Opinión
El Reloj del Declive Nacional: Cómo Detenerlo Antes de que Sea Tarde
Por Isaías Ramos
Algunos dirán que la afirmación es dramática, pero la preocupación crece y los indicadores están ahí: estamos siendo testigos de cómo nuestra patria se derrumba, poco a poco, ante nuestros ojos. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Veamos algunos factores.
La educación es la piedra angular de cualquier sociedad próspera. Sin embargo, esta partidocracia ha sido la responsable de pervertir a nuestra juventud. Aparentemente, era más rentable alienar a la juventud con vicios y antivalores que enseñar virtudes e implementar la Ley de Educación (66-97). Este fue el primer paso hacia el declive: una población menos educada es más fácil de manipular y menos capaz de contribuir positivamente a la sociedad.
Los órganos gubernamentales y las instituciones, que deberían considerarse independientes, fueron secuestrados por las élites políticas y económicas para garantizar su impunidad ante el saqueo al que hemos sido víctimas durante los últimos 27 años.
La política se convirtió en un campo de batalla para las disputas sobre cómo se reparten los recursos naturales y económicos del país, sin tomar en cuenta las carencias de la población en cuanto a derechos económicos y sociales. Parecería que la población navega en un barco distinto al de aquellos que han tomado el Estado para sí mismos. No les interesa, y así lo han demostrado, resolver las necesidades del pueblo.
Recordemos cómo todas las empresas del Estado fueron dilapidadas a través del subterfugio de la Ley No. 141-97 (Ley General de Reforma de la Empresa Pública). Se las repartieron como si de un botín se tratara. Entregaron la mina de oro más importante de la región bajo contratos muy perjudiciales para la nación. El peaje sombra, Congentrix, Sun Land, el rescate al sistema financiero de 2003, donde el quiebre privado se transfirió al pueblo, creando un déficit cuasifiscal que aún persiste: todos esos mecanismos de robo y saqueo han sido a costa de negarle los derechos económicos y sociales consignados en nuestra Constitución, como son: educación, salud y servicios básicos y esenciales.
Por último, la legalidad del saqueo se ha logrado utilizando figuras jurídicas extractivas pero «legales», como la ley de alianza público-privada y los fideicomisos públicos. Y lo más grave es un endeudamiento que ronda los 70 mil millones de dólares, sin resolver ni uno solo de los problemas esenciales del país.
Han permitido la invasión pacífica de nuestros vecinos en nuestro territorio, que se han convertido en una amenaza para la sobrevivencia de nuestra nación. Retrasaron de manera sutil la puesta en vigencia de la Ley de Migración No. 285-04, realizando los reglamentos de aplicación siete años después de su aprobación (Decreto 633-11).
Quizás el más delicado, pero también el más perjudicial de todos los pasos, es el creciente desinterés de los ciudadanos en los asuntos públicos. Este desinterés ha destruido el pegamento que mantiene unida a la sociedad y su mayor activo: el capital humano.
En el Frente Cívico y Social tenemos buenas noticias: este proceso no es irreversible y aún estamos a tiempo. Reconocer el problema es el primer paso para encontrar soluciones. Está demostrado que quienes han causado los problemas no pueden ser parte de la solución; por lo que el primer paso debe ser darles un no rotundo en las próximas elecciones. La renovación institucional, el compromiso con la educación y una economía sostenible basada en la producción de riqueza serán posibles de implementar tan pronto como logremos derrotar a los responsables de nuestras vicisitudes.
Desde el Frente Cívico y Social, te invitamos a ser parte de la historia.
¡Despierta, RD!
Por Edgard Paniagua Miguel
Por Isaías Ramos
Nuestro pueblo dominicano se encuentra navegando por un mar de confusiones, atrapado entre el anhelo de “progreso económico” y el imperativo de la integridad moral y social. Mientras la élite política pinta un cuadro de un futuro próspero, nuestros corazones nos dicen que estamos perdiendo nuestros valores y principios fundamentales, aquellos que dan vida a una sociedad justa y equitativa.
El sueño del progreso económico se ha desvanecido en un desierto moral. Soñábamos con una patria donde la justicia y la tranquilidad fueran el pan de cada día, pero hoy nos vemos sumergidos en un ambiente cada vez más violento, hostil y desigual entre los que “tienen” y los que “no tienen”. La insaciable codicia de esta élite ha agrandado la brecha entre ricos y pobres, dando vida a una clase baja que subsiste en la miseria, despojada de servicios esenciales y de su propia dignidad, mientras una pequeña élite se baña en opulencia.
Esta dolorosa realidad es el fruto de gobernantes que, carentes de conciencia social, han elegido favorecer el capital y oprimir al pueblo. Con una crueldad perversa, han hipotecado el futuro de nuestros hijos y nietos para incrementar sus fortunas y las de sus allegados, sacrificando la salud, la educación, las pensiones de nuestros trabajadores y nuestro medio ambiente en el altar del “crecimiento económico”. Han disfrazado la explotación y opresión de la mano de obra con sueldos de miseria como “competitividad”, convirtiéndola en un reclamo para “inversiones”, una forma moderna de vender esclavitud.
El neoliberalismo salvaje ha intensificado estas atrocidades, promoviendo una visión del mundo donde el crecimiento se sustenta en la pérdida de la dignidad humana, dando vida a una sociedad donde el dinero es un “Dios” amoral, donde la riqueza se acumula en pocas manos, ignorando las necesidades de la mayoría. Han transformado nuestras naciones en desiertos sociales, donde el éxito se esconde tras altas vallas y guardianes armados.
La realidad de países vecinos, nos muestra el devastador final de modelos económicos que, prometiendo prosperidad, solo traen destrucción y abandono. Si seguimos este camino, nuestro destino no será diferente.
En el Frente Cívico y Social creemos que, en este panorama desolador, es la ciudadanía quien tiene el poder y la responsabilidad de forjar un nuevo destino. Es crucial exigir integridad y transparencia, revaluar el camino que estamos construyendo y rectificar nuestro rumbo. Reconstruir una sociedad más justa, equitativa y moral es una misión compartida, y el momento de actuar es ahora.
El verdadero progreso no se mide por indicadores económicos, sino por la calidad de vida de nuestras gentes, el bienestar colectivo y la preservación de nuestros valores y principios. Buscar el crecimiento económico no debe ser un fin en sí mismo, sino el medio para edificar una sociedad más justa y equitativa.
En el FCS, sabemos que acostumbrarnos a vivir entre el desierto moral y el progreso vacío podría empujarnos a un abismo sin retorno. Es hora de construir el camino hacia un futuro en el que el éxito se mida no por la riqueza de unos pocos, sino por el bienestar de todos, por la preservación de nuestra humanidad y nuestros recursos naturales, y por el legado que dejemos a las futuras generaciones. Es hora de reflexionar y actuar para construir el futuro que soñamos, un futuro donde el progreso y los valores morales y sociales florezcan en armonía.
¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Díaz
El artículo 86, de la parte 9 del Estatuto de Roma estipula que todos los Estados deberán cooperar plenamente con la Corte Penal Internacional en relación con la investigación y el enjuiciamiento de crímenes de su competencia.
La palabra ¨cooperar plenamente¨ fueron escogidas cuidadosamente por los redactores del Estatuto de Roma, para enfatizar el papel importante que tienen los Estados en el funcionamiento efectivo y eficiente de la Corte.
El artículo 86 del Estatuto de Roma también prevé que los Estados Partes deberán cooperar plenamente ¨de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto. Por consiguiente, toda previsión del Estatuto que requiera la participación de un Estado deberá interpretarse como cooperación plena, salvo que se especifique lo contrario.
El mismo artículo 86 estipula que los Estados Partes deberán ¨asegurar que en el derecho interno existan procedimientos aplicables a todas las formas de cooperación especificadas en esta parte del Estatuto de Roma.
En otros términos, se prevé que los Estados utilicen sus leyes nacionales para establecer todos los procedimientos necesarios que les posibiliten asistir a la Corte Penal Internacional. Todos estos procedimientos deberán permitir a los órganos estatales responder tan rápido como sea posible a los requerimientos de la Corte.
Los Estados deben de considerar que si no cumplen con un requerimiento de la cooperación de la Corte Penal Internacional, en contravención a los dispuesto en el Estatuto, impidiéndole ejercer sus funciones y atribuciones de conformidad con el Estatuto, la Corte podrá hacer una constatación en ese sentido y remitir la cuestión a la Asamblea de los Estados Partes o, al Consejo de Seguridad, si este le hubiese remitido el asunto.
El Estatuto de Roma no prevé específicamente ninguna sanción. Sin embargo, un Estado Parte que se niegue a dar curso a una solicitud de cooperación formulada por la Corte, estará incumpliendo con sus obligaciones al tratado en la mayoría de los casos, y podría haber consecuencias políticas perjudiciales contra ese Estado.
Todo lo planteado anteriormente tiene un impacto directo en cuanto a la competencia de la Corte Penal Internacional, en tanto el artículo 12 del Estatuto de Roma establece que un Estado, al aceptar ser parte del Estatuto, se adhiere por ende a la jurisdicción de la Corte respecto a los crímenes estipulados en el articulo 5 (genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión). Esto significa que una vez que un Estado se convierte en Estado Parte, éste acepta automáticamente la competencia de la Corte, a partir del día en que entre en vigor el Estatuto.
Cabe destacar que los Estados que no sean parte del Estatuto de Roma también podrán aceptar la competencia de la Corte respecto a un crimen en particular, por medio de una declaración de conformidad con el artículo 12.
Finalmente, los Estados que no sean parte deberán cooperar plenamente una vez que acuerden asistir a la Corte Penal Internacional en una investigación en particular. Si incumplen el acuerdo especial realizado con la Corte, esta podrá informar a la Asamblea de los Estados Partes o al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, según sea el caso.