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Medidas del Gobierno colocan a más vulnerables en dilema de si dejarse morir de hambre o ariesgarse a la contaminación.

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El presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, anunció anoche una serie de medidas económicas y sanitarias, que si bien es cierto que constituyen un paliativo, son insuficientes para contrarrestar la amenaza que representa para el país el Covid-19.

En el orden económico no se entiende la timidez del presidente para disponer la entrega de  una cantidad de  dinero que represente por lo menos una suma idónea en función del valor de la canasta familiar, que está valorada en unos 28 mil pesos mensuales.

Como se habla de 15 días de cuarentena lo ideal fuera que el jefe Estado hubiese dispuesto entregar por lo menos 15 mil pesos durante un periodo de dos meses o cuando menos 10 mil pesos mensuales para poder lograr aislar a la gente para evitar el contagio.

 Los beneficiarios de la tarjeta Solidaridad sólo recibirán un aumento de la pírrica suma de  de  3 mil 500 pesos adicionales a los mil 500 que reciben para alcanzar la suma de cinco mil pesos, lo cual no constituye una garantía para que la población más carenciada se  quede tranquila en su hogar hasta que se pueda superar el pico en el contagio en la República Dominicana.

La otra medida que dispuso el presidente Medina es pagar 8 mil 500 pesos a los trabajadores formales e informales, cuyos primeros deben también ser auxiliados por los propietarios de empresas, quienes están obligados a completar el mínimo salarial que establece la ley.

Esta última medida parece más realista, aunque tampoco alcanza una cantidad que pueda servir de mucho, sobre todo si se toma en cuenta que el Gobierno no ha liberados a los trabajadores del pago del servicio de agua y energía eléctrica, pero de cualquier modo es un paliativo a una crisis que impacta muy peligrosamente la economía y la vida social de los dominicanos, dado que el país está prácticamente cerrado por las amenazas que implica el Covid-19.

La pregunta que muchos economistas se han hecho sobre estas medidas económicas del Gobierno es qué mecanismo de ejecución se aplicará para poner en funcionamiento lo anunciado en su discurso a la nación, porque las cosas no parecen tan sencillas.

Los especialistas en asuntos económicos no se explican la timidez del presidente Medina en cuanto a financiar por un tiempo relativamente corto a los más necesitados y que viven del día a día, sobre todo cuando ha decidido pagarle a Odebrecht la suma de 395 millones de dólares precisamente en medio de la llegada al país del coronavirus.

Es menos entendible que en un país donde hay un gran dispendio de dinero no haya la voluntad de socorrer a los más necesitados para evitar una propagación de la enfermedad que podría ser catastrófica para la nación.

La timidez del Gobierno en el manejo de una enfermedad altamente contagiosa podría colocar a la mayoría de la gente en el dilema de si permanecer en cuarentena para evitar el contagio y morirse de hambre encerrada en sus hogares o en cambio salir a las calles a buscar la comida de su familia

En lo que respecta a esta dualidad habría que preguntarse si hay que ser un mago para entender ese detalle del problema, porque en realidad de lo que se trata es de la recurrencia al sentido común para entender lo que le podría sobrevenir al país.

En lo que respecta a las medidas sanitarias, se debe destacar que el esfuerzo del Gobierno es para evitar un contagio generalizado de la población, por lo que se impone disponer que la prueba sea mediante un procedimiento lo mas sencillo posible, lo cual se inscribe en lo decidido de contar con la prueba rápida que se inicia este miércoles, siempre de acuerdo a lo dicho por el presidente Medina, pero ésto siempre debe estar sujeto a un protocolo a seguir.

En lo que se refiere a que el Estado cubra el costo de la prueba en los laboratorios autorizados es  muy atinado y racional, ya que la gran mayoría de los dominicanos no tiene los recursos para costear ese examen.

Sin embargo, la medida de que sólo se les haga a los que cuenten con una prescripción médica crea otro cuello de botella que provocaría exactamente lo contrario de lo que se busca para evitar el contagio que es la aglomeración de gente.

El presidente debió abrir la prueba  a todos los dominicanos aunque para hacerse la misma se siga un protocolo que no complique la situación, porque la clave en este momento es determinar cuál el alcance de los contagios para contrarrestar la pandemia sobre la base de un panorama lo más claro posible.

Lo que parece correcto es que los que padecen alguna condición como diabetes, hipertensión arterial y problemas renales tengan prioridad para hacerse la prueba, a fin de avanzar con un diagnóstico de los pacientes más vulnerables frente a la pandemia.

En estos momentos  el país ya está en la fase cuatro del brote, cuya circunstancia impone que las medidas sean lo suficientemente prudentes para evitar consecuencias desastrosas, no solo sanitarias y sociales, sino también económicas.

Una cosa que no parece muy prudente es la distribución de alimentos cocidos y crudos a través del Plan Social de la Presidencia, porque esta medida crea también aglomeramiento de gente y en consecuencia se usa incorrectamente lo contrario de lo que se le pide a la población, lo cual resulta contradictorio y poco comprensible.

Este tipo de error, el cual es de sentido común, no tiene ninguna justificación en virtud de que el presidente Medina en su discurso haya dado una excusa por cualquier error que se cometa, pero no se puede incurrir en el mismo deliberadamente para luego pedir pendón.

Ahora habría que esperar los resultados de las medidas dispuestas por el mandatario, porque los días hablarán por sí solos y entonces se medirá si el Gobierno actúa correcta o incorrectamente, pero se ve que se han tomado algunas decisiones que más que atacar la deficiencia que se pueda tener ante la llegada del coronavirus, lo que se hace es profundizar las mismas.

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No surte efecto decisión de Comisión Especial de la Cámara de Diputados sobre candidaturas independientes.

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Por Elba García

Hace algunos días que la Comisión Especial de la Cámara de Diputados declaró desplazado el proyecto de ley que busca regular las candidaturas independientes, cuya decisión no produce ningún efecto a la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, porque la misma se vale por sí misma.

La cuestión consiste en que la sentencia exhortativa por parte del TC no tiene que ser complementada por el Congreso Nacional, sino que debe ser la misma Junta Central Electoral la que debe establecer el procedimiento para la registración de las candidaturas independientes sobre la base del mandato de las leyes del régimen electoral.

En esa virtud deja de tener sentido que la Comisión Especial de la Cámara de Diputados diga que la sentencia del órgano extra poder se sale de la competencia de la alta corte, porque en realidad de lo que se trata es de una interpretación del Tribunal Constitucional de dos artículos de la Ley 20-23, los cuales vulneraban la carta magna.

En lo que respecta al procedimiento a seguir en este caso para registrar las candidaturas independientes el mismo debe ser establecido por la Junta Central Electoral a partir de lo estipulado en las leyes 33-18 y la 20-23.

De manera, que la JCE no puede acogerse a otro mandato legal que no sea el artículo 15 de la Ley 33-18, numeral 6, para por ejemplo exigir las firmas al candidato independiente, las cuales no puede ir más allá del 2 por ciento de la última votación en las elecciones nacionales.

Igual ocurre con el asunto de la personalidad jurídica que en el proyecto de ley de la Junta Central Electoral se habla de que las candidaturas independientes deben crear a través de la Ley 122-05 sin fines de lucro una organización accidental, pese a que esa legislación no contempla la referida figura jurídica.

Otro aspecto que ha estado en debate es el concerniente al financiamiento público, cuyo punto de referencia tiene que ser el que establece también la ley sobre la materia del régimen electoral, lo cual puede ser aplicado a través de una resolución de la Junta Central Electoral.

Hasta se ha hablado de las organizaciones accidentales como aquellas que tienen un carácter temporal, es decir, de duración sólo hasta concluido el proceso electoral, lo cual tampoco tiene esas implicaciones, ya que este tipo de alianza o entidad puede ser de corta o larga vigencia.

Vistos estos detalles, se entiende entonces que la sentencia TC0788-24 se basta por sí sola y no necesita del Congreso Nacional para que las candidaturas independientes entren al escenario electoral en el 2028, lo cual indica que no importa la posición al respecto de la Cámara de Diputados y del Senado de la República.

Por el momento podría pensarse en el sometimiento al Tribunal Constitucional de otra acción directa de inconstitucionalidad para buscar la nulidad de la resolución que emitió el Pleno de la Junta Central Electoral (JCE) para someter el proyecto que buscaba regular las candidaturas independientes que viola el derecho, valor y principio de igualdad, así como el de legalidad,  además de que busca una un control mediante un mecanismo totalmente innecesario, cuyo agravante tiene que ver con que la Cámara de Diputados ha entrado en un serio cuestionamiento de la competencia del TC para ejercer la facultad que le otorga los artículos 184 y 185 de la Constitución de la República y el 1 el 47 de la Ley 137-11.

La posición de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que estudiaba los proyectos de leyes para regular las candidaturas independientes ha creado una crisis institucional en el país al pretender quitarle la facultad que tiene el Tribunal Constitucional de declarar nula parcial  o totalmente una ley, resolución o decreto que vulnere la ley sustantiva de la nación, pero además de pronunciar sentencias interpretativas a través los valores y principios del derecho constitucional moderno.

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Los partidos políticos dominicanos cosechan su propia siembra de ineficiencia y falta de transparencia.

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Por Elba García

La organización de la sociedad civil Participación Ciudadana acaba de realizar una encuesta en sociedad con la Unión Europea en la que se acaba de comprobar la baja aceptación popular de los partidos políticos.

En la investigación los partidos políticos dominicanos son las instituciones peor valoradas por la ciudadanía, ya que sólo reciben el apoyo del 20.4 por ciento en términos de confiar mucho o algo en ellos, mientras que el 43 por ciento evalúa a estas entidades con negatividad extrema, al sostener que no confía en nada de su trabajo.

Con el diagnóstico de Participación Ciudadana sobre el sistema electoral y de partidos en la República Dominicana se persigue la reforma de las leyes 33-18 y la 20-23 del régimen electoral.

La investigación, preparada por el politólogo y sociólogo Gustavo Alejandro Oliva Álvarez, con el auspicio de la Unión Europea, describe que los programas de gobierno de los partidos mayoritarios se centran en políticas transversales, que no generan división ni debate en la población.

La misma establece que éstos no presentan visiones, diagnósticos o soluciones alternativas a las problemáticas del país y, en cambio, afirma que los programas presidenciales y municipales formulan propuestas genéricas, enfocadas en temáticas de desarrollo (crecimiento económico, creación de empleos, calidad educativa, etc.), desconocidas para la opinión pública, difícilmente distinguibles entre sí y sin un peso importante en la conformación efectiva de las políticas públicas.

Otro hallazgo muy importante del informe es que la   República Dominicana es el país de América Latina donde el vínculo entre los partidos políticos y sus electores está más exclusivamente basado en intercambios clientelares. “La estrategia predominante entre los partidos dominicanos para movilizar el respaldo ciudadano, consiste en ofrecer recompensas económicas individuales como bienes, dinero en efectivo y/o empleos”, precisa.

En el trabajo se describe que el modelo clientelista de representación democrática afecta la gobernanza y genera una rendición de cuentas perversa y que el cargo político no es evaluado por desempeño ni por resultados de políticas ejecutadas, sino, por cumplir las promesas de reparto del botín estatal entre su clientela.

Como se puede comprobar, la desgracia de los partidos políticos obedece a su comportamiento y no porque nadie atente en su contra, lo cual deja claro que no es verdad que las candidaturas independientes representen una amenaza para la partidocracia como invocan legisladores y otros actores del sistema electoral dominicano.

Sobre la base de un criterio que no se corresponde con la verdad, el Congreso Nacional discute un proyecto de ley para regular las candidaturas independientes, pero por el miedo existente en los partidos se ha querido violentar la sentencia del Tribunal Constitucional que en líneas generales estableció la forma en que debe operar esta figura jurídica.

Sin embargo, los partidos políticos con la alianza de la Junta Central Electoral han buscado incurrir en propuestas legislativas descabelladas que en nada contribuyen con la mejoría de la democracia nacional.

La encuesta de Participación Ciudadana deja lo suficientemente claro que el sistema electoral de la República Dominicana es de lo más corrupto de todos los países latinoamericanos, dado que utilizan como arma proselitista el clientelismo que consiste en la compra de votos y de otras travesuras que explican la razón de su descrédito.

Las candidaturas independientes, las cuales son una realidad sin importar las maniobras que use la partidocracia para desnaturalizarla y dañarla, su éxito está sujeto a que en el país se articule una propuesta para retornar la credibilidad en la política del pueblo dominicano.

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Una trabajadora de Unicef a su vuelta de Gaza: “Nadie debería elegir entre jugarse la vida por comer o morir de hambre”

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Cada día, una media de 80 niños mueren o resultan heridos en los ataques israelíes contra la Franja. Esta agencia de la ONU condena que no se permita la entrada de material médico indispensable para salvar las vidas de bebés prematuros y de menores malnutridos y enfermos

Rosalía Bollen insiste, sin lograr contener la emoción, que los más de 15.000 niños muertos y los 50.000 heridos en los ataques israelíes contra Gaza desde octubre de 2023 “no cuentan toda la historia” de lo que está sufriendo la infancia en la Franja. “En esas cifras, no están incluidos, por ejemplo, los niños prematuros que mueren a los dos o tres días de nacer porque no hay una incubadora o un respirador en el hospital, si es que aún podemos seguir llamando hospitales a los centros médicos de Gaza”, dice esta portavoz de Unicef, que ha pasado varios meses en la Franja en el último año.

En las listas oficiales de víctimas tampoco entra Islam, el niño de nueve años que esta trabajadora humanitaria conoció en un hospital en Jan Yunis, en el sur de la Franja. Antes de que estallara la guerra estaba superando la leucemia que la había sido diagnosticada, pero cuando comenzaron los bombardeos, su tratamiento se paralizó por completo y el pequeño falleció. “Cuando decimos que la infancia está pagando el precio más alto en esta guerra, no son palabras huecas, comenzando porque más del 50% de la población de Gaza es menor de 18 años», recalca, en un encuentro con varios periodistas este jueves en Madrid.

La portavoz de Unicef explica incluso que ha visto heridas terribles en niños y adultos de Gaza, que le han hecho pensar en los llamados gueules cassées de la Primera Guerra Mundial, una expresión francesa que se traduciría como “caras rotas” y que se usaba para referirse a los soldados que habían sufrido heridas muy graves en el rostro.

Hablo de niños y niñas que han perdido las piernas, tienen metralla en el cuerpo, están ciegos o paralizados en una cama. Niños que vivirán toda la vida con las consecuencias de estas heridas

Rosalia Bollen, Unicef

Cumpleaños entre las ruinas

A las heridas visibles se suman las invisibles. De todos, pero especialmente de los niños. “Viven un ambiente de estrés permanente. No hay respiro”, insiste Bollen, citando los drones israelíes sobrevolando sin descanso la Franja, las explosiones, los gritos, el miedo y el hambre.

Frente a eso, explica la portavoz, los padres intentan crear un ambiente de ficticia normalidad con el que proteger a sus hijos. “He conocido a madres que intentan organizar una fiesta de cumpleaños para sus hijos entre las ruinas o en los campos de desplazados. Una de ellas me pidió por favor que la ayudara a encontrar un poco de harina y unos huevos para hacer un bizcocho para su hija, que cumplía siete años”, recuerda.

Bollen ha hablado con numerosos padres que le suplican ayuda para sus hijos y admite que en primer momento pensó que le estaban pidiendo comida o dinero. “Pero no, se referían a la educación. Querían que sus hijos volvieran a la escuela, están preocupados por su futuro”, explica. “Por eso estamos intentando habilitar centros provisionales de aprendizaje donde los niños reconectan con la educación, pero sobre todo vuelven a ser niños”, agrega.

La portavoz explica que desde que Israel bloqueó la entrada de toda la ayuda humanitaria a principios de marzo, Unicef y otras agencias de la ONU han seguido repartiendo lo que pudieron almacenar durante las semanas de alto el fuego en enero y febrero, y desde mediados de mayo han logrado hacer entrar a cuentagotas algunas decenas de camiones de ayuda humanitaria. Los repartos se hacen de forma paralela a los organizados por la llamada Fundación Humanitaria de Gaza, en cuyos puntos de distribución ya han fallecido en tres semanas unos 400 palestinos y otros 3.000 han resultado heridos.

“Nadie debería elegir entre jugarse la vida por comer o morir de hambre”, lamenta Bollen. Pero “hay muchas maneras de morir en Gaza hoy”, suspira la responsable. Al menos 55.000 palestinos han muerto en los ataques israelíes contra la Franja desde octubre de 2023, según cifras del ministerio de Salud local, controlado por el movimiento islamista Hamás.

La portavoz de Unicef califica estas distribuciones de comida de “inseguras, injustas e insuficientes”. Los repartos, organizados en cuatro puntos de la Franja, dejan fuera a los más vulnerables, como ancianos y enfermos, que no se pueden desplazar hasta esos lugares, lo cual contraviene las reglas humanitarias.

“Por ejemplo, una persona que venga del norte tiene que caminar unos 25 kilómetros al sol, sin agua ni alimentos y con el riesgo de ser tiroteado, para llegar a uno de sus puntos y conseguir comida”, cita.

Una “crisis política”

Según la ONU, solo el 20% de los 365 km² de la Franja son zonas desmilitarizadas en este momento, aunque eso no las convierta tampoco en áreas seguras, insiste Bollen. “Las agencias de la ONU llevamos décadas trabajando en Gaza, sabemos qué se necesita, conocemos el territorio, a la población, tenemos experiencia en cómo hacer las cosas”, insiste.

Pero según Bollen, Israel solo ha permitido que entren en Gaza menos de 1.000 de los camiones de la ONU desde el 19 de mayo, cuando se reanudó la ayuda humanitaria. Como dato, antes del inicio de la guerra, llegaban a Gaza 500 camiones de ayuda humanitaria al día.

Es iluso pensar que la ayuda humanitaria puede bastar en medio de semejante destrucción y con el colapso de todos los servicios. Esto es una crisis política

En el caso de Unicef, en esos cargamentos se ha autorizado la entrada de vacunas, material para purificar el agua y complementos alimenticios para paliar la desnutrición infantil. “A modo de ejemplo, tenemos acumulado en almacenes de la región material para llenar otros 1.000 camiones de ayuda humanitaria. Solo estamos esperando que se pueda entrar“, subraya.

En este momento, Unicef sigue vacunando niños, distribuyendo agua, incluso en las zonas del norte de la Franja, gracias a camiones cisterna, y apoyando a los centros médicos, sobre todo a las unidades de pediatría, con incubadoras y respiradores que lograron hacer entrar durante el alto el fuego a principios de año.

“Las mujeres siguen dando a luz en condiciones terribles, sin cuidados, sin controles… Y hay niños que nacen necesitando ese respirador. Sin él, no tienen ninguna oportunidad de sobrevivir”, insiste.

Pero para que gran parte de esta ayuda sea transportada y utilizada, se necesita combustible, muy escaso en estos momentos, alerta Bollen que describe un territorio realmente al límite del colapso total. “La ayuda humanitaria solo mantiene a las personas con vida, pero lo que las familias de Gaza necesitan va más allá. Es iluso pensar que la ayuda humanitaria puede bastar en medio de semejante destrucción y con el colapso de todos los servicios. Esto es una crisis política”, recalca.

Y como es una crisis provocada por el hombre, la solución, para Bollen, está clara: “Abran los pasos fronterizos, todos los pasos, permitan a los trabajadores humanitarios hacer su trabajo, paren de bombardear y liberen sin condiciones a los rehenes israelíes en Gaza”,

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