Opinión
El presidente debería recurrir a la Corte Interamericana
Por Juan Bolívar Díaz
Todo parece indicar que el proyecto de ley que buscaría restituir la nacionalidad a los afectados por la Sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional (TC) ha vuelto a ser congelado por la resistencia de sectores ultranacionalistas, a pesar de que la última formulación parecía tener apoyo de los dos líderes del partido de Gobierno.
Ante las advertencias y temores de que sea desconocida la sentencia, y si se quiere resolver el drama de decenas de miles de personas que provoca escándalo internacional, el Presidente debería recurrir a la última instancia constitucional dominicana en esa materia, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Un Gobierno indeciso. Cuando al finalizar marzo el presidente Danilo Medina concluyó la ronda de consultas sobre el conflicto generado por la sentencia que desnacionaliza a decenas de miles de descendientes de extranjeros nacidos en el país que habían sido registrados como dominicanos, se dio por hecho que en breve enviaría un proyecto de ley al Congreso buscando una solución humana y justa al problema, que además tuviera la virtud de conjurar el escándalo internacional y el descrédito que afronta el país.
De hecho, cuando inició las consultas, Medina ya tenía el diseño de un proyecto de ley que reconocería la nacionalidad de los que habían sido inscritos en el Registro Civil antes de la promulgación de la Constitución vigente, el 26 de enero de 2010, como manda el numeral 18.2 de la misma, excepto a quienes hubiesen participado en alguna irregularidad. Aceptando la irregularidad dictaminada por el TC, se reconocería las inscripciones a partir del precepto de que nadie puede pagar por culpas ajenas y menos por deficiencias del Estado que les confirió la nacionalidad.
El director de Migración, José Ricardo Taveras, dirigente del grupo promotor de la desnacionalización denominado Fuerza Nacional Progresista, fue de los que pareció aceptar la transacción bajo el predicamento de que el Estado tenía que pagar por su negligencia. El presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, quien inició administrativamente las desnacionalizaciones en el 2007, también pareció tirar la toalla cuando dijo que acataría lo que decidieran el Gobierno y el Congreso.
El resultado de las consultas ratificó la división de la sociedad dominicana sobre el conflicto, sin que el presidente Medina haya dado un balance. Novedoso para el mandatario debió ser que el grupo de altos empresarios consultados en una reunión se manifestó prácticamente a unanimidad a favor una solución justa del escándalo, como ocurrió con los representantes de las iglesias evangélicas.
El clave Leonel Fernández. El primer sábado de abril, al reunirse con los dirigentes del Comité de Solidaridad con los Desnacionalizados, el presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y expresidente de la República, Leonel Fernández, admitió que coincidía con la fórmula del proyecto de ley que barajaba el presidente Medina. Defendió firmemente la sentencia del TC en el sentido de que no correspondía la nacionalidad a los nacidos en el país hijos de inmigrantes indocumentados, considerándolos en tránsito, pero admitía la fórmula de reconocérsela por ley a quienes no fueran responsables de la irregularidad.
El líder peledeísta llegó a especificar que el reconocimiento se extendería a las 24,392 personas que la JCE estima afectadas por la sentencia, y consecuentemente a los descendientes de estos, a quienes se les ha negado el registro ciudadano. También precisó que a los descendientes de indocumentados nacidos en el país pero que no fueron declarados, la ley consensuada les daría la opción de la naturalización. Como sus interlocutores, una docena de profesionales y religiosos, insistieran en que la ley debería abarcar a todos los que a su juicio tenían derecho a la nacionalidad por el jus soli, Fernández prometió hacer llegar ese criterio de la nación al Presidente, aunque persistió en que no les correspondía la nacionalidad.
La posición del exmandatario no fue sorpresa, pues ya la había manifestado en otra conversación informal, en dos declaraciones en Estados Unidos y en un artículo del 30 de diciembre en el Listín Diario, donde favoreció “una solución que sin quebrantar los atributos de nuestra soberanía nacional satisfaga los requerimientos del derecho internacional de los derechos humanos”.
La Corte Interamericana. En los últimos días los más duros defensores de la desnacionalización han vuelto a formular advertencias al Gobierno, algunos aliados en tono chantajista, y se ha visto el espectáculo del presidente del TC advirtiendo de riesgos de un golpe de Estado constitucional, mientras el presidente del Senado y secretario general del PLD, Reinaldo Pared, planteaba que la sentencia es intocable, y se afirma que las presiones sobre el Presidente, en ambas direcciones, son de gran magnitud.
En tal circunstancia, el camino lógico para el Gobierno debía ser recurrir en consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya jurisdicción es parte del bloque constitucional dominicano, según el artículo 74.3 de la Constitución, por lo que sus decisiones son vinculantes para los tribunales y demás órganos del Estado.
La Corte fue creada por la Convención Americana de los Derechos Humanos, ratificada por la nación dominicana en 1978. El presidente Leonel Fernández reconoció formalmente en 1999 la competencia de la Corte “sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de la Convención Interamericana de Derechos Humanos”.
Por su parte el Tribunal Constitucional, en su sentencia 136/13 del 22 de agosto pasado, un mes antes de la 168/13, reconoció que RD es integrante de la Convención Americana de los Derechos Humanos y “aceptó la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como órgano consultivo y contencioso”. Y en noviembre del 2012 firmó con ella un Acuerdo Marco de Colaboración. Los que creen que pueden denunciar ambos pactos deben saber que el párrafo del artículo 57 de la Ley orgánica del TC establece que “si el tratado internacional es reputado constitucional, esto impide que, posteriormente, el mismo sea cuestionado por inconstitucional ante el Tribunal Constitucional o cualquier juez o tribunal”.
El presidente puede apelar a la “Opinión Consultiva” de la Corte, prevista en el artículo 72 de su reglamento y en el 64 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. De esa forma se quitaría de encima un conflicto que le ha consumido seis meses y amenaza afectar toda su gestión, al tiempo que reduciría el escándalo internacional.
Así también podría evadir una condena como la emitida por ese organismo en el 2005 en el caso de dos niñas de ascendencia haitiana nacidas en el país, y a las que se les había negado el registro.
La Comisión Interamericana, que opera como procuraduría fiscal de la Corte, tiene unos 48 casos de desnacionalizados bajo ponderación desde el 2011 y se cree que podría agilizar su trámite.
Se sabe que organismos internacionales, como la Asociación de Estados Africanos y el Black Caucus del Congreso de Estados Unidos han contemplado acciones contra la República Dominicana bajo acusaciones de discriminación racial y xenofobia, y que han sido persuadidos de esperar la solución prometida por el Gobierno.
Las agencias de las Naciones Unidas y la Unión Europea no ocultan su expectativa de una solución a lo que se ha denominado como genocidio civil.
Desconcierto general
La indecisión gubernamental ha creado desconcierto en la opinión pública y en los círculos diplomáticos así como en los organismos internacionales, tanto dentro como fuera del país. A ello se puede atribuir que el embajador de Estados Unidos, James Brewster reiterara el viernes en Santiago que “como ya lo he dicho en otras ocasiones anteriores, lo que nos interesa es garantizar que a nadie se quite su ciudadanía”.
Se creía que con el consenso entre los dos mayores líderes del partido de Gobierno y que controla absolutamente las dos cámaras legislativas, la solución al conflicto estaba garantizada. Ambos partían de la convicción de que el llamado genocidio civil tiene un costo muy elevado para la imagen del país y que puede llegar a una condena en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como ya lo ha hecho repetidas veces la Comisión Interamericana.
Pero un mes después del aparente consenso nadie sabe a ciencia cierta por qué el proyecto de ley no ha sido enviado al Congreso, y en cambio se vuelve a hablar del proyecto de naturalización que habían preparado en noviembre y que fue congelado hace cuatro meses tras la opinión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que visitó el país la primera semana de diciembre, la que advirtió que eso no solucionaría la masiva violación de derechos.
El rechazo internacional a la desnacionalización masiva es tan significativo que concurren al mismo Estados Unidos y Venezuela, enfrentados hace tiempo en el ámbito interamericano. A gestiones del canciller venezolano se atribuye que las conversaciones domínico haitianas iniciadas a fines del 2013 puedan continuar el jueves en Puerto Príncipe, tras un cuarto aplazamiento de dos días. Con auspicios de Venezuela, movida por el Caricom, el Gobierno dominicano se comprometió con el de Haití el 19 de noviembre a “avanzar en todas las medidas que sean necesarias para garantizar la seguridad jurídica, el pleno goce y respeto de los derechos de los descendientes de haitianos nacidos en el país”. La importancia de Caricom para Venezuela quedó explícita el mes pasado cuando los 14 votos del bloque caribeño impidieron que la crisis venezolana se discutiera en el Consejo Permanente de la OEA.
Por Rommel Santos Diaz
Otro importante avance del Estatuto de Roma es la formulación de una definición internacional de género asi como la incorporación de normas especiales de procedimiento y prueba con relación a víctimas y testigos de crímenes de violencia sexual.
Lo anterior incluye la prohibición de entregar evidencias sobre la conducta sexual anterior o posterior de la víctima así como no exigir la corroboración del testimonio de la víctima.
Teniendo en cuenta la complementariedad del Estatuto de Roma , la Corte Penal Internacional no podrá juzgar a todos los perpetradores de crímenes internacionales. Esto implica que la responsabilidad de procesar a la mayoría de esas personas recaerá sobre las instancias nacionales.
Un posible impacto de la Corte Penal Internacional podría ser atraer a la luz pública ´´conflictos olvidados´´ en el mundo a través del inicio de sus investigaciones para que se le de la atención debida y canalice el financiamiento necesario para afrontar estas situaciones, especialmente las necesidades de la población.
Dada la sensibilidad y polarización que puede llevar este tipo de procesos en el ámbito interno, los juicios que la Corte Penal Internacional pueda efectuar servirán de plataforma para que los Estados realicen esta labor.
Cabe destacar que las principales víctimas de los conflictos armados generalmente son las mujeres y los niños. Estos mambiseños fueron reclutados forzosamente, siendo sometidos a tratos inhumanos y degradantes.
Los informes del Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la cuestión de los niños y los conflictos armados, más de dos millones de niños han muerto y seis millones han quedado desaparecidos de por vida como consecuencia de los conflictos.
Por Isaías Ramos
En esta Navidad, cuando las familias intentan reencontrarse con lo esencial, vale la pena detenernos un instante y preguntarnos qué celebramos de verdad. La Navidad no es solo una fecha ni un conjunto de costumbres: es un llamado al renacimiento, a volver a la fuente de nuestros valores y a recordar que la esperanza no es ingenuidad, sino una decisión.
Cerramos el año con señales que duelen. Las denuncias e investigaciones por corrupción han herido la confianza pública y, cuando ese deterioro toca instituciones llamadas a proteger derechos fundamentales, el golpe se vuelve más profundo y más personal para el pueblo.
El caso de SeNaSa, por lo que representa, nos recuerda que la salud no es un privilegio: es un derecho. Por eso, exigir que se investigue a fondo y que se sancione conforme a la ley, caiga quien caiga, no es venganza: es justicia; es respeto al Estado de derecho.
A esto se suma una realidad económica que obliga a la sobriedad. La CEPAL proyecta un crecimiento de 2.9%, insuficiente para responder a la magnitud de las necesidades acumuladas en tantos hogares. Pero el problema no es solo el porcentaje: es el sentido del crecimiento. ¿De qué sirve hablar de avance si no llega al salario ni fortalece los servicios esenciales?
Durante demasiado tiempo se ha sostenido un modelo que, en buena medida, descansa en la explotación laboral y en la extracción intensiva de recursos del pueblo. Zonas francas donde el trabajo no siempre dignifica; minería que presiona recursos y comunidades sin la transparencia y el control ambiental que la nación merece; turismo que produce divisas, pero que no siempre deja prosperidad equitativa y sostenible en los territorios que lo sostienen.
Nadie pide apagar la producción ni cerrar oportunidades; lo que el país exige es justicia: trabajo decente, valor que permanezca en la comunidad y progreso que se convierta en vida digna. El desarrollo real no se mide solo por el PIB: se mide por la dignidad.
Y aquí debemos hablar con claridad, con firmeza y con respeto. No estamos ante fallas aisladas, sino ante un sistema corroído de arriba abajo, donde la impunidad se vuelve costumbre y lo público se usa como botín, mientras al pueblo se le pide paciencia y silencio como si la paciencia pagara la comida, el medicamento y la educación.
Tras tres décadas de un sistema político que, en vez de educar y formar ciudadanos útiles a la patria, ha pervertido la vida pública, endeudado la nación, desmantelado las instituciones productivas del Estado y saqueado los fondos del pueblo bajo un manto de impunidad —donde demasiadas veces los casos se han convertido en “pan y circo”: titulares y medidas de ocasión para calmar al pueblo, pero sin condenas firmes, sin recuperación de lo robado y sin desmontar las redes de impunidad— ha llegado la hora de que el pueblo se ponga de pie, rompa el silencio y se organice para recuperar su dignidad y su futuro.
Sí, existen hombres y mujeres de bien dentro del Estado. Pero cuando el sistema castiga al que denuncia y premia al que abusa, el silencio deja de ser prudencia: se convierte en complicidad. Hoy el país necesita valentía moral y coherencia, no neutralidad cómoda.
Por eso esta Navidad nos importa tanto: nos devuelve al centro. Que esta Navidad nos sirva para asumir un compromiso con una fe inquebrantable en el Niño que nació en Belén. Él nació en humildad, conoció la opresión y, aun así, depositó su confianza en el Padre, más grande que cualquier poder terrenal.
Cristo nos prometió la paz que solo Él puede dar. Esa paz no es anestesia ni silencio ante el abuso; es fortaleza para hacer lo correcto. Es la paz que sostiene el carácter cuando todo alrededor quiere quebrarlo y que impide que la indignación se convierta en odio.
Aunque a veces parezca que los opresores lo tienen todo bajo control, la fe nos recuerda que hay un Dios que ve y toma nota, porque solo Él tiene el control último. Pero esa certeza no nos adormece: nos exige; nos llama a esforzarnos y ser valientes, y a cumplir la parte que nos corresponde.
Nuestro Señor Jesucristo vino a proclamar libertad a los oprimidos y a anunciar buenas nuevas a los pobres. Por eso, la fe verdadera no puede quedarse en consuelo privado ni en indignación sin rumbo: no es solo señalar; es organizar; no es solo criticar; es participar; no es solo esperar; es servir. Y desde el Frente Cívico y Social entendemos que esto incluye comprometerse con una economía que dignifique: apoyar la producción local, exigir trabajo decente, fortalecer encadenamientos para que el turismo se integre a la economía real, compre más a manos dominicanas, y que ningún proyecto de “desarrollo” se construya a costa del agua, la tierra o la vida comunitaria o la explotación humana.
Que esta Navidad sea un punto de inflexión: el inicio de un renacimiento colectivo donde la fe se convierta en responsabilidad, la paz se convierta en unidad con propósito y la esperanza se convierta en acción perseverante. Porque, aunque Dios tenga el control último, a nosotros nos corresponde el deber moral de ser instrumentos de justicia, de libertad y de dignidad para la República Dominicana.
¡Despierta, RD!
Por Oscar López Reyes
Son 13 los días -entre el 24 de diciembre y el 6 de enero- de la temporada más festiva y dinámica de término de diciembre y comienzo de enero, la Navidad, simbolizada en el lenguaje de cantar villancicos, adornos especiales, arbolitos con luces multicolores, gustosos manjares, regalos y tarjetas, belenes, encuentros, el icónico atronar de alegría y felicidad de Papá Noel: «¡Jo, jo, jo!» y servicios religiosos. Y, en esa magia en lienzo de aguinaldos y frescura, se aviva el pedido de perdón por los pecados y el apaciguar del alma para espantar la ambición monetaria y carbonizar, en vitriolo de cobre, la codicia que estrangula la dignidad.
¡Qué lástima, corruptos!,
¡Oh, exclusión de la violencia!
¡Ah, deterioro mental!,
¡Vaya, individualismo extremo!
¡Caray, aislamiento!
¡Guau, pérdida del decoro!
¡Uy, discriminación!
¡Caramba, crisis de valores!
¡Ay, cambio climático!
Estos son sintagmas o enunciados que se deletrean con rituales en la Corona de Adviento: Ramas verdes y cuatro velas, que representan a Jesús como luz de esperanza en una vida de amor eterno. Ese signo litúrgico -que evoca las cuatro semanas del Adviento y las estaciones del año- grita para que se deshagan las tinieblas de esas malignidades que socavan la vergüenza y el pundonor, la lealtad y la generosidad, la integridad y la decencia, el orgullo y la autoestima en el abolengo de la aristocracia y el linaje de la plebe.
Cristianos y ateos participan gozosos en la fiesta anual de la Navidad (proviene del latín Nativitas, que quiere decir nacimiento), que conmemora la venida al mundo de Jesucristo (el 25 de diciembre, entre los años 7 y 4 a.C., en Belén de Judea, y la celebración fue estatuida siglos después para coincidir con los jubileos romanos y paganos.
Belén está enclavada en Palestina (región de Cisjordania), a unos 10 kilómetros al Sur de Jerusalén. Desde 1995 está bajo el mando de la Autoridad Palestina (Estado de Palestina), conforme los Acuerdos de Oslo, pero separada de Jerusalén por un muro de hormigón, ocupado por Israel.
Ese Patrimonio de la Humanidad y otros territorios de Oriente Medio, ubicado entre el mar Mediterráneo y el mar Muerto, se sitúa en el epicentro de un conflicto bélico entre Israel y Palestina. La primera entiende a Jerusalén como su capital “eterna e indivisible”, y la segunda reclama a Jerusalén Este (incluyendo la Ciudad Vieja) como la capital de un futuro Estado.
La mayoría de las naciones no reconoce la anexión de Jerusalén Este por Israel, que entre octubre de 2023 y diciembre de 2025 ha matado a cerca de 70 mil palestinos, en el Genocidio de Gaza: horribles violaciones a niños y mujeres, el bloqueo de la ayuda humanitaria para afrontar la hambruna, la destrucción de hospitales, sistemas de agua, escuelas y hogares, y el permanente desplazamiento forzado de sus habitantes por los bombardeos.
¡Oh, violencia…!
A sus discípulos y otros adeptos, Jesucristo predicó, imperturbablemente, contra la violencia y los exhortó a quebrar la cadena del odio y la venganza, a perdonar en la misericordia, a no utilizar la espada o la ley del más fuerte, a amar a sus enemigos y orar por quienes los persiguen; a poner la otra mejilla a quienes les golpeaban y a dar más de lo que les piden.
Como costumbres festivas, en la víspera -el 24 de diciembre- del nacimiento de Jesús, la Iglesia Católica celebra la “Buena Noche” o Nochebuena a la espera de la conmemoración del Mesías, como banquetes: platos típicos -pavo y cerdo asado-, dulces y frutas secas, bebidas, villancicos, compartir de regalos, la Misa de Gallo y vigilias en templos, hasta el amanecer.
Oficialmente, entre el 25 de diciembre y el 6 de enero las iglesias cristianas evangélicas efectúan el período de la Natividad con misas del día, celebración de la Sagrada Familia, solemnidad de Santa María, de la Epifanía, el Bautismo del Señor, los Santos Inocentes (28 de diciembre), Año Nuevo (fuegos artificiales y música navideña) y el Día de los Reyes Magos. Marginalmente, han sido agregados vacaciones y viajes.
En ciertas épocas y territorios, la Navidad fue prohibida por puritanos y congregaciones protestantes, pero se han impuesto la memoria festiva, las texturas crujientes y la tradición, como estímulo para el bienestar psico-emocional -por la alegría-, para renovar la expectativa y la esperanza en nuevos proyectos, fomentar el amor y la gratitud, y como un canal para robustecer nexos familiares, religiosos y sociales.
En esencia, la Navidad equivale a llegar, dar, recibir y tocar. Y para perdurar, ¡qué suba más y más, hasta la Estrella de Belén, en el solsticio de invierno, trazo de luz, banquetes, diversión y júbilo!
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El autor: Periodista, escritor, catedrático, gremialista y columnista de El Nacional y decenas de medios digitales.