Opinión
Elecciones degradadas y pervertidas
Narciso Isa Conde
El proceso electoral que culminó en las votaciones del domingo 15 de mayo ha sido el más tramposo, inequitativo, corrompido y adulterado a favor de las candidaturas oficialistas, en las últimas cinco décadas.
Estamos ante una verdadera estafa electoral a consecuencia de una gran cantidad de trampas, abusos y adulteraciones de larga y corta data; muchas de ellas aceptadas y/o compartidas dócilmente o oportunistamente por una oposición electoralista inconsecuente hasta con su propio rol.
Dos paquetes de fraudes han sido ejecutados para imponer de todas maneras, a costa de la aceleración de su proceso de putrefacción institucional, la continuidad forzada de la corrompida dictadura peledeísta:
* Uno que corresponde a un fraude estructural que se ha tornado crónico, fraguado y ejecutado previamente al día de las votaciones.
* Otro coyuntural, que se centra en graves adulteraciones en el curso del ejercicio y conteo de votos, que empecinadamente procura modificar resultados adversos al oficialismo.
INSTITUCIONALIDAD Y FRAUDE ESTRUCTURAL.
La descomposición, corrupción y degradación de las instituciones y el proceso hacia la dictadura política (vía el control absoluto del Estado por una casta partidista corrompida y una especie de lumpen burguesía), así como el desguañangue del sistema tradicional de partidos, se aceleró y alcanzó niveles sin precedentes desde el 2010, mediante la aprobación de una Constitución a la medida de ese funesto propósito y haciendo provecho de los resultados de unos manipulados comicios de medio tiempo que le posibilitaron dominar absolutamente el Senado y otras entidades claves.
En ese contexto el Comité Político del PLD optó – prácticamente sin reacciones contrarias enérgicas de la oposición electoralista ni resistencias significativas- por implementar desde el Estado bajo su control los siguientes procedimientos espurios destinados a perfeccionar el fraude estructural a su favor:
-Monitoreo con fines clientelistas de más de un millón de personas dependientes de sueldos, dádivas, botellas, programas, nominillas y bonos de “solidaridad”. Compra de partidos, dirigentes y grupos opositores. Divisiones y cooptaciones de sectores adversos. Asaltos de matrículas electorales en
disputa por sentencias de tribunales manipulados. Empleo abusivo y brutal de la inversión pública para promover su continuismo, facilidades fiscales selectivas, privilegios escandalosos, programas de la presidencia y asistencialismo estatal en gran escala para torcer voluntades con fines clientelistas. Asociaciones ventajosas con todo tipo de gansterismo, incluida la narco-delincuencia. Creación de bandas civiles y enlaces con grupos delincuenciales armados para intimidar oportunamente. Uso sistemático del patrimonio y el poder del Estado para condicionar la competencia pre-electoral a su favor, con énfasis especial en la candidatura presidencial. Similar inconducta desde todas y cada una de las instituciones electivas y no electivas: Congreso, Alcaldías, JCE, “altas cortes”, cuerpos castrenses…
Pero eso no fue todo, hay más cosas y más graves como:
– El brutal enriquecimiento ilícito, escandalosamente impune, de la cúpula del partido de gobierno y sus facciones. El dominio de los órganos de decisión y administración del proceso electoral. La negación de democracia hacia dentro del partido y hacia la sociedad. El avasallamiento mediático-publicitario a través emisoras y televisoras bajo control estatal, redes de medios particulares afines y propias, nutridas cuentas de publicidad usadas para sobornar y controlar numerosos medios privados y productores de programas, y compra masiva de miles de comunicadores y “hacedores” de opinión.
Y a consecuencia de ese conjunto de procedimientos se transformó el cogollo del PLD en una corporación política y económica, plagada de pugnas y ambiciones personales, que se asienta en sistema estatal dictatorial avasallante y se nutre de él. Que electoralmente compite con un polo opositor también de derecha, sensiblemente debilitado, pero que logró exhibir -con la ayuda indirecta de sectores inteligentes de la clase dominante- cierta capacidad para generar falsas expectativas bipartidistas a nivel presidencial y reales situaciones de competencias cerradas en no pocas competencias congresuales y municipales.
Esto último fue facilitado por la enorme crisis que corroe, fracciona y desarticula importantes estructuras del PLD; crisis expresada en mayor grado en choques generados por las candidaturas impuestas por el pacto impunidad por reelección y las aspiraciones bloqueadas a nuevas camadas de cuadros.
Esta combinación y relación entre ese oficialismo y una oposición de derecha “competitiva”, redujo al mínimo a las minorías partidistas del “centro-progresista”, de derecha y extrema derecha, no subordinadas al Partido de la Liberación Dominicana-PLD o al Partido Revolucionario Moderno aliado al Partido Reformista Socialcristiano-PRSC).
Los mecanismos de sobornos y repartos empleados por el PLD para comprar previamente a las votaciones la matricula cuasi-vacía del PRD y los usados por el PRM para comprar al destartalado PRSC, crearon la posibilidad de una limitada recuperación electoral del estos dos cascarones políticos en extinción; los cuales por sí mismo jamás hubieran llegado al 5% de la votación que provisionalmente se anuncia van a ostentar; y que concomitantemente le dan “derecho” a recibir muchos millones de pesos del financiamiento estatal, equivalente a la escandalosa tajada que habrán de chuparse el PLD y el PRD. Y esa práctica en ambos casos, que además de ignominiosa tiende a revivir mafias políticas derrotadas- es a todas luces corrupción de la peor.
CARACTERÍSTICAS DEL FRAUDE COYUNTURAL O DE CONTIGENCIA.
A ese fraude estructural se le agregó el fraude de contingencia o coyuntural, dirigido a alterar votaciones donde fuera necesario y posible, para el oficialismo tramposo impedir reveses costosos.
La compra de cédulas y votos alrededor y dentro de los Colegio, la compra de delegados de partidos opositores y de funcionarios de colegios y juntas, alteración y desaparición de actas, robo de urnas por civiles y militares, tumultos violentos con daños a la votación, amenazas y agresiones directas…, entre otras fechorías, formaron parte del menú de la mafia electoral en la ejecución del fraude de contingencia.
Todo eso fue reforzado con la compra, instalación, imposición y empleo precipitado de un sistema electrónico, que además de responder a la ejecución de un jugoso negocio de millones de dólares a favor del Presidente de la JCE y la claque corrupta que controla esa entidad, perseguía acelerar la proyección de tendencias favorables al oficialismo, reemplazar parcialmente el conteo a manos, confundir y sustituir actas e introducir diversas trampas electrónicas; creando de paso – por todas las torpezas desatadas- una crisis post-electoral extensa y delicada que evidenció la intención de múltiples fraudes y la ejecución grotesca de otros que acompañan la pus que emana de todo el sistema.
Al mismo tiempo, la impopularidad de muchas opciones oficiales y las divisiones y pugnas que las corroen, han facilitado victorias evidentes de la alianza PRM-PRSC a nivel congresual y municipal; aunque no en gran escala y en la mayoría de los casos a favor de representantes de la partidocracia tradicional, provocando a la vez competencias cerradas en no pocos puntos del territorio nacional, donde las disputas asumen diferentes niveles de enfrentamientos, incluso violentos.
Vale destacar también que los abusos internos en espacios bajo control de ambas opciones y la presencia de algunas candidaturas jóvenes con liderazgos reales a su interior y en sus ámbitos territoriales, junto a puntuales postulaciones atractivas de corte progresista desde algunos de los pequeños partidos autónomo de las grandes alianzas tradicionales, incidieron para el crecimiento relativo del voto preferencial y el respaldo a liderazgo locales enfrentados a candidatos desacreditados.
Por esas razones se han ampliado limitadamente las posibilidades de candidaturas con esa tipificación, ajenas al interés de las cúpulas tradicionales al interior de sus partidos, como también algunas provenientes de opciones minoritarias, que aun reducidas a mínimas expresiones electorales, tienen cierta podrían lograr entrar al sistema por esas grietas; a lo que se le agrega lo relativamente fácil de lograr la plaza de diputados/as nacionales desde esas agrupaciones pequeñas independientes que logren alcanzar por sí mismas el 1% de los votos válidos, siempre que se respete lo establecido.
Esto último podría favorecer a Alianza País, opción que aun con una votación menor del 2% (la más alta de los llamados partidos chiquitos) tiene esas posibilidad; y también a ciertos grupos minoritarios integrados a las grandes alianza, y que subordinadas a ellas procuran cuotas propias con discursos relativamente distintos.
Por otra parte, está la singular postulación de David Collado, integrado y sustentado por el Grupo Vicini, que es la expresión más poderosa y voraz del capitalismo dominicano con vocación transnacional.
Postulado en la boleta del PRSC, militando formalmente en el PRM y respaldado por las elites empresariales y por el propio presidente Danilo Medina y la corriente distrital peledeísta que encabeza Domingo (ex-aspirante a esa posición), la candidatura de David Collado tiene las características de una soterrada y habil confabulación para derrotar la postulación del desgastado y corrupto Alcalde de la Capital Roberto Salcedo ( articulado en el PLD a la facción del ex–presidente Leonel Fernández) y traspasar la gestión de la Capital a la más rancia oligarquía capitalista.
RESULTADOS PROVISIONALES
Los resultados, profusamente enlodados, están a la vista:
-Una abstención que ronda entre el 30 y 40% del padrón electoral (según la zonas y la composición social), sin contar un volumen alto de electores/as jóvenes que no se inscribió o fue sacado del padrón electoral, que la sitúa cerca del 50%, con un componente de rechazo o desprecio al evento electoral, que forma parte no cuantificable de ese porcentaje.
– Un 61.5% de los votos válidos en a favor del Presidente reeleccionista.
-Un 35% para el principal candidato opositor Luís Abinader, seguido a mucha distancia de Guillermo Moreno con poco menos del 2%.
-Reducción a niveles ínfimos de las votaciones de los demás pequeños partidos.
-Algo más del 5% a favor del PRSC y del PRD, ambos artificialmente inflados y legalmente rehabilitados, además de ignominiosamente compensados y enriquecidos por el PLD y el PRM respectivamente.
-David Collado triunfante por amplio margen, propagandizado como un gran fenómeno electoral protagonizado por ese joven “emprededor”; aunque así gana cualquiera.
–Situaciones mucho más conflictivas y menos favorables para el oficialismo a nivel de los resultados congresuales y municipales, que van conformando una suma de crisis post-electorales en muchos puntos del territorio del país, que incluyen fuertes gestos de indignación y rebeldía de amplio sectores populares más allá de las reacciones de los líderes de la oposición electoral.
-Incremento de los déficits gubernamentales a consecuencia del enorme dispendio electoral y de la corruptela que le acompañaron, situación que
pasados los comicios de seguro generan reacciones gubernamentales y de la clase dominante a favor de los ajustes y paquetes de medidas económicas anti-populares, provocadoras de nuevas indignaciones y tensiones sociales.
REPUESTA ALTERNATIVA
Ese 61% de Danilo, además de coyuntural, es sumamente fofo, frágil, inconsistente. Ahora vienen, además, las cobranza de los apoyos brindados a la reelección por elites sociales y mafias políticas voraces.
Pasados estas elecciones traumáticas todo habrá de empeorarse. El régimen tendrá que enfrentar grandes dificultades económicas y fuertes reclamos fruto de grandes insatisfacciones sociales y de la dramática crisis ambiental; además de pagar el costo político de este desastre electoral y del agravamiento creciente de la descomposición institucional.
La indetenible crisis de decadencia de los partidos tradicionales, oficialistas y opositores, tendrá nuevas expresiones. Igual las instituciones que controlan.
Al tratarse de una imposición oficialista repleta de pus y de un salto más hacia la degradación institucional y la descomposición del tradicional sistema de partidos generador de desconfianzas, estos resultados no merecen ni aplaudirse ni respetarse, mucho menos refrendarlos con pasividad y resignación, sin promover y respaldar toda desobediencia contra el abuso y la negación de derechos.
Por el contrario es un deber -incluso de los que no votamos, de quienes advertimos y combatimos anticipadamente la trampa y sus resultantes- exhortar a los votantes timados, burlados a defender sus derechos, a exigir que les cuente sus votos y a demandarles a sus dirigentes que asuman la responsabilidad de no aceptar resultados truqueados, ni ahora ni después; lo que en muchos casos implica un comportamiento distinto a su consabida tendencia a negociarlo todo.
Pero más allá de esa pelea inmediata y de esos conflictos electorales sin mayores implicaciones de alternativas de cambios, pero que tampoco se resuelven favorablemente a los/as afectados/as sin movilizaciones y protestas contundentes, llamamos a impugnar la continuidad de esta dictadura política en su conjunto, ahora chorreando más lodo.
Hay que proponerse y convencer de eso a gran parte del pueblo, porque de nuevo se ha demostrado que es imposible de hacerlo a través de las urnas que el propio régimen controla y manipula.
Está cada vez más claro que esta corrompida y corruptora dictadura morada y sus perversidades, solo pueden derrotarse con la movilización del pueblo en ciudades y campos del país, al compás de todas las demandas en defensa de la vida, del respeto a los derechos ciudadanos y la dignidad del ser humano, a cargo de una fuerza impulsora diametralmente distinta al partidismo tradicional altamente maleado.
A falta de democracia en las instituciones -algo que profundizará en el marco de este continuismo montado sobre los dos fraudes denunciados- se impone ejercer la DEMOCRACIA DE CALLE.
A falta incluso de democracia electoral, se requiere transitar fundamentalmente por rutas y espacios situados fuera de estas instituciones, de estas normas constitucionales y estos sistemas electorales pervertidos, solo aptos para nuevos fraudes.
La destitución de la JCE debió plantearse desde su origen y debe seguirse demandando. Pero ya es insuficiente.
A lo interno del Estado y del gobierno, ambos secuestrados y monopolizados por la cúpula del PLD, estas elecciones marcan también un cambio en la correlación de fuerza a favor del presidente reeleccionista y en detrimento de Leonel Fernández, y es posible que el primero se proponga la restructuración de la JCE y las llamadas altas cortes bajo control del leonelismo.
Por eso decimos que re-estructurar la JCE y esos organismos -en marco de la misma dictadura, ahora bajo el mando del presidente Medina- es insuficiente y no rebasaría un simple cambio de hegemonía en el seno de la corporación que las controla, o un nuevo pacto con sectores de igual calaña.
Tal situación, por tanto, obliga a ir más allá: a desplegar la democracia de calle para impugnar todo el andamiaje de la dictadura, todas las instituciones prostituidas por ella, todo el poder constituido; creando contra-poder popular paralelo, en cada conflicto o confrontación y nacionalmente, en el marco de un proceso constituyente para la refundación de la república y transformación democrática del país hacia una sociedad justa y solidaria.
Asume, en consecuencia más pertinencia la CONSTITUYENTE POPULAR Y SOBERANA para cambiarlo todo lo degradado e inservible.
Por José Cabral.
Es muy bonito escuchar por la televisión y todos los demás medios de comunicación el tema de los derechos fundamentales, cuya realidad envía un mensaje distinto.
En más de una ocasión he planteado el serio problema en que está atrapada la sociedad dominicana en el contexto del sistema de justicia nacional.
Lo primero es que nadie, absolutamente nadie, respeta como debe ser la justicia constitucional, ni siquiera las cortes que tienen la misión de velar por ella mediante los recursos extraordinarios para la preservación y respeto de la constitución.
El primer ejemplo de lo que ocurre con la violación de la Constitución y con el no respeto de los derechos fundamentales, tanto a nivel del derecho interno como del externo, es la actitud del Ministerio Público, el cual destina al zafacón las denuncias y querellas presentadas por aquellas personas humanas víctimas de robos, asaltos a mano armada y de una gran variedad de actos delincuenciales.
El asunto es tan grave que cuando las victiman reclaman resultados de sus querellas o denuncias el fiscal procede con un archivo definitivo en virtud de lo que dispone el artículo 181 del Código Procesal Penal, pero peor aun cuando el perjudicado decide someter un recurso de objeción ante el juez de Instrucción, el cual regularmente lo que hace es ratificar lo decidido por el Ministerio Público.
En este caso no importa la violación que cometa el fiscal que ha manejado el caso, lo cual se constituye en una violación de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, consignados en los artículos 68 y 69 de la Constitución.
Pero la cuestión se complica cuando hay que acudir mediante un recurso contencioso administrativo por las constantes y graves violaciones de los derechos de los administrados, cuyo desempeño de los jueces de esta jurisdicción, hermanita de padre y madre del derecho constitucional, actúa como una caja de resonancia del Procuraduría General Administrativa y ahora abogado del Estado.
Es frustratorio e imperdonable lo que ocurre en esta jurisdicción de la justicia, pero todavía la cuestión es mucho más preocupante con la emisión de una serie de sentencias que violentan los más elementales principios del derecho constitucional.
Sin embargo, lo más deprimente es cuando se somete un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia, cuyo fallo se produce cuando ya los justiciables han muerto o de revisión de una acción de amparo o de una decisión jurisdiccional ante el Tribunal Constitucional, en cuyos órganos se concreta la expresión de que justicia tardía es justicia denegada, dado que los casos son decididos hasta 2, 3 y hasta 4 años después de haberse sometido.
Voy seguir con el tema, pero lo que he dicho hasta este punto indica que la Constitución dominicana y el neo-constitucionalismo que tanto se pregona es una forma de que el país esté a la moda con esta corriente, pero que la realidad está más asociada con la herencia histórico cultural del pueblo dominicano, en la que prevalecen una serie de antivalores como el amiguismo, el machismo, el patriarcado y el caudillismo, entre otros.
Sólo el pueblo dominicano puede superar la sociedad de las cavernas en que nos tienen sumergidos los partidos políticos y otros actores de la democracia de papel que se ha impuesto en la República Dominicana.
Por Isaías Ramos
¿Puede el Congreso aprobar una ley que contradiga, en la práctica, una sentencia vinculante del Tribunal Constitucional? Esa es la pregunta que hoy enfrenta la República Dominicana tras la aprobación en primera lectura en el Senado de un proyecto que eliminaría las candidaturas independientes.
Más allá de las diferencias políticas que puedan existir sobre el modelo electoral, lo que está en discusión es algo mucho más profundo: el respeto a la Constitución de la República Dominicana, a los derechos políticos de los ciudadanos y a las decisiones vinculantes del máximo órgano de control constitucional del país.
En diciembre de 2024, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales diversas disposiciones de la legislación electoral que imponían trabas desproporcionadas a las candidaturas independientes. La decisión procuró garantizar que el derecho de los ciudadanos a elegir y ser elegidos no quedara condicionado exclusivamente a la estructura de los partidos políticos.
Sin embargo, lo ocurrido en el Congreso parece avanzar en dirección contraria. La aprobación de un proyecto que, en la práctica, eliminaría las candidaturas independientes plantea un choque evidente entre la voluntad legislativa y una sentencia vinculante del máximo intérprete de la Constitución.
La gravedad del momento institucional se acentúa aún más cuando se observa que la decisión fue adoptada de manera prácticamente unánime por los senadores. Resulta legítimo preguntarse si todos los legisladores han reflexionado plenamente sobre el alcance constitucional de la decisión adoptada o si estamos ante una reacción política frente a una sentencia que algunos sectores preferirían ignorar.
Algunos constitucionalistas, como Eduardo Jorge Prats, han descrito esta reacción como una “rabieta institucional hiperpartidista disfrazada de defensa de los partidos”. Más allá de la dureza de esa expresión, la advertencia merece una reflexión seria. Cuando las decisiones de un tribunal constitucional comienzan a ser relativizadas o neutralizadas mediante decisiones políticas, el equilibrio institucional de una democracia empieza a resentirse.
La Constitución dominicana es clara en este punto. El artículo 6 establece que todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución. El artículo 68 dispone que corresponde al Estado garantizar la efectividad de los derechos fundamentales; no basta con reconocerlos en el texto constitucional, es necesario hacerlos posibles en la realidad. El artículo 73 establece la nulidad de pleno derecho de los actos contrarios a la Constitución. El artículo 74 consagra el carácter progresivo de los derechos fundamentales. Y el artículo 184 reconoce al Tribunal Constitucional como el órgano encargado de garantizar la supremacía de la Carta Magna.
A la luz de esos principios, la iniciativa aprobada en primera lectura adquiere una dimensión particularmente sensible para el orden constitucional. Lo que está en juego es una posible tensión institucional con el Tribunal Constitucional si una ley terminara reproduciendo, en la práctica, las mismas restricciones que el propio tribunal declaró inconstitucionales. Una situación así podría tener consecuencias graves para el orden constitucional.
El artículo 68 de la Constitución no es una disposición abstracta: es la garantía de que los derechos fundamentales tengan contenido real y efectivo. Cuando el Estado limita injustificadamente vías de participación política, no solo restringe un derecho; también debilita la confianza del ciudadano en las instituciones llamadas a protegerlo.
Este no es un debate sobre simpatías o antipatías hacia las candidaturas independientes, ni sobre la importancia de los partidos políticos. Los partidos son pilares fundamentales de la democracia. Pero reconocer su importancia no significa convertirlos en los únicos canales posibles de participación política. La democracia dominicana debe abrir puertas al ciudadano, no cerrarlas.
Si la Constitución reconoce derechos políticos a los ciudadanos, surge entonces una pregunta de fondo: ¿quién puede legítimamente restringirlos? Los derechos políticos pertenecen al pueblo dominicano. Los partidos son uno —pero no el único— de los canales para ejercerlos.
Las democracias se sostienen sobre un principio simple pero esencial: la Constitución es la norma suprema del Estado y todos los poderes públicos están sometidos a ella. Cuando ese principio comienza a relativizarse, la confianza institucional se erosiona y el sistema democrático se vuelve más frágil.
Nuestro deber como nación —y particularmente de quienes ejercen responsabilidades públicas— es proteger la Constitución incluso cuando hacerlo resulte incómodo o políticamente inconveniente. El respeto al orden constitucional no es una opción circunstancial: es la base misma sobre la cual descansa la estabilidad institucional de la República.
La estabilidad democrática que hoy disfruta la República Dominicana no es un accidente histórico. Tampoco ha sido un proceso perfecto: a lo largo del tiempo ha habido episodios de indiferencia frente a los deberes y mandatos constitucionales. Pero precisamente por esa experiencia acumulada sabemos que debilitar las reglas del juego institucional solo aumenta los riesgos para el orden democrático en un mundo marcado por crecientes tensiones geopolíticas y desafíos globales.
Desde el Foro Cívico y Social y el Frente Cívico y Social creemos firmemente que aún hay espacio para la reflexión institucional. Por ello hacemos un llamado respetuoso pero firme a los honorables senadores para que, antes de la segunda lectura de este proyecto, revisen con serenidad el alcance constitucional de la decisión que se está tomando.
También está en juego el mensaje institucional que el Congreso envía al país. Cuando un poder del Estado parece actuar en contradicción con la Constitución o con una sentencia vinculante del Tribunal Constitucional, el mensaje hacia la ciudadanía y hacia las instituciones públicas es institucionalmente delicado.
En una democracia constitucional, los derechos políticos del ciudadano no dependen de la voluntad de los partidos ni de las mayorías circunstanciales del Congreso. Dependen de la Constitución. Porque cuando una democracia olvida que la Constitución es su límite, no se debilitan los partidos: se debilita la República.
Despierta RD!
(Primera entrega)
Por Oscar López Reyes
Las costumbres, creencias y valores tradicionales pierden incidencia colectiva o se están esfumando, igual que la rigidez en la gobernanza de la democracia representativa/liberal; se dispersan en el descrédito y desarticulan organizaciones socio-comunitarias y sus líderes más experimentados. La vieja ciudadanía y la identidad cultural se desgastan en su funcionalidad y legitimidad, y no por casuística.
Las instancias del poder típico y clásico han menguado, y las voces que antaño repercutían con resonancia se apagan en el anclaje del paisaje de la individualización, el aislamiento y la fatiga, porque en la globalización y el necrocapitalismo se satisfacen pírricamente los deseos y aspiraciones comunales. Al unísono, esta nueva dinámica ha reducido la lucha de clases y puesto en jaque el viejo discurso político y los lances episódicos y coyunturalistas.
Visualicemos 10 componentes claves de las añejas estructuras del dominio y los procesos neodemocráticos:
1.- Crisis paternal y profesoral. Los jefes del hogar y la escuela han perdido autoridad, haciendo descansar las influencias de infantes y adolescentes en amistades de estos y en los dispositivos electrónicos, que desconcentran y aíslan. Esos tutores no les fijan límites razonables, en una permisividad aupada por el temor al autoritarismo y a la culpabilidad (“crianza culposa”). La fragilidad en el mando de los docentes radica en el escaso respaldo familiar, el decaimiento de algunos padres hacia sus hijos y su desarmonía con las nuevas tecnologías.
2.- Los partidos de masas. Las organizaciones políticas legendarias/rutinarias de alta afiliación han devenido en flácidas estructuras orgánicas, con una militancia con una pobre formación ideológica. Sus características principales son la personalización de su liderazgo en la obsolescencia e inadaptación en un contexto societario en constante cambio, la búsqueda energúmena de cargos públicos y beneficios particulares, la incursión en actos delictivos, como la corrupción, la descomposición, la escasa lealtad y las exigencias monetarias. Esos agravios se han traducido en inercia, estancamiento y en endeble suficiencia de esos partidos para movilizar a los conglomerados.
3.- Los partidos de izquierda. La atomización y decadencia del sistema de agrupaciones de izquierda tiene su raíz en el enclaustramiento a los principios invariables de la Revolución Bolchevique comandada por los reverenciados ideólogos comunistas Vladimir Lenin, León Trotsky y José Stalin (Rusia, 1917), que conduce a la negación de los cambios, o sea, a la resistencia inconsciente a la readecuación a los nuevos tiempos hegemonizados por el marketing y las alternativas populistas nacionalistas. El progresismo no aprovecha la crisis de la plutocracia librecambista, se estanca y retrocede porque tampoco satisface las aspiraciones de la mayoría. Con su dogmatismo divisionista, la izquierda no se amolda a las conversiones, ni responde a desafíos contemporáneos, como la equilibrada, emergente y ascendente República Popular China.
4.- Los grupos estudiantiles. Recrean en la penumbra de la reminiscencia los movimientos estudiantiles de liceos secundarios y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) de las décadas 1960-1980, cuyos miembros y simpatizantes salían a las calles a movilizarse -con quemas de neumáticos y enfrentamientos con agentes de la Policía Nacional- por reivindicaciones académicas y el respetado a las libertades públicas y los derechos humanos. Han sido empequeñecidos y diezmados por la hegemonía del modelo mercantilista neoliberal, la vigencia democrática, la minimización de la izquierda y el predominio del egocentrismo.
5.- Los gremios de empresas. La afiliación sindical está en declive por la disminución de las grandes industrias manufactureras y la automatización tecnológica, que reduce empleos, mejora calidad y aumenta la productividad; el anarcosindicalismo, la percepción de corrupción y la politización de los gremios. Ahora una laptop tonifica con más utilidad que un sindicato.
6.- La gobernanza estatal. La jurisdicción del presidente de la República mengua, por los reclamos de la opinión pública en sociedades democráticas, la vigencia del estado de derecho, las imposiciones de organismos internacionales y los grupos de intereses. Asimismo, la influencia y el poder de funcionarios del Estado se ha limitado (no eliminado) por la implementación de normativas contra sobornos en licitaciones y adquisiciones, la prohibición de doble cargo remunerado, los contubernios y negocios asociados, la reducción de gastos operativos y otros relativos a los procesos de transparencia, y por temores a las denuncias públicas (los desfalcos y peculados son más conocidos) y a los enjuiciamientos judiciales.
7.- La prensa tradicional. Eleva su grado de credibilidad y se reinventa en novedosas esferas, pero desperdicia audiencias y protagonismo por el advenimiento de la internet. También les perforan las redes sociales y la gratuidad de otras plataformas digitales, que son preferidas por los nuevos usuarios, especialmente los jóvenes.
8.- Los militares y policías. Los ciudadanos respetan cada vez menos a los cuerpos policiales y castrenses, que han erosionado su confianza por sus arbitrariedades, la prevaricación y gangrena, la complicidad con crímenes y su incompetencia para afrontar la desbordada delincuencia sistémica. Están siendo frenados por las denuncias ciudadanas y los rollizos esfuerzos de las autoridades oficiales, como las reformas institucionales.
9.- Las masonerías y los clubes culturales. Se estropean y desvanecen las entidades extremadamente cerradas, restringidas, desactualizadas, monótonas y sin presupuestos, como las logias masónicas y los clubes culturales. Por el contrario, las religiones se transforman y crece la espiritualidad, con prácticas como el yoga/meditación, adaptadas a estilos de convivencia flexibles, abiertos, individualistas y globalizados.
10.- Las ligas campesinas. Décadas atrás, comunidades rurales bullían de efervescencia, en intensas jornadas de lucha –que cobró vidas humanas- por la Reforma Agraria, motorizadas por núcleos de agricultores sin tierra. Hoy las ligas agrarias son debiluchas, y perecen. Ese declive brota dispersión e ineficacia para organizarse y proteger su producción, así como la emigración a las ciudades del país y el exterior. También han apaciguado el descalabro de la izquierda y el tráfico y lavado de dinero con la venta de predios.
Como se constata en las descripciones y razonamientos predichos, en la Nueva Era de trabajos digitales, computación cuántica e inteligencia artificial, líderes políticos, socio-comunitarios y organizaciones de pelajes dispares no se han remozado en perspectivas de las otras expresiones ciudadanas y paradigmas emergentes en el hogar, la escuela y los cantones geográficos. Su morfema léxico se fue a pique.
Inequívocamente, no han comprendido que las ideas y potestades ya no se imponen únicamente con la coacción o coerción, sino con el diálogo tolerante, la cercanía con discursos moderados e inclinando el pandero en otros espacios de socialización. Si persisten obstinadamente sin girar gradualmente hacia metas prioritarias y alcanzables en el corazón de esas mutaciones societales, las viejas estructuras organizacionales seguirán carcomidas en el aislamiento, por el derrotero de la desarticulación sin retorno. ¡Qué adversidad!, ¡qué lamento!, y ¡qué calamidad!
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El autor: Periodista, escritor y catedrático.
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