres humanos y de la naturaleza no humana, deteriorando cada vez más el derecho a la vida.
Lo que ha hecho la COVID 19 es desnudar el capitalismo, encuerar el neoliberalismo y el lumpen-imperialismo actual, precipitar y agravar la crisis que han provocado.
Tiene toda la razón Michael Chossudovsky, profesor de economía de la Universidad de Otawa, Canada, cuando afirma que:
“El Nuevo Orden Mundial se nutre de la pobreza y de la destrucción del medioambiente. Genera el apartheid social, alienta al racismo y las luchas étnicas, socava los derechos de las mujeres y con frecuencia lanza a los países a confrontaciones destructivas entre nacionalidades. A partir de 1990 ha extendido su dominio a las principales regiones del mundo: Norteamérica, Europa occidental, los países del antiguo bloque soviético y los países recién industrializados del sureste de Asia y del Lejano Oriente” (GLOBALIZACIÓN DE LA POBREZA Y NUEVO ORDEN MUNDIAL).
El 40% de la población rural del planeta vive en condiciones de pobreza y pobreza extrema.
Solo en África, Asia y América Latina la pobreza afecta a más de mil millones de personas.
La tasa de mortalidad infantil a escala global es de 65 por cada mil nacidos.
En EEUU hay 12 millones de emigrantes empobrecidos y 5.5 millones de personas con severas carencias de viviendas, entre ellas 600 mil que viven debajo de los puentes.
La aridización de las tierras se ha convertido en una tragedia mundial, mientras la crisis de agua, el calentamiento global, la depredación de bosques y ríos, y la contaminación industrial, amenazan la existencia de la vida planetaria.
Culpables de esta tragedia a contener y revertir los hay, y no son precisamente los pueblos empobrecidos, sino sus explotadores y opresores, millones de veces más asesinos que su COVID 19.
Ellos son los que se empecinan, en su loca rapacidad, por mantener al mundo patas arriba y en imponernos un mundo sin alma.
Así es:
«En el mundo sin alma que se nos obliga a aceptar
como único posible –nos enfatiza Eduardo Galeano-, no hay
pueblos, sino mercados; no hay ciudadanos, sino consumidores;
no hay naciones, sino empresas; no hay ciudades,
sino aglomeraciones; no hay relaciones humanas, sino competencias
mercantiles.
Nuestro deber es ponerle fin a esta inversión de valores, en una lucha tenaz y persistente por construir lo nuevo, basado fundamentalmente en la solidaridad humana y en su armonía con la Madre Tierra.
(I)
Por Oscar López Reyes
Desde 1950, tres años a posteriori de su creación -1947- la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos comenzó a instrumentalizar a periodistas para manipular y moldear a la opinión pública mundial, en una abominable labor de zapa, en el cenit geopolítico de la Guerra Fría entre dos superpotencias imperiales. Su proyecto primigenio, y el más escalofriante, ha sido la encubierta Operación Mockingbird, mediante la cual se ocultaron y tergiversaron informaciones para influir a favor de los designios norteamericanos, y desde 2019 ejecuta a gran escala una campaña de reclutamiento para difundir noticias y entretenimiento en redes sociales y plataformas streaming.
En estos 78 años, la CIA ha invertido miles de millones de dólares en el enlistamiento de periodistas anti-éticos y anti-democráticos y en infiltración en medios de comunicación para divulgar programas propagandísticos, engendrando el descrédito y la desconfianza ciudadana, así como la animadversión de adversarios en guerras.
La operación Mockingbird, que inicialmente consistió en escuchas telefónicas periodísticas sin orden judicial, fue llevada a cabo por la CIA para identificar fuentes de filtraciones de datos de alta inteligencia. Principió grabando conversaciones privadas de Hanson Baldwin, reportero de seguridad nacional del New York Times, entre el 12 de marzo y el 15 de junio de 1963, desde el Despacho Oval de la Casa Blanca.
Las grabaciones fueron por iniciativa del presidente de Estados Unidos, Jhon F. Kennedy, luego que se incomodara por un reportaje de primera plana publicado por Baldwin (ganador del Premio Pulitzer en 1943 por su cobertura de la Segunda Guerra Mundial) en la edición del 26 de julio de 1962 del New York Times en el que, amparado en una información clasificada, revelaba el número de misiles nucleares en el arsenal estadounidense. A su vez, comparaba esos depósitos atómicos de Estados Unidos con los de la Unión Soviética, y el afán de esta última superpotencia por resguardar sus emplazamientos de misiles balísticos intercontinentales.
A seguidas, la CIA también intervino los teléfonos residenciales de los columnistas Robert S. Allen y Paul Scott (The Allen-Scott Report, publicada en unos 300 periódicos), tras estos dar a conocer secretos clasificados de Estados Unidos. Más adelante, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) se incorporó a las averiguaciones y vigilancia para detectar quienes desde los organismos de inteligencia estaban infiltrando informaciones a la prensa. También produjo la intercepción telefónica a la periodista de Newsweek, Lloyd Nornam, y el secretario de Estado Dean Rusk presionó para que CBS News no difundiera un reportaje del periodista Daniel Schorr sobre el espectacular escape de ciudadanos de Alemania Oriental a través de un túnel bajo el Muro de Berlín.
Por intermedio del proyecto Mockingbird -según variadas fuentes- para divulgar propaganda proestadounidense y truquear a la opinión pública contra la influencia comunista, aceptaron ser asalariados de la CIA cientos de periodistas de The New York Times, The Washington Post, Newsweek, ABC, CBS, NBC, la revista Time, Louisville Courier Jounal, Copley News Service, la agencia internacional Reuters y otros medios de América Latina, Europa y otras regiones.
Los objetivos bien definidos de la contratación a sueldo de la red de periodistas, publicaciones, televisoras y emisoras tengo que segmentarlos en siete:
1.- Difundir relatos preescritos por la CIA, para tratar de cambiar la percepción global sobre situaciones y personas, siempre favorables a Estados Unidos.
2.- Controlar la política editorial de medios comunicativos, a través de altos ejecutivos y editores, en una novedosa interacción subrepticia gobierno-prensa.
3.- Ocultar informaciones perjudiciales o desfavorables a Estados Unidos, en una intromisión estatal sin precedentes.
4.- Inclinar la balanza para conveniencia estratégica de Estados Unidos en coberturas informativas, artículos de opinión, editoriales y otros géneros periodísticos.
5.- Contrarrestar la propaganda e influencia de la Unión Soviética, con mecanismos sofisticados de persuasión pública.
6.- Suministrar datos de inteligencia, en una típica tarea de espionaje.
7.- Detectar a agentes o empleados de organismos de inteligencia que confidencialmente suministraban informaciones a periodistas.
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El autor: Redactor principal del Código de Ética del Periodista Dominicano y autor exclusivo del libro “La Ética en el Periodismo. Los cinco factores que interactúan en la deontología profesional”.
Por Isaías Ramos
En el artículo anterior, “Cuando trabajar no alcanza”, mostramos lo esencial: en nuestro país hay trabajadores a tiempo completo que, aun cumpliendo con todo, no alcanzan el costo de la canasta básica. Hoy toca cerrar el círculo con una pregunta inevitable: si el Estado asegura que no tiene margen para indexar el ISR ni para acercar los salarios a la canasta, ¿cómo sí lo tiene para blindar exenciones y subsidios que ya rondan el medio billón de pesos al año?
La comparación es contundente: alrededor de RD$19 mil millones para cumplir la indexación —lo mínimo para que la inflación no se coma el salario por la vía del impuesto— frente a más de RD$500 mil millones en gasto tributario y subsidios no focalizados. Esa diferencia no es técnica; es moral. Es un impuesto silencioso al trabajo para sostener privilegios que casi nunca rinden cuentas.
No hablamos de milagros, sino de coherencia constitucional.
Primero derechos; después privilegios.
La indexación es justicia básica; que el salario cubra la canasta es dignidad mínima. Cuando eso no ocurre, todo lo demás se convierte en una transferencia regresiva: recursos públicos arriba y salarios de subsistencia abajo.
Lo vemos en historias como la de Marta, cajera en una tienda que abre seis días a la semana. Gana el salario mínimo del tramo superior y aun así no le alcanza para transporte, alimentos y educación básica de sus hijos. Todos conocemos una Marta. Su caso no es la excepción; es el reflejo de un modelo.
Reconocemos, sin ambigüedades, que ciertos sectores han traído inversión y empleo. Pero en un Estado Social y Democrático de Derecho, la prioridad no se discute: derechos primero, incentivos después. Si un sector recibe exenciones millonarias durante décadas, la contrapartida mínima es un salario mediano por encima de la canasta y una reducción verificable de la informalidad. Y si los beneficios se justifican por su aporte, ese aporte debe comprobarse con datos públicos.
Las preguntas son simples, y las respuestas deberían serlo también:
- ¿Cuál es su salario mediano y qué parte de la canasta cubre?
- ¿Cuál es su aporte fiscal neto, descontadas exenciones y transferencias?
- ¿Qué metas salariales y de formalización han cumplido —auditadas y con plazos—?
Si esas respuestas no existen, la falla no está en quien critica, sino en un modelo que evita mirarse al espejo.
Cuando miramos la región, el panorama se vuelve más claro y más crudo. Llevamos décadas creciendo alrededor de 5 % anual, más del doble del promedio latinoamericano. Sin embargo, datos del Banco Mundial muestran que menos de 2 % de los dominicanos ascendió de grupo de ingreso en una década, frente a un 41 % regional. Es una de las movilidades más bajas de América Latina: un motor económico de alta potencia montado sobre una carrocería social demasiado frágil.
A eso se suma un mercado laboral con alrededor de 55 % de informalidad, superando un promedio regional que ya bordea la mitad. Millones de personas trabajan sin contrato, sin protección y sin capacidad de negociación. Mientras tanto, el salario mínimo formal del sector privado no sectorizado —según el tamaño de la empresa— oscila hoy entre unos RD$16,000 en las microempresas y cerca de RD$28,000 en las grandes, y ni siquiera en su tramo superior alcanza el costo de la canasta familiar nacional, que ronda los RD$47,500, ni la canasta del quintil 1, situada en torno a RD$28,400. La mayoría de los trabajadores informales ni siquiera se acerca a esos montos.
Ahí está el nudo del modelo: un PIB que corre por delante del promedio regional, con salarios más bajos, más informalidad y menor movilidad que casi todos. Ahí es donde la retórica del “milagro” deja de coincidir con lo que millones viven cada día: jornadas largas, ingresos insuficientes y un crecimiento que no se traduce en dignidad.
Y, mientras tanto, la indexación —que solo evita que el impuesto castigue el salario— se presenta como inalcanzable. No lo es. Lo inalcanzable es pretender estabilidad congelando la protección del trabajador mientras se blindan privilegios que nadie revisa con lupa desde hace décadas. Eso no es estabilidad; es un subsidio a la precariedad.
La discusión no es “si hay dinero”, sino de dónde es justo que salga.
¿De quienes ya no pueden más, o de exenciones que llevan medio siglo sin evaluación seria?
¿De la nómina de la clase trabajadora, o de regímenes especiales convertidos en vacas sagradas?
En el Frente Cívico y Social entendemos que la guía es simple y está escrita en la Constitución. El artículo 62 establece, entre otras cosas, que es finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado y, en su numeral 9, consagra el derecho a un salario justo y suficiente para vivir con dignidad. No es poesía; es mandato. Si el salario mediano de un sector no cubre la canasta, ese sector no cumple con la dignidad mínima. Y si además recibe exenciones, la obligación de rendir cuentas es aún mayor.
Y porque no hay dignidad sin desarrollo, no olvidemos lo esencial: salario digno es demanda interna, productividad futura y estabilidad social. Con sueldos de miseria no se construye un mercado interno robusto, no se fortalece el capital humano, no hay escalera de movilidad. Lo que se “ahorra” hoy en salarios bajos se paga mañana en menor crecimiento y mayor conflictividad.
En una frase: un país que se respeta no pone el privilegio por encima del salario, ni el incentivo por encima de la dignidad. Cuando la política honra esa jerarquía, la estadística deja de ser consuelo y se convierte en vida vivible.
Despierta RD
Por Rommel Santos Díaz
A diferencia de la Corte Penal Internacional, cuyo estatuto es el resultado de varios años de debates y de la Conferencia de Plenipotenciarios, los tribunales Ad –Hoc para la Ex Yugoslavia y Ruanda son la expresión de una respuesta a dos situaciones específicas caracterizadas por la comisión de atrocidades en el territorio de estos países.
Fue precisamente la gravedad de las circunstancias lo que obligó al Consejo de Seguridad a ejercer las atribuciones que le confiere el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas para crear las jurisdicciones penales Ad – Hoc para la Ex Yugoslavia ( Resolución 827 de 1993) y para Ruanda (Resolución 955 de 1994)
En estos casos, ambos tribunales tienen virtualmente estatutos idénticos y también compartieron algunas instituciones comunes, como por ejemplo el Fiscal, dado que a partir del 15 de septiembre del 2003, el Consejo de Seguridad designo a Hassan Bubacar Jallow como Fiscal del Tribunal Penal Internacional para Ruanda.
La Fiscal Carla Del Ponte ejerce su competencia exclusivamente en relación al Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia. Las características comunes entre ambos tribunales han tenido como consecuencia, al menos en el ámbito teórico, la economía y uniformidad en el ámbito fiscal hasta el año 2003 así como en el desarrollo de una línea jurisprudencial sólida y constante en el análisis de sus respectivos casos.
De esta forma la creación de dichos tribunales Ad-Hoc constituye un desarrollo sin precedentes a favor de la implementación de las normas sobre derechos humanos que a su vez ha favorecido una dinámica positiva en el proceso de creación de un sistema de justicia penal internacional que se concreta casi una década después con el inicio de las funciones de la Corte Penal Internacional.
Por su lado el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda fueron creados por resoluciones del Consejo de Seguridad en virtud de las cuales son considerados como órganos judiciales subsidiarios del mismo.
Se ha establecido que aun cuando fueron creados por el Consejo de Seguridad, el cual no es un órgano judicial, esto no afecta la validez del acto jurídico de creación puesto que ambos son el reflejo del ejercicio del mandato del principal órgano de las Naciones Unidas para mantener la seguridad y la paz internacional.
Esta línea de razonamiento concuerda con la establecida por la Corte Internacional de Justicia en su Opinión Consultiva sobre los efectos de las compensaciones concedidas por el tribunal administrativo de las Naciones Unidas de 1954.
Por tanto, mientras la Corte Penal Internacional es un tribunal internacional independiente, el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda son órganos judiciales subsidiarios del Consejo de Seguridad Conforme al Artículo 2 del Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional mantiene relaciones de cooperación con el sistema de de las Naciones Unidas, pero ello no afecta su independencia con respecto a dicha organización internacional.