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Medidas del Gobierno colocan a más vulnerables en dilema de si dejarse morir de hambre o ariesgarse a la contaminación.
El presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, anunció anoche una serie de medidas económicas y sanitarias, que si bien es cierto que constituyen un paliativo, son insuficientes para contrarrestar la amenaza que representa para el país el Covid-19.
En el orden económico no se entiende la timidez del presidente para disponer la entrega de una cantidad de dinero que represente por lo menos una suma idónea en función del valor de la canasta familiar, que está valorada en unos 28 mil pesos mensuales.
Como se habla de 15 días de cuarentena lo ideal fuera que el jefe Estado hubiese dispuesto entregar por lo menos 15 mil pesos durante un periodo de dos meses o cuando menos 10 mil pesos mensuales para poder lograr aislar a la gente para evitar el contagio.
Los beneficiarios de la tarjeta Solidaridad sólo recibirán un aumento de la pírrica suma de de 3 mil 500 pesos adicionales a los mil 500 que reciben para alcanzar la suma de cinco mil pesos, lo cual no constituye una garantía para que la población más carenciada se quede tranquila en su hogar hasta que se pueda superar el pico en el contagio en la República Dominicana.
La otra medida que dispuso el presidente Medina es pagar 8 mil 500 pesos a los trabajadores formales e informales, cuyos primeros deben también ser auxiliados por los propietarios de empresas, quienes están obligados a completar el mínimo salarial que establece la ley.
Esta última medida parece más realista, aunque tampoco alcanza una cantidad que pueda servir de mucho, sobre todo si se toma en cuenta que el Gobierno no ha liberados a los trabajadores del pago del servicio de agua y energía eléctrica, pero de cualquier modo es un paliativo a una crisis que impacta muy peligrosamente la economía y la vida social de los dominicanos, dado que el país está prácticamente cerrado por las amenazas que implica el Covid-19.
La pregunta que muchos economistas se han hecho sobre estas medidas económicas del Gobierno es qué mecanismo de ejecución se aplicará para poner en funcionamiento lo anunciado en su discurso a la nación, porque las cosas no parecen tan sencillas.
Los especialistas en asuntos económicos no se explican la timidez del presidente Medina en cuanto a financiar por un tiempo relativamente corto a los más necesitados y que viven del día a día, sobre todo cuando ha decidido pagarle a Odebrecht la suma de 395 millones de dólares precisamente en medio de la llegada al país del coronavirus.
Es menos entendible que en un país donde hay un gran dispendio de dinero no haya la voluntad de socorrer a los más necesitados para evitar una propagación de la enfermedad que podría ser catastrófica para la nación.
La timidez del Gobierno en el manejo de una enfermedad altamente contagiosa podría colocar a la mayoría de la gente en el dilema de si permanecer en cuarentena para evitar el contagio y morirse de hambre encerrada en sus hogares o en cambio salir a las calles a buscar la comida de su familia
En lo que respecta a esta dualidad habría que preguntarse si hay que ser un mago para entender ese detalle del problema, porque en realidad de lo que se trata es de la recurrencia al sentido común para entender lo que le podría sobrevenir al país.
En lo que respecta a las medidas sanitarias, se debe destacar que el esfuerzo del Gobierno es para evitar un contagio generalizado de la población, por lo que se impone disponer que la prueba sea mediante un procedimiento lo mas sencillo posible, lo cual se inscribe en lo decidido de contar con la prueba rápida que se inicia este miércoles, siempre de acuerdo a lo dicho por el presidente Medina, pero ésto siempre debe estar sujeto a un protocolo a seguir.
En lo que se refiere a que el Estado cubra el costo de la prueba en los laboratorios autorizados es muy atinado y racional, ya que la gran mayoría de los dominicanos no tiene los recursos para costear ese examen.
Sin embargo, la medida de que sólo se les haga a los que cuenten con una prescripción médica crea otro cuello de botella que provocaría exactamente lo contrario de lo que se busca para evitar el contagio que es la aglomeración de gente.
El presidente debió abrir la prueba a todos los dominicanos aunque para hacerse la misma se siga un protocolo que no complique la situación, porque la clave en este momento es determinar cuál el alcance de los contagios para contrarrestar la pandemia sobre la base de un panorama lo más claro posible.
Lo que parece correcto es que los que padecen alguna condición como diabetes, hipertensión arterial y problemas renales tengan prioridad para hacerse la prueba, a fin de avanzar con un diagnóstico de los pacientes más vulnerables frente a la pandemia.
En estos momentos el país ya está en la fase cuatro del brote, cuya circunstancia impone que las medidas sean lo suficientemente prudentes para evitar consecuencias desastrosas, no solo sanitarias y sociales, sino también económicas.
Una cosa que no parece muy prudente es la distribución de alimentos cocidos y crudos a través del Plan Social de la Presidencia, porque esta medida crea también aglomeramiento de gente y en consecuencia se usa incorrectamente lo contrario de lo que se le pide a la población, lo cual resulta contradictorio y poco comprensible.
Este tipo de error, el cual es de sentido común, no tiene ninguna justificación en virtud de que el presidente Medina en su discurso haya dado una excusa por cualquier error que se cometa, pero no se puede incurrir en el mismo deliberadamente para luego pedir pendón.
Ahora habría que esperar los resultados de las medidas dispuestas por el mandatario, porque los días hablarán por sí solos y entonces se medirá si el Gobierno actúa correcta o incorrectamente, pero se ve que se han tomado algunas decisiones que más que atacar la deficiencia que se pueda tener ante la llegada del coronavirus, lo que se hace es profundizar las mismas.
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Simbolismos que envuelven muerte de chofer de camion recolector de basura entrañan que el Estado no es viable y fallido.
Por José Cabral
La incursión violenta para quitarle la vida a un ciudadano en el entorno del Palacio de Justicia de Santiago revela el poco respeto que tiene el Estado dominicano frente a la ciudadanía.
La mala reputación de fiscales, policías y jueces, cuyos protagonistas no merecen la más mínima confianza para combatir problemas como la delincuencia y la violencia social generalizada que impacta a la sociedad dominicana, queda al descubierto con el presente caso.
Uno de los escenarios en el que se observa un total irrespeto por la autoridad es el tránsito, pero ello es el resultado de que la Policía más que a imponer la ley se ha dedicado a cobrar un peaje a todo aquel que viola norma sobre la materia.
Pero peor ocurre con los fiscalizadores de tránsito, los cuales son parte del Ministerio Público, quienes llegan al colmo de obstaculizar muchas veces hasta la presentación de una querella por parte de familiares de quien ha sido una víctima mortal de un accidente entre vehículos de motor, no sólo por negligencia e incapacidad, sino por intervenir algún soborno.
No deja espacio para las dudas de que el tránsito vehicular es el que acumula una mayor cantidad de tensiones y conflictos sociales, porque ciudadanos de diferentes procedencias, cuyas formaciones son muy disímiles e impactados por problemas familiares, de negocios y de otros tipos, van diariamente a las calles del país y si no hay una autoridad con la competencia y la responsabilidad necesarias entonces viene la violencia y la muerte.
En este contexto se inscribe el ataque violento en contra del chofer del camión recolector de basura de Santiago, pero el caso tiene otras aristas que revelan hasta dónde el Estado dominicano ha perdido totalmente su credibilidad, ya que el hecho se produce dentro del perímetro del Palacio de Justicia de Santiago, donde ejercen sus funciones los principales actores del sistema de aplicación la ley.
El acontecimiento trágico es propio de las naciones con una gran debilidad institucional, ya que difícilmente se produzca en un país donde el Estado juega mínimamente su papel, porque el que se inclina por este tipo de acciones ilegales cuando llega frente a los símbolos de la justicia o del poder público contiene sus impulsos porque de lo contrario tiene que acogerse a su fuerte régimen de consecuencias.
Sin embargo, en el caso de la República Dominicana hay una serie de escenarios que son una antesala de la violencia y la muerte, entre los que se pueden mencionar, el tránsito, pero además los préstamos informales, los cuales generalmente están avalados por un título auténtico falso o que no llena las formalidades de ley, pero que muchas veces terminan en una vía de ejecución al margen de la norma sobre la materia.
Otro escenario, aunque son muchos más, son las viviendas que se crean a través de las Leyes 5038 y la 108-05, cuyos condóminos viven lo que muy bien se puede llamar como un verdadero drama, en los que extraños toman el control de los mismos y se apropian del dinero que proviene de las reparaciones menores y mayores, así como del mantenimiento, quienes se apoyan en la violencia y el no respeto de derechos fundamentales como es el de la propiedad inmobiliaria.
Pero la lista de las razones de la violencia social que todavía no ha detonado totalmente es muy amplia, porque en lo que respecta a este fenómeno hay que incluir las instituciones sin fines de lucro, cuyo lugar protagónico lo tienen las cooperativas de ahorros y préstamos, las cuales han captado grandes recursos económicos, pero que también están impactadas por la ilegalidad y en consecuencia por la violencia.
La muerte del chofer del camión recolector de basura permite medir la credibilidad del Estado y en el que el ciudadano no está seguro en ninguno de sus entornos y cuya situación justifica la visión de que el dominicano es uno totalmente colapsado, no viable.
La lectura dada a ese hecho que tiene una enorme cantidad de simbolismos e interpretaciones que no distancian al Estado dominicano del haitiano, donde las bandas armadas son las que tienen el control de las calles y no sienten ningun tipo de respeto por las entidades públicas, sobre todo de las que tienen la responsabilidad de imponer el orden y el respeto a la ley como la Policia Nacional, el Ministerio Público y el sistema de justicia.
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Irresponsabilidades fiscal, policial y judicial son causas determinantes de la violencia social que azota a la sociedad dominicana.
Por Elba García
La ola de violencia social tiene que ver con la irresponsabilidad por omisión de los órganos que tienen la misión de combatirla, los cuales no hacen caso a situaciones en las que se puede advertir que terminarían en una desgracia. La ola de violencia por conflictos sociales, que son manejados irresponsablemente por el Ministerio Público, la Policía Nacional y los tribunales del sistema de justicia, cuyo desenlace en Santiago ha dejado como resultado un chofer de un camión recolector de basura muerto, tiene como estímulo la dejadez, la negligencia y la incapacidad de fiscales, policías y jueces
Desde hace algún tiempo se observa un aumento preocupante de los actos de violencia por conflictos sociales, entre cuyos resultados está la muerte del chofer de un camión recolector de basura, identificado como Deivi Carlos Abreu Quezada, de 40 años de edad, quien recibió heridas punsantes de arma blanca propinadas por un grupo de motoristas que lo alcanzaron dentro del Palacio de Justicia de Santiago.
Los conflictos sociales, muchos de los cuales tienen que ver con problemas de tránsito y los que se producen en el entorno de los condominios, ya que este tipo de vivienda comunitaria son una fuente permanente de tensiones y de graves violaciones a la ley.
La muerte de Abreu Quezada es sólo una muestra de la increpación social que genera la violencia que regularmente termina con confrontaciones trágicas, pero que los órganos que deben afrontar la situación se hacen de la vista gorda.
El caso del chofer del vehículo recolector de basura, que intentó pedir ayuda en un cuartel de la Policía Nacional y nadie le hizo caso, por lo que se vio obligado a seguir su marcha mientras sus asesinos lo perseguían hasta herirlo para perder la vida.
Otros conflictos que podrían terminar con la via de hecho, hacer justicia con sus propias manos por la defiencia del sistema legal y generar muertes son aquellos que se producen en los condominios de viviendas y comerciales, sobre todo porque la fiscalía maneja estos asuntos desde una perspectiva que nunca se ve el carácter criminal y penal de los casos.
El problema de la violencia toma mayor impulso cuando la autoridad competente no cumple con su rol y los que se inclinan por este tipo de conducta no reciben una respuesta que detenga sus acciones que lesionan la paz y armonía sociales.
En los actuales momentos los conflictos que provienen del tránsito vehicular, los condominios. y muchos otros de diferntes variedad, que son los que revisten mayor peligro, dado que los mismos son vistos y manejados incorrectamente por los fiscales, la Policía Nacional y los tribunsales competentes.
Sin bien en las calles del país hay una serie de conductores desaprensivos y violentos, lo mismo puede decirse de los lugares donde operan los complejos habitacionales que se rigen por las leyes 5038 y 108-05, cuyos residentes son estafados mediante los gastos menores y mayores, así como con el dinero que se paga por concepto de mantenimiento.
Sin embargo, la ilegalidad también tiene el alcance de personas que se atribuyen una calidad que no tienen, pero que se insertan en este tipo de complejo habitacional y asumen roles que no les corresponden, lo que motiva conflictos que podrían terminar en una desgracia con pérdidas de vidas humanas, todo ello frente la indiferencia y el mal manejo de los fiscales ordinarios y especializados del sistema.
El hecho de la muerte del chofer del camión recolector de basura parece constituir un llamado a las autoridades para que asumen su papel para parar una ola de violencia que tiene perfiles muy preocupantes en razón de que provienen de conflictos sociales que pueden ser resueltos con una intervención más responsable e idónea de los órganos creados por el Estado para ese propósito.
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La colegiación profesional otro fiasco nacional como parte de todo el desastre que afecta a la sociedad dominicana.
Por Elba García
Los colegios profesionales, que nacen en el mundo desde años muy remotos, se han convertido en otro gran fracaso en la República Dominicana, tal vez porque son el resultado de una cultura anárquica, caracterizada por la improvisación y el poco respeto por la institucionalidad.
Frente a este cuadro, el cual está explicado por un asunto profundamente cultural, puede decirse que esta figura jurídica representa un gran fracaso para los profesionales académicos que cifraron sus esperanzas en que los colegios serian una vía de solución de sus grandes problemas de seguridad social y ético-moral.
Pero en realidad los mismos son parte de un sueño que parece que no se concreta, ya que por lo que se ve no hay uno solo de los colegios profesionales que opere en función de la ley que lo crea, sobre todo por ser entes mediante los cuales el Estado se desplaza para que los profesionales del sector de que se trate se auto-regulen y al propio sean un soporte de la precaria institucionalidad que caracteriza al país.
Los colegios profesionales que proyectan mayor fortaleza en el país no es verdad que así sea, ya que los mismos son controlados por grupos que operan a lo interno de ellos, a los fines de satisfacer intereses particulares y no de la profesión que representan.
Los colegios profesionales, los cuales tuvieron un mayor proceso de constitución en la década de los ochenta, pese a que su nacimiento data de los 40 e incluso de la tiranía trujillista, son una expresión de lo que de manera integral constituyen los países que cuentan con un Estado no viable.
Entre los surgidos en el año 1983 están el Colegio de Abogados y el de periodistas, aunque éste último se desnaturalizó y en los actuales momentos no pasa de ser una asociación creada mediante una ley especial que está más en el contexto del derecho privado que del público, cuyo nivel de regulación es prácticamente nulo, aunque igual ocurre con los que tienen la facultad de hacerlo.
Hay otros colegios como el de Ingenieros y Agrimensores (CODIA) que data de la que se podría definirse como la tercera etapa de la creación de este tipo de organización en el país, pero prácticamente ninguno de ellos ha podido cumplir con el rol ético que está llamado a jugar este modelo de entidad que cuenta con poder público para regular la profesión.
Este tipo de institución ha corrido la misma suerte de aquellas impactadas por el fenómeno como el grupismo que se ha apropiado de ellas para desnaturalizarlas y no dejarlas cumplir con su rol, muchas veces por la politización que impacta negativamente a toda la sociedad dominicana.
E incluso el propio legislador ha cometido serios errores al momento de aprobar las leyes para la creación de cada uno de los colegios profesionales, ya que, por ejemplo, el de médico parece ser un hibrido de una organización gremial y las particularidades que tienen este tipo entidad, que rompe con los principios de igualdad y de razonabilidad que han sido muy trabajado en el proceso de constitucionalización del derecho en el país tras la entrada en el 2010 del neo-constitucionalismo.
Hay otros colegios que en las leyes que los crean el legislador se preocupó de establecer literalmente que no tienen carácter gremial, lo cual impacta de forma positiva el principio de igualdad y de razonabilidad, pese a que de ninguna manera se cumple con el mandato de la ley, máxime en lo que respecta al rol ético de este tipo de modelo institucional.
La cuestión es que el aspecto más importante de los colegios profesionales, como es el ético, porque impacta positivamente a la sociedad, es muy poco el aporte de esta figura jurídica, la cual debe velar de que los egresados universitarios exhiban una conducta acorde con ese valor en el ejercicio de la profesión para beneficio de la sociedad.
Los colegios profesionales son parte de un problema nacional que está muy ligado a la cultura nacional, la cual parte de la improvisación y el poco respeto de la ley y de la conducta ética de todos los ciudadanos para conformar una mejor sociedad.
Uno de los mejores ejemplos en este campo es el Colegio Dominicano de Notarios, cuyos miembros, que son oficiales con fe pública, con el aval del Estado, porque son nombrados por la Suprema Corte de Justicia, emiten una serie de actos auténticos que no cumplen con las formalidades de la Ley 140-15, Orgánica de la entidad, pero se conocen muy pocas las sanciones impuestas en contra de los que distorsionan sus funciones y ponen en peligro la seguridad jurídica.
Igual ocurre con los abogados, los médicos, los ingenieros y muchos otros profesionales colegiados, pero que todo es parte de un fenómeno general que explica la esencia de una sociedad no viable y carente de un régimen de consecuencia.