Santo Domingo, RD.- Quince celulares uso el verdugo de la joven Anibel Gonzalez,Yasmil Oscar Fernández Estévez, durante los 18 meses que permaneció en prisión, asediándola durante ese tiempo desde la cárcel de San Pedro de Macorís, de donde realizo hasta 40 llamadas en un día. Nacionales
Verdugo de Anibel le hizo hasta 40 llamadas en un día
Santo Domingo, RD.- Quince celulares uso el verdugo de la joven Anibel Gonzalez,Yasmil Oscar Fernández Estévez, durante los 18 meses que permaneció en prisión, asediándola durante ese tiempo desde la cárcel de San Pedro de Macorís, de donde realizo hasta 40 llamadas en un día. Miguelo Ureña, abogado y tío de González, confirmó que Fernández Estévez logró comunicarse con González, incluso cuando ella estaba realizando estudios en la Embajada de República Dominicana en Washington, Estados Unidos.
Aclaró que su sobrina nunca firmó el acuerdo que fue avalado por el Ministerio Público para que su verdugo saliera en libertad antes de lo previsto y finalmente la asesinara delante de sus hijas el pasado 30 de agosto.
El victimario le realizó cuatro disparos a Gonzánlez y posteriormente se suicidó de uno en la sien cuando se trancó en el baño de la vivienda.
Los disparos del feminicida-suicida alcanzaron a la víctima en el brazo y el tórax, quien falleció al día siguiente en el hospital Regional Doctor Antonio Musa.
La abogada residía en el barrio Los Maestros de San Pedro de Macorís, donde en diciembre del 2017, el empresario provocó varias heridas de arma blanca a su expareja siendo sometido a la justicia, procesado y por lo que guardaba prisión, de la que había salido hace poco.
Miembros de la Inspectoría del Ministerio Público interrogaron a la magistrada Luz Aurora Almonte, Pedro Núñez, fiscal titular, y a Rita Margarita Hernández, fiscal actuante del acuerdo que dejó en libertad a Fernández Estévez.
El interrogatorio da inicio a la investigación que ordenó el procurador general de la República, Jean Rodríguez.
En febrero de 2019, la fiscal Margarita Hernández, decidio disminuir la pena de Fernández Estévez sin la autorización de la agraviada.
Cientos de manifestantes se conglomeraron ayer frente a la Procuraduría General de la República para protestar por los feminicidios que han consternado a la sociedad dominicana, a propósito del asesinato de la abogada Anibel González y el primer aniversario de la muerte de Andreea Celea.
Movimientos sociales y políticos condenaron el acuerdo arbitrario y sin el consentimiento de González, al que llegaron el ministerio público y el sistema judicial de dejar en libertad a Fernández Estévez.
Bajo los eslóganes “el machismo mata” y “ni una muerte más” dirigentes políticos y sociales anunciaron que cada semana realizaran este tipo de concentraciones hasta el 24 de noviembre, un día antes del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, para finalmente realizar en esa fecha una gran marcha en contra de “la corrupción e impunidad en el sistema judicial que permiten que ocurran ese tipo de hechos”.
En el caso de Celea, Cezara Voicila, hermana de la víctima, denunció que la defensa del presunto victimario de su hermana, Gabriel Villanueva, busca “incidentar el proceso con triquiñuelas jurídicas” ya que a un año de la muerte de la dama todavía no se ha llegado a juicio de fondo.
La muerte de Andreea
Proceso judicial
Gabriel Villanueva, expareja de Andreea Celea, está acusado de asesinarla al lanzarla desde un octavo piso de un hotel ubicado en el sector Bella Vista de la capital. Por el hecho aún guarda prisión.
Santo Domingo, R.D.-Treinta años de prisión solicitó el Ministerio Público este lunes al Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional para Wesly Carmona, alias «El Dotolcito» y 40 años para Luis Brito Troncoso y Alison de Jesús Pérez Mejía (Chiquito) por su alegada participación en el homicidio de Joshua Fernández el pasado 19 de abril del 2023 en la discoteca Kiss Bar.
Magalys Sánchez, representante del de Ministerio Público (MP), aseguró que, aunque la defensa de los imputados alegue que Wesly Carmona, alias » El Dotolcito«, no tuvo participación en el acto, su influencia fue «transcendental» en el desarrollo del atraco que terminó trágicamente con la vida de Joshua Fernández, por lo que piden una condena justa.
«Sin la influencia de Wesly no se hubiese llevado a cabo nada y hoy Joshua estuviera vivo. A él le permitían entrar a la discoteca sin revisarlo, según explicó uno de los imputados al ser interrogado, incluso no era requisado aún si portaba armas de fuego», destacó Sánchez.
Dijo, además, que él fue quien llamó al taxista y organizó todo. » El fue la cabecilla de esta trama», subrayó la representante del MP.
Agregó que «si Wesly Carmona no hubiese llamado a Luisito, mientras éste estaba durmiendo con su esposa y éste a Alison, cuando la discoteca estaba cerrando, Joshua estuviese vivo».
El tribunal aplazó el juicio por cinco minutos para deliberar la solicitud del MP.
Abogados de la familia de Joshua Fernández dicen están satisfechos con la condena solicitada por el MP.
A El Dotolcito se le imputa haber violado los artículos 265,266,295,304,379, 382 y 385 del Código Penal Dominicano.
A Chiquito y a Luisito se le imputa violación de los artículos 265, 266, 295, 304, 379, 382 y 385 del Código Penal Dominicano y los artículos 66 párrafo II y 67 de la Ley 631-16, de ponerte y tenencia de armas.
Santo Domingo, R.D.-El Segundo Tribunal Colegiado recibió este lunes una solicito del Ministerio Público (MP) para no permitir la presencia de la prensa durante el interrogatorio de los testigos presentados por ellos en el caso Antipulpo, el cual imputa a Alexis y Magalys Medina, hermanos del expresidente Danilo Medina.
De acuerdo con el órgano acusador, exponer en medios de comunicación la declaración de los testigos puede contaminar a los demás, por lo que pidieron al tribunal excluir a los periodistas durante esta fase del proceso.
Ante este pedimento, la mayoría de los abogados de la defensa no presentaron oposición, sin embargo, alguno de ellos rechazaron la solicitud, alegando que esto estaría violentado el derecho a la libertad de prensa.
Otros togados propusieron que los periodistas se mantuvieran durante todo el proceso, tomando notas, pero que sean restringidos el uso de teléfonos móviles y cámaras.
Se recuerda que en esta audiencia el MP estaría presentando como testigos al director de Presupuesto, José Rijo Presbot, pero previo al interrogatorio expusieron este pedimento.
Por su parte, Claribel Nivar Arias, Yissel Soto y Clara Sobeida Castillo, las juezas que presidente tribunal,establecieron un receso para deliberar sobre el incidente.
En el caso Antipulpo, el Ministerio Público acusa a los imputados de desfalco al Estado dominicano con más de RD$5,000 millones.
Los principales acusados en el entramado son los hermanos Juan Alexis Medina Sánchez y Carmen Magalys Medina Sánchez.
También figura el exministro de Salud Pública, Lorenzo Wilfrido Hidalgo Núñez; el excontralor, Rafael Antonio Germosén, y el exdirector del FONPER Fernando Rosa.
Santo Domingo.-Cuando vence el plazo para que el Ministerio Público presentar acusación en contra de los implicados en el caso Calamar, tres ex-funcionarios del Gobierno de Danilo Medina fueron sometidos a interrogatorios.
El pasado viernes, los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho interrogaron al ex administrador del Banco de Reservas, Simón Lizardo, y al exministro de Obras Públicas, Ramón Antonio Pepín del Rosario.
Otro de los exfuncionarios que ha requerido Berenice Reynoso, directora de Persecución, y Camacho, director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), es el exdirector del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Emilio Toribio.
Camacho anunció que en los próximos días, en la presentación de la acusación del caso Calamar, serían involucrados nuevos imputados y la presentación de nuevas pruebas.
Simón Lizardo, figura en el expediente acusatorio del caso Calamar, conjuntamente con el ex ministro de Hacienda, Donald Guerrero, el ex ministro de la Presidencia, José Ramón Peralta, el ex ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, como uno de los que estuvo en una de las reuniones de los principales señalados del supuesto entramado contra el Estado por más de 17,000 millones de pesos.
Así lo especifica la instrumentación del Ministerio Público en su solicitud de medidas de coerción, en la que menciona a Lizardo en la página 32 como uno de los que supuestamente conversó y «tramitó» el inicio del presunto plan en detrimento del erario.
Desde el 2021, que iniciaron los procesos de corrupción cometidos en la pasada administración de Danilo Medina, Simón Lizardo ha sido interrogado en reiteradas ocasiones en la Procuraduría General de la República.
El pasado 8 de abril, la jueza suplente del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Franchesca Potentini, intimó a la procuradora Miriam Germán Brito a presentar acusación en contra de los implicados en el caso Calamar, en un plazo de 15 días.
La jueza advirtió a los fiscales que de no cumplir con la presentación de la acusación cuyo plazo vence el 6 de mayo, se procederá a fijar audiencia de extinción de la acción penal.
La decisión fue tomada en virtud a una solicitud hecha por la defensa del ex ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, doctores Luis Rivas y Laura Acosta, a la que se sumó la defensa de los demás implicados, quienes plantearon al tribunal declarare la inadmisibilidad sobrevenida del conocimiento de la solicitud de prórroga por cuatro meses que hizo el Ministerio Público para presentar acto conclusivo.
En el caso figuran además como imputados el ex contralor General de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo, el ex director de Catastro Nacional.
También Claudio Silver Peña, el economista Ángel Lockward y los exdirectores de Casinos, de Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández, Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emir Fernández de Paola.
Igualmente, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación, Ana Linda Fernández, Aldo Antonio Gerbasi, Ramón David Hernández, Víctor Matías Encarnación y Rafael Parmenio Rodríguez Encarnación.
La imputación preliminar del Ministerio Público en contra de los imputados es de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente, lavado de activos, entre otros.