Opinión
El PRSC no ha podido vivir fuera del gobierno
Por Juan Bolívar Díaz
El anuncio del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) de que se desliga de la alianza con el gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD) para tratar de recuperar el poder en las elecciones generales del 2016 agarró desapercibida a la opinión pública nacional.
Pero al mantenerse como funcionarios ejecutivos de una decena de organismos estatales, con miles de empleos, botellas y canonjías, generan escepticismo y burlas, porque ya anunciaron lo mismo antes de los últimos comicios. Al parecer quienes gobernaron 22 años, 1966-78 y 1986-96, no pueden vivir fuera del presupuesto nacional.
Un anuncio sorpresivo
La segunda mitad del año comenzó con un anuncio que cogió fuera de base a la opinión pública. El 1 de julio la máxima dirección del PRSC, encabezada por su presidente Federico (Quique) Antún, gerente general del estatal Banco Nacional de la Vivienda (BNV), anunciaba que esa organización trillará su propio camino, con candidaturas propias en las elecciones generales del 2016.
Antún dio lectura a la “Declaración de Restauración de la Independencia Política del Partido Reformista Social Cristiano” contentiva de interesantes propósitos políticos y una convocatoria a los diversos sectores nacionales a cerrar filas en un proyecto sustentado en las enseñanzas de los gobiernos de Joaquín Balaguer para presentar “candidaturas propias y viables” en el 2016.
“Proclamamos nuestra decisión de corregir los errores del pasado y asumir con humildad el indeclinable compromiso de construir un partido renovado para un nuevo comienzo de cambios y transformaciones de la República Dominicana”, indica el documento, fruto de una reunión del Directorio Presidencial del PRSC celebrada el 21 de junio en San José de las Matas.
Se quedan en el gobierno
La decisión fue recibida con escepticismo y hasta burlas en la opinión pública, porque pretende el rescate de un partido desarticulado, sin organismos operativos, ni en la base ni en la superestructura y manteniendo sus altos dirigentes en cargos del gobierno del partido del que pretenden distanciarse. Y también porque en coyunturas anteriores el mismo propósito ha quedado en el papel.
Al respecto en uno de sus últimos párrafos la “Declaración de restauración de la independencia política” dice que “Conscientes de que Joaquín Balaguer visualizaba el Estado y el Gobierno como expresión inclusiva de todos los ciudadanos y que el servicio público no es ámbito exclusivo de un sector partidario, entendemos el que algunos compatriotas ofrezcan su concurso en posiciones de gobierno. Sin embargo, eso en nada compromete nuestra independencia ni el compromiso ineludible de volver a gobernar el país”.
Reformistas como el exgobernador del Banco Central Guillermo Caram, recibieron el anuncio con optimismo y comprensión de que no se rompa con el gobierno del presidente Medina, aunque abandonen la alianza con el PLD, pero advirtiendo que “esto es una cuestión de honor”, aludiendo al compromiso contraído en el Congreso Joaquín Balaguer (noviembre 2010-febrero 2011), que acordó llevar candidaturas propias para el 2012, lo que luego fue evadido por la dirección encarnada en el ingeniero Carlos Morales Troncoso, canciller de la República desde el 2004.
Antún bajo cuestionamiento
La directiva del PRSC no sólo tiene a Antún como funcionario gubernamental, sino también al primer vicepresidente Luis Bogaert y al secretario de Organización Miguel Bogaert, familiares políticos de Morales Troncoso y funcionarios de la Cancillería. La segunda vicepresidencia es de la embajadora Rafaela Alburquerque y el secretario de Asuntos Internacionales Marino Berigüete es embajador en Paraguay.
Quique Antún, en períodos anteriores contratista del Estado, tiene la gerencia del BNV desde el 2010, período en el que se acentuaron las pérdidas que ya venía registrando en las anteriores administraciones, también de políticos, de Joaquín Gerónimo y Leonardo Matos Berrido. El Banco está ahora intervenido por la Superintendencia de Bancos. Se le pretende transformar en Banco de Exportaciones. Antún dijo que había presentado su renuncia, pero el Presidente le pidió completar la transformación.
Entre tanto, Humberto Salazar circuló documentos reveladores de que a fines del año pasado 54 altos funcionarios del BNV recibieron fondos de pensiones por un total de 180 millones 238 mil 496 pesos, provenientes de un remanente de 106 millones de pesos que había quedado del viejo plan de pensiones disuelto en el 2002 por la Ley de Seguridad Social, después que se devolvieron sus aportes a los empleados, a los que se sumaron “préstamos no reembolsables” del BNV por 58 millones de pesos. De esa manera se cerraba un nuevo “Plan Complementario de Pensiones” creado en la gestión de Antún, pero que hubo que disolver el año pasado cuando el gobierno prohibió esas prácticas a raíz del escándalo por las pensiones que se dieron en la Superintendencia de Bancos. Los beneficiarios de este último cotizaron por menos de 3 años.
Antún aceptó que recibió 12.3 millones de pesos como pensión, cuando tenía 3 años en el banco y aunque sigue de gerente. Otros funcionarios reformistas como el contralor Frank Nicolás y el subgerente José Román recibieron 6.3 y 10.6 millones de pesos. El subgerente general Administrativo y de Finanzas Roberto Payano fue el más beneficiado, con 13.1 millones de pesos.
Una alianza bien cara
Las dificultades para que el PRSC recupere su independencia del PLD están determinadas por los amplios beneficios que derivan de su alianza, bien cara para el presupuesto nacional, ya que implica cientos de altos cargos y millares de puestos para sus partidarios, familiares y asociados.
Además del BNV, los reformistas controlan el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde se estima en 800 los empleados por la gestión de Morales, la inoperante Liga Municipal Dominicana, donde también hay cientos de empleados de la actual gestión de Johnny Jones y la anterior de Amable Aristy Castro. También el Instituto Postal Dominicano, ProIndustria, la Comisión Aeroportuaria y la Comisión para Reforma del Sector Salud, además del Consejo Nacional de Drogas y el Consejo de la Generadora Hidroeléctrica. Reformistas son los embajadores en Taiwán, Paraguay, Honduras y Nicaragua, además de varios adscritos a la Cancillería.
La destacada dirigente reformista Licelotte Marte de Barrios fue electa para presidir la Cámara de Cuentas de la República y Zoila Martínez como Defensora del Pueblo. Otros, como César Féliz y Féliz y Víctor Gómez Bergés fueron designados en la Junta Central Electoral y la Suprema Corte de Justicia.
Tras la muerte de Balaguer, quien nunca se preocupó por institucionalizar su partido para que le sobreviviera, los reformistas han sido funcionarios de los gobiernos de Hipólito Mejía y de Leonel Fernández. Ya en 1996 se aliaron al PLD para la segunda vuelta. El PRSC se alió al PRD para los comicios legislativos y municipales del 2006, gracias a lo cual consiguieron 4 senadores, 22 diputados y 28 sindicaturas. Cambiaron para el PLD en el 2010, excepto en la provincia Altagracia, donde Aristy Castro reafirmó su predominio, con resultados más modestos.
En el 2012 se aliaron desde la primera vuelta con el PLD, aportando el 5.8 por ciento de los votos. En el 2004 y 2008 llevaron candidatura presidencial propia y quedaron por debajo del 5 por ciento. Al igual que los dos partidos mayoritarios, el PRSC recibirá este año como subsidio estatal unos 220 millones de pesos, 0.25 por ciento de los ingresos fiscales, Para el año de las elecciones serán 0.50 por ciento, más de 500 millones de pesos.
“Chantaje al gobierno”
Quien reaccionó con hostilidad fue Humberto Salazar, dirigente reformista que para los comicios del 2012 fue de los más firmes partidarios de la alianza PRSC-PLD, quien califica el anuncio de ahora como un “intento de chantaje al Gobierno”, asegurando que no renunciará a sus puestos ninguno de los altos dirigentes reformistas. Lo dice por la experiencia de la anterior elección, cuando él presentó una carta de renuncia condicionada a que lo hicieran todos.
En realidad, el doctor Salazar, quien lleva años como coordinador de la Comisión Presidencial para la Reforma del Sector Salud, ya no cree que el PRSC pueda recuperarse, porque sus organismos son hace tiempo infuncionales y su dirección no se renueva desde 1993: “El PRSC murió con Balaguer en el 2002”.
Como en los otros dos partidos dominantes, los organismos del PRSC están hipertrofiados: El Directorio Central Ejecutivo con más de 2 mil, la Comisión Ejecutiva, 501, una Comisión Política de 201 y el Directorio Presidencial 50, con cuatro vacantes, según las cuentas de Salazar.
Quique Antún asumió la presidencia del partido en enero pasado fruto de una “plancha de consenso presentada a último momento por su antecesor, el canciller Morales Troncoso, a una asamblea nacional ordinaria, por lo que Amable Aristy y José Hazim declinaron, aunque juntos parecían dominar la asamblea. Entonces se dijo que Antún llegaba con la bendición del presidente Danilo Medina.
(I)
Por Oscar López Reyes
Desde 1950, tres años a posteriori de su creación -1947- la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos comenzó a instrumentalizar a periodistas para manipular y moldear a la opinión pública mundial, en una abominable labor de zapa, en el cenit geopolítico de la Guerra Fría entre dos superpotencias imperiales. Su proyecto primigenio, y el más escalofriante, ha sido la encubierta Operación Mockingbird, mediante la cual se ocultaron y tergiversaron informaciones para influir a favor de los designios norteamericanos, y desde 2019 ejecuta a gran escala una campaña de reclutamiento para difundir noticias y entretenimiento en redes sociales y plataformas streaming.
En estos 78 años, la CIA ha invertido miles de millones de dólares en el enlistamiento de periodistas anti-éticos y anti-democráticos y en infiltración en medios de comunicación para divulgar programas propagandísticos, engendrando el descrédito y la desconfianza ciudadana, así como la animadversión de adversarios en guerras.
La operación Mockingbird, que inicialmente consistió en escuchas telefónicas periodísticas sin orden judicial, fue llevada a cabo por la CIA para identificar fuentes de filtraciones de datos de alta inteligencia. Principió grabando conversaciones privadas de Hanson Baldwin, reportero de seguridad nacional del New York Times, entre el 12 de marzo y el 15 de junio de 1963, desde el Despacho Oval de la Casa Blanca.
Las grabaciones fueron por iniciativa del presidente de Estados Unidos, Jhon F. Kennedy, luego que se incomodara por un reportaje de primera plana publicado por Baldwin (ganador del Premio Pulitzer en 1943 por su cobertura de la Segunda Guerra Mundial) en la edición del 26 de julio de 1962 del New York Times en el que, amparado en una información clasificada, revelaba el número de misiles nucleares en el arsenal estadounidense. A su vez, comparaba esos depósitos atómicos de Estados Unidos con los de la Unión Soviética, y el afán de esta última superpotencia por resguardar sus emplazamientos de misiles balísticos intercontinentales.
A seguidas, la CIA también intervino los teléfonos residenciales de los columnistas Robert S. Allen y Paul Scott (The Allen-Scott Report, publicada en unos 300 periódicos), tras estos dar a conocer secretos clasificados de Estados Unidos. Más adelante, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) se incorporó a las averiguaciones y vigilancia para detectar quienes desde los organismos de inteligencia estaban infiltrando informaciones a la prensa. También produjo la intercepción telefónica a la periodista de Newsweek, Lloyd Nornam, y el secretario de Estado Dean Rusk presionó para que CBS News no difundiera un reportaje del periodista Daniel Schorr sobre el espectacular escape de ciudadanos de Alemania Oriental a través de un túnel bajo el Muro de Berlín.
Por intermedio del proyecto Mockingbird -según variadas fuentes- para divulgar propaganda proestadounidense y truquear a la opinión pública contra la influencia comunista, aceptaron ser asalariados de la CIA cientos de periodistas de The New York Times, The Washington Post, Newsweek, ABC, CBS, NBC, la revista Time, Louisville Courier Jounal, Copley News Service, la agencia internacional Reuters y otros medios de América Latina, Europa y otras regiones.
Los objetivos bien definidos de la contratación a sueldo de la red de periodistas, publicaciones, televisoras y emisoras tengo que segmentarlos en siete:
1.- Difundir relatos preescritos por la CIA, para tratar de cambiar la percepción global sobre situaciones y personas, siempre favorables a Estados Unidos.
2.- Controlar la política editorial de medios comunicativos, a través de altos ejecutivos y editores, en una novedosa interacción subrepticia gobierno-prensa.
3.- Ocultar informaciones perjudiciales o desfavorables a Estados Unidos, en una intromisión estatal sin precedentes.
4.- Inclinar la balanza para conveniencia estratégica de Estados Unidos en coberturas informativas, artículos de opinión, editoriales y otros géneros periodísticos.
5.- Contrarrestar la propaganda e influencia de la Unión Soviética, con mecanismos sofisticados de persuasión pública.
6.- Suministrar datos de inteligencia, en una típica tarea de espionaje.
7.- Detectar a agentes o empleados de organismos de inteligencia que confidencialmente suministraban informaciones a periodistas.
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El autor: Redactor principal del Código de Ética del Periodista Dominicano y autor exclusivo del libro “La Ética en el Periodismo. Los cinco factores que interactúan en la deontología profesional”.
Por Isaías Ramos
En el artículo anterior, “Cuando trabajar no alcanza”, mostramos lo esencial: en nuestro país hay trabajadores a tiempo completo que, aun cumpliendo con todo, no alcanzan el costo de la canasta básica. Hoy toca cerrar el círculo con una pregunta inevitable: si el Estado asegura que no tiene margen para indexar el ISR ni para acercar los salarios a la canasta, ¿cómo sí lo tiene para blindar exenciones y subsidios que ya rondan el medio billón de pesos al año?
La comparación es contundente: alrededor de RD$19 mil millones para cumplir la indexación —lo mínimo para que la inflación no se coma el salario por la vía del impuesto— frente a más de RD$500 mil millones en gasto tributario y subsidios no focalizados. Esa diferencia no es técnica; es moral. Es un impuesto silencioso al trabajo para sostener privilegios que casi nunca rinden cuentas.
No hablamos de milagros, sino de coherencia constitucional.
Primero derechos; después privilegios.
La indexación es justicia básica; que el salario cubra la canasta es dignidad mínima. Cuando eso no ocurre, todo lo demás se convierte en una transferencia regresiva: recursos públicos arriba y salarios de subsistencia abajo.
Lo vemos en historias como la de Marta, cajera en una tienda que abre seis días a la semana. Gana el salario mínimo del tramo superior y aun así no le alcanza para transporte, alimentos y educación básica de sus hijos. Todos conocemos una Marta. Su caso no es la excepción; es el reflejo de un modelo.
Reconocemos, sin ambigüedades, que ciertos sectores han traído inversión y empleo. Pero en un Estado Social y Democrático de Derecho, la prioridad no se discute: derechos primero, incentivos después. Si un sector recibe exenciones millonarias durante décadas, la contrapartida mínima es un salario mediano por encima de la canasta y una reducción verificable de la informalidad. Y si los beneficios se justifican por su aporte, ese aporte debe comprobarse con datos públicos.
Las preguntas son simples, y las respuestas deberían serlo también:
- ¿Cuál es su salario mediano y qué parte de la canasta cubre?
- ¿Cuál es su aporte fiscal neto, descontadas exenciones y transferencias?
- ¿Qué metas salariales y de formalización han cumplido —auditadas y con plazos—?
Si esas respuestas no existen, la falla no está en quien critica, sino en un modelo que evita mirarse al espejo.
Cuando miramos la región, el panorama se vuelve más claro y más crudo. Llevamos décadas creciendo alrededor de 5 % anual, más del doble del promedio latinoamericano. Sin embargo, datos del Banco Mundial muestran que menos de 2 % de los dominicanos ascendió de grupo de ingreso en una década, frente a un 41 % regional. Es una de las movilidades más bajas de América Latina: un motor económico de alta potencia montado sobre una carrocería social demasiado frágil.
A eso se suma un mercado laboral con alrededor de 55 % de informalidad, superando un promedio regional que ya bordea la mitad. Millones de personas trabajan sin contrato, sin protección y sin capacidad de negociación. Mientras tanto, el salario mínimo formal del sector privado no sectorizado —según el tamaño de la empresa— oscila hoy entre unos RD$16,000 en las microempresas y cerca de RD$28,000 en las grandes, y ni siquiera en su tramo superior alcanza el costo de la canasta familiar nacional, que ronda los RD$47,500, ni la canasta del quintil 1, situada en torno a RD$28,400. La mayoría de los trabajadores informales ni siquiera se acerca a esos montos.
Ahí está el nudo del modelo: un PIB que corre por delante del promedio regional, con salarios más bajos, más informalidad y menor movilidad que casi todos. Ahí es donde la retórica del “milagro” deja de coincidir con lo que millones viven cada día: jornadas largas, ingresos insuficientes y un crecimiento que no se traduce en dignidad.
Y, mientras tanto, la indexación —que solo evita que el impuesto castigue el salario— se presenta como inalcanzable. No lo es. Lo inalcanzable es pretender estabilidad congelando la protección del trabajador mientras se blindan privilegios que nadie revisa con lupa desde hace décadas. Eso no es estabilidad; es un subsidio a la precariedad.
La discusión no es “si hay dinero”, sino de dónde es justo que salga.
¿De quienes ya no pueden más, o de exenciones que llevan medio siglo sin evaluación seria?
¿De la nómina de la clase trabajadora, o de regímenes especiales convertidos en vacas sagradas?
En el Frente Cívico y Social entendemos que la guía es simple y está escrita en la Constitución. El artículo 62 establece, entre otras cosas, que es finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado y, en su numeral 9, consagra el derecho a un salario justo y suficiente para vivir con dignidad. No es poesía; es mandato. Si el salario mediano de un sector no cubre la canasta, ese sector no cumple con la dignidad mínima. Y si además recibe exenciones, la obligación de rendir cuentas es aún mayor.
Y porque no hay dignidad sin desarrollo, no olvidemos lo esencial: salario digno es demanda interna, productividad futura y estabilidad social. Con sueldos de miseria no se construye un mercado interno robusto, no se fortalece el capital humano, no hay escalera de movilidad. Lo que se “ahorra” hoy en salarios bajos se paga mañana en menor crecimiento y mayor conflictividad.
En una frase: un país que se respeta no pone el privilegio por encima del salario, ni el incentivo por encima de la dignidad. Cuando la política honra esa jerarquía, la estadística deja de ser consuelo y se convierte en vida vivible.
Despierta RD
Por Rommel Santos Díaz
A diferencia de la Corte Penal Internacional, cuyo estatuto es el resultado de varios años de debates y de la Conferencia de Plenipotenciarios, los tribunales Ad –Hoc para la Ex Yugoslavia y Ruanda son la expresión de una respuesta a dos situaciones específicas caracterizadas por la comisión de atrocidades en el territorio de estos países.
Fue precisamente la gravedad de las circunstancias lo que obligó al Consejo de Seguridad a ejercer las atribuciones que le confiere el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas para crear las jurisdicciones penales Ad – Hoc para la Ex Yugoslavia ( Resolución 827 de 1993) y para Ruanda (Resolución 955 de 1994)
En estos casos, ambos tribunales tienen virtualmente estatutos idénticos y también compartieron algunas instituciones comunes, como por ejemplo el Fiscal, dado que a partir del 15 de septiembre del 2003, el Consejo de Seguridad designo a Hassan Bubacar Jallow como Fiscal del Tribunal Penal Internacional para Ruanda.
La Fiscal Carla Del Ponte ejerce su competencia exclusivamente en relación al Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia. Las características comunes entre ambos tribunales han tenido como consecuencia, al menos en el ámbito teórico, la economía y uniformidad en el ámbito fiscal hasta el año 2003 así como en el desarrollo de una línea jurisprudencial sólida y constante en el análisis de sus respectivos casos.
De esta forma la creación de dichos tribunales Ad-Hoc constituye un desarrollo sin precedentes a favor de la implementación de las normas sobre derechos humanos que a su vez ha favorecido una dinámica positiva en el proceso de creación de un sistema de justicia penal internacional que se concreta casi una década después con el inicio de las funciones de la Corte Penal Internacional.
Por su lado el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda fueron creados por resoluciones del Consejo de Seguridad en virtud de las cuales son considerados como órganos judiciales subsidiarios del mismo.
Se ha establecido que aun cuando fueron creados por el Consejo de Seguridad, el cual no es un órgano judicial, esto no afecta la validez del acto jurídico de creación puesto que ambos son el reflejo del ejercicio del mandato del principal órgano de las Naciones Unidas para mantener la seguridad y la paz internacional.
Esta línea de razonamiento concuerda con la establecida por la Corte Internacional de Justicia en su Opinión Consultiva sobre los efectos de las compensaciones concedidas por el tribunal administrativo de las Naciones Unidas de 1954.
Por tanto, mientras la Corte Penal Internacional es un tribunal internacional independiente, el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda son órganos judiciales subsidiarios del Consejo de Seguridad Conforme al Artículo 2 del Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional mantiene relaciones de cooperación con el sistema de de las Naciones Unidas, pero ello no afecta su independencia con respecto a dicha organización internacional.