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El partidarismo político tradicional deja secuela de dolor y sufrimiento al pueblo dominicano.
La semana antepasada fue escenario de un hecho que tiene muchas aristas, pero sobre todo es otra muestra más de lo profundamente contaminado que está el sistema de partidos políticos tradicionales en la República Dominicana.
El asesinato en su propio despacho de Orlando Jorge Mera por un amigo de infancia y quien portaba un carnet como asesor del ministerio de Medio Ambiente, deja claro que los partidos políticos tradicionales son la principal causa de todas las desgracias nacionales.
Estas organizaciones representan la mayor fuente de contaminación del ordenamiento institucional del país y cuyos vicios se pueden observar en todas y cada una de las instituciones públicas de la nación, las cuales también sirven de soporte a la mayoría de las empresas privadas para tener un crecimiento a la sombra del Estado.
La contaminación moral y ética de los órganos y entes del Estado ha llegado tan lejos que son prácticamente generalizados los comportamientos al margen de ésta y de la moral que se supone debe primar en la administración de la cosa pública.
La corrupción generalizada, que llega incluso al sector empresarial y a los medios de comunicación social y que la gente sufre cada día, cada hora, cada segundo, se expresa contundentemente con el desfalco de los dineros de las arcas nacionales y el tráfico de influencias que daña a toda la sociedad dominicana.
En el crimen de Orlando Jorge Mera parece que ha primado su vínculo desde la infancia con un hombre como Miguel Francisco Cruz, quien tenía como misión buscar permisos y cualquier otro privilegio para beneficiar a personas físicas y morales a cambio de dinero.
Aunque en este caso, para no ser cruel con una persona que ya no puede defenderse, no se puede caer en afirmar lo que solo es una deducción lógica, pero necesariamente hay que recurrir a la expresión popular que dice dimes con quién andas y te diré quién eres, porque se debe asumir que la conducta del asesino de recurrir al tráfico de influencias para conseguir permisos a favor de personas físicas y morales, que incluso se dedican a actividades muy cuestionables, viene de hace mucho tiempo, lo cual se supone que conocía Jorge Mera.
Pero que nadie se llame a engaños, porque el país tiene miles de personas que se dedican al tráfico de influencia como el asesino de Jorge Mera, cuyo comportamiento de seguro no desconocía la víctima, ya que los vínculos eran tan estrechos que incluso este asesino confeso financió parte de la campaña para diputado del hijo del ministro de Medio Ambiente.
Sin embargo, un detalle muy importante es que el criminal es dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), en cuya organización el principal problema con sus miembros, no solo de la base, sino de su dirigencia media, es que allí se destaca la cultura del dame lo mío, lo cual es una razón más que suficiente para que se produzcan tragedias como la ocurrida.
Este periódico no se atreve a atribuirle la sanidad de que tanto se habla a raíz de la muerte de Jorge Mera, porque aunque se comparte la tesis de que era un hombre que nunca proyectaba violencia en su forma de hablar, pero sí en algunas de sus acciones, como para despojar de candidaturas a los partidos que participaron en la alianza que permitió que el PRM ganara las elecciones en los comicios del 2020.
Hay constancias de cómo Jorge Mera impuso candidaturas a favor de algunos perremeístas, incluida la de su propio hijo, sobre la base de despojar a miembros de otras organizaciones que eran parte de la alianza electoral y peor aun a través del asesinado ministro se violentó la Constitución de la República y las leyes 33-15 y 1519 del régimen electoral con la imposición de boletas que vulneraban hasta la cuota de género y que algunos de esos casos terminaron en los tribunales competentes.
No se trata de matar dos veces a Jorge Mera como lo ha planteado Guido Gómez Mazara cuando se refería a lo dicho por los abogados del victimario, pese a que el primero que asesinó moralmente a la víctima fue el polémico dirigente perredeísta y ahora perremeísta y exconsultor jurídico del Poder Ejecutivo cuando acusó a éste de haber vendido una propiedad varias veces, lo cual constituye un delito de estafa consignada en el artículo 405 del Código Penal.
En lo que respecta a la muerte de Jorge Mera debe decirse que el mismo hecho de que hubiera tanta tolerancia con un hombre que traficaba con la posición que exhibía mediante un carnet otorgado por el mismo ministro, deja una serie de interrogantes.
Habría que preguntarse si Jorge Mera no sabía que este amigo suyo se dedicaba a hacer negocios y a prometer licencias a cambio de dinero, lo cual podría despejar muchas dudas en torno al desenlace que han tenido los reclamos de un perremeísta como el asesino de que hizo campaña electoral a favor de las actuales autoridades y que no ha sido recompensado.
En la misma situación hay muchos miembros del partido de gobierno que se sienten engañados porque durante la campaña electoral se les prometieron cosas y de las que han renegado sus compañeros que hoy ocupan posiciones públicas, mientras favorecer a sus allegados.
La violencia producto de promesas no cumplidas podrían generar otros actos de hechos parecidos al que terminó con la vida de Jorge Mera, aunque vale decir que este funcionario parece que había entrada en un proceso de rectificación de sus errores ante la vigilancia que mantiene la sociedad dominicana por los tantos engaños que se han producido en su contra.
En realizad, no se puede descartar que en los días por venir se puedan producir otros hechos de violencia a lo interno de los partidos políticos tradicionales, principalmente del PRM, porque ante la miseria y las precariedades de sus dirigentes y miembros la única solución para ellos a los problemas económicos que les aquejan es un nombramiento en el Estado.
Lo grave del problema es que los partidos tradicionales solo forman a sus miembros para buscar ventajas personales, las cuales generalmente van en contra de los intereses de las grandes mayorías nacionales.
El agravamiento del asunto tiene que ver con el hecho de que no se trata de algo fortuito o circunstancial, sino de una cultura que está muy asentada en la conciencia de la mayoría de los ciudadanos dominicanos.
El asesinato de Orlando Jorge Mera sí es el resultado de la voluntad individual de un hombre que vive del tráfico de influencia, pero principalmente de una formación y una cultura que se expresa con una conducta irracional y violenta de los miembros de los partidos políticos tradicionales, incluido, naturalmente el PRM, cuando no reciben lo suyo, lo que dicen pertenecerle.
Naturalmente, no hay nada que justifique lo ocurrido, ya que nadie tiene el derecho de quitarle la vida a otro, pero los hechos se explican por quienes son sus protagonistas y la formación que éstos tienen para afrontar cualquier situación que se les presente.
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La justicia atrapada en la ineficacia y las malas artes de la partidocracia y de los vicios del poder que dañan la democracia.
Por Elba García
Desde el Tribunal Constitucional, que tiene la misión de mantener el control de la constitucionalidad, hasta el de menor jerarquía como son los juzgados de paz interpretan la ley generalmente al margen del espíritu de la misma y sobre la base de un criterio que no contribuye en nada con el Estado Social Democrático de Derecho, aspecto central del constitucionalismo moderno.
Esta conducta de quienes tienen la responsabilidad de promover seguridad jurídica en el país es una de las principales preocupaciones de los sectores más pensantes de la sociedad dominicana, donde es parte del diario vivir la emisión de sentencias al margen del respeto que se debe observar de los derechos fundamentales en virtud de las normas internas y de las externas que son de obligatorio cumplimiento.
El fenómeno dominicano en materia de justicia preconiza un comportamiento de los jueces y de los fiscales que se fundamenta en un tema que se ha establecido a partir de una cultura de lo mal hecho sin ni siquiera pensar en las consecuencias sociales de sus acciones.
El problema reviste tanta gravedad que, aunque no hay estadísticas al respecto, la vía de hecho toma cuerpo en el país, cuya expresión más contundente son los crímenes a través del sicariato y de otros acontecimientos que se caracterizan por la violencia extrema.
La eficacia en la aplicación de la ley por parte de los tribunales de las diferentes jurisdicciones del sistema de justicia se ha vuelto más salvaje entre los dominicanos para darle salida a los conflictos sociales.
La falencia de la justicia en lo que respecta a emitir sentencias que fortalezcan el estado de derecho, no es exclusiva de los tribunales ubicados en la escala más baja del sistema, sino que lo peor se produce en las altas cortes como la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional, en cuyo último los recursos de revisión de las acciones de amparo y las decisiones jurisdiccionales duran años para ser fallados en violación de su propia ley orgánica, la 137-11.
La llamada mora judicial es un cáncer que le ha matado la credibilidad al sistema de justicia nacional, pese a los discursos de sus actores que hablan de unos logros que nadie puede ver,
El cuadro luce tan amargo que los tribunales de instrucción del Distrito Judicial de Santiago no fijan audiencia para conocer recursos de apelación en violación del articulo 149 de la Constitución que dispone el doble grado.
De igual modo ocurre con las cortes de apelación civil donde un recurso de oposición es fallado hasta dos y tres años después de haber sido sometido por la parte que ha sucumbido en un proceso mediante la aplicación de la figura del defecto.
Asimismo, hay jueces de la jurisdicción civil ordinario que emiten sentencias extrapetitas, es decir, al margen de los pedidos de las partes en litis y además en franca violación de su competencia, sin que para mejorar haya un control de los fallos jurisdiccionales y cuya única opción es recurrir en apelación o casación que implica esperar años para el fallo, lo cual muchas veces ocurre cuando una de las partes ya ha muerto.
Sin embargo, pese a estas graves debilidades del sistema de justicia nacional en el país hay un discurso repetitivo de que hay una importante mejoría del estado de derecho y de la democracia.
Otro de los problemas del sistema de justicia es que los partidos mantienen su control, ya que su escogencia se produce a través del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), el cual es un diseño de la partidocracia para evitar que aquellos actores de la vida política nacional no estén expuestos a sanciones judiciales de los jueces que son escogidos por ellos.
Este panorama desmejora la llamada democracia representativa que hoy por hoy ha dejado resultados que dejan mucho que desear y cuyo descredito no augura para los pueblos que la padecen un futuro promisorio, lo que incluso ya la coloca en un punto de total falta de legitimidad.
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Abandono de investigación y bajo nivel académico impacta universidades que operan sin supervisión.
Por Elba García
Las universidades de la República Dominicana prácticamente han abandonado su cumplimiento con su misión de desarrollar investigaciones científicas y de igual modo preservar o implementar programas educativos para mejorar el bajo índice académico que les afecta.
El problema no constituye un asunto aislado, sino que forma parte de la deficiencia y debilidades institucionales del país, cuyos centros de altos estudios no son sometidos a la fiscalización que dispone la Ley Orgánica del Ministerio de Educación Superior ( MESCyT ), porque pesa más la politiquería que tener un país mejor.
El asunto genera que muchos estudiantes egresen de las diferentes carreras que se imparten en la gran diversidad de las universidades nacionales con un nivel de formación que puede definirse de muy precario, muy pobre, que no pasan de ser analfabetos funcionales.
Sin embargo, la deficiencia importa tan poco en un país donde el Estado no tiene capacidad de regulación, ni de fiscalización y mucho menos de supervisión, que las universidades no pasan de ser una buena industria para producir dinero y nada más.
La gravedad de la cuestión llega tan lejos que incluso los propios docentes de las casas de altos estudios dejan mucho que desear porque no tienen la formación académica e intelectual requerida para proporcionar una buena educación superior.
Las universidades del país, naturalmente no todas, no pasan de ser un gran negocio manejado por familias muy concretas y específicas que tampoco cumplen con el mandato de la norma que la regula y delimita y define lo que son instituciones sin fines de lucro.
Pero la falta de control del sistema educativo nacional ha convertido a las universidades en centros para egresar a personas que luego no tienen espacio en el mercado laboral, en virtud de que no tienen la preparación que reclama la industria nacional.
Es una pena observar el sendero escogido por las universidades, el cual no tiene nada que ver con su misión de desarrollar las ciencias y las tecnologías, así como el nivel intelectual de la sociedad.
Naturalmente, no se trata de un fenómeno exclusivo de la educación superior, intermedia y primaria, sino de todo el andamiaje público, donde la capacidad importa poco, sino la politiquería y el amiguismo, ya que incluso hasta el otorgamiento de una licencia de operación en este sector está fundamentado en un criterio desviado de los estándares que deben prevalecer al respecto.
No hay ningún tipo de evaluación que pueda arrojar buenos resultados en la República Dominicana, porque más que un instrumento para lograr un verdadero desarrollo nacional, la educación superior ha pasado a ser un negocio vulgar de “vivos” y de personas que se dedican al tráfico de influencia.
El problema de la educación superior se suma a la imposibilidad que afronta la sociedad dominicana de promover reforma en instituciones y órganos del Estado que no hay forma de que den pie con bola, como el Ministerio Público y la Policía Nacional, por sólo citar algunos.
La población estudiantil dominicano es bastante grande, pero ello no ha servido para que el sector se menaje con criterios de excelencia académica para construir una mejor nación, cuyos estándares sean comparables con otros países del hemisferio y de otros continentes.
Lo peor del problema es que el país no cuenta con una agenda nacional para enfrentar la deficiencia e insertar la nación en los mejores estándares educativos de Latinoamérica, el Caribe y el mundo.
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Santiago es parte de un fenómeno general que impacta al país en el que las instituciones sin fines de lucro son un botín personal.
Por Elba Rosa García
El fenómeno de la apropiación de las instituciones sin fines de lucro y muchas otras que juegan un papel social y político importante que se debaten entre una serie de intereses individuales de personajes de la sociedad dominicana que sólo se mueven para perjudicar a las grandes mayorías nacionales.
Es una preocupación que tiene su base de sustentación en una herencia histórico-cultural que se apoya en una serie de antivalores que promueven el individualismo como estilo de vida.
El escenario es ahora el Patronato Cibao contra el Cáncer, donde convergen algunos sectores que buscan utilizar esta institución para fines que no se corresponden con sus objetivos.
En los últimos días allí ha explotado un escándalo que habla de serios actos de corrupción que ahora se ventilan en los tribunales del Distrito Judicial de Santiago, cuya irregularidad también se observa en otras entidades de igual carácter como las cooperativas de ahorros y préstamos, las cuales también han tenido un notable éxito en el manejo de fondos de las comunidades.
La Corte de Apelación Civil de Santiago tiene en fase de fallo una demanda civil para buscar la nulidad de una asamblea que permitió escoger una nueva directiva en medio de serios escándalos de corrupción, que incluye una supuesta deuda de más de ochocientos millones de pesos.
Recientemente, tras la celebración de la referida asamblea, hubo que sacar a los que ostentaban la dirección del Patronato con la fuerza pública, drama que prevalece de forma genelizada en el país porque los que llegan a este tipo de organizaciones se llegan a creer dueño del patrimonio de la misma como si se tratara de una herencia familiar.
Este tipo de problema es un asunto que debe enfrentar la sociedad dominicana, porque el mismo se agrava en razón de que los propios tribunales se manejan con una actitud muy complaciente con los que incurren en semejante travesura.
La demanda civil que busca la nulidad de la asamblea general extraordinaria en la que se eligió una nueva directiva en el Patronato Cibao contra el Cáncer, quedó en fase de fallo en la Corte Civil y Comercial de Santiago tras los jueces reservarse la decisión.
La acción legal proviene del destituido presidente del Patronato Cibao contra el Cáncer, quien solicita que se deje sin efecto dicha asamblea, bajo el alegato de supuestas irregularidades en el proceso y violaciones al debido procedimiento. Los abogados del demandante también pidieron la designación de un administrador judicial, argumentando que la reunión estuvo “plagada de vicios”.
La decisión podría ser emitida en un plazo de 48 horas, cuyo acto de la demanda es el número 534, el cual fue depositado el 23 de octubre de 2025 ante la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santiago, a requerimiento de Héctor Antonio Lora Cruceta y otras partes interesadas, representadas legalmente por los licenciados Jhon Starling Fulgencio Frías, Erick R. Germán Mena y María Antonia Vargas del bufete Veras & Veras, con sede en Santiago de los Caballeros.
La situación del Patronato Cibao Contra el Cáncer es propia de una gran cantidad de organizaciones sin fines de lucro, incluido los partidos políticos, entre muchas otras que quedan atrapadas en medio de grupos que las controlan y malversan sus fondos para fines que distorsionan la razón de su existencia.
El problema en esta materia es una plaga que prácticamente se come a la sociedad dominicana, sin que haya a la vista una solución, dado que el motivo de la misma tiene que ver con razones profundamente culturales que hoy día son parte de un problema integral de la sociedad dominicana.