Por Elba García

Una de las grandes debilidades de la sociedad dominicana es su poca visión de prevención de lo que se puede constituir en una gran tragedia como la ocurrida en la discoteca Jet set, lugar cuyo techo se derrumbó y mató hasta el momento a 221 personas y ha dejado docenas de heridos.

La tragedia que ha consternado a todo el país es el resultado de la irresponsabilidad del Estado, el cual no tiene la capacidad de regulación y fiscalización de un problema que constituye una bomba de tiempo en prácticamente en todos los edificios públicos y privados del territorio nacional.

En estas edificaciones se estila instalar en sus techos plantas eléctricas gigantes, cuya capacidad y pesos genera grandes vibraciones que en el curso del tiempo debilita la estructura y hace que se venga al suelo en cualquier momento.

Las instituciones de intermediación financieras y otros establecimientos comerciales son los que más abusan de esta insensatez, pero igual ocurre en los locales comerciales sometidos al régimen de condominios, principalmente los que son dedicados a fines comerciales.

Lo preocupante del problema es que los propios tribunales de jurisdicción original que conocen demandas en esta materia se manejan con un nivel de irresponsabilidad como si la sociedad no les importara.

En los actuales momentos hay demandas sometidas por la colocación de plantas eléctricas gigantes en una serie de edificios comerciales que operan bajo el régimen de condominios y las mismas son reenviadas hasta para seis meses después.

Este comportamiento del Estado, que no es exclusiva con este tipo de falencias, sino que igual ocurre con una serie de edificios construidos sin tomar en cuenta la ley anti-sísmicas y no hay nadie que se preocupe por lo que podría representar la ocurrencia de una tragedia de proporciones insospechables.

Lo ocurrido en la discoteca Jet Set no sirve de mucho, a menos que no sea para generarle un gran dolor y pesar a los dominicanos, pero de seguro que al cabo de algún tiempo ya todo se olvida y el país regresa a su desorden habitual.

Sin embargo, el país sigue su agitado curso en lo que respecta al desorden que lo caracteriza, máxime porque se trata de un problema con un contenido profundamente cultural, el cual se caracteriza por algo consustancial a los propios orígenes de la dominicanidad.

Lo severo del asunto es que mientras el país está de luto por la irracionalidad de las autoridades y de los que promueven la referida ilegalidad, miles de dominicanos sufren cada día el ruido de las plantas eléctricas instaladas en los techos de los edificios públicos y privados, que amén de los altos niveles de contaminación sónicas también constituyen una amenaza de acabar con la vida de gente inocente como ha ocurrido en la discoteca Jet Set.

Entre los fallecidos en el derrumbe del techo del centro de diversión se encuentra Rubby Pérez, el artista que animaba la fiesta y que además era una gloria del merengue en el país, el cual no pudo escapar de los escombros caídos sobre su cuerpo.

Pese a la magnitud de lo ocurrido, aunque venga después de manera aislada los detalles de la causa de la desgracia, sin abordar integralmente el problema, todavía no hay información detallada de los hechos, pese a que se habla de que en el techo de la discoteca habían colocada una serie de objetos de gran tamaño, incluida una planta eléctrica.

Por Elba García

La figura de la determinación de herederos en República Dominicana es un acto notarial y jurisprudencial que establece quiénes son los herederos de una persona fallecida, la cual se produce cuando no hay un testamento.

La determinación de herederos sólo tiene asidero legal a nivel de la jurisdicción inmobiliaria del sistema de justicia civil especial del país, pero en la practica la misma se también se produce en la política partidista.

Como bien se sabe, la determinación de herederos es un procedimiento que persigue repartir los bienes materiales que ha dejado un causante, pero ya la misma se extiende a la actividad política, porque ahora se estila que el diputado o senador que muere le deje la curul a su mujer o a sus hijos, como si se tratara de una herencia.

Este tipo de transferencia se observa también cuando los políticos envejecen y entonces hacen todos los arreglos para que sus esposas, hijos y nietos ocupen la posición que ganaron electoralmente.

Los partidos políticos son una figura jurídica que en principio se inscribe en el derecho privado, porque su entrada a los mismos es voluntaria, no obligatoria, naturalmente luego de su ingreso a estas organizaciones estas se rigen por lo que muy bien se puede decir, unos requerimientos que encajan más bien en el derecho administrativo.

Todo ello indica que no tiene ninguna justificación lógica que los dirigentes de los partidos dejen sus posiciones electivas a sus familiares más cercanos como si se tratara de una determinación de herederos y partición amigable de bienes.

De manera, que se trata de dos figuras totalmente diferentes, porque la determinación de herederos, que es propia del derecho civil especial inmobiliario y la que la que se origina en los partidos políticos, que ocurre en la jurisdicción electoral, una difiere totalmente de la otra porque la última tiene que ver con la administración del patrimonio público, cuya propiedad es todo el pueblo dominicano y no puede repartirse entre familiares.

Sin embargo, la realidad es que en la política partidista dominicana se produce en la practica la figura de la determinación de herederos a partir de que los funcionarios electos, sobre todo los diputados y senadores que fallecen parece que dejan algún testamento para que su puesto quede en manos de su mujer o sino de sus hijos o nietos, pese a que sus descendientes no fueron electos por el pueblo para ocupar esos curules.

Pero el problema toma mayor alcance con el fenómeno que implica que los que han depredado el patrimonio público también quieren que sus descendientes sean, además, los presidentes del futuro sobre la base del mismo discurso. la misma conducta y la defensa de los mismos intereses.

Siempre ha existido la figura de la transferencia de bondades, que no es otra cosa que la recomendación de los grandes líderes para que alguno de sus seguidores les sustituya, como ocurrió con José Francisco Pena Gómez e Hipólito Mejía, que cuando éste enfermó le dijo a su médico de cabecera que quería que el próximo candidato presidencial del PRD fuera el llamado guapo de Gurabo, lo cual ocurrió exactamente así.

Lo mismo pasó con el llamado acuerdo patriótico, el cual fue apoyado por Joaquín Balaguer y Juan Bosch, convirtiéndose en un clavo “pasao” para que el candidato de entonces Leonel Fernández Reyna., quien desplazo al del momento del PRSC, Jacinto Peynado, quien no era del agrado del anciano mandatario, disfrutara de la llamada transferencias de bondades de los dos grandes líderes.

No obstante, lo que se observa en la actualidad es que los líderes a nivel bajo, medio y alto del momento siempre buscan dejar a sus esposas, hijos y nietos la posición electoral lograda.

La pasada contienda electoral fue una muestra de esa determinación de herederos en la política partidaria, cuyos mejores ejemplos son los casos de Carolina Mejía, hija de Hipólito; Omar Fernández, de Leonel Fernández; Víctor Fadul, de Monchy Fadul, entre muchos otros casos más que citarlos haría la lista muy larga.

Desde el punto de vista del derecho de igualdad, el cual además es un valor y un principio, es legítimo y legal que cualquiera persona aspire a un cargo público, porque ningún ciudadano debe ser discriminado cuando se trata de acogerse al derecho fundamental de elegir y ser elegible.

Pero la realidad es que a nivel político este fenómeno daña mucho la democracia, máxime cuando la misma ha entrado en una gran crisis de credibilidad por el manejo dado por los dueños de la partidocracia, los cuales generalmente sustraen los fondos públicos en cantidades exorbitantes y luego son capaces de someter un proyecto de ley en el Congreso Nacional en  contra de la corrupción administrativa, cuyos principales beneficiados de esas ilícitas acciones son sus esposas, hijos y nietos y en consecuencia estos no van a entrar a la política partidista y a la administración pública para no hacer lo mismo que su mentor.

Por Elba García

Prácticamente todos los partidos políticos del país o por lo menos la mayoría expusieron sus argumentos en contra de las candidaturas independientes en el encuentro montado por la Junta Central Electoral, cuyo escenario fue también levantado sobre la base de una evidente ruptura con el principio de igualdad, ya que los que tienen una posición en favor de la referida figura jurídica tuvieron que esperar para plantear sus ideas al respecto a que de forma maratónica hablaran los miembros de la llamada partidocracia.

La actividad fue un escenario en el que se escucharon todo tipo de consideraciones para justificar su cuestionamiento a la decisión del TC y la figura de las candidaturas independientes, pero esos criterios fueron confrontados por quienes entienden que se trata de todo lo contrario y  que las mismas son una tabla de salvación de una democracia profundamente contaminada.

El encuentro tuvo lugar en la tercera planta de la Junta Central Electoral (JCE) y que fue presidida por su presidente, Román Jáquez, la cual se inició después las diez de la mañana y concluyó en horas de la tarde del pasado 26 del mes de febrero del 2025.

En los debates sobre las candidaturas independientes expusieron los partidos grandes, medianos y pequeños, los cuales sostuvieron que la democracia dominicana está llena de bondades y de logros que sólo ven ellos y desde esa perspectiva consideraron que la sentencia del TC es una forma de golpearla y de crearles riesgo al sistema electoral.

Sin embargo, los que mantienen una posición contraria estimaron que la sentencia del TC sobre las candidaturas independientes se inscribe en el marco de la corriente del neo-constitucionalismo que impacta el derecho interno y el internacional, por lo que decisiones sobre la materia pueden ser encontradas en el derecho comparado.

Entre los exponentes en favor de las candidaturas independientes estuvo el director de este diario, doctor José Antonio Cabral Salcedo, quien sostuvo que la democracia dominicana está profundamente contaminada y erosionada y que se no se modifica tiene pocas posibilidades de sobrevivir.

Expuso que en la República Dominicana se produce un serio problema de institucionalidad que pone en peligro la propia existencia de la nación, porque la falta de visión de los gobernantes los lleva a cometer grandes errores que van en contra de ellos mismos.

Citó que el problema haitiano no implica los peligros que se le atribuyen en razón de que si bien es cierto que el asunto es realmente preocupante, porque el Estado dominicano no está en capacidad de regular nada, no sólo la migración, sino también lo medioambiental, la salud y la educación, entre otros, debe decirse que el problema no está del otro lado de la frontera, sino en el mismo entorno nacional.

Reflexionó sobre la existencia en Haití de un Estado que sólo existe de derecho, pero no hecho, cuya anormalidad, dijo, que no está lejos de lo que ocurre con el dominicano, el cual existe en las dos vertientes, aunque profundamente contaminado.

Señaló la descomposición que se observa en órganos como el Ministerio Público, cuya función es perseguir el crimen y el delito, pero que desconoce totalmente los derechos fundamentales y en consecuencia representa una verdadera tragedia nacional, ya que hasta la figura del archivo definitivo es usado como una retaliación y chantaje en contra de las víctimas y de igual modo citó el comportamiento de los jueces de los tribunales de primera y segunda instancia que regularmente emiten sentencias en violación de las normas.

Explicó que la sentencia del TC forma parte del empoderamiento del derecho constitucional, el cual se apoya en la autoridad que le otorga la Ley 137-11 para recomponer lo mal que está el sistema de justicia nacional y donde el poder público se fundamenta en la vulneración de una serie de normas, valores y principios constitucionales.

Rechazó el planteamiento de los partidos políticos para que en el marco de la regulación de las candidaturas independientes se les requiera tener personalidad jurídica, lo cual choca con el espíritu de la decisión que es empoderar al ciudadano por ser en quien descansa el derecho de elegir y ser elegible.

Planteó que la referida sentencia del TC se inscribe en el marco de la tendencia del derecho procesal constitucional contemporáneo que incluso cuestiona que la modificación de la Constitución de la Republica se haga a través del legislador positivo,  cuando  debe ser mediante las asambleas constituyentes, cuyos miembros son escogidos por el pueblo, a fin de evitar que cuando los partidos tengan el control del Congreso Nacional introduzcan cláusulas sólo en favor de sus intereses y no de los las grandes mayorías nacionales.

En la actividad también hablo la activista social Yadira Marte, quien denuncio parte de las travesuras de la partidocracia a través de sus principales actores.