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Letalidad del coronavirus en el país supera naciones del hemisferio por inexistencia del Estado.
Nadie puede negar que el Covid-19 ha impactado de forma muy severa a todo el mundo, principalmente a los países europeos y asiáticos, como Italia y España, donde la cantidad de muertes ya supera a nivel general las 36 mil personas.
En la República Dominicana siempre se ha advertido de la inexistencia del aparato institucional, dentro cual se encuentra la justicia, el poder Legislativo y naturalmente el sanitario, entre otros, lo cual se constituye en un peligro para la permanencia de la democracia y de la propia vida de la gente, lo cual implica un problema muy serio para la existencia de la nación.
La carencia de un régimen de consecuencia para sancionar en el país los casos de corrupción administrativa ha revelado el total desplome del aparato institucional y la inexistencia de un estado de derecho y de un régimen de consecuencia, cuya máxima expresión se ha producido con los escándalos de sustracción de recursos públicos por parte de una multinacional que en la República Dominicana es como si nada hubiera ocurrido, mientras en países como Perú, Panamá, entre otras naciones latinoamericanas, han sido enjuiciados presidentes y otros miembros de la clase política por su complicidad con Odebrecht.
La suspensión de las pasadas elecciones municipales del pasado 16 de febrero sacó a la superficie una deficiencia institucional que ha sido parte de las preocupaciones de amplios sectores nacionales, pero que en realidad es un tema que ha sido encubierto con una política mediática que consiste en vender una percepción falsa de las ejecutorias y la eficiencia del Gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
El segundo caso que nos revela hasta dónde el aparato institucional dominicano está colapsado ha sido la llegada al país de la pandemia, cuyos datos dejan claro que el sistema sanitario nacional no resiste un combate eficiente del patógeno que hasta hoy ha generado 859 contagiados y 39 muertes.
Estos datos mandan contundentemente la confirmación de que la República Dominicana carece de un sistema sanitario eficiente para contrarrestar las consecuencias que se derivan del coronavirus.
De cada 100 personas que han dado positivo del COVID 19 en el país, más de cuatro han fallecido a causa de la enfermedad respiratoria, para una tasa del casi 5%, con cuyos resultados la República Dominicana se coloca al tope de los parámetros estimados inicialmente por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que estableció la letalidad del coronavirus en un rango entre el 2 y el 4%.
La mayor tasa de letalidad del país la registra San Francisco de Macorís, que alcanza más del 20 por ciento, equivalente a 21 fallecidos del total de 83 casos confirmados, mientras que el Distrito Nacional, a pesar de tener la mayor cantidad de contagiados, que son 379, tiene una tasa de letalidad de un 1%.
Con esta tasa de letalidad, que llega casi al 5 por ciento en República Dominicana sin todavía haber llegado el momento crítico, el país se coloca por encima de panamá, con un 2%; Nicaragua con 0,76%; Honduras con 1,05%; Bolivia con 0% casos; Guatemala con 3,13%; Colombia con 1,11%; Ecuador con 2,63%; Venezuela con 1,67%, Perú con 1,73%; Argentina con 2,46%; Uruguay 0,00% ; Brasil con 2,67% y Cuba tiene tres muertes para un 2.52%, de acuerdo a los datos actualizados en la aplicación coronavirus.app que registra las informaciones de cada país.
Según el boletín informativo número 10 dado a conocer por el ministro de Salud Pública, doctor Rafael Sánchez Cárdenas, en el país se han registrado hasta el momento 39 fallecimientos, 11 más que el día anterior, de los cuales 21 corresponden a la provincia Duarte, primera de territorio nacional en presentar una alta trasmisión comunitaria.
Asimismo el número de casos confirmados se elevó a 859 para unos 140 más que el boletín anterior, cuando se habían notificados 781. De los confirmados 131 están en confinamiento hospitalario, 686 en aislamiento domiciliario en el Distrito Nacional, con 321 casos, Santo Domingo, con 79, Duarte con 83 y Santiago con 97, estas últimas las provincias con mayor cantidad de confirmados.
La edad promedio de los fallecidos es de 61 años y 79% y han sido hombres.
El sistema captó, de acuerdo a los datos ofrecidos por el doctor Sánchez Cárdenas, un total de 2,153 casos sospechosos, de los cuales 1,434 fueron descartados por pruebas de laboratorio.
El 56% de los casos confirmados se encuentran en el Gran Santo Domingo, lo que puede estar asociado a que es donde hay mayor facilidad para acceder a las pruebas diagnosticas.
Asimismo, el ministro de Salud Pública informó que se evalúan casos de denuncias de rebotes de pacientes con síntomas de coronavirus en clínicas del país, y advirtió que se tomarán medidas al respecto de comprobarse esa situación.
“Ninguna clínica puede rebotar pacientes cuando van a reclamar servicios”, señaló el funcionario y llamó a los prestadores de servicios de salud a aplicar las medidas de bioseguridad establecidas para la atención de pacientes sospechosos de la enfermedad, como es habilitar área de triaje donde se coloque a pacientes con síntomas del COVID 19, separados de los demás.
Recordó a clínicas, hospitales y laboratorios que es obligatoria la notificación inmediata de casos sospechosos y confirmados de COVID 19, ya que se trata de una enfermedad de notificación obligatoria.
El ministro de Salud Pública además criticó a los supuestos especuladores de información, que según él, lo que buscan es sembrar el temor en la sociedad dominicana con cifras inciertas sobre el comportamiento del COVID 19.
Dijo que no todos los fallecimientos que han ocurrido en las clínicas y hospitales han sido por Covid-19.
Calificó como un abuso que se desacredite el Sistema Nacional de Estadísticas del país con especulaciones.
En estos últimos puntos el ministro de Salud Pública tiene mucha razón, porque en el país siempre ha predominado la cultural de la exageración, pero lo que sí queda claro también es que el desplome del aparato institucional crea muchos riesgos ante circunstancia como la se vive en la actualidad.
La carencia de un mediano o alto nivel de institucionalidad del Estado provoca que se imponga el caos, la exageración y los fenómenos de la especulación, el acaparamiento y el agiotismo con los medicamentos que demanda la población, pero peor aun con el rebote de pacientes posiblemente afectados de coronavirus por una diversidad de razones, como evitar que personas infectadas alejen a los que no lo tienen y en consecuencia dañar la rentabilidad de algunos centros de salud privado, lo cual ya ocurre en diferentes lugares del territorio nacional.
La pregunta que se impone es quién está en capacidad de evitar o contrarrestar todas estas distorsiones de un Estado afectado de bajos niveles de regulación, fiscalización y sanción en contra de los que sacrifican cualquier cosa en aras de ganar dinero, cuya situación es propia de países donde el aparato institucional no está preparado para estas eventualidades.
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Candidatos presidenciales que penden de una especie de ruleta rusa que no deja la certeza de quién será la víctima.
Donald Trump aparecía hace algunos meses como el seguro ganador de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, pero la entrada en competencia de su rival, Kamala Harris, como que le ha dado un vuelco a las mismas que nadie se atreve a asegurar cuál será el resultado final.
Pero de cualquier modo la imagen de la nación más poderosas del mundo ha sufrido bastante en lo que respecta a su credibilidad frente al mundo por el candidato más audaz de estos tiempos doblegar la parte más fuerte y sólida de los Estados Unidos de América como es sus altos niveles de institucionalidad.
Ello así, porque hace algún tiempo que nadie se podía imaginar que una persona física, no una clase social, pudiera torcer la balanza en favor de sus intereses personales en desmedro de la historia de la unión americana.
Aunque hay una serie de casos judiciales pendientes y que probablemente pueden vislumbrar una condena civil o penal, pero en términos de opinión pública Trump ha ganado la batalla, ya que incluso se le ve como mucho más fuerte que el sistema de justicia y que otros estamentos de la institucionalidad de la potencia del norte.
Ha sido tanto así que mientras más se presentan acusaciones de crímenes y delitos en contra de Trump, éste aumenta su popularidad y nadie puede negar que representa un candidato lo suficientemente fuerte para imponerse en las elecciones de noviembre.
Sin embargo, luce que la entrada en la escena presidencial de Kamala Harris ha disminuido la fortaleza de una candidatura que a pesar de sus debilidades y la vocación de hacer cosas al margen de la ley de Trump no ha aparecido una forma que lo saque de la contienda electoral.
El caso Trump debe estudiarse política y sociológicamente para entender el fenómeno, pese a que en realidad a partir de la herencia histórico cultural de los Estados Unidos no parece que haya una explicación convincente.
Trump es un candidato antivalores y que no tiene ninguna base de sustentación, cuya aceptación popular es producto de la espontaneidad, pero apoyado en un discurso que lo principal que conlleva es impactar negativamente la imagen y la institucionalidad de una nación en la que no hay una explicación lógica del por qué no ha funcionado el sistema de justicia en su caso.
Es una tolerancia que no encaja con lo que todos los analistas consideran como un ejemplo de la aplicación severa de la ley cuando se trata de la comisión de crímenes y delitos graves, pero que esa tradición parece haber terminado con la salida al mundo político de Donald Trump.
Este hombre no sólo ha logrado llegar a la cima del poder, sino que vista la cuestión desde la irreverencia en que se apoya vende la idea de que es protagonista de una película en la que él siempre vence.
Independientemente de que Kamala Harris en las elecciones de noviembre no parece que pueda llevar a los Estados Unidos a recobrar la fortaleza institucional y la imagen de pulcritud que ha exhibido históricamente ante los demás países del mundo, pero por lo menos vende una imagen de mayor tolerancia y ternura que ni remotamente se puede encontrar en Trump, cuya principal obra es el irrespeto a la institucionalidad de una nación que busca castigar a los que se apoyan en un comportamiento parecido en aquellos países que están bajo su órbita geopolítica.
En todo caso, ya Donald Trump ha parido algunos iguales en algunos países latinoamericanos, como Javier Milei en Argentina, Jair Bolsonoro en Brasil y otros tantos que buscan parecerse a este personaje que se proyecta como enemigo de las instituciones y de la aplicación irrestricta de la ley.
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Desconfianza interpersonal se constituye en principal retranca para el desarrollo social en el país.
Por Elba García
La República Dominicana es una nación en crisis en lo que respecta a su desarrollo social, dado que sólo tres de cada diez ciudadanos dicen confiar en las demás personas.
Este cuadro resulta desalentador porque establece una desconfianza interpersonal que representa un gran peligro para el desarrollo social.
La realidad reflejada en la encuesta de Cultura Democrática del ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (Mepyd) demuestra que el 68.9 por ciento de la población cree que la mayoría de sus conciudadanos son “poco” o nada confiable.
Es decir, que el grueso de la ciudadanía no tiene esperanza con relación a sus semejantes y la baja confianza social alberga expectativas muy negativas sobre el comportamiento ajeno.
Esto plantea la necesidad de revertir los indicadores encontrados en el referido trabajo de investigación, ya que las sociedades donde la confianza interpersonal se encuentra generalizada, no crea un alto grado de compromiso y cohesión social, fruto de la expansión de normas informales que no favorecen la producción de bienes públicos.
Un elemento destacable en la investigación es que la baja confianza en las personas también se extrapola a las instituciones públicas, de las que de un total de diez medidas, los resultados constatan la baja confianza en las instancias democráticas nacionales.
Según el trabajo, los partidos políticos, lo cual no podía ser menos tras la gran abstención electoral en las elecciones municipales, congresuales y presidenciales de los pasados meses de febrero y mayor del presente año, son los que generan menos credibilidad para la gente, ya que el 76.6 % de la muestra asegura tener poca o ninguna confianza en ellos, mientras que los funcionarios generaron un nivel de desconfianza del 75.7 %.
Sin embargo, en contraposición a este deplorable cuadro, la Presidencia representa la institución que mejor valúan los dominicanos, dado que el 22.2 % respondió que confía «mucho» en Luis Abinader, siendo este el balance más alto de esa métrica.
En la medición una serie de instituciones públicas fueron evaluadas, entre las que se encontraban los tribunales, la Procuraduría, el presidente, el Poder Legislativo, los ayuntamientos, los funcionarios, los partidos políticos, la Junta Central Electoral, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
En sentido general los indicadores demuestran que el país proyecta una imaginaria estabilidad política, máxime porque se celebran elecciones cada cuatro años, lo cual vende la idea de ser una democracia consolidada, pero la población entiende que no se gobierna para el bienestar colectivo.
Otro hallazgo de la investigación indica que apenas un 28.9 % de los dominicanos pudo expresar que se gobierna para el bien de todo el pueblo.
Otro detalle es que la mayoría de la población considera que ciertos grupos gobiernan el país para satisfacer sus propios intereses, lo cual constituye una retranca para el progreso social y económico.
Asimismo, la mayoría de las personas entiende que ciertos grupos gobiernan el país para satisfacer sus propios intereses.
El 67.3 % de alrededor de 2000 personas entiende que RD «está gobernada por unos cuantos grupos poderosos que sólo buscan su propio beneficio».
Este porcentaje pasó ligeramente de abril de 2022 a abril de 2023, ya que la ciudadanía que considera que en la nación no se priorizan los objetivos colectivos, de 66.5 a 68.7 %.
En el trabajo se detalla en sus conclusiones la urgencia de que las autoridades aborden esta crisis de representatividad y desconfianza hacia los actores estatales.
«Es necesario mejorar la representación de los intereses ciudadanos desde la actuación gubernamental, ya que en la actualidad sólo tres de cada diez ciudadanos afirman que el país está gobernado para el bien de todo el pueblo, mientras dos de cada tres lo perciben gobernado por unos cuantos grupos de poderosos en su propio beneficio», expresa el informe.
En la investigación se revela la ruptura entre gobernantes y gobernados y se agudiza por diversos factores relacionados al bienestar colectivo y a la gestión de lo público.
La población del país culpa a la clase política, ya que piensa que ésta es la que impone sus intereses por encima de los de la mayoría de los ciudadanos.
En un cuadro en el que se explican diferentes variables para este fenómeno, se evidenció que la percepción que se tiene de los actores políticos, se ve empañada por los casos de corrupción a los que pueden ser vinculados.
Se destacan dos factores que inciden en el tema: los políticos son «algo» o «muy» corruptos y los funcionarios del gobierno son «poco» o «nada» confiables.
El trabajo revela que aunque la gente establece que está de acuerdo con la democracia, el 64.0 % afirmó que está «poco» o «nada» satisfecho con el funcionamiento de este sistema político en la actualidad.
La poca satisfacción es la opción predominante entre los encuestados con un 35.7 % de escogencia para 2023.
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Designación de personas cuestionables pone en tela de juicio política anticorrupción del Gobierno.
La partidocracia, en cuyo contexto se encuentra el Partido Revolucionario Moderno (PRM), que encabeza Luis Abinader, ha iniciado su nuevo cuatrienio con el nombramiento de una serie de personas que su compromiso es con la vieja política.
Aunque los nombramientos han salido a cuenta gotas desde antes de su juramentación el pasado 16 de agosto de este 2024, la ligereza y el criterio para la escogencia de los nuevos funcionarios ha partido de la misma premisa, la cual consiste en qué tanto está comprometido el escogido con la falta de escrúpulo para ser tomado en cuenta para un cargo público.
El detalle también se observa para ratificar o mover a un funcionario cuestionado por el ciudadano, ya que aquel que ha sido responsable de acciones preocupantes es enviado a una posición que a pesar de que no tiene la misma jerarquía, pero es una garantía para que resuelva sus problemas económicos, lo cual es una conducta repetida de los llamado partidos del sistema.
Personajes que fueron investigados en el caso Odebrecht hoy ocupan posiciones públicas de relevancia, pese a que todo el mundo sabe que éstos fueron figuras que jugaron su papel hasta el punto de enriquecerse con la corrupción promovida en contra del Estado por la empresa brasileña.
Julio César Valentín y Andrés Bautista García, el primero exsenador peledeísta y el segundo presidente de la cámara alta, fueron de los primeros encartados en el caso Odebrecht, pero ambos no sólo salieron libres de las imputaciones, sino que también ahora retornan al Gobierno con el discurso de que serán transparentes y que combatirán la corrupción.
Valentín, un político con viejas costumbres, ha sabido moverse en los entornos del poder, porque luego de ser una ficha importante de Leonel Fernández se cruzó para la corriente de Danilo Medina, en la que jugó un papel, podría decirse, protagónico, pero ahora apoya la reelección de Luis Abinader y es designado Superintendente de Seguros, posición que, sin dudas, utilizará para alimentar la organización creada por él y sustentada por el llamado gobierno del cambio.
La cantidad de empleos en el sector público que tiene la Superintendencia de Seguros tal vez no sea suficiente para satisfacer los planes del nuevo incumbente, pero por lo menos le otorga la posibilidad de hacer proselitismo con los fondos del Estado para continuar con una carrera política fundamentada en la doble moral.
Así podría hablarse de muchos otros cargos, algunos de los cuales serán entregados durante los próximos cuatro años a unos partidos que apoyaron la reelección, pero que carecen de planes estratégicos y que su único fin es acumular para sí parte del presupuesto de las instituciones del Estado que manejan.
La misma cosa ocurre con otros personajes que en algunos ministerios y otros órganos del Estado han cometido comprometedoras travesuras, pero que en vez de ser excluidos son designados en posiciones, que, aunque no de igual relevancia, pero que en términos económicos generan una cantidad de dinero cada mes que sirven para que esa cúpula del PRM resuelva sus problemas económicos.
En ese contexto está el consulado dominicano en Nueva York, donde ha sido enviado Chú Vásquez luego de pasar cuatro años como Ministro de Interior y Policía y quien sustituye a otro cuadro de los grupos que operan internamente en el PRM, Eligio Jáquez, cuya posición mantuvo desde cuando se inició el llamado gobierno del cambio, lo cual no había ocurrido en ningún otro gobierno, ya que los ingresos son tantos que ni Balaguer dejó a uno de los suyos por tanto tiempo en una institución recaudadora para llenar los bolsillos de una cúpula que no tiene ningún cuidado cuando de cobrar altas tarifas se trata.
Cada designado tiene su historia, como por ejemplo Guido Gómez Mazara, un tíguere de la política vernácula, cuyo discurso rebuscado es una garantía de intelectualidad y de beligerancia, lo cual le ha permitido a este personaje hacer oposición con una aparente defensa de los intereses nacionales, pero que en realidad se trata de una “búsqueda” de posiciones públicas.
Otra designación que deja mucho que desear es la Faride Raful, la cual parece obedecer a las tantas críticas que recibió Abinader por ella no haber sido postulada como candidata a senadora por el Distrito Nacional, pero que evidentemente Interior y Policía requiere de una audacia que parece que ella no la tiene, por lo que tal vez hubiera caído mejor colocarla en Indotel y el “tíguere” de Guido en la posición otorgada a la exlegisladora.
De cualquier modo, resulta prácticamente imposible que estos detalles puedan ser tomados en cuenta por un presidente y un gobierno que carecen de visión y planificación estratégica y que su discurso no pasa de ajustarse a lo que siempre ocurre en el país de sustentarse en una percepción que acerca a una gran velocidad al Estado dominicano con el haitiano, donde la improvisación y la mentira campea por doquier.
Son muchas las aristas negativas del Gobierno que pueden ser tomadas en cuenta en este reportaje interpretativo, pero sería también como llover sobre mojado, sobre todo porque en el país no parece que hayan muchos ciudadanos que no vean la conducta de los partidos que acceden al control del Estado y que los turnos no hacen ninguna diferencia, a menos que no sea de forma, con los que fueron expulsados del poder, pero que no se resignan y que no detienen sus esfuerzos de retornar al manejo de la cosa pública con una visión personal, grupal e individual.