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Opinión

El ocaso de la clase media dominicana

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Por Andrés L. Mateo

La clase media dominicana actual surgió de una estrategia de la contrainsurgencia. Fue labrada, pensada e impulsada, poco después de la muerte de Trujillo, y como resultado del espíritu levantisco que se regó al final de la Revolución de abril del año 1965. La clase media es parte de la aventura espiritual de la dominicanidad, y ha representado su papel en la historia reciente como baldón o gloria, desplegando la experiencia de su propia perdición.

Esa pequeña burguesía de la clase media es mezquina y gloriosa al mismo tiempo, puede morir por un ideal y puede ser traidora, puede desaparecer en las cárceles luchando por la libertad y puede ser también el carcelero, pueden caer cazados como bestias en el asfalto, o se pueden vender agobiados en el sopor pestilente del traidor; se pueden entregar, domesticado el escozor de las antiguas subversiones; o vivir en las crepitaciones de la altivez que conserva el sueño de igualdad y justicia que los devoraban. En fin, la clase media dominicana es muchas cosas al mismo tiempo.

Pero si hay algo que ha desempeñado con eficacia este segmento de clase es su papel de colchón social, de amortiguador eficaz de las grandes diferencias sociales acumuladas en los siglos de inequidad que hemos vivido. Cuando el gobierno trujillista cayó la sociedad dominicana se había frisado por completo.

Desde el año 1955, con motivo de los enormes gastos que conllevó la celebración del veinticinco aniversario del régimen, la economía se había deteriorado de tal forma que la movilidad social se estancó bruscamente. Si a principio de la “Era de Trujillo”, en el 1930, el inicio de su gobierno propició una gran movilidad social, al final de la era el estancamiento era lo característico.

Lo que la revolución de abril de 1965 va a dejar bien claro es que la armonía social de los dominicanos dependerá de que esa brecha social se cierre, y de que surja una clase media que amortigüe el impacto de la polarización en que el trujillismo había dejado el país.

Entonces apareció el capital financiero, se democratizó la educación superior, emergieron los sindicatos, las ideologías, los partidos políticos, y se fue creando una pequeña burguesía, una clase media, que ha sido el sustento, para bien y para mal, de toda la estabilidad social. Ahora esa clase media atraviesa la incertidumbre de su propia existencia, está amenazada, casi condenada, a desaparecer. Y sus verdugos son, precisamente, otros pequeños burgueses, a quienes Juan Bosch estudió, y predijo lo que harían si reproducían en el poder los vicios de origen que arrastraban consigo. Son siete las reformas fiscales del PLD, la exacción es insoportable.

La clase media ya no puede mantener el nivel de vida, y se desliza imparable hacia la fosa sin fin de la proletarización, arrastrando consigo a los sectores más empobrecidos. Y eso es una bomba de tiempo. Sin ese colchón social la sociedad dominicana entra en una etapa de inestabilidad que incrementará la delincuencia, la corrupción, la búsqueda desesperada de aliciente para la reproducción de la vida material.

Nadie como Juan Bosch dedicó tantas horas de estudios y tantos análisis, para sacar a flote la particular naturaleza del segmento de clase pequeño burgués, e incluso escribió un libro “La pequeña burguesía en la historia de la República Dominicana”, y ordenó su compleja estratificación. Y ese particular interés traducía lo que habría de venir, configuraba la angustia de la que no se podía escapar, si al final de cuentas, en el partido que él estaba construyendo, justamente con pequeños burgueses, terminaba imponiéndose el señorío ideológico de este grupo caracterizado por la necesidad afanosa de ascenso social y riqueza.

Por eso su desdén por el poder del dinero, que Leonel Fernández puso en el centro de su liderazgo, y por eso advertía sobre lo que llevaba a la corrupción: “Las condiciones adecuadas para que se produzca un estado de corrupción, es darles a los que manejan dinero que no es suyo autorización para que dispongan de él cuando quieran y como quieran”,- exclamaba Juan Bosch-.

Pero eso es exactamente lo que ha ocurrido en los gobiernos de su discípulo, que la corrupción se tragó el progreso; y por lo que ahora la clase media, ese colchón social imprescindible, prefigura su ocaso.

Artículo original publicado en el periódico HOY.

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Opinión

La Procuraduría General de la República y el MP deben amarrar el toro por los cuernos.

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Por José Cabral

Nadie sabe cómo se produce la formación de jueces y fiscales en la República Dominicana, a pesar de la existencia de las escuelas nacional de la judicatura y del Ministerio Público.

Cuantos disparates jurídicos se ven en los tribunales y las fiscalías de los diferentes distritos judiciales del territorio nacional, en unos más que en otros.

Cuando se tiene que litigar o acudir a los tribunales, por la razón que sea, llena de mucha amargura al que tiene que hacerlo.

Pero la asistencia a un palacio de justicia no sólo causa preocupación con ver a simple vista lo que allí ocurre, sino también por la forma en que se manejan las leyes en estas instancias.

Es un escenario donde los fiscales y los jueces hacen las cosas como a ellos les da la gana, muchas veces por irresponsabilidad y otras por incapacidad.

Tanto es así, que hay fiscales que tienen el cliché de que todo lo penal que proviene de una ley del derecho civil no es competencia del Ministerio Público.

Es decir, que el que comete fraude o falsifica documentos en el marco de una junta directiva de un condominio, el caso no es penal, sino civil, siempre de acuerdo a la visión del Ministerio Público.

Entonces, frente a esa incapacidad es como si no existiera la razonabilidad para determinar que cualquier ley del derecho civil tiene situaciones que por sus propias características entran en el derecho penal.

Esta situación genera en la actualidad una verdadera crisis con las actuaciones del Ministerio Público, cuyos miembros tienen unas actitudes que van a generar muchas vías de hecho por el manejo equivocado que se les da a los casos.

En el próximo artículo buscaré analizar el comportamiento de los jueces de los tribunales inferiores y de las cortes de apelación, quienes siempre recurren a la palabra clave para evitar la consecuente queja por una sentencia arbitraria emitida en contra de una serie de valores, principios y derechos constitucionales fundamentales, que es si no está de acuerdo con la decisión, recurra.

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Opinión

La Sede de la Corte Penal  Internacional en el Territorio de un Estado

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Por Rommel Santos Díaz

El artículo 3 del Estatuto de Roma dispone que la Sede de la Corte Penal Internacional  esté en La Haya, y que la Asamblea de los Estados Partes  aprobará un acuerdo entre la CPI y el Estado anfitrión.

El  artículo 3 (3) y 62 del Estatuto de Roma propone que la CPI también podrá celebrar sesiones en otro lugar cuando sea necesario  para un proceso o una serie de procesos  específicos.

Los Estados  Partes podrán disponer  que la Sede de la CPI esté en su territorio cuando  esto sea necesario o beneficioso.

Las Reglas de Prueba y Procedimientos  normalmente especificarán los procedimientos a tomar para que CPI  sesione fuera de su Sede.

Ninguna de estas disposiciones crea obligación alguna para los Estados.

Muchos Estados cuentan con legislación  y procedimientos administrativos  que permiten que el Tribunal Penal Internacional  para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda  celebre sesiones en su territorio.

Esta legislación y procedimientos podrían requerir una reforma mínima, para permitir que la Corte Penal  Internacional  también tenga su sede en su territorio.

Algunas veces, el hecho de celebrar un juicio en el  lugar en que se cometió el delito dará a las víctimas  un mayor sentido de justicia, ya que podrían claramente apreciar que la CPI funciona.

Finalmente, los Estados deberán tomar en consideración la posibilidad de permitir que la Corte Penal Internacional  funcione plenamente  en su territorio.

[email protected]

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Opinión

Un hospital en el “Maharishi”

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Por Nelson Encarnación

Los residentes en “los kilómetros” se han sorprendido con el anuncio de que en los amplios terrenos donde funcionó hace décadas un colegio conocido como “Maharishi”, se pretende construir un centro recreativo que estará a cargo del Ayuntamiento del Distrito Nacional.

A la sorpresa ha seguido el reclamo de que, en lugar de dicho centro, se construya un hospital general, en atención a que en esa zona no existe un establecimiento de salud de esa categoría ni de ninguna otra.

En realidad, toda esa amplia franja de territorio que va del Centro de los Héroes hasta el kilómetro 12 de la avenida Independencia (hacia el oeste de la carretera Sánchez), y de Sur a Norte, desde el Malecón hasta la avenida 27 de Febrero, solo existen dos centros médicos privados y ningún hospital del Estado.

Nos referimos a las clínicas Independencia y Real, mientras que el hospital más cercano es el Marcelino Vélez Santana, enclavado en la zona de Herrera, cuya capacidad se desborda solo con la demanda de la gran población del municipio Santo Domingo Oeste y vecindades que le rodean.

Es decir, la zona que mencionamos está compuesta de una numerosa población en su mayoría de condiciones económicas vulnerables que tiene que movilizarse a hospitales distantes para procurar una atención médica que no se puede costear en los escasos centros privados.

Desconocemos las razones por las cuales el Estado nunca ha contemplado la necesidad de dotar a la zona suroeste de la capital de un gran hospital, mientras se han realizado cuantiosas inversiones para la construcción de varias ofertas de salud en otros lugares, a veces establecimientos bien cercanos.

Ante esa realidad, el presidente Luis Abinader se consagrará como un preocupado por la salud de esa población si en los referidos terrenos, en vez de un indefinido “centro recreativo” se decidiera la construcción de un hospital que responda a las necesidades de salud de miles de personas marginadas de los servicios sanitarios accesibles.

En este caso yo abogo por la colectividad, no por unos cuantos que por intereses particulares quisieran que los terrenos del “Maharishi” siguieran bajo su usufructo.

De modo que, un hospital sería de impacto colectivo de un alcance mucho mayor que un innominado centro recreativo que nadie ha pedido. Presidente, tome esto como una solicitud formal.

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