De portada
Letalidad del coronavirus en el país supera naciones del hemisferio por inexistencia del Estado.
Nadie puede negar que el Covid-19 ha impactado de forma muy severa a todo el mundo, principalmente a los países europeos y asiáticos, como Italia y España, donde la cantidad de muertes ya supera a nivel general las 36 mil personas.
En la República Dominicana siempre se ha advertido de la inexistencia del aparato institucional, dentro cual se encuentra la justicia, el poder Legislativo y naturalmente el sanitario, entre otros, lo cual se constituye en un peligro para la permanencia de la democracia y de la propia vida de la gente, lo cual implica un problema muy serio para la existencia de la nación.
La carencia de un régimen de consecuencia para sancionar en el país los casos de corrupción administrativa ha revelado el total desplome del aparato institucional y la inexistencia de un estado de derecho y de un régimen de consecuencia, cuya máxima expresión se ha producido con los escándalos de sustracción de recursos públicos por parte de una multinacional que en la República Dominicana es como si nada hubiera ocurrido, mientras en países como Perú, Panamá, entre otras naciones latinoamericanas, han sido enjuiciados presidentes y otros miembros de la clase política por su complicidad con Odebrecht.
La suspensión de las pasadas elecciones municipales del pasado 16 de febrero sacó a la superficie una deficiencia institucional que ha sido parte de las preocupaciones de amplios sectores nacionales, pero que en realidad es un tema que ha sido encubierto con una política mediática que consiste en vender una percepción falsa de las ejecutorias y la eficiencia del Gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
El segundo caso que nos revela hasta dónde el aparato institucional dominicano está colapsado ha sido la llegada al país de la pandemia, cuyos datos dejan claro que el sistema sanitario nacional no resiste un combate eficiente del patógeno que hasta hoy ha generado 859 contagiados y 39 muertes.
Estos datos mandan contundentemente la confirmación de que la República Dominicana carece de un sistema sanitario eficiente para contrarrestar las consecuencias que se derivan del coronavirus.
De cada 100 personas que han dado positivo del COVID 19 en el país, más de cuatro han fallecido a causa de la enfermedad respiratoria, para una tasa del casi 5%, con cuyos resultados la República Dominicana se coloca al tope de los parámetros estimados inicialmente por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que estableció la letalidad del coronavirus en un rango entre el 2 y el 4%.
La mayor tasa de letalidad del país la registra San Francisco de Macorís, que alcanza más del 20 por ciento, equivalente a 21 fallecidos del total de 83 casos confirmados, mientras que el Distrito Nacional, a pesar de tener la mayor cantidad de contagiados, que son 379, tiene una tasa de letalidad de un 1%.
Con esta tasa de letalidad, que llega casi al 5 por ciento en República Dominicana sin todavía haber llegado el momento crítico, el país se coloca por encima de panamá, con un 2%; Nicaragua con 0,76%; Honduras con 1,05%; Bolivia con 0% casos; Guatemala con 3,13%; Colombia con 1,11%; Ecuador con 2,63%; Venezuela con 1,67%, Perú con 1,73%; Argentina con 2,46%; Uruguay 0,00% ; Brasil con 2,67% y Cuba tiene tres muertes para un 2.52%, de acuerdo a los datos actualizados en la aplicación coronavirus.app que registra las informaciones de cada país.
Según el boletín informativo número 10 dado a conocer por el ministro de Salud Pública, doctor Rafael Sánchez Cárdenas, en el país se han registrado hasta el momento 39 fallecimientos, 11 más que el día anterior, de los cuales 21 corresponden a la provincia Duarte, primera de territorio nacional en presentar una alta trasmisión comunitaria.
Asimismo el número de casos confirmados se elevó a 859 para unos 140 más que el boletín anterior, cuando se habían notificados 781. De los confirmados 131 están en confinamiento hospitalario, 686 en aislamiento domiciliario en el Distrito Nacional, con 321 casos, Santo Domingo, con 79, Duarte con 83 y Santiago con 97, estas últimas las provincias con mayor cantidad de confirmados.
La edad promedio de los fallecidos es de 61 años y 79% y han sido hombres.
El sistema captó, de acuerdo a los datos ofrecidos por el doctor Sánchez Cárdenas, un total de 2,153 casos sospechosos, de los cuales 1,434 fueron descartados por pruebas de laboratorio.
El 56% de los casos confirmados se encuentran en el Gran Santo Domingo, lo que puede estar asociado a que es donde hay mayor facilidad para acceder a las pruebas diagnosticas.
Asimismo, el ministro de Salud Pública informó que se evalúan casos de denuncias de rebotes de pacientes con síntomas de coronavirus en clínicas del país, y advirtió que se tomarán medidas al respecto de comprobarse esa situación.
“Ninguna clínica puede rebotar pacientes cuando van a reclamar servicios”, señaló el funcionario y llamó a los prestadores de servicios de salud a aplicar las medidas de bioseguridad establecidas para la atención de pacientes sospechosos de la enfermedad, como es habilitar área de triaje donde se coloque a pacientes con síntomas del COVID 19, separados de los demás.
Recordó a clínicas, hospitales y laboratorios que es obligatoria la notificación inmediata de casos sospechosos y confirmados de COVID 19, ya que se trata de una enfermedad de notificación obligatoria.
El ministro de Salud Pública además criticó a los supuestos especuladores de información, que según él, lo que buscan es sembrar el temor en la sociedad dominicana con cifras inciertas sobre el comportamiento del COVID 19.
Dijo que no todos los fallecimientos que han ocurrido en las clínicas y hospitales han sido por Covid-19.
Calificó como un abuso que se desacredite el Sistema Nacional de Estadísticas del país con especulaciones.
En estos últimos puntos el ministro de Salud Pública tiene mucha razón, porque en el país siempre ha predominado la cultural de la exageración, pero lo que sí queda claro también es que el desplome del aparato institucional crea muchos riesgos ante circunstancia como la se vive en la actualidad.
La carencia de un mediano o alto nivel de institucionalidad del Estado provoca que se imponga el caos, la exageración y los fenómenos de la especulación, el acaparamiento y el agiotismo con los medicamentos que demanda la población, pero peor aun con el rebote de pacientes posiblemente afectados de coronavirus por una diversidad de razones, como evitar que personas infectadas alejen a los que no lo tienen y en consecuencia dañar la rentabilidad de algunos centros de salud privado, lo cual ya ocurre en diferentes lugares del territorio nacional.
La pregunta que se impone es quién está en capacidad de evitar o contrarrestar todas estas distorsiones de un Estado afectado de bajos niveles de regulación, fiscalización y sanción en contra de los que sacrifican cualquier cosa en aras de ganar dinero, cuya situación es propia de países donde el aparato institucional no está preparado para estas eventualidades.
De portada
Desaparición de la mística y la ética en cuerpos armados permite medir el deterioro que sufre la sociedad y el Estado.
Por Elba García
Aunque todo se atribuye al cambio de los tiempos y a la modernidad, pero los mismos han experimentado una metamorfosis en la conducta de los policías y militares dominicanos, cuya transformación merece un estudio de la mentalidad de estos importantes actores de la vida nacional.
Cualquier fenómeno social siempre se va expresar de forma diferente en cualquier sociedad históricamente determinada, pero el asunto hay que tomarlo con mucha seriedad y preocupación cuando el problema se convierte de aislado y particular en general.
Ello así porque en todas las sociedades del mundo, aun en las más civilizadas y desarrolladas, hay conductas que riñen con la ética y con un comportamiento sano, pero la cuestión toma otro perfil cuando la mayoría de los ciudadanos tiene un caminar que daña a los demás o a prácticamente todo el tejido social.
A pesar de que el fenómeno del policía y el militar dominicano no se puede analizar de manera aislada, sino como parte de un todo, de la sociedad completa, por el hecho de que la distorsión de lo que se conoce como ética militar acompañada de la falta de mística hace que cualquier sociedad no cuente con una muralla espiritual que resulte muy difícil de derribar.
Sin embargo, hace décadas que, aunque un policía y un militar eran contaminados con la politiquería, pero la presión social era tan fuerte que ayudaba a deputar y mejorar la conducta de estos actores de la vida nacional.
Ahora el asunto ha variado tanto que en los cuarteles policiales y militares un cabo, muchas veces, manda más que un general, cuya circunstancia va a depender de varios factores, como son cual tenga más dinero y más vínculos con el sector enquistado en el poder.
La verdad es que la condición y el rango de general abre muchas más puertas para que este obtenga mayor poder que el cabo o el sargento, pero luego de la profundización de la crisis de valores no es difícil encontrarse con el fenómeno, ya que el bajo mundo es mucho más expedito para el oficial de bajo rango que para el que tiene altas responsabilidades, aunque naturalmente esa en el país no es la regla del juego.
De lo que sí se puede estar seguro es que la ética y más que ésta la mística ya es algo del pasado y los cuarteles hoy son azotados por un comportamiento que ponen en peligro la seguridad de todos los ciudadanos, aun de los extranjeros que tal vez no son blanco permanente de policías y militares.
En los últimos días han salido a la superficie una serie de acciones de policías y militares que mantienen en permanente preocupación a todo dominicano que todavía conserva un poquito de sensibilidad humana y de amor patrio.
Esta situación es el resultado de una realidad que nadie puede negar y es que el impacto negativo y muy peligroso de la llegada de ilegales, la penetración del bajo mundo en los órganos y entes del Estado y la participación innegable de policías y militares en estos negocios constituye una bomba de tiempo en contra de la estabilidad institucional y de toda la vida nacional.
El problema ya no sólo se observa en la frontera entre las dos naciones que ocupan la isla, sino que los haitianos pagan para entrar al país y luego son perseguidos en el territorio nacional y en ese proceso son despojados de sus pertenencias y también deben pagar sumas muy altas para ser dejados en libertad.
En esa virtud, la República Dominicana se desgarra casi igual que la sociedad haitiana, tal vez con la única diferencia de que las bandas haitianas actúan con violencia y en el país los policías y militares dominicanos lo hacen de manera pacífica, pero con los mismos resultados.
Las bandas haitianas roban, violan, matan y secuestran a sus conciudadanos y extranjeros para exigir dinero, pero lo propio ocurre en el país cuando se trata de reprimir a los ilegales de la vecina nación, muchas de cuyas niñas y mujeres son violadas bajo el amparo de la legalidad con que operan órganos como la Dirección General de Migración.
Las denuncias sobre el mal proceder de los policías y militares dominicanos llueven, no sólo en lo referente a que les roban las pertenencias a los haitianos, sino que también cobran peajes en los centros de venta y distribución de drogas y el problema no parece que pueda tener solución, ya que el mismo es sólo un reflejo de una anormalidad con perfiles generales.
Esa realidad hace aventurarse a cualquier a afirmar que ambas naciones atraviesan por crisis que implica una desaparición de los referentes éticos, pero además por el hecho de que la Policía Nacional, la Armada, la Fuerza Aérea Dominicana y el Ejército Nacional ya no están adornados con una mística que permitiría como antes de que actores tan importantes para la seguridad pública y ciudadana sean un dique de contención en contra de las distorsiones en esta materia y que podrían derrumbar el Estado, exactamente como ha ocurrido en Haití.
De portada
Un episodio que sirve de espejo para medir la profundad de la crisis ético-moral de la sociedad dominicana.
Por Elba García
La República Dominicana y Haití, atrapadas en la isla la Hispaniola, donde predominan las ilegalidades y una corrupción administrativa que somete a sus pueblos a la peor de las miserias, la violencia y la violación sexual de niñas y mujeres, aunque de forma y circunstancias que difieren unas de otras, hoy proyectadas a nivel internacional como naciones con un precario estado de derecho.
Un ejemplo que saca a la superficie esta triste realidad ha sido la violación sexual de una adolescente en un pueblo del este del país durante un operativo para apresar y deportar indocumentados, principalmente haitianos, el cual fue aprovechado por miembros de la Dirección General de Migración para cometer algunas de sus fechorías, que sólo tienen ligeras diferencias con la actuación de las bandas haitianas que se apoyan en las mismas prácticas y en la muerte en la vecina nación.
La denuncia al respecto ha dejado estupefacta a mucha gente ante el hecho de que agentes de la Dirección de Migración violaron y luego amenazaron de muerte a una adolescente de catorce años en el sector Bulevar de Verón, provincia La Altagracia, para que no hablara de lo ocurrido, quien vive con su familia en una casita construida de madera y zinc, pero que en el momento de la agresión se encontraba sola.
Situaciones como esta resultan bochornosa para una sociedad que en la actualidad mantiene una disputa con Haití por la migración ilegal y por asuntos de agua, la cual tiene una trascendencia internacional, sobre todo porque en la información se dice que estos agentes cobran entre 15 y 17 mil pesos a los nativos de la hermana nación para dejarlos en libertad.
Sólo el que no conoce el país puede poner en duda la información sobre estos hechos, porque este periódico mantiene la tesis que las diferencias entre el Estado dominicano y el haitiano no son tantas, a pesar de tener culturas desiguales en cada territorio, ya que, aunque el primero existe de hecho y de derecho y el segundo sólo en el papel, por lo que la violencia y los atropellos se expresan no de igual forma, pero sí de manera muy parecida.
Qué diferencia se verifica entre la forma de actuar de las bandas de delincuentes haitianas y la de los miembros de la Dirección General de Migración, bueno en que una lo hace al margen de los instrumentos que crea la ley y la otra que se apoya en las herramientas jurídicas para cometer la misma fechoría e incurrir en el demonio de la violación sexual de niñas y mujeres adultas, entre otras ilegalidades.
Es importante dejar claro que el segundo elemento citado en los ilícitos en que incurren los miembros de la Dirección de Migración está el hecho de que dejan en libertad a los apresados por su condición de indocumentado luego de un pago económico, lo cual también es vandálico.
Esta es una práctica del día a día en la zona fronteriza y en los lugares donde son recluidos los haitianos y otros extranjeros apresados por carecer de documentos, lo cual deja claro que se trata de un negocio que trasciende el límite de lo legal, lo moral y de lo ético.
Lo grave de lo ocurrido es de que no se trata de una simple denuncia, sino de un hecho comprobado por el médico logística que ha examinado a la adolescente.
Esta violación supera los límites de lo tolerable en cualquier nación civilizada y en consecuencia las autoridades de cualquier país no pueden manejar con paños tibios semejante aberración.
Lo peligroso del asunto es que se observa un manejo muy tímido del acto delincuencial y bochornoso cometido en contra de la adolescente haitiana por parte de los medios de comunicación del país, cuyos periodistas han sido más impactados por un ultranacionalismo enfermizo y destructivo que el daño causado a quien literalmente se puede definir como una niña, lo cual representa una violación de una serie de convenciones internacionales de derecho público y sobre derechos humanos de las que la República Dominicana es signataria.
Este caso tiene otro agravante y el mismo tiene que ver con que los violadores de la adolescente, quienes la ponen en libertad tras haberla recluido en un recinto para indocumentados con la condición de que no hablara de lo ocurrido, cuya conducta deja claro que se trata de una banda que se refugia en la legalidad que otorga la Ley 285-04 y bajo la cual opera la Dirección General de Migración, actúan con acechanza y con complicidad entre unos y otros.
Este hecho debe tener las consecuencias que manda la ley penal porque de lo contrario se constituiría en un grave revés para la República Dominicana, donde se vive más de la percepción que de la realidad, máxime si se toma en cuenta que el país tiene el turismo como renglón principal de su economía.
De portada
La partidocracia tiene mil vías como depredar el Estado con la complicidad de los que deben velar por la transparencia.
Por Elba García
La Junta Central Electoral (JCE) entregó luego de que el Gobierno accediera a beneficiar a los partidos políticos con otra partida de dinero que alcanza a la suma de 2,520.8 pesos, pero sin especificar de dónde provendrían esos recursos.
La realidad es que el pedido de los partidos políticos fue satisfecho, cuyo dinero será usado en la presente campaña electoral que habrá de culminar el próximo 19 de mayo con la escogencia del presidente y vicepresidente de la República, así como de los diputados y senadores para el próximo cuatrienio, sin que se tenga claro de dónde saldrán esos fondos.
Lo preocupante de la alta inversión en campaña electoral es que para soportar esos recursos el país tiene que recurrir a un endeudamiento que encamina la nación hacia una amenaza que representa un peligro para la estabilidad nacional.
La intención del Gobierno, y así lo ven expertos en la materia, es modificar la Ley de Presupuesto, lo que conlleva crear nuevas fuentes para buscar ese dinero que manejan los partidos con muy poca o ninguna transparencia en violación de la Constitución de la República.
Pero el asunto toma un perfil todavía más preocupante por el hecho de que en la sociedad dominicana existe una total complicidad con este proceder de la partidocracia nacional, incluidas en la misma las llamadas altas cortes.
Tanto el Tribunal Superior Electoral (TSE) como el Tribunal Constitucional (TC) se reniegan a imponer sanciones judiciales a la partidocracia por la poca transparencia con que maneja los fondos públicos, ya que la mayor parte del presupuesto entregado a estas organizaciones se va a los bolsillos de algunos de sus dirigentes.
Sin embargo, cuando han surgido demandas que cuestionan ese manejo del patrimonio público, tanto el TSE como el TC se hacen de la vista gorda, mientras reclaman el cumplimiento con sentencias que no tratan precisamente esta problemática que va camino a acabar con el país.
Los partidos políticos son el mejor negocio que existe en la República Dominicana, cuyos dirigentes tienen la garantía de que todos los órganos y entes del Estado dominicano no los tocarán ni con el pétalo de una rosa.
De acuerdo a economistas nacionales, el Gobierno está obligado a determinar el origen de esos recursos mediante un aumento de las recaudaciones de impuestos o a través del aumento de la deuda pública, dos escenarios tenebrosos para los dominicanos.
La realidad es que las autoridades para solucionar el problema planteado necesitan identificar la fuente de la generación de esos recursos o sencillamente modificar la Ley de Presupuesto.
Con ese propósito el presidente tendría que ordenarle al Banco de Reservas que otorgue un préstamo a los partidos políticos con la garantía de contingencia de que estaría consignado en el presupuesto complementario que se preparará a partir de julio.
No obstante, los especialistas en la materia entienden que los presupuestos complementarios sólo tienen el fin de corregir entuertos después de haberse producido no antes de que ello ocurra, cuya decisión para entregar ese dinero a los partidos políticos representa un procedimiento incorrecto que daña institucionalmente al país.
Se ha podido establecer que en los últimos 26 años los partidos han recibido contribuciones estatales que superan los 25,303 millones de pesos, los cuales en el papel han estado destinados a financiar las operaciones corrientes de estas agrupaciones y los gastos de campaña.
De la suma en cuestión alrededor de 19,545,600,000 pesos, es decir el 77%, han sido distribuidos entre cinco organizaciones políticas, las llamadas tradicionales, y que tienen una participación destacadas en la corrupción organizada y jerarquizada que se produce en el Estado dominicano en el contexto de toda la sociedad, ya que se trata de un problema integral y transversal a todos los estamentos de la nación.
El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) es la organización que más fondos ha recibido en este período, con una asignación presupuestaria de aproximadamente 6,007,525,440 pesos.
El segundo lugar lo tiene en esta materia el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el cual ha recibido 5,874,033,695 pesos.
El tercero en la lista lo es el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) con 3,934,257,128 pesos, el cual fue desplazada como mayoritario.
Estos partidos, que controlan toda la administración pública, desde el Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo y el sistema de justicia, cuyos jueces son escogidos a través del Consejo Nacional de la Magistratura, el cual está compuesto por los mismos actores de la politiquería nacional, son el principal responsable de las grandes falencias de la democracia nacional.
Otro grandemente beneficiado con estos fondos que provienen de los contribuyentes lo es el Partido Revolucionario Moderno (PRM), el cual ha recibido hasta la fecha cerca de 2,577,856,129 pesos, mientras que Fuerza del Pueblo (FP) ha percibido 1,260,400,000.00 desde 2021.
De manera, que si a los fondos recibidos por los partidos se le suman los más de 400 mil millones de pesos que han administrado durante los diferentes gobiernos que ha tenido el país, podría decirse que es poco lo que falta para arruinar definitivamente la sociedad dominicana.