Opinión
El ocaso de la clase media dominicana
Por Andrés L. Mateo
La clase media dominicana actual surgió de una estrategia de la contrainsurgencia. Fue labrada, pensada e impulsada, poco después de la muerte de Trujillo, y como resultado del espíritu levantisco que se regó al final de la Revolución de abril del año 1965. La clase media es parte de la aventura espiritual de la dominicanidad, y ha representado su papel en la historia reciente como baldón o gloria, desplegando la experiencia de su propia perdición.
Esa pequeña burguesía de la clase media es mezquina y gloriosa al mismo tiempo, puede morir por un ideal y puede ser traidora, puede desaparecer en las cárceles luchando por la libertad y puede ser también el carcelero, pueden caer cazados como bestias en el asfalto, o se pueden vender agobiados en el sopor pestilente del traidor; se pueden entregar, domesticado el escozor de las antiguas subversiones; o vivir en las crepitaciones de la altivez que conserva el sueño de igualdad y justicia que los devoraban. En fin, la clase media dominicana es muchas cosas al mismo tiempo.
Pero si hay algo que ha desempeñado con eficacia este segmento de clase es su papel de colchón social, de amortiguador eficaz de las grandes diferencias sociales acumuladas en los siglos de inequidad que hemos vivido. Cuando el gobierno trujillista cayó la sociedad dominicana se había frisado por completo.
Desde el año 1955, con motivo de los enormes gastos que conllevó la celebración del veinticinco aniversario del régimen, la economía se había deteriorado de tal forma que la movilidad social se estancó bruscamente. Si a principio de la “Era de Trujillo”, en el 1930, el inicio de su gobierno propició una gran movilidad social, al final de la era el estancamiento era lo característico.
Lo que la revolución de abril de 1965 va a dejar bien claro es que la armonía social de los dominicanos dependerá de que esa brecha social se cierre, y de que surja una clase media que amortigüe el impacto de la polarización en que el trujillismo había dejado el país.
Entonces apareció el capital financiero, se democratizó la educación superior, emergieron los sindicatos, las ideologías, los partidos políticos, y se fue creando una pequeña burguesía, una clase media, que ha sido el sustento, para bien y para mal, de toda la estabilidad social. Ahora esa clase media atraviesa la incertidumbre de su propia existencia, está amenazada, casi condenada, a desaparecer. Y sus verdugos son, precisamente, otros pequeños burgueses, a quienes Juan Bosch estudió, y predijo lo que harían si reproducían en el poder los vicios de origen que arrastraban consigo. Son siete las reformas fiscales del PLD, la exacción es insoportable.
La clase media ya no puede mantener el nivel de vida, y se desliza imparable hacia la fosa sin fin de la proletarización, arrastrando consigo a los sectores más empobrecidos. Y eso es una bomba de tiempo. Sin ese colchón social la sociedad dominicana entra en una etapa de inestabilidad que incrementará la delincuencia, la corrupción, la búsqueda desesperada de aliciente para la reproducción de la vida material.
Nadie como Juan Bosch dedicó tantas horas de estudios y tantos análisis, para sacar a flote la particular naturaleza del segmento de clase pequeño burgués, e incluso escribió un libro “La pequeña burguesía en la historia de la República Dominicana”, y ordenó su compleja estratificación. Y ese particular interés traducía lo que habría de venir, configuraba la angustia de la que no se podía escapar, si al final de cuentas, en el partido que él estaba construyendo, justamente con pequeños burgueses, terminaba imponiéndose el señorío ideológico de este grupo caracterizado por la necesidad afanosa de ascenso social y riqueza.
Por eso su desdén por el poder del dinero, que Leonel Fernández puso en el centro de su liderazgo, y por eso advertía sobre lo que llevaba a la corrupción: “Las condiciones adecuadas para que se produzca un estado de corrupción, es darles a los que manejan dinero que no es suyo autorización para que dispongan de él cuando quieran y como quieran”,- exclamaba Juan Bosch-.
Pero eso es exactamente lo que ha ocurrido en los gobiernos de su discípulo, que la corrupción se tragó el progreso; y por lo que ahora la clase media, ese colchón social imprescindible, prefigura su ocaso.
Artículo original publicado en el periódico HOY.
Por Narciso Isa Conde
Santo Domingo.– Al aceptar la determinación de Trump y del Pentágono, de intervenir militarmente los aeropuertos de San Isidro y Las Américas, el espacio aéreo y aguas territoriales de nuestro país, para agredir militarmente a Venezuela y a otros países de la región, Luis Abinader ha cometido el delito de traición a la patria dominicana y la peligrosa afrenta de sumarse al plan de guerra e intervención de EE.UU. en esta región.
¿Qué implica la intervención militar en bases dominicanas?
La base militar de San Isidro es la más grande del país, concentra el mayor poder de fuego (aviación, cuerpo de paracaidistas, infantería y blindados) y pasa a ser intervenida por el Comando Sur del Pentágono.
No se había visto una cosa parecida luego de la intervención militar de abril de 1965: en los últimos 60 años la intervención militar de EE.UU. se mantuvo camuflada como «asesorías», «visitas», «ejercicios» y «operaciones» puntuales; pero ahora la intervención se asume directa, invasiva, indefinida y con tropas especializadas.
La Constitución vigente -a pesar de lo conservador, autoritario y neoliberal de su contenido- obliga a Abinader a rechazar cualquier agresión a nuestra soberanía y cualquier intervención en los asuntos internos de otros países.
¿Cuál es el contexto político y regional de esta acción?
En verdad, no se trató de un «acuerdo», sino de una orden de Trump y el Pentágono, fielmente cumplida por Abinader, en medio de un despliegue naval en el Caribe y áreas del Pacífico; apuntando contra Venezuela y Cuba, en primer lugar y sucesivamente.
Pero también contra los gobiernos de México y Colombia (Colombia ya invadida por 10 bases militares), sin descartar Nicaragua, ni a otros países que no se le dobleguen a un imperio furioso por su decadencia, empecinado en saquear petróleo, gas, minerales estratégicos, biodiversidad y fuentes de agua en Nuestra América.
El cartel mayor del Hemisferio Occidental es Wall Street y el mercado más grande es el Norte Revuelto y Brutal, mientras aquí abundan las narco-complicidades en altas instancias del Estado.
Este es un narco-estado y si no lo creen, examinen los largos años de impunidad de altos funcionarios civiles, militares y empresarios protectores de los capos Quirino, Figueroa Agosto, Toño Leña, Cesar El Abusador, Arturo del Tiempo, Nelson Solano, Miguel Gutiérrez, Miki López, Yamil Abreu y los capos del Cartel del Cibao, que primero financió al PLD y luego al PRM.
Examinen la narco-política del PRM y por qué las conexiones del narco con sus jefes políticos en funciones gubernamentales no se atacan ni se sancionan.
Por Isaías Ramos
Santiago nos golpeó con dos tragedias que el país no puede normalizar. Noelvin Jeremías Cabrera, de 14 años, murió tras un conflicto vinculado al entorno escolar luego de salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo; otro adolescente guarda prisión preventiva mientras se conoce el proceso.
Días después, Stephora Anne‑Mircie Joseph, de 11 años, falleció por ahogamiento durante una excursión escolar del Colegio Leonardo Da Vinci. Según informó el Ministerio Público, el caso se investiga como homicidio involuntario y se detuvo a cuatro personas, alegando presuntas fallas graves de supervisión y seguridad.
Estos episodios no son accidentes desconectados. Son síntomas de un deterioro profundo: en demasiados entornos escolares se ha debilitado la fuerza formativa, la autoridad moral y la coherencia institucional. Durante casi treinta años, la formación moral y cívica ha sido relegada y, al mismo tiempo, la disciplina ha sido malinterpretada como autoritarismo, dejando un vacío que hoy se expresa en conductas violentas, negligencia, irrespeto y una cultura escolar sin límites claros.
El Gobierno reaccionó anunciando una mesa interinstitucional “permanente” entre el Ministerio de Educación y la Procuraduría, enfocada en prevención, monitoreo y protocolos de actuación. Es un paso necesario. Pero debemos ser honestos: la República Dominicana está cansada de anuncios que no pasan de la rueda de prensa. La ciudadanía exige resultados medibles, responsables identificables y continuidad real. Lo que no se supervisa se pierde; lo que no se mide se diluye.
El problema de fondo excede cualquier mesa técnica. La Constitución es clara: el artículo 63, numeral 13, ordena como obligatoria en todas las escuelas —públicas y privadas— la formación social, cívica y ética, la enseñanza de la Constitución, los derechos fundamentales y la convivencia pacífica. La Ley 66‑97 insiste en principios como el respeto a la vida, la democracia, la solidaridad, la verdad y los valores que sostienen la dignidad humana. Sin embargo, entre la teoría legal y la práctica cotidiana hay un abismo que seguimos pagando con vidas jóvenes.
Hay, sin embargo, una señal alentadora: la Ordenanza 02‑2025 del Ministerio de Educación, que establece la implantación formal de la asignatura Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana en todos los niveles a partir del año escolar 2025‑2026. Es un avance importante, pero no será suficiente si no se acompaña de tres elementos indispensables: formación docente rigurosa, coherencia institucional y supervisión real. Una asignatura sin cultura institucional es como sembrar sin preparar la tierra.
En el Frente Cívico y Social entendemos que volver a educar el carácter implica recuperar la disciplina como virtud cívica, no como castigo. Disciplina significa dar estructura, sostener límites razonables y construir hábitos que fortalezcan la voluntad. Significa ser coherente —los adultos primero—, persistente —todos los días— y consistente —consecuencias claras, justas y previsibles—. La disciplina bien aplicada protege al alumno, dignifica la convivencia y devuelve a la escuela su papel como taller de ciudadanía.
Esta visión ha sido afirmada desde perspectivas distintas pero convergentes. Elena G. de White advirtió que la verdadera educación desarrolla la facultad de pensar y hacer, evitando que los jóvenes sean “simples reflectores del pensamiento de otros”. Y Camila Henríquez Ureña alertó contra reducir la educación a instrucción técnica, recordándonos que formar el ser es más decisivo que enseñar destrezas.
Hoy, en plena era de la inteligencia artificial, esta verdad es más urgente: la información se obtiene en segundos; el carácter se forma con esfuerzo cotidiano y con entornos que sostengan lo correcto cuando haya presión.
En medio de tanta preocupación, pude ver una señal de esperanza. Recientemente compartí con el personal docente y administrativo del Colegio Adventista Salvador Álvarez de Jababa, Moca: la escuela donde estudié de niño, fundada en 1925 y portadora de cien años de legado educativo y cristiano. Allí, en una actividad anual organizada por la familia Álvarez‑Piantini‑Schliemann, reafirmamos un compromiso: trabajar juntos para que este colegio rural se convierta en un referente nacional de educación integral y disciplina con propósito. En tiempos de crisis, los ejemplos valen más que los discursos.
Si queremos honrar a Noelvin y a Stephora, debemos transformar el duelo en acción verificable. Necesitamos un protocolo nacional obligatorio para excursiones escolares y actividades de riesgo, con auditoría anual y sanciones claras cuando se incumpla. Necesitamos indicadores públicos de convivencia —con estricta protección de identidad— y, más importante aún, que se publiquen de forma trimestral por distrito educativo: incidentes reportados, tiempos de respuesta, medidas aplicadas y avances en prevención. Y necesitamos la ejecución seria, no decorativa, de la formación moral y cívica, con acompañamiento docente, supervisión independiente y continuidad sostenida.
Porque una sociedad que educa el carácter reduce la violencia. Y una que renuncia a esa tarea termina llorando a sus hijos.
Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Otro de los derechos accesorios al derecho a la participación es el derecho a la notificación. Una vez que las víctimas sean reconocidas como tales frente a la Corte Penal Internacional, en una situación o en un caso, directamente o a través de sus representantes legales, las víctimas tienen derecho a ser notificadas e informadas de los avances del procedimiento, de las decisiones de la Sala correspondiente, de las fechas de las audiencias, de la interposición de recursos por las partes , entre otras diligencias.
Tanto la publicidad de los procedimientos como la notificación a las víctimas son claves para garantizar que esta pueda ejercer su derecho a la participación.
Esta importancia es reconocida por algunas disposiciones que hacen expresa la necesidad de que las víctimas tengan conocimiento del estado de los procedimientos; por ejemplo la norma 87 establece la obligación explícita del Fiscal de notificar a las víctimas de acuerdo a la regla 50(1) y la regla 92(2). Igualmente, derivado del artículo 15 del Estatuto de Roma, la Secretaría podrá asistir en esta notificación si así es requerida por la Fiscalía.
Igualmente, existe la obligación de notificar y dar adecuada publicidad de las actuaciones por medios generales de acuerdo a las reglas 92(8) y 96(1).
Esta función se encuentra regulada en el Reglamento de la Secretaría de la Corte Penal Internacional en donde se reconoce la importancia de que esta información sea accesible a las víctimas para facilitar el ejercicio de sus derechos.
Finalmente es importante mencionar que los jueces al ser los garantes del debido proceso y el ejercicio de las víctimas, tienen la facultad de rechazar una solicitud de participación si consideran que en ella no se ha acreditado la calidad de víctima frente a la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, las víctimas podrán presentar otra solicitud en una etapa ulterior de acuerdo a la regla 89(2).Finalmente las víctimas si así lo desean, podrán retirar su solicitud de participación en cualquier momento si así conviniere a sus intereses.