Opinión
El ocaso de la clase media dominicana
Por Andrés L. Mateo
La clase media dominicana actual surgió de una estrategia de la contrainsurgencia. Fue labrada, pensada e impulsada, poco después de la muerte de Trujillo, y como resultado del espíritu levantisco que se regó al final de la Revolución de abril del año 1965. La clase media es parte de la aventura espiritual de la dominicanidad, y ha representado su papel en la historia reciente como baldón o gloria, desplegando la experiencia de su propia perdición.
Esa pequeña burguesía de la clase media es mezquina y gloriosa al mismo tiempo, puede morir por un ideal y puede ser traidora, puede desaparecer en las cárceles luchando por la libertad y puede ser también el carcelero, pueden caer cazados como bestias en el asfalto, o se pueden vender agobiados en el sopor pestilente del traidor; se pueden entregar, domesticado el escozor de las antiguas subversiones; o vivir en las crepitaciones de la altivez que conserva el sueño de igualdad y justicia que los devoraban. En fin, la clase media dominicana es muchas cosas al mismo tiempo.
Pero si hay algo que ha desempeñado con eficacia este segmento de clase es su papel de colchón social, de amortiguador eficaz de las grandes diferencias sociales acumuladas en los siglos de inequidad que hemos vivido. Cuando el gobierno trujillista cayó la sociedad dominicana se había frisado por completo.
Desde el año 1955, con motivo de los enormes gastos que conllevó la celebración del veinticinco aniversario del régimen, la economía se había deteriorado de tal forma que la movilidad social se estancó bruscamente. Si a principio de la “Era de Trujillo”, en el 1930, el inicio de su gobierno propició una gran movilidad social, al final de la era el estancamiento era lo característico.
Lo que la revolución de abril de 1965 va a dejar bien claro es que la armonía social de los dominicanos dependerá de que esa brecha social se cierre, y de que surja una clase media que amortigüe el impacto de la polarización en que el trujillismo había dejado el país.
Entonces apareció el capital financiero, se democratizó la educación superior, emergieron los sindicatos, las ideologías, los partidos políticos, y se fue creando una pequeña burguesía, una clase media, que ha sido el sustento, para bien y para mal, de toda la estabilidad social. Ahora esa clase media atraviesa la incertidumbre de su propia existencia, está amenazada, casi condenada, a desaparecer. Y sus verdugos son, precisamente, otros pequeños burgueses, a quienes Juan Bosch estudió, y predijo lo que harían si reproducían en el poder los vicios de origen que arrastraban consigo. Son siete las reformas fiscales del PLD, la exacción es insoportable.
La clase media ya no puede mantener el nivel de vida, y se desliza imparable hacia la fosa sin fin de la proletarización, arrastrando consigo a los sectores más empobrecidos. Y eso es una bomba de tiempo. Sin ese colchón social la sociedad dominicana entra en una etapa de inestabilidad que incrementará la delincuencia, la corrupción, la búsqueda desesperada de aliciente para la reproducción de la vida material.
Nadie como Juan Bosch dedicó tantas horas de estudios y tantos análisis, para sacar a flote la particular naturaleza del segmento de clase pequeño burgués, e incluso escribió un libro “La pequeña burguesía en la historia de la República Dominicana”, y ordenó su compleja estratificación. Y ese particular interés traducía lo que habría de venir, configuraba la angustia de la que no se podía escapar, si al final de cuentas, en el partido que él estaba construyendo, justamente con pequeños burgueses, terminaba imponiéndose el señorío ideológico de este grupo caracterizado por la necesidad afanosa de ascenso social y riqueza.
Por eso su desdén por el poder del dinero, que Leonel Fernández puso en el centro de su liderazgo, y por eso advertía sobre lo que llevaba a la corrupción: “Las condiciones adecuadas para que se produzca un estado de corrupción, es darles a los que manejan dinero que no es suyo autorización para que dispongan de él cuando quieran y como quieran”,- exclamaba Juan Bosch-.
Pero eso es exactamente lo que ha ocurrido en los gobiernos de su discípulo, que la corrupción se tragó el progreso; y por lo que ahora la clase media, ese colchón social imprescindible, prefigura su ocaso.
Artículo original publicado en el periódico HOY.
Opinión
Un Estado puede ganar un enfrentamiento y, al mismo tiempo, estar perdiendo la batalla contra el crimen.
Por Isaías Ramos
En las últimas semanas, decenas de personas han muerto durante actuaciones policiales calificadas como “intercambios de disparos”. El debate se ha concentrado, comprensiblemente, en determinar si esas actuaciones fueron legítimas, si hubo proporcionalidad en el uso de la fuerza y qué mecanismos pueden establecer con credibilidad lo ocurrido.
Son preguntas indispensables.
Pero hay otra que estamos formulando mucho menos:
¿Estamos desmontando el sistema que produce al delincuente o solamente neutralizando una de sus manifestaciones?
Esta controversia me recuerda una enseñanza que quedó especialmente presente en mí desde que tuve la oportunidad de participar en el Diplomado Internacional Transformación Social y Educativa, vinculado al pensamiento del filósofo francés Edgar Morin.
Morin advertía sobre la “inteligencia ciega”: aquella que fragmenta la realidad, separa sus componentes y termina confundiendo el conocimiento de una parte con la comprensión del todo.
La criminalidad castiga severamente ese pensamiento simplificador.
El hombre armado que aparece en una esquina es apenas la expresión visible de un sistema mucho más amplio. Detrás pueden coexistir tráfico de armas, narcotráfico, microtráfico, lavado de activos, corrupción, financiamiento ilegal, reincidencia, abandono escolar, exclusión social, debilidades penitenciarias y territorios donde las instituciones han perdido capacidad preventiva.
Reducir semejante entramado al último individuo de la cadena constituye un error estratégico.
Porque si hoy cae un delincuente y mañana otro ocupa exactamente su lugar, no hemos desmontado el crimen.
Solamente hemos reemplazado una pieza.
Y mientras celebramos que una pieza cayó, la maquinaria que la incorporó, la utilizó y puede sustituirla sigue funcionando intacta.
Durante aproximadamente tres décadas, distintos gobiernos han administrado una sociedad que ha experimentado crecimiento económico y avances sociales, pero donde persisten brechas educativas, sociales, territoriales e institucionales.
El problema no es solamente cuánto se ha invertido en cada área, sino cuánto hemos sido capaces de articularlas.
Educación, protección social, seguridad, justicia, sistema penitenciario y prevención continúan funcionando demasiadas veces como compartimentos separados.
Ahí reaparece la advertencia de Morin: conocemos las partes, financiamos las partes y administramos las partes, pero perdemos de vista las relaciones que producen el fenómeno completo.
Entonces surge una contradicción preocupante: toleramos durante años condiciones que favorecen exclusión, violencia, economías ilícitas y ausencia de oportunidades y, cuando algunas de sus consecuencias finalmente aparecen armadas en nuestras calles, pretendemos enfrentarlas principalmente mediante fuerza policial.
La seguridad comienza mucho antes de que un policía tenga que sacar su arma.
Existe, además, una diferencia fundamental entre letalidad operativa y eficacia estratégica.
Una intervención policial puede neutralizar una amenaza inmediata y ser tácticamente exitosa. Pero la eficacia estratégica exige una pregunta mucho más importante:
¿Qué poder criminal perdió la sociedad después del operativo?
Un presunto delincuente capturado con vida puede convertirse, dentro del debido proceso, en una fuente de inteligencia criminal: identificar quién suministra las armas, quién financia, quién distribuye, quién recibe el dinero, quién protege la estructura y quién dirige niveles superiores.
Por eso no basta preguntar quién cayó.
Debemos preguntar:
¿Qué estructura descubrimos?
¿Qué red desmantelamos?
¿Qué información obtuvimos para impedir al próximo?
Un Estado verdaderamente fuerte no es aquel que solamente puede enfrentar a un hombre armado.
Es aquel capaz de investigar, capturar, obtener información conforme a la ley, seguir el dinero, rastrear las armas, identificar conexiones, judicializar responsables y reducir efectivamente el poder de las organizaciones criminales.
Nada de esto significa negar a los agentes policiales su derecho a defenderse ante una agresión real.
Tampoco significa asumir que toda muerte ocurrida durante una intervención policial constituye automáticamente una ejecución.
Precisamente por eso, cuando una persona muere por actuación de agentes del Estado, debe existir un procedimiento independiente y creíble capaz de establecer qué ocurrió.
Eso protege al ciudadano.
Y también protege al policía que actuó legítimamente.
Pero una política moderna de seguridad debe avanzar más.
Necesitamos inteligencia criminal integrada, capaz de conectar armas, personas, territorios, comunicaciones y organizaciones.
Necesitamos persecución financiera y judicial, porque una estructura criminal pierde verdadero poder cuando pierde su dinero, sus armas, su protección y sus mandos.
Y necesitamos prevención focalizada allí donde las redes criminales encuentran las condiciones para reclutar o sustituir continuamente a sus integrantes.
Por eso tampoco deberíamos medir la seguridad únicamente por muertos, detenidos u operativos realizados.
Debemos medirla por redes criminales desarticuladas, armas rastreadas, dinero ilícito intervenido, mandos identificados, funcionarios corruptos sometidos, reincidencia reducida y territorios recuperados.
El verdadero dilema nunca debió ser seguridad contra derechos.
Esa falsa dicotomía es, en sí misma, otra expresión de inteligencia ciega.
La República Dominicana necesita autoridad.
Necesita una Policía capaz de enfrentar el crimen.
Necesita justicia capaz de investigar y sancionar.
Necesita inteligencia capaz de anticipar las redes.
Necesita prevención capaz de reducir el reclutamiento.
Pero, sobre todo, necesita un Estado capaz de comprender que todas esas piezas forman parte del mismo sistema.
Porque neutralizar al delincuente puede resolver la amenaza de hoy.
Desmantelar las redes que reclutan y sustituyen al próximo es comenzar a resolver el problema del país.
Los evangelizadores de la Inteligencia Artificial (IA) cabalgan sin pausas ni paradas, a toda mecha como un lince o un cohete, confiados en sus maravillosos proyectos de inversiones financieras. Y el ritmo rasguea en una constante que no presiente ni anticipa límites ni la potencial burbuja/fin de esta expansionista tecnología, la IA, otra estafa, otra doble estafa universal.
Por Rommel Santos Diaz
El Estatuto de Roma estipula que la Corte Penal Internacional entrará en vigor el primer día del mes siguiente al sexagésimo día a partir de la fecha en que se deposite en poder del Secretario General de las Naciones Unidas el sexagésimo instrumento de ¨ratificación, aceptación, aprobación o adhesión¨.
La firma del Estatuto de Roma estuvo abierta hasta el 31 de diciembre del año 2000, tal y como lo estipula el referido Estatuto. Para que un Estado devenga parte , este deberá ratificar, aceptar, aprobar o adherirse al tratado.
El término ¨adhesion¨normalmente significa adherirse al Tratado una vez que este haya entrado en vigor, pero también podrá referirse a un proceso específico de un Estado.
Para el Estado que ratifique, acepte, o apruebe el Estatuto posteriormente al depósito del sexagésimo instrumento, la entrada en vigor del Estatuto para dicho Estado será el primer día del mes siguiente al sexagésimo día a partir de la fecha en que haya depositado su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión al Estatuto de Roma.
Según el Estatuto de Roma los Estados los Estados no podrán hacer reservas al Estatuto. Los Estados Partes deberán aceptar el Estatuto tal y como fue adoptado en la Conferencia de Roma.
No obstante, el Estatuto de Roma dispone que el Estado podrá declarar que ¨ durante un periodo de siete años contados a partir de la fecha en que el Estatuto entre en vigor a su respecto , no aceptará la competencia de la CPI sobre la categoría de crímenes a que se hace referencia en el artículo 8 cuando se denuncie la comisión de uno de esos crímenes por sus nacionales o en su territorio¨.
El objetivo de la disposición indicada anteriormente es brindar a los Estados Partes tiempo suficiente para capacitar a todo su personal militar sobre los requisitos del Estatuto con respecto a los crímenes de guerra, ya que algunas de las disposiciones del Estatuto de Roma podrían ser contrarias a las obligaciones nacionales existentes.