Por Elba García

La figura de la determinación de herederos en República Dominicana es un acto notarial y jurisprudencial que establece quiénes son los herederos de una persona fallecida, la cual se produce cuando no hay un testamento.

La determinación de herederos sólo tiene asidero legal a nivel de la jurisdicción inmobiliaria del sistema de justicia civil especial del país, pero en la practica la misma se también se produce en la política partidista.

Como bien se sabe, la determinación de herederos es un procedimiento que persigue repartir los bienes materiales que ha dejado un causante, pero ya la misma se extiende a la actividad política, porque ahora se estila que el diputado o senador que muere le deje la curul a su mujer o a sus hijos, como si se tratara de una herencia.

Este tipo de transferencia se observa también cuando los políticos envejecen y entonces hacen todos los arreglos para que sus esposas, hijos y nietos ocupen la posición que ganaron electoralmente.

Los partidos políticos son una figura jurídica que en principio se inscribe en el derecho privado, porque su entrada a los mismos es voluntaria, no obligatoria, naturalmente luego de su ingreso a estas organizaciones estas se rigen por lo que muy bien se puede decir, unos requerimientos que encajan más bien en el derecho administrativo.

Todo ello indica que no tiene ninguna justificación lógica que los dirigentes de los partidos dejen sus posiciones electivas a sus familiares más cercanos como si se tratara de una determinación de herederos y partición amigable de bienes.

De manera, que se trata de dos figuras totalmente diferentes, porque la determinación de herederos, que es propia del derecho civil especial inmobiliario y la que la que se origina en los partidos políticos, que ocurre en la jurisdicción electoral, una difiere totalmente de la otra porque la última tiene que ver con la administración del patrimonio público, cuya propiedad es todo el pueblo dominicano y no puede repartirse entre familiares.

Sin embargo, la realidad es que en la política partidista dominicana se produce en la practica la figura de la determinación de herederos a partir de que los funcionarios electos, sobre todo los diputados y senadores que fallecen parece que dejan algún testamento para que su puesto quede en manos de su mujer o sino de sus hijos o nietos, pese a que sus descendientes no fueron electos por el pueblo para ocupar esos curules.

Pero el problema toma mayor alcance con el fenómeno que implica que los que han depredado el patrimonio público también quieren que sus descendientes sean, además, los presidentes del futuro sobre la base del mismo discurso. la misma conducta y la defensa de los mismos intereses.

Siempre ha existido la figura de la transferencia de bondades, que no es otra cosa que la recomendación de los grandes líderes para que alguno de sus seguidores les sustituya, como ocurrió con José Francisco Pena Gómez e Hipólito Mejía, que cuando éste enfermó le dijo a su médico de cabecera que quería que el próximo candidato presidencial del PRD fuera el llamado guapo de Gurabo, lo cual ocurrió exactamente así.

Lo mismo pasó con el llamado acuerdo patriótico, el cual fue apoyado por Joaquín Balaguer y Juan Bosch, convirtiéndose en un clavo “pasao” para que el candidato de entonces Leonel Fernández Reyna., quien desplazo al del momento del PRSC, Jacinto Peynado, quien no era del agrado del anciano mandatario, disfrutara de la llamada transferencias de bondades de los dos grandes líderes.

No obstante, lo que se observa en la actualidad es que los líderes a nivel bajo, medio y alto del momento siempre buscan dejar a sus esposas, hijos y nietos la posición electoral lograda.

La pasada contienda electoral fue una muestra de esa determinación de herederos en la política partidaria, cuyos mejores ejemplos son los casos de Carolina Mejía, hija de Hipólito; Omar Fernández, de Leonel Fernández; Víctor Fadul, de Monchy Fadul, entre muchos otros casos más que citarlos haría la lista muy larga.

Desde el punto de vista del derecho de igualdad, el cual además es un valor y un principio, es legítimo y legal que cualquiera persona aspire a un cargo público, porque ningún ciudadano debe ser discriminado cuando se trata de acogerse al derecho fundamental de elegir y ser elegible.

Pero la realidad es que a nivel político este fenómeno daña mucho la democracia, máxime cuando la misma ha entrado en una gran crisis de credibilidad por el manejo dado por los dueños de la partidocracia, los cuales generalmente sustraen los fondos públicos en cantidades exorbitantes y luego son capaces de someter un proyecto de ley en el Congreso Nacional en  contra de la corrupción administrativa, cuyos principales beneficiados de esas ilícitas acciones son sus esposas, hijos y nietos y en consecuencia estos no van a entrar a la política partidista y a la administración pública para no hacer lo mismo que su mentor.

Por Elba García

Prácticamente todos los partidos políticos del país o por lo menos la mayoría expusieron sus argumentos en contra de las candidaturas independientes en el encuentro montado por la Junta Central Electoral, cuyo escenario fue también levantado sobre la base de una evidente ruptura con el principio de igualdad, ya que los que tienen una posición en favor de la referida figura jurídica tuvieron que esperar para plantear sus ideas al respecto a que de forma maratónica hablaran los miembros de la llamada partidocracia.

La actividad fue un escenario en el que se escucharon todo tipo de consideraciones para justificar su cuestionamiento a la decisión del TC y la figura de las candidaturas independientes, pero esos criterios fueron confrontados por quienes entienden que se trata de todo lo contrario y  que las mismas son una tabla de salvación de una democracia profundamente contaminada.

El encuentro tuvo lugar en la tercera planta de la Junta Central Electoral (JCE) y que fue presidida por su presidente, Román Jáquez, la cual se inició después las diez de la mañana y concluyó en horas de la tarde del pasado 26 del mes de febrero del 2025.

En los debates sobre las candidaturas independientes expusieron los partidos grandes, medianos y pequeños, los cuales sostuvieron que la democracia dominicana está llena de bondades y de logros que sólo ven ellos y desde esa perspectiva consideraron que la sentencia del TC es una forma de golpearla y de crearles riesgo al sistema electoral.

Sin embargo, los que mantienen una posición contraria estimaron que la sentencia del TC sobre las candidaturas independientes se inscribe en el marco de la corriente del neo-constitucionalismo que impacta el derecho interno y el internacional, por lo que decisiones sobre la materia pueden ser encontradas en el derecho comparado.

Entre los exponentes en favor de las candidaturas independientes estuvo el director de este diario, doctor José Antonio Cabral Salcedo, quien sostuvo que la democracia dominicana está profundamente contaminada y erosionada y que se no se modifica tiene pocas posibilidades de sobrevivir.

Expuso que en la República Dominicana se produce un serio problema de institucionalidad que pone en peligro la propia existencia de la nación, porque la falta de visión de los gobernantes los lleva a cometer grandes errores que van en contra de ellos mismos.

Citó que el problema haitiano no implica los peligros que se le atribuyen en razón de que si bien es cierto que el asunto es realmente preocupante, porque el Estado dominicano no está en capacidad de regular nada, no sólo la migración, sino también lo medioambiental, la salud y la educación, entre otros, debe decirse que el problema no está del otro lado de la frontera, sino en el mismo entorno nacional.

Reflexionó sobre la existencia en Haití de un Estado que sólo existe de derecho, pero no hecho, cuya anormalidad, dijo, que no está lejos de lo que ocurre con el dominicano, el cual existe en las dos vertientes, aunque profundamente contaminado.

Señaló la descomposición que se observa en órganos como el Ministerio Público, cuya función es perseguir el crimen y el delito, pero que desconoce totalmente los derechos fundamentales y en consecuencia representa una verdadera tragedia nacional, ya que hasta la figura del archivo definitivo es usado como una retaliación y chantaje en contra de las víctimas y de igual modo citó el comportamiento de los jueces de los tribunales de primera y segunda instancia que regularmente emiten sentencias en violación de las normas.

Explicó que la sentencia del TC forma parte del empoderamiento del derecho constitucional, el cual se apoya en la autoridad que le otorga la Ley 137-11 para recomponer lo mal que está el sistema de justicia nacional y donde el poder público se fundamenta en la vulneración de una serie de normas, valores y principios constitucionales.

Rechazó el planteamiento de los partidos políticos para que en el marco de la regulación de las candidaturas independientes se les requiera tener personalidad jurídica, lo cual choca con el espíritu de la decisión que es empoderar al ciudadano por ser en quien descansa el derecho de elegir y ser elegible.

Planteó que la referida sentencia del TC se inscribe en el marco de la tendencia del derecho procesal constitucional contemporáneo que incluso cuestiona que la modificación de la Constitución de la Republica se haga a través del legislador positivo,  cuando  debe ser mediante las asambleas constituyentes, cuyos miembros son escogidos por el pueblo, a fin de evitar que cuando los partidos tengan el control del Congreso Nacional introduzcan cláusulas sólo en favor de sus intereses y no de los las grandes mayorías nacionales.

En la actividad también hablo la activista social Yadira Marte, quien denuncio parte de las travesuras de la partidocracia a través de sus principales actores.

Por Elba García

El Ministerio Público por la conducta de sus fiscales ha entrado en nivel de descrito que podría decirse que es total, ya que los funcionarios que trabajan a su servicio se prestan a todo tipo de maniobras para mentir e incurrir en acciones antijurídicas en violación de su propia legalidad consignada en el articulo 169 la Constitución de la Republica y en su ley orgánica, la 133-11.

 En el Ministerio Público se ha creado una fuerte muralla en contra de la transparencia y sus fiscales ponen a rodar los pocos logros que ha tenido el país en términos constitucionales, ya que incluso las denuncias y querellas presentadas ante este mecanismo terminan generalmente en el zafacón y para justificar esta irregularidad sus funcionarios incurren en el chantaje y la retaliación en contra de las víctimas a través de la figura del archivo definitivo.

Por lo que se ve, en el Ministerio Público sólo caminan aquellos casos con importancia mediática, porque los mismos son una herramienta para buscar promociones y un falso respeto ante la sociedad, lo cual forma parte de un problema integral del órgano, pese a que se puede decir que es un asunto generalizado en el Estado dominicano.

En los actuales momentos no se sabe cuál de ambos, es decir, la Policía Nacional o el Ministerio Público es el más corrupto del Estado dominicano y al propio tiempo negligente y que no ajusta sus acciones al principio de legalidad, cuya expresión del fenómeno se nota con mayor fuerza en las jurisdicciones donde el crimen  tiene un mayor impacto.

Un lugar peligrosamente impactado por la corrupción de los fiscales es el Distrito Judicial de Santiago, aunque los demás no están libres del mal, pero en esta jurisdicción el descaro y la falta de vergüenza de este órgano público raya en lo peor.

Es tan grande el problema que la ejecución de una sentencia irrevocablemente juzgada a través del otorgamiento de la fuerza publica, la cual es una función de la fiscalía,  es una misión imposible porque en esta instancia se distorsiona este propósito y se le suma la   manipulación de muchos jueces que aparentemente están al servicio de los que se dedican a cometer hechos al margen de la ley.

Es una crisis integral la que afecta a todo el sistema de justicia nacional, pero  con la escogencia de un nuevo procurador general de la República que esté consciente del problema y que de inmediato inicie un proceso de profilaxis de los fiscales, muy probablemente el cuadro pueda variar.

En las próximas horas el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) se aboca a escoger al jefe del Ministerio Público y entre los posibles escogidos está Yeny Berenice Reynoso, Milton Ray Guevara, Jorge Subero Isa, entre otros, pero en lo que respecta a estos tres este periódico se inclina por el expresidente del Tribunal Constitucional porque ese órgano del Estado necesita ser insertado en el proceso de constitucionalización que hoy vive el país.

En lo que respecta al accionar del Ministerio Público la mayor parte de sus errores obedece a que los fiscales no están formados para responder a la corriente del neo-constitucionalismo que hoy impacta al sistema de justicia, máxime a nivel penal.

Y si de una cosa sabe Ray Guevara es precisamente de derecho constitucional, lo cual dejó más que claro cuando estuvo al frente del Tribunal Constitucional, el cual en este momento es el mejor referente de respeto a los derechos fundamentales.

Este diario considera que Ray Guevara prestigiaría al Ministerio Público y por su vía podría producir  el cambio que necesita ese órgano del Estado, vital para que se acaben los atropellos en contra de la mayoría de los ciudadanos que en algún momento se convierten en víctimas de aquellos que creen en la violación de la ley y en la comisión de lo mal hecho.

El otro señalado para ocupar el puesto que apoya este periódico es Jorge Subero Isa, porque es una persona con una sólida formación jurídica y de una conducta que hasta pruebas en contrario es recta y firme.

En el caso de Yeni Berenice Reynoso su trayectoria podría proyectar una buena imagen de ella, pero hay detalles de su desempeño que generan muchas dudas, dado que la mayoría de los fiscales adjuntos de Santiago son liderados por su persona  o que por lo menos ella es su madrina, muchos de los cuales tienen un comportamiento que dañan severamente la sociedad.

En realidad, el peso de Ray Guevara y de Subero Isa superan el de Berenice Reynoso y ese es un detalle que cuenta en un Ministerio Público en el peor de los descréditos, lo cual representa una amenaza para el Estado de derecho y la democracia.