Opinión
El verdadero rostro de la Ley 87-01: una traición constitucional montada para enriquecer a pocos y empobrecer a todos
Por Isaías Ramos Guzmán
La Ley 87-01, que dio origen al sistema dominicano de seguridad social, no fue pensada para proteger al pueblo. Fue concebida para proteger un modelo corporativo, financiero y excluyente que convierte los derechos fundamentales —como la salud y la pensión— en mercancía. Y si bien muchos actores tratan hoy de reducir el problema a una crisis técnica o de sostenibilidad financiera, el fondo es otro: lo que está en crisis no es el presupuesto, es la legalidad, la justicia y la moralidad del modelo en sí mismo.
Desde la proclamación de la Constitución del 2010, la República Dominicana asumió, al menos en papel, el compromiso de transformarse en un Estado Social y Democrático de Derecho. Eso implica que los derechos sociales no son favores, subsidios ni concesiones electoreras, sino garantías exigibles, sin discriminación y sin condiciones. Sin embargo, la Ley 87-01 jamás fue ajustada a ese nuevo pacto constitucional. Sigue siendo una estructura importada, construida para dividir al pueblo entre “formales” e “informales”, entre asegurados y desprotegidos, entre ciudadanos y mercancía. Y lo más grave: sigue premiando a los intermediarios —ARS y AFP— que han hecho de la salud y la pensión un negocio multimillonario.
La ley 87-01 no fue fruto de la ignorancia, sino de la conveniencia. Fue una copia de modelos de países donde la desigualdad es vergonzosa. No se pensó para garantizar salud de calidad ni pensiones dignas. Se diseñó para enriquecer aún más a los que siempre han controlado el sistema financiero y político. Y lo lograron. Convirtieron el dolor del pueblo en fuente de capital. Convirtieron el derecho en privilegio. Convirtieron el Estado en cómplice.
Hoy, con justa razón, se denuncia el descalabro de SENASA. La ‘carnetización’ masiva de millones de personas sin evaluación legal ni respaldo financiero no fue un acto de justicia social, fue una jugada electoral. Una manipulación de la pobreza que sacrifica la sostenibilidad del sistema para ganar aplausos momentáneos. Pero no nos confundamos: el problema no nació con el gobierno actual. El modelo es viejo, estructural y multipartidista. Lo parió el PLD y el PRD, lo profundizó el PRM, y la Fuerza del Pueblo no es la excepción: es una continuación maquillada del mismo viejo sistema. Sus miembros, aunque no hayan gobernado como partido, son los mismos actores, con iguales o peores prácticas, que montaron este sistema atroz e inhumano desde sus orígenes. No representan renovación alguna, sino reciclaje de lo peor del pasado.
No es casualidad el descrédito mediático y político creciente contra SENASA. Lo que está en marcha es el mismo libreto aplicado al sistema eléctrico: desprestigiar lo público para justificar su privatización. Ya lo hicieron con las empresas eléctricas, que hoy son un monopolio disfrazado donde el pueblo ha subsidiado más de 30 mil millones de dólares sin recibir mejoras sustanciales. Ahora quieren hacer lo mismo con la salud: crear la crisis, dramatizarla, intervenirla y luego traspasarla al gran capital privado. Lo que buscan no es salvar el sistema: es convertir en mercancía lo último que queda como servicio público en manos del Estado. Quieren cerrar el ciclo del saqueo y garantizar que también las próximas generaciones nazcan deudoras, enfermas y sin derechos.
El Frente Cívico y Social (FCS) rechaza todo intento de limitar el debate al plano financiero. La salud no se resuelve con inyecciones de fondos, ni la dignidad se compra con subsidios. Esto no se arregla con ajustes: se arregla con justicia. Por eso, desautorizamos también a quienes, desde sectores “opositores”, reducen la crisis a una discusión técnica, evadiendo el fondo inconstitucional del problema. No se trata de mejorar lo que está mal. Se trata de reemplazar lo que es moral y legalmente inaceptable.
Frente a este colapso anunciado, el FCS plantea la única salida posible: el desmonte total del sistema de intermediación privada (ARS y AFP), la creación de una única institución pública, autónoma y soberana que administre el sistema de salud y pensiones del país con control ciudadano y rigor constitucional, la unificación de los regímenes contributivo y subsidiado, la atención primaria como eje de salud pública, y una nueva ley ajustada a la Constitución del 2010 y los principios de equidad y dignidad humana.
El modelo propuesto no es utopía. Funciona ya en países como España, donde la salud pública es gratuita, universal y financiada por impuestos; Singapur, donde un fondo soberano estatal gestiona con eficiencia y sin lucro la salud y las pensiones; y Noruega, Canadá, Suecia, donde el Estado cumple su función social sin intermediarios privados que negocien con el sufrimiento humano.
No nos engañemos: la única manera real de desmontar este modelo es que el pueblo, por la vía constitucional, unifique sus fuerzas a través de candidaturas independientes auténticas. Que tome el poder político en sus manos y lo use para desmontar este régimen de exclusión y levantar uno de justicia social. Desde el Frente Cívico y Social no buscamos cargos: buscamos justicia. No aspiramos a administrar el viejo sistema: aspiramos a enterrarlo. No queremos reformar lo que nació mal: queremos fundar lo que nunca ha existido.
Porque sin salud, no hay vida. Sin justicia social, no hay patria. Y sin dignidad, no hay futuro. Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Se tiene reportado el uso de 250,000 niños soldados en cerca de 50 países. Para completar el panorama, se estima que 20 millones de niños han sido desplazados como consecuencias de las diversas guerras y catástrofes humanitarias, mientras que entre 8,000 y 10,000 niños mueren cada año como consecuencia de utilización de minas antipersonales.
Existen indicios de que la trata de niños en zonas de conflicto es una tendencia que va en aumento y esta vinculada a redes de delincuencia transnacional organizada.
La Corte Penal Internacional es el primer tribunal internacional cuyo Estatuto y Reglas de Procedimiento y Prueba brindan a las víctimas la posibilidad de participar en todas las etapas del proceso.
A diferencia de las actuaciones de las víctimas en otros tribunales internacionales, limitadas a reforzar los argumentos de la defensa o el Fiscal, la Corte Penal Internacional les reconoce derechos que les corresponden por ser quienes han sufrido la grave vulneración de sus derechos humanos y tienen la mayor expectativa de que se haga justicia.
El principal reto de la Corte Penal Internacional será demostrar que sus investigaciones y decisiones no están guiadas por móviles políticos o intereses ajenos a la justicia y la represión de crímenes internacionales.
Finalmente, en la medida en que este sistema se vaya consolidando, siguiendo los parámetros legales del Estatuto de Roma y de las Reglas de Procedimiento y Prueba, es posible que países hoy reticentes hacia la Corte Penal Internacional modifiquen su postura hacia una de ayuda y cooperación. Con esto se lograría tener un sistema penal internacional plenamente universal como complemento a las iniciativas locales por sancionar crímenes de genocidio, lesa humanida, guerra y agresión.
rommelsantosdiaz@gmail.com
Por Nelson Encarnación
El reciente escándalo de corrupción detectado en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) ha acentuado la percepción o el convencimiento en algunos de que los políticos acceden a los cargos públicos con la intención de apropiarse de los recursos que manejan.
Ya en otras oportunidades se ha esparcido el mismo convencimiento, en ocasión de hechos judicializados que aún cursan en los tribunales sin sentencias firmes.
Estos y casos anteriores han servido de fundamento a quienes entienden que las formaciones políticas son nidos de bandidos con una amplia vocación hacia la depredación de los recursos públicos, dando lugar, al mismo tiempo, a la prédica contra los políticos y los partidos.
Sin embargo, existen argumentos y evidencias suficientes para desmontar la mala fama contra los políticos. Podemos afirmar, de manera categórica, que los políticos profesionales no roban.
Para remontarnos a los hechos más sonados de persecución a la corrupción, podemos referir el que ha sido, probablemente, el más sonoro de todos, es decir, el procesamiento judicial del expresidente Salvador Jorge Blanco (1982-1986), quien fue condenado a 20 años de prisión por hechos que, evidentemente, no cometió.
Jorge Blanco, que antes de ser político ya era un abogado prestigioso, murió en medio de precariedades materiales, una situación que no concuerda con quien supuestamente fue un corrupto.
Los hechos por los que se condenó al exmandatario no fueron cometidos por él ni por ninguno de sus seguidores con formación y compromiso político, sino por allegados que nada tenían que ver con el Partido Revolucionario Dominicano.
En el caso de los expedientes que todavía se ventilan en la justicia relacionados con hechos registrados—conforme las imputaciones del Ministerio Público—vinculan en primer plano a personeros relacionados al expresidente Danilo Medina, no a dirigentes conocidos del Partido de la Liberación Dominicana.
Y en el más reciente que ocupa la atención del país, es decir, el expediente Senasa, una simple identificación de los encartados permite concluir en que se repite el mismo patrón: los principales señalados no son políticos de militancia.
En consecuencia, si miramos los hechos con un sentido lógico y alejado de la intención de dañar a los partidos y sus dirigentes, podemos proclamar que los políticos profesionales, con formación en el servicio a la sociedad, con compromiso, no roban los fondos del erario. Ahí está la historia.
Por Isaías Ramos
Al despedir 2025 y abrir 2026, es fácil refugiarse en lo cómodo: deseos repetidos, frases bonitas, la ilusión de que todo cambiará solo porque cambia el calendario. Pero la República Dominicana no necesita otro brindis vacío. Necesita una sacudida de conciencia y un cambio de rumbo. Ese rumbo comienza cuando dejamos de mirar la política como un espectáculo ajeno y asumimos que la república —la casa de todos— se sostiene o se cae con la conducta diaria de su gente.
Durante más de tres décadas, una clase política dominante, reciclada en siglas, alianzas y narrativas, ha contribuido a degradar la vida pública. Se normalizó el privilegio. Se hizo costumbre la trampa. El clientelismo dejó de ser excepción y se volvió método. La impunidad dejó de ser temor y se volvió expectativa. El Estado, demasiadas veces, dejó de ser instrumento del bien común para convertirse en botín, refugio o escalera personal. Cuando lo público se vuelve mercancía, el daño deja de ser un asunto de élites y se convierte en una fractura moral, social y espiritual.
No se trata de negar que existan servidores públicos honestos ni ciudadanos decentes. Precisamente por ellos —y por los jóvenes que merecen un país digno— no podemos resignarnos. Los datos aportan contexto a una percepción extendida: el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 asigna a la República Dominicana 36/100 y la ubica en la posición 104 de 180 países. El Rule of Law Index 2025 del World Justice Project sitúa al país en el puesto 76 de 143, y en el factor “Ausencia de Corrupción”, en 90 de 143.
La experiencia cotidiana confirma esa brecha. El trámite que solo “camina” por la vía indebida. El contrato opaco. El expediente que duerme. La sanción que nunca llega. Ese desgaste produce algo peor que el enojo: produce resignación. Y cuando una sociedad se resigna, la corrupción no se frena; se perfecciona. Así es como una república se vacía por dentro, aunque conserve su nombre y sus símbolos.
La historia política lo ha advertido con claridad: cuando los ciudadanos se repliegan en el interés personal y abandonan la vida pública, el Estado se debilita y queda a merced de los peores. Cuando un pueblo ama su país, respeta las leyes y vive con sobriedad cívica, es posible avanzar hacia el bienestar compartido. Cuando se instala la indiferencia, el interés particular aísla y la república se convierte en un cascarón.
Si 2026 será un año de esperanza, esa esperanza no puede ser pasiva. Tiene que ser esperanza disciplinada: la que mira el abismo, lo nombra y aun así decide construir un puente. Ese puente se llama Constitución. No como símbolo ceremonial, sino como norma viva. El artículo 6 establece su supremacía y declara nulos los actos contrarios a ella. El artículo 7 nos define como Estado Social y Democrático de Derecho. El artículo 8 fija como función esencial del Estado proteger los derechos de la persona y respetar su dignidad.
Honrar la Constitución no es citarla: es vivirla. Es aceptar que no puede haber Estado de derecho con corrupción estructural; que no puede haber democracia con clientelismo; que no puede haber justicia con privilegios. Honrar la Constitución es convertir el servicio público en honor y no en negocio; proteger el dinero del pueblo como sagrado; poner el mérito por encima del padrino; transparentar compras, obras y nombramientos; y asegurar consecuencias reales a quien robe lo común. Esa es la frontera entre república y fachada.
Por eso, en 2026, el Foro y Frente Cívico y Social debe reforzar en todo el territorio nacional un despertar de conciencia sostenido y pacífico que convierta indignación en organización y esperanza en disciplina. No se trata de incendiar el país; se trata de iluminarlo. No de sustituir instituciones, sino de obligarlas a cumplir su rol constitucional con presión cívica legítima.
La ruta es concreta y verificable: formación cívica territorial, veeduría social continua y defensa constitucional práctica, acompañando denuncias, dando seguimiento público a los casos y exigiendo consecuencias sin selectividad.
Nada de esto se logra solo con organizaciones. Se logra con el ciudadano común. En esta semana de cambio de año, vale la pena asumir un pacto sencillo: renunciar a pagar sobornos, a pedir favores indebidos y a justificar privilegios; comprometerse a informarse antes de opinar, a exigir rendición de cuentas en lo local y a participar más allá del voto. Un país cambia cuando cambia lo que su gente considera “normal”.
Imaginemos, con realismo, la nación que podemos construir si ese giro comienza: una donde no se necesita padrino para un servicio; donde un contrato público no es lotería para unos pocos, sino obligación transparente; donde el funcionario teme más a la justicia y a la vergüenza pública que a la pérdida del cargo; donde el joven respeta al competente y no admira al tramposo. Que Dios —y la conciencia despierta de cada dominicano— nos guíe y nos exija verdad, justicia y rectitud; que el amor a la patria sea conducta diaria; y que la defensa de la libertad sea nuestro sentir y nuestro hacer.
Cerramos 2025 con una verdad incómoda: hemos permitido demasiado. Abrimos 2026 con una verdad poderosa: todavía estamos a tiempo. Honrar la Constitución o perder la República: esa es la elección de nuestro tiempo. Salvemos la patria.
¡Despierta RD!