De portada
Medidas del Gobierno colocan a más vulnerables en dilema de si dejarse morir de hambre o ariesgarse a la contaminación.
El presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, anunció anoche una serie de medidas económicas y sanitarias, que si bien es cierto que constituyen un paliativo, son insuficientes para contrarrestar la amenaza que representa para el país el Covid-19.
En el orden económico no se entiende la timidez del presidente para disponer la entrega de una cantidad de dinero que represente por lo menos una suma idónea en función del valor de la canasta familiar, que está valorada en unos 28 mil pesos mensuales.
Como se habla de 15 días de cuarentena lo ideal fuera que el jefe Estado hubiese dispuesto entregar por lo menos 15 mil pesos durante un periodo de dos meses o cuando menos 10 mil pesos mensuales para poder lograr aislar a la gente para evitar el contagio.
Los beneficiarios de la tarjeta Solidaridad sólo recibirán un aumento de la pírrica suma de de 3 mil 500 pesos adicionales a los mil 500 que reciben para alcanzar la suma de cinco mil pesos, lo cual no constituye una garantía para que la población más carenciada se quede tranquila en su hogar hasta que se pueda superar el pico en el contagio en la República Dominicana.
La otra medida que dispuso el presidente Medina es pagar 8 mil 500 pesos a los trabajadores formales e informales, cuyos primeros deben también ser auxiliados por los propietarios de empresas, quienes están obligados a completar el mínimo salarial que establece la ley.
Esta última medida parece más realista, aunque tampoco alcanza una cantidad que pueda servir de mucho, sobre todo si se toma en cuenta que el Gobierno no ha liberados a los trabajadores del pago del servicio de agua y energía eléctrica, pero de cualquier modo es un paliativo a una crisis que impacta muy peligrosamente la economía y la vida social de los dominicanos, dado que el país está prácticamente cerrado por las amenazas que implica el Covid-19.
La pregunta que muchos economistas se han hecho sobre estas medidas económicas del Gobierno es qué mecanismo de ejecución se aplicará para poner en funcionamiento lo anunciado en su discurso a la nación, porque las cosas no parecen tan sencillas.
Los especialistas en asuntos económicos no se explican la timidez del presidente Medina en cuanto a financiar por un tiempo relativamente corto a los más necesitados y que viven del día a día, sobre todo cuando ha decidido pagarle a Odebrecht la suma de 395 millones de dólares precisamente en medio de la llegada al país del coronavirus.
Es menos entendible que en un país donde hay un gran dispendio de dinero no haya la voluntad de socorrer a los más necesitados para evitar una propagación de la enfermedad que podría ser catastrófica para la nación.
La timidez del Gobierno en el manejo de una enfermedad altamente contagiosa podría colocar a la mayoría de la gente en el dilema de si permanecer en cuarentena para evitar el contagio y morirse de hambre encerrada en sus hogares o en cambio salir a las calles a buscar la comida de su familia
En lo que respecta a esta dualidad habría que preguntarse si hay que ser un mago para entender ese detalle del problema, porque en realidad de lo que se trata es de la recurrencia al sentido común para entender lo que le podría sobrevenir al país.
En lo que respecta a las medidas sanitarias, se debe destacar que el esfuerzo del Gobierno es para evitar un contagio generalizado de la población, por lo que se impone disponer que la prueba sea mediante un procedimiento lo mas sencillo posible, lo cual se inscribe en lo decidido de contar con la prueba rápida que se inicia este miércoles, siempre de acuerdo a lo dicho por el presidente Medina, pero ésto siempre debe estar sujeto a un protocolo a seguir.
En lo que se refiere a que el Estado cubra el costo de la prueba en los laboratorios autorizados es muy atinado y racional, ya que la gran mayoría de los dominicanos no tiene los recursos para costear ese examen.
Sin embargo, la medida de que sólo se les haga a los que cuenten con una prescripción médica crea otro cuello de botella que provocaría exactamente lo contrario de lo que se busca para evitar el contagio que es la aglomeración de gente.
El presidente debió abrir la prueba a todos los dominicanos aunque para hacerse la misma se siga un protocolo que no complique la situación, porque la clave en este momento es determinar cuál el alcance de los contagios para contrarrestar la pandemia sobre la base de un panorama lo más claro posible.
Lo que parece correcto es que los que padecen alguna condición como diabetes, hipertensión arterial y problemas renales tengan prioridad para hacerse la prueba, a fin de avanzar con un diagnóstico de los pacientes más vulnerables frente a la pandemia.
En estos momentos el país ya está en la fase cuatro del brote, cuya circunstancia impone que las medidas sean lo suficientemente prudentes para evitar consecuencias desastrosas, no solo sanitarias y sociales, sino también económicas.
Una cosa que no parece muy prudente es la distribución de alimentos cocidos y crudos a través del Plan Social de la Presidencia, porque esta medida crea también aglomeramiento de gente y en consecuencia se usa incorrectamente lo contrario de lo que se le pide a la población, lo cual resulta contradictorio y poco comprensible.
Este tipo de error, el cual es de sentido común, no tiene ninguna justificación en virtud de que el presidente Medina en su discurso haya dado una excusa por cualquier error que se cometa, pero no se puede incurrir en el mismo deliberadamente para luego pedir pendón.
Ahora habría que esperar los resultados de las medidas dispuestas por el mandatario, porque los días hablarán por sí solos y entonces se medirá si el Gobierno actúa correcta o incorrectamente, pero se ve que se han tomado algunas decisiones que más que atacar la deficiencia que se pueda tener ante la llegada del coronavirus, lo que se hace es profundizar las mismas.
De portada
La reforma fiscal fue un instrumento para medir las malas intenciones y la doble moral de la clase política nacional.
Por Elba Rosa
Fueron muchas las quejas de la gente común y otros sectores de la vida nacional, los cuales con mucha legitimidad dejaron claro que ya no soportan una carta impositiva que para lo que más se utiliza es para promover corrupción administrativa, déficits fiscales y otras variantes del mal manejo del Estado.
En la discusión de la propuesta se ha visto de todo, desde la improvisación del Gobierno hasta la presunta buena fe de los actores de la vida política tradicional de la oposición de la República Dominicana, pese a que tienen muy poca moral para ello.
Sin embargo, ocurrió lo que tenía que pasar, ya que el Gobierno de Luis Abinader y del Partido Revolucionario Moderno, que tienen tan poca coordinación y planificación interna, que mientras el presidente anunciaba que hablaría al país para retirar la propuesta, el PRM contradictoriamente anunciaba una marcha para darle respaldo a la misma.
Es decir, que hay una evidente falta de coordinación, ya que los dirigentes del partido oficial tenían que saber que Abinader anunciaría el retiro de la reforma fiscal del Congreso Nacional.
Pero eso es recurrente como resultado de la falta de coordinación y la improvisación del Gobierno, pese a que ello no justifica que los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y la Fuerza del Pueblo, con el expresidente Leonel Fernández a la cabeza, sean los principales críticos de la propuesta cuando ellos son responsables de la mayor parte de la desgracia nacional y de la promoción de la corrupción e incluso a través de pasadas reformas fiscales.
A propósito de la reforma fiscal se impone que se repita la expresión muy popular de que una cosa es con «guitarra y otra es con violín», lo cual también es aplicable a Luis Abinader y a su partido, el Revolucionario Moderno.
Estas son de las cosas que han erosionado la democracia nacional, porque la manipulación, la mentira y la doble moral es su mejor carta de presentación.
En realidad, no les luce a Danilo Medina y a Leonel hablar de una reforma fiscal que favorezca a los mismos sectores que la rechazaron ahora, evidentemente que no, pero igual debe decirse de los demás partidos que han gobernado el país.
Ahora falta ver cuál será la maniobra del gobierno para atacar el déficit fiscal y el preocupante endeudamiento externo, lo cual podría implicar tanto riesgo o más que las consecuencias que pudieran haber generado la propuesta tributaria.
La República Dominicana en los actuales momentos tiene una deuda que alcanza los 72 mil millones de dólares, el cual supera el sesenta por ciento del PIB, constituyéndose en una amenaza de la estabilidad de la economía nacional.
Lo que queda latente en los actuales momentos es preguntarse de qué arma se dotará el gobierno de la improvisación para enfrentar el déficit fiscal y el pago de los intereses de la deuda externa, cuya respuesta no está clara en razón de que la calidad del gasto no hay forma de que mejore y que en consecuencia el país pueda ser encausado por otro sendero.
El problema ahora con el retiro del Congreso Nacional de la reforma fiscal es estar atento de cuál será la maniobra del gobierno para solucionar un problema para el que evidentemente no está preparado para resolver.
De portada
La propuesta reforma fiscal se trata de una “consideración” hacia el ciudadano o una torpeza más del gobierno.
Por Elba García
Las reformas fiscales son una razón suficiente para que los gobiernos caigan en lo más profundo de la impopularidad, ya que las mismas siempre van en contra de los sectores más sacrificados como la clase media o de aquellos que sobreviven en el día a día, dado que deben convivir con una carga impositiva formal e informal que los sumerge en la mayor de la pobreza.
El quid del asunto está en el hecho de que generalmente los gobiernos de derecha, como el que encabeza Luis Abinader, procuran satisfacer los intereses de los sectores más poderosos del país, insertados en la macroeconomía, en razón de que este de modelo de administración pública se rige por la corriente de la economía política conocida como neoliberalismo.
Esta ha sido la razón histórica de las explosiones sociales que se han producido en países de los diferentes continentes del mundo y ello es que ha motivado que hayan demandas para que este tipo de reforma tributaria baje la carga impositiva en contra de los que menos tienen como una vía para estabilizar y mejorar la credibilidad de la democracia.
Aunque la verdad es que no puede haber mejoría de la inversión social si no es a través del sacrificio fiscal de los diferentes sectores que conforman la vida nacional, pero el problema es también que muchas veces mientras más se recauda más crece la corrupción administrativa y que a pesar del sacrificio de la gente no se produce la retribución esperada.
En estos momentos la presión política y social conlleva a que los gobiernos que se manejan con demagogia terminen con acciones que no son las idóneas para resolver los problemas sociales y económicos de la nación.
En ese marco se encuentra actualmente la República Dominicana, donde la gente luce cansada de tanto sacrificarse con un trabajo agotador y nunca ve los frutos de su esfuerzo, ya que tiene que llevar consigo una carga impositiva formal e informal que grava prácticamente todos los productos de la canasta familiar y los servicios públicos y privados, lo cual se convierte en una pesadilla para tener sobre la mesa la comida del día a día.
Sin embargo, por una razón u otra esa realidad tiene que cambiar porque como dicen muchos analistas, si la economía anda bien la política está mucho mejor, pero cuando es lo contrario las cosas muchas veces se vuelven incontrolables y entonces aparecen las crisis sociales.
Este un asunto tan delicado que si no se maneja con sinceridad y con la imposición de los sacrificios que implica cargar al que más tiene, la cuestión se vuelve inmanejable y entonces sufre la economía y también la política, porque la democracia pierde su credibilidad, lo cual tiene un impacto demoledor en las inversiones y en renglones tan importantes como el turismo.
La verdad es que no se trata de una cuestión tan espontánea, sino que para que los resultados sean diferentes se requiere de buena asesoría y de un mejor nivel de sensatez, responsabilidad y apego a los mejores intereses de la nación.
Son diversas las expectativas creadas a propósito de la pretendida reforma fiscal, aunque los detalles específicos de la misma pueden variar de las propuestas y debates desarrollados en los últimos meses, algunas de la cuales versan sobre cómo se logra la ampliación tributaria, ajustes de los impuestos existentes, mayor progresividad, incentivos al crecimiento económico y modernización de la administración tributaria.
Estos procesos, que muchas veces resultan traumáticos, son observados por el ciudadano y el sector privado con mucha atención, ya que cualquier cambio en la estructura impositiva tiene impactos importantes tanto en la economía como en el costo de la vida, sobre todo cuando se grava el consumo a través del ITBIS.
La clave del éxito de la reforma descansa en que el Gobierno le dé un manejo idóneo a ésta con explicaciones convincentes de los beneficios que la misma dejará a largo plazo y mostrar su disposición a negociar con los sectores que salen más perjudicados.
El Gobierno debe preocuparse no sólo por aumentar los ingresos del Estado, sino también en garantizar un sistema tributario más equitativo, transparente y capaz de promover el desarrollo sostenible.
Sin lugar a dudas, que la carencia de una cultura de tributación impide que los países puedan alcanzar la meta del desarrollo y crecimiento sostenible, pese a que el problema también tiene que ver con la calidad del gasto y lo poco transparente del manejo del presupuesto nacional, cuya mayor parte se va en corrupción administrativa.
La pregunta que se hacen principalmente los expertos en economía es cómo el Gobierno puede promover una reforma fiscal que no se corresponde con los niveles del déficit que arrastra el país desde hace varias décadas y que ahora se busque una aparente solución que sólo resuelve una parte del problema.
Esto así, porque el Gobierno sólo busca recaudar con la presente reforma fiscal la suma 122 mil millones de pesos, equivalente al 1.5 por ciento del Producto Interno Bruto, mientras el déficit ronda por los 3 puntos del PIB.
De manera, que a mediano o a largo plazo las autoridades entrarán nuevamente en una crisis en la economía que las llevara a continuar con el odioso endeudamiento público, como ocurre actualmente.
El proyecto de reforma fiscal que ya está en el Congreso Nacional aparentemente traerá mayores sacrificios a los que más tienen, pero ello todavía está por verse.
La verdad es que el estudio de la propuesta reforma fiscal genera la reiteración de la pregunta, por qué sólo se busca satisfacer una parte del problema cuando la misma debió ser de mayor alcance y someter a los sectores más poderosos a pagar el costo de la democracia.
La pregunta vuelve a surgir, pero con una formulación diferente, ya que falta determinar si la propuesta fiscal es otra torpeza del Gobierno o si sencillamente se trata de una expresión de miedo a los sectores insertados en la macroeconomía, que se resisten a jugar su papel en la democracia, a fin de evitar que esta colapse de una manera definitiva.
De portada
Institucionalidad del país cuestionada con caso Camaleón porque ha sido permeada por el crimen organizado.
Aunque la mayoría de los casos de corrupción administrativa han implicado la penetración del crimen organizada en los órganos y entes del Estado, el caso Camaleón plantea más seria y profundamente hasta dónde la nación debe poner atención a esta debilidad institucional.
El Ministerio Público con su anuncio del desmantelamiento de una supuesta red denominada “Operación Camaleón”, ha determinado como los cabecillas de la misma se dedicaban al desfalco y estafa contra el Estado., pero además al espionaje ilegal
En esta organización criminal han sido imputados, entre otros, José Angel Gómez (Jochy) y Hugo Beras, este último exdirector del Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre (Intrant), quienes munipularon un contrato para la modernización, ampliación, supervisión y gestión del sistema integral del Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórica del Gran Santo Domingo.
La más grave del asunto es que Jochy Gómez, hijo del periodista Guillermo Gómez, a través de la empresa Transcore Latam, después que se le adjudicó el concurso, usó las instalaciones semafóricas para un fin distinto para el que fue contratada.
En la solicitud de la medida de coerción que se conocerá este martes, el Ministerio Público afirma que el imputado instaló equipos diferentes a los ofertados y además 55 cámaras de video que eran parte de un esquema ilegal de espionaje que no tenían nada ver con las necesidades y con la contrata con el Intrant.
Entre los otros equipos instalados de forma ilegal están fibras ópticas, nodos de concentración y kits de Starlink, los cuales no eran parte de la propuesta técnica original.
El Ministerio Público sostiene que las cámaras y su acceso al tráfico formaban parte de un esquema ilegal de espionaje para la manipulación de datos y la vigilancia encubierta de ciudadanos sin su consentimiento que ponen en peligro la privacidad y la seguridad, configurándose un delito contra la seguridad pública y otros crímenes conexos.
Los fiscales indicaron que este tipo de actividades significarían una amenaza para la seguridad pública, lo cual no sólo representa la comisión de ese ilícito, sino también la utilización de la tecnología para actos de extorsión.
El órgano persecutor estableciٕó durante la auditoría, que estas cámaras tenían funciones de conteo de tráfico y captura de imágenes en tiempo real y de igual manera almacenaban un “volumen significativo” de datos.
Sin embargo, Transcore Latam no pudo explicar adecuadamente dónde ni cómo se procesaba esta información, sin especificar cuáles fueron las excusas presentadas por la compañía.
Entre otras cosas no tuvieron una explicación lógica el hecho de que los servidores que revisaron “resultaban insuficientes” para manejar la cantidad de información generada.
Lo más grave de este grupo que operaba desde dentro del Gobierno es que vendía información de inteligencia sobre la base del uso del Ministerio de Defensa y de otras instancias del Estado.
Este caso refleja lo que significa el manejo irresponsable del Estado por parte de las actuales autoridades, cuya incapacidad resulta más peligrosa que la sustracción de los fondos públicos por parte de depredadores que históricamente han estado insertados en las diferentes instancias públicas.