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Entre mediados de octubre y noviembre debe ser escogido pleno de la JCE.
Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE) culminó su trabajo que le fue encomendado por cuatro años con la declaración de los ganadores de los comicios presidenciales y congresuales del pasado mes de mayo.
Mientras incineran los materiales utilizados y reciben los informes del pasado proceso, el presidente Román Jáquez Liranzo y los demás miembros Rafael Armando Vallejo Santelises, Dolores Altagracia Fernández, Patricia Lorenzo y Sami Rafael Chami Isa se mantienen a la espera de si se mantendrán por otros cuatro años a la cabeza del órgano electoral.
Del grupo, ya Chami Isa solicitó públicamente que los cuatro miembros titulares sean “ratificados” en sus respectivos puestos debido al “gran trabajo” que realizaron los miembros durante el proceso electoral pasado.
«Entiendo que los cinco tenemos mucha oportunidad y mucha ventaja porque, como reitero, se ha hecho un muy buen trabajo a favor de la democracia», expresó Chami Isa en una declaración dada a varios medios de comunicación en el Senado de la República.
Precisamente es ese órgano del Poder Legislativo, una vez sea instalado con sus nuevos miembros el próximo 16 de agosto, que tiene la tarea de escoger o ratificar tanto a los miembros del pleno, incluido su presidente, como a sus respectivos suplentes.
A partir del inicio de ese nuevo periodo constitucional, según la Constitución, la cámara alta tiene un plazo de 60 días para realizar las rondas de entrevistas y demás métodos de evaluación, para de esa forma escoger a los cinco miembros titulares del pleno y sus suplentes; la aprobación debe darse con las dos terceras partes de la matrícula del Senado.
LOS REQUISITOS
Según lo establecido en la ley 20-23 sobre Régimen Electoral, para ser presidente (y suplente), la persona debe ser dominicano de nacimiento u origen; tener más de 35 años de edad y estar en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos; además de ser licenciado o doctor en derecho, con al menos 12 años mínimo de ejercicio.
Mientras que para ser miembro del pleno o suplente, se requiere ser dominicano, tener más de 30 años y estar en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos; y ser graduado con título universitario y estar habilitado para el ejercicio profesional, preferiblemente en las áreas de administración o afines, informática o afines y ciencias jurídicas o afines, con ocho años mínimo de ejercicio.
Entre los miembros del pleno no puede haber vínculo conyugal, de parentesco o afinidad entre sí, hasta el tercer grado inclusive, ni con los candidatos a presidencia y vicepresidencia de la República, hasta el primer grado.
La ley igual indica que si aconteciere que, con posterioridad a la designación de los miembros titulares o suplentes se presentasen candidatos con el vínculo conyugal, de parentesco o afinidad, el titular o suplente afectado con esta condición cesará temporalmente en sus funciones, con disfrute de sueldo, desde el momento en que dicha candidatura sea admitida por el órgano partidario correspondiente, hasta que se declare cerrado el proceso electoral de que se trate, y sus funciones serán asumidas por el suplente correspondiente.
SANTO DOMINGO.-La calidad de la enseñanza durante el año escolar 2023-2024 aumentó en el sistema público preuniversitario, además de incorporar innovaciones y avances que mejoraron sustancialmente las competencias, indicadores de logro, asistencia y puntualidad de la población estudiantil a los centros educativos, según lo informó el Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd).
La transformación del sistema educativo que tuvo como punto de partida la adecuación curricular de los niveles inicial, primario y secundario para fortalecer el enfoque de competencias e incorporar ejes transversales para atender a problemáticas sociales.
Además, se modificó el sistema de evaluación de los aprendizajes, asumiendo criterios más precisos y mayor oportunidad para la recuperación pedagógica. Los docentes fueron capacitados en estos cambios y acompañados en sus procesos.
Igualmente se actualizaron los diseños curriculares y sistemas de evaluación en los niveles primario y secundario del subsistema de educación de personas jóvenes y adultas, que todavía seguían el currículo de 1995.
En convenio con universidades, academiase instituciones educativas, el Minerdelaboró libros de texto, tanto en formato digital como impreso, para todos los niveles educativos.
Los libros digitales, disponibles en la plataforma www.libroabierto.minerd.gob.do, ahora incluyen un chatbot de inteligencia artificial que permite a los estudiantes enriquecer su proceso educativo con respuestas puntuales a preguntas sobre los libros de textos.Además, alrededor de 4,000 centros educativos lograron tener conectividad con fibra óptica.
Durante el período escolar 2023-2024, los doce mil docentes que se incorporaron al sistema de enseñanza también ingresaron, por primera vez, al Programa Nacional de Inducción, en el que recibieron formación y acción tutorial, como establece el Estatuto Docente.
En el presente año lectivo, el Ministerio de Educación implementó el Sistema Nacional de Transporte Estudiantil (TRAE) con la finalidad de facilitar el acceso a los centros educativos, garantizando la asistencia y puntualidad de los estudiantes.
En 42 Distritos Educativos, que incluyen 11 provincias y el Distrito Nacional, TRAE realizó 9,821,355 traslados de estudiantes desde y hacia las escuelas en los últimos siete meses, impactando la economía de miles de familias a las que se les posibilitóun ahorro de RD$2,946 millones en transporte.
Otra de las iniciativas relevantes desarrolladas por el Ministerio de Educación fue la puesta en práctica de la Política Nacional para la Alfabetización en la Etapa Oportuna a través del Programa Nacional Construyendo la Base de los Aprendizajes (CON BASE), que propició mejoras significativas en los aprendizajes de la lectura, escritura y matemática en más de 400 mil estudiantes que cursan entre primero y tercero de primaria en todos los centros educativos públicos del país.
Santo Domingo, R.D.-Mediante decreto el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, promulgó la Ley 18-24, que a partir de ahora regulará el funcionamiento de la Cámara de Cuentas, órgano superior externo de control fiscal de los recursos públicos, de los procesos administrativos y del patrimonio del Estado.
La norma moderniza los procedimientos de la institución, procura la mejora de las herramientas para el cumplimiento de los fines del ente y fortalece el régimen de las infracciones administrativas.
La Ley 18-24 esclarece de forma detallada su ámbito de aplicación, crea el Sistema Nacional de Control y Fiscalización, aborda la composición, la autonomía, la naturaleza, la jurisdicción y las atribuciones de la Cámara de Cuentas, regula el funcionamiento de sus órganos, establece las competencias, atribuciones y obligaciones de sus directivos, pauta los parámetros de organización administrativa y define el rol de la Cámara de Cuentas en el Sistema Nacional de Control y Fiscalización y los procesos de auditorías.
Dichas observaciones, ahora aprobadas por la Cámara de Diputados, planteaban la necesidad de fortalecer la efectiva funcionalidad del órgano, impactando en las atribuciones del Pleno de la Cámara de Cuentas, el trámite de sus sesiones, las atribuciones de sus directivos, los principios y normas de la carrera administrativa especial.
Tal y como se establece en las motivaciones de la norma, en el proceso de reforma integral en que se encuentra inmerso el sistema de control y fiscalización del Estado dominicano, impera la necesidad de que la Cámara de Cuentas sea actualizada conforme a las disposiciones de la Constitución y a la exigencia de los nuevos tiempos, en procura de garantizar una gestión pública apegada a la ética, eficiencia, eficacia, celeridad y transparencia.
Santo Domingo, R.D.-Tras varios aplazamientos, el Ministerio Público inició la lectura de la acusación en contra del mayor general Adán Cáceres Silvestre y demás implicados en el caso Coral y Coral 5G, ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que conoce el juicio de fondo.
La lectura inició en el tribunal presidido por Gissel Méndez, Tania Yunes y Jisel Naranjo, quienes decidirán si condena o no a los encartados en acto de corrupción administrativa, incluyendo a unos 30 policías y militares.
En la audiencia los fiscales detallan los tipos penales atribuidos a los imputados como asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
Igualmente, mencionan que el entramado criminal desmantelado con el Caso Coral desarrollaba sus actividades delictivas en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), principalmente, con el abultamiento de la nómina.
Sostiene además que realizaban operaciones fraudulentas para adquirir bienes muebles e inmuebles, vehículos de lujo y propiedades en diferentes lugares del país, valorados en millones de pesos.
El grupo es acusado de estafar al Estado con más de 4,500 millones de pesos a través de nombramientos irregulares y otras anomalías en el Cusep y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).
En el caso Coral también figuran como acusados la pastora Rossy Guzmán, su Tanner Flete Guzmán, el coronel policial Rafael Núñez de Aza, ex encargado del Departamento Financiero del Cusep, Alejandro Montero Cruz y el mayor Alejandro Girón Jiménez.
Girón Jiménez se encuentra guardando arresto domiciliario en una dirección confidencial que el Ministerio Público suministró al tribunal, para resguardar su seguridad, por ser testigo principal de la acusación y colaborador del ente acusador.
En el caso también están acusados Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez, Jehohanan Lucía Rodríguez, Yehudy Blandesmil Guzmán y Esmeralda Ortega Polanco.