Opinión
Elecciones degradadas y pervertidas
Narciso Isa Conde
El proceso electoral que culminó en las votaciones del domingo 15 de mayo ha sido el más tramposo, inequitativo, corrompido y adulterado a favor de las candidaturas oficialistas, en las últimas cinco décadas.
Estamos ante una verdadera estafa electoral a consecuencia de una gran cantidad de trampas, abusos y adulteraciones de larga y corta data; muchas de ellas aceptadas y/o compartidas dócilmente o oportunistamente por una oposición electoralista inconsecuente hasta con su propio rol.
Dos paquetes de fraudes han sido ejecutados para imponer de todas maneras, a costa de la aceleración de su proceso de putrefacción institucional, la continuidad forzada de la corrompida dictadura peledeísta:
* Uno que corresponde a un fraude estructural que se ha tornado crónico, fraguado y ejecutado previamente al día de las votaciones.
* Otro coyuntural, que se centra en graves adulteraciones en el curso del ejercicio y conteo de votos, que empecinadamente procura modificar resultados adversos al oficialismo.
INSTITUCIONALIDAD Y FRAUDE ESTRUCTURAL.
La descomposición, corrupción y degradación de las instituciones y el proceso hacia la dictadura política (vía el control absoluto del Estado por una casta partidista corrompida y una especie de lumpen burguesía), así como el desguañangue del sistema tradicional de partidos, se aceleró y alcanzó niveles sin precedentes desde el 2010, mediante la aprobación de una Constitución a la medida de ese funesto propósito y haciendo provecho de los resultados de unos manipulados comicios de medio tiempo que le posibilitaron dominar absolutamente el Senado y otras entidades claves.
En ese contexto el Comité Político del PLD optó – prácticamente sin reacciones contrarias enérgicas de la oposición electoralista ni resistencias significativas- por implementar desde el Estado bajo su control los siguientes procedimientos espurios destinados a perfeccionar el fraude estructural a su favor:
-Monitoreo con fines clientelistas de más de un millón de personas dependientes de sueldos, dádivas, botellas, programas, nominillas y bonos de “solidaridad”. Compra de partidos, dirigentes y grupos opositores. Divisiones y cooptaciones de sectores adversos. Asaltos de matrículas electorales en
disputa por sentencias de tribunales manipulados. Empleo abusivo y brutal de la inversión pública para promover su continuismo, facilidades fiscales selectivas, privilegios escandalosos, programas de la presidencia y asistencialismo estatal en gran escala para torcer voluntades con fines clientelistas. Asociaciones ventajosas con todo tipo de gansterismo, incluida la narco-delincuencia. Creación de bandas civiles y enlaces con grupos delincuenciales armados para intimidar oportunamente. Uso sistemático del patrimonio y el poder del Estado para condicionar la competencia pre-electoral a su favor, con énfasis especial en la candidatura presidencial. Similar inconducta desde todas y cada una de las instituciones electivas y no electivas: Congreso, Alcaldías, JCE, “altas cortes”, cuerpos castrenses…
Pero eso no fue todo, hay más cosas y más graves como:
– El brutal enriquecimiento ilícito, escandalosamente impune, de la cúpula del partido de gobierno y sus facciones. El dominio de los órganos de decisión y administración del proceso electoral. La negación de democracia hacia dentro del partido y hacia la sociedad. El avasallamiento mediático-publicitario a través emisoras y televisoras bajo control estatal, redes de medios particulares afines y propias, nutridas cuentas de publicidad usadas para sobornar y controlar numerosos medios privados y productores de programas, y compra masiva de miles de comunicadores y “hacedores” de opinión.
Y a consecuencia de ese conjunto de procedimientos se transformó el cogollo del PLD en una corporación política y económica, plagada de pugnas y ambiciones personales, que se asienta en sistema estatal dictatorial avasallante y se nutre de él. Que electoralmente compite con un polo opositor también de derecha, sensiblemente debilitado, pero que logró exhibir -con la ayuda indirecta de sectores inteligentes de la clase dominante- cierta capacidad para generar falsas expectativas bipartidistas a nivel presidencial y reales situaciones de competencias cerradas en no pocas competencias congresuales y municipales.
Esto último fue facilitado por la enorme crisis que corroe, fracciona y desarticula importantes estructuras del PLD; crisis expresada en mayor grado en choques generados por las candidaturas impuestas por el pacto impunidad por reelección y las aspiraciones bloqueadas a nuevas camadas de cuadros.
Esta combinación y relación entre ese oficialismo y una oposición de derecha “competitiva”, redujo al mínimo a las minorías partidistas del “centro-progresista”, de derecha y extrema derecha, no subordinadas al Partido de la Liberación Dominicana-PLD o al Partido Revolucionario Moderno aliado al Partido Reformista Socialcristiano-PRSC).
Los mecanismos de sobornos y repartos empleados por el PLD para comprar previamente a las votaciones la matricula cuasi-vacía del PRD y los usados por el PRM para comprar al destartalado PRSC, crearon la posibilidad de una limitada recuperación electoral del estos dos cascarones políticos en extinción; los cuales por sí mismo jamás hubieran llegado al 5% de la votación que provisionalmente se anuncia van a ostentar; y que concomitantemente le dan “derecho” a recibir muchos millones de pesos del financiamiento estatal, equivalente a la escandalosa tajada que habrán de chuparse el PLD y el PRD. Y esa práctica en ambos casos, que además de ignominiosa tiende a revivir mafias políticas derrotadas- es a todas luces corrupción de la peor.
CARACTERÍSTICAS DEL FRAUDE COYUNTURAL O DE CONTIGENCIA.
A ese fraude estructural se le agregó el fraude de contingencia o coyuntural, dirigido a alterar votaciones donde fuera necesario y posible, para el oficialismo tramposo impedir reveses costosos.
La compra de cédulas y votos alrededor y dentro de los Colegio, la compra de delegados de partidos opositores y de funcionarios de colegios y juntas, alteración y desaparición de actas, robo de urnas por civiles y militares, tumultos violentos con daños a la votación, amenazas y agresiones directas…, entre otras fechorías, formaron parte del menú de la mafia electoral en la ejecución del fraude de contingencia.
Todo eso fue reforzado con la compra, instalación, imposición y empleo precipitado de un sistema electrónico, que además de responder a la ejecución de un jugoso negocio de millones de dólares a favor del Presidente de la JCE y la claque corrupta que controla esa entidad, perseguía acelerar la proyección de tendencias favorables al oficialismo, reemplazar parcialmente el conteo a manos, confundir y sustituir actas e introducir diversas trampas electrónicas; creando de paso – por todas las torpezas desatadas- una crisis post-electoral extensa y delicada que evidenció la intención de múltiples fraudes y la ejecución grotesca de otros que acompañan la pus que emana de todo el sistema.
Al mismo tiempo, la impopularidad de muchas opciones oficiales y las divisiones y pugnas que las corroen, han facilitado victorias evidentes de la alianza PRM-PRSC a nivel congresual y municipal; aunque no en gran escala y en la mayoría de los casos a favor de representantes de la partidocracia tradicional, provocando a la vez competencias cerradas en no pocos puntos del territorio nacional, donde las disputas asumen diferentes niveles de enfrentamientos, incluso violentos.
Vale destacar también que los abusos internos en espacios bajo control de ambas opciones y la presencia de algunas candidaturas jóvenes con liderazgos reales a su interior y en sus ámbitos territoriales, junto a puntuales postulaciones atractivas de corte progresista desde algunos de los pequeños partidos autónomo de las grandes alianzas tradicionales, incidieron para el crecimiento relativo del voto preferencial y el respaldo a liderazgo locales enfrentados a candidatos desacreditados.
Por esas razones se han ampliado limitadamente las posibilidades de candidaturas con esa tipificación, ajenas al interés de las cúpulas tradicionales al interior de sus partidos, como también algunas provenientes de opciones minoritarias, que aun reducidas a mínimas expresiones electorales, tienen cierta podrían lograr entrar al sistema por esas grietas; a lo que se le agrega lo relativamente fácil de lograr la plaza de diputados/as nacionales desde esas agrupaciones pequeñas independientes que logren alcanzar por sí mismas el 1% de los votos válidos, siempre que se respete lo establecido.
Esto último podría favorecer a Alianza País, opción que aun con una votación menor del 2% (la más alta de los llamados partidos chiquitos) tiene esas posibilidad; y también a ciertos grupos minoritarios integrados a las grandes alianza, y que subordinadas a ellas procuran cuotas propias con discursos relativamente distintos.
Por otra parte, está la singular postulación de David Collado, integrado y sustentado por el Grupo Vicini, que es la expresión más poderosa y voraz del capitalismo dominicano con vocación transnacional.
Postulado en la boleta del PRSC, militando formalmente en el PRM y respaldado por las elites empresariales y por el propio presidente Danilo Medina y la corriente distrital peledeísta que encabeza Domingo (ex-aspirante a esa posición), la candidatura de David Collado tiene las características de una soterrada y habil confabulación para derrotar la postulación del desgastado y corrupto Alcalde de la Capital Roberto Salcedo ( articulado en el PLD a la facción del ex–presidente Leonel Fernández) y traspasar la gestión de la Capital a la más rancia oligarquía capitalista.
RESULTADOS PROVISIONALES
Los resultados, profusamente enlodados, están a la vista:
-Una abstención que ronda entre el 30 y 40% del padrón electoral (según la zonas y la composición social), sin contar un volumen alto de electores/as jóvenes que no se inscribió o fue sacado del padrón electoral, que la sitúa cerca del 50%, con un componente de rechazo o desprecio al evento electoral, que forma parte no cuantificable de ese porcentaje.
– Un 61.5% de los votos válidos en a favor del Presidente reeleccionista.
-Un 35% para el principal candidato opositor Luís Abinader, seguido a mucha distancia de Guillermo Moreno con poco menos del 2%.
-Reducción a niveles ínfimos de las votaciones de los demás pequeños partidos.
-Algo más del 5% a favor del PRSC y del PRD, ambos artificialmente inflados y legalmente rehabilitados, además de ignominiosamente compensados y enriquecidos por el PLD y el PRM respectivamente.
-David Collado triunfante por amplio margen, propagandizado como un gran fenómeno electoral protagonizado por ese joven “emprededor”; aunque así gana cualquiera.
–Situaciones mucho más conflictivas y menos favorables para el oficialismo a nivel de los resultados congresuales y municipales, que van conformando una suma de crisis post-electorales en muchos puntos del territorio del país, que incluyen fuertes gestos de indignación y rebeldía de amplio sectores populares más allá de las reacciones de los líderes de la oposición electoral.
-Incremento de los déficits gubernamentales a consecuencia del enorme dispendio electoral y de la corruptela que le acompañaron, situación que
pasados los comicios de seguro generan reacciones gubernamentales y de la clase dominante a favor de los ajustes y paquetes de medidas económicas anti-populares, provocadoras de nuevas indignaciones y tensiones sociales.
REPUESTA ALTERNATIVA
Ese 61% de Danilo, además de coyuntural, es sumamente fofo, frágil, inconsistente. Ahora vienen, además, las cobranza de los apoyos brindados a la reelección por elites sociales y mafias políticas voraces.
Pasados estas elecciones traumáticas todo habrá de empeorarse. El régimen tendrá que enfrentar grandes dificultades económicas y fuertes reclamos fruto de grandes insatisfacciones sociales y de la dramática crisis ambiental; además de pagar el costo político de este desastre electoral y del agravamiento creciente de la descomposición institucional.
La indetenible crisis de decadencia de los partidos tradicionales, oficialistas y opositores, tendrá nuevas expresiones. Igual las instituciones que controlan.
Al tratarse de una imposición oficialista repleta de pus y de un salto más hacia la degradación institucional y la descomposición del tradicional sistema de partidos generador de desconfianzas, estos resultados no merecen ni aplaudirse ni respetarse, mucho menos refrendarlos con pasividad y resignación, sin promover y respaldar toda desobediencia contra el abuso y la negación de derechos.
Por el contrario es un deber -incluso de los que no votamos, de quienes advertimos y combatimos anticipadamente la trampa y sus resultantes- exhortar a los votantes timados, burlados a defender sus derechos, a exigir que les cuente sus votos y a demandarles a sus dirigentes que asuman la responsabilidad de no aceptar resultados truqueados, ni ahora ni después; lo que en muchos casos implica un comportamiento distinto a su consabida tendencia a negociarlo todo.
Pero más allá de esa pelea inmediata y de esos conflictos electorales sin mayores implicaciones de alternativas de cambios, pero que tampoco se resuelven favorablemente a los/as afectados/as sin movilizaciones y protestas contundentes, llamamos a impugnar la continuidad de esta dictadura política en su conjunto, ahora chorreando más lodo.
Hay que proponerse y convencer de eso a gran parte del pueblo, porque de nuevo se ha demostrado que es imposible de hacerlo a través de las urnas que el propio régimen controla y manipula.
Está cada vez más claro que esta corrompida y corruptora dictadura morada y sus perversidades, solo pueden derrotarse con la movilización del pueblo en ciudades y campos del país, al compás de todas las demandas en defensa de la vida, del respeto a los derechos ciudadanos y la dignidad del ser humano, a cargo de una fuerza impulsora diametralmente distinta al partidismo tradicional altamente maleado.
A falta de democracia en las instituciones -algo que profundizará en el marco de este continuismo montado sobre los dos fraudes denunciados- se impone ejercer la DEMOCRACIA DE CALLE.
A falta incluso de democracia electoral, se requiere transitar fundamentalmente por rutas y espacios situados fuera de estas instituciones, de estas normas constitucionales y estos sistemas electorales pervertidos, solo aptos para nuevos fraudes.
La destitución de la JCE debió plantearse desde su origen y debe seguirse demandando. Pero ya es insuficiente.
A lo interno del Estado y del gobierno, ambos secuestrados y monopolizados por la cúpula del PLD, estas elecciones marcan también un cambio en la correlación de fuerza a favor del presidente reeleccionista y en detrimento de Leonel Fernández, y es posible que el primero se proponga la restructuración de la JCE y las llamadas altas cortes bajo control del leonelismo.
Por eso decimos que re-estructurar la JCE y esos organismos -en marco de la misma dictadura, ahora bajo el mando del presidente Medina- es insuficiente y no rebasaría un simple cambio de hegemonía en el seno de la corporación que las controla, o un nuevo pacto con sectores de igual calaña.
Tal situación, por tanto, obliga a ir más allá: a desplegar la democracia de calle para impugnar todo el andamiaje de la dictadura, todas las instituciones prostituidas por ella, todo el poder constituido; creando contra-poder popular paralelo, en cada conflicto o confrontación y nacionalmente, en el marco de un proceso constituyente para la refundación de la república y transformación democrática del país hacia una sociedad justa y solidaria.
Asume, en consecuencia más pertinencia la CONSTITUYENTE POPULAR Y SOBERANA para cambiarlo todo lo degradado e inservible.
Por Rommel Santos Díaz
El crimen organizado en torno al narcotráfico y la corrupción transnacional se ha convertido en un problema de primer orden para la región latinoamericana y del Caribe, aumentando la violencia y el conflicto que se constituyen en un serio obstáculo para el desarrollo y avance de los países de la región.
El rápido empeoramiento de la situación en los últimos años afecta gravemente a varios de los países de la región, constituyendo una amenaza concreta a la democracia y a los derechos humanos de la población latinoamericana y caribeña.
Es de conocimiento general que las organizaciones criminales han extendido sus estructuras y actividades más allá de los límites de cada país de la región, regionalización y globalización, razones por las cuales las respuestas nacionales resultan necesarias pero son insuficientes actualmente.
El carácter transnacional del crimen organizado en el siglo XXI hace imprescindible y perentorio el desarrollo de instrumentos jurídicos de cooperación internacional y de instituciones basadas en la integración regional que actúen complementariamente en apoyo de las fuerzas de seguridad y las justicias nacionales.
Se hace necesario y urgente que los estados nacionales signatarios de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos complementarios hagan efectivo el compromiso asumido antes sus propios ciudadanos y la comunidad internacional de combatir el crimen transnacional organizado.
Po todas las razones expuestas anteriormente se justifica la creación de una Corte Penal Latinoamericana y del Caribe Contra el Crimen Transnacional Organizado, de carácter complementario de las justicias nacionales y dedicada a la desarticulación de las cúpulas criminales que incurran en alguno de los delitos previstos por la Convención de Palermo y sus Protocolos.
Los estados de la región deben comprometerse a llevar a cabo todas las acciones posibles para apoyar esta iniciativa, comenzando por la convocatoria a la participación de los gobiernos de la región y por la aprobación de resoluciones parlamentarias de apoyo en cada uno de los países de latinoamérica y el Caribe.
Finalmente, hacer un llamado a los parlamentarios de la República Dominicana, a los fines de que se pronuncien mediante la aprobación de resoluciones de apoyo a la creación de la Corte Penal Latinoamericana y del Caribe Contra el Crimen Transnacional Organizado.
(tercera parte)
Por Oscar López Reyes
Ser homosexual se ramifica como una tragedia personal y familiar torturante, y basta hacer referencia de un niño que le preguntaba a su madre, bajo llanto, ¿por qué salí así?, y la progenitora le respondía en forma salomónica, mientras a los cercanos ella les decía que no podía matar a su hijo. Otro jovencito de esa preferencia convulsionó en mi presencia, y cuando superó esa impactante crisis lo encaminé -sin deseo yo de comer ese día- hasta el especializado Instituto de la Familia, para un tratamiento en dos vertientes.
El tercer drama: El niño que se quejó de su talante, creció y se declaró homosexual, con el sobrenombre de Salvadora; instaló una sastrería, paseó en horas de la noche, a mediados de 1965, por calles del sector Villa Estela de Barahona junto a sus pares Bebejo y Tony, en una exhibición con recepción de aplausos y bufonadas con la lengua.
Los tres fueron los primeros en salir del clóset en esa ciudad. Después que sus dos compañeros de trajinar fallecieron y, cansado del rechazo social, Salvadora se convirtió a evangélico, y decidió vivir en el cementerio. Vecinos y amigos me ratifican que, desde ese momento, abandonó sus conocidas andanzas. Murió en el 2011, y fue sepultado en otro camposanto.
Cuarta tragedia sumatoria: La muerte a puñaladas -por extraviadas pasiones sentimentales y engaños monetarios en “sexo servicio”- de seis miembros de la comunicación, en Santo Domingo y Santiago:
1.- El director, guionista de cine y productor de televisión Jean Luis Jorge, acuchillado mortalmente el 13 de marzo de 2000, en su apartamento.
2.- El relacionista, articulista de diarios y catedrático Víctor Gulías, victimado de 32 puñaladas el 28 de marzo de 2007, en su apartamento.
3.- El productor televisivo Miguel Bretón Mieses (Micky Bretón), ultimado de varias estocadas el 4 de noviembre de 2009, en un motel.
4.- El gerente de ventas de El Nacional, William Cordero Acevedo, encontrado en ropa interior, en un charco de sangre, el 24 de enero de 2012, en su apartamento.
5.- El presentador de noticias Claudio Nasco, fallecido violentamente el 13 de diciembre de 2013, en una cabaña. A propósito de ese asesinato, el diseñador de “Los grandes espectáculos”, Jorge David Pérez (Jorge Diep, finado el 28 de octubre de 2018) reveló en un tribunal que desde que optó seguir a Cristo se retiró de la homosexualidad.
6.- El coreógrafo y maquillista Víctor Daniel Erarte (Vitico), ahorcado con saña el 30 de octubre de 2022, en su residencia de Santiago.
Cual que sea la clasificación de la comunidad LGBTQI+: Lesbiana, Gais, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti, Intersexual, Queer, Asexual o Pansexual, o tratase de una raíz epigenética o la predilección de género o identidad, ese engendro se empotra con barullo en el individuo, lo domina en la absoluta perdición y lo rinde en sus deseos sin límites, acatando la voluntad del atraído, en una triste y alarmante vulnerabilidad lujuriosa.
Ese desenfreno -fogoso y anárquico – sin techo en su accionar particular y comunitario, que arruina la moral pública, echa sus pétalos en el cerebro y, conforme a investigaciones científicas, abruma en variadas estructurales del hipotálamo vinculadas con el sexo biológico y la orientación sexual. Estas matizan que el tamaño y el número de células de núcleos hipotalámicos son desiguales entre hombres homosexuales y heterosexuales.
Según esos estudios, la diferenciación hipotalámica posnacimiento (“desarrollo biológico en el que las células madres se convierten en neuronas para regular el sueño, el hambre, la sed, la temperatura y el equilibrio hormonal” en unión de componentes ambientales y psicosociales pueden tener una profunda influencia en la determinación sexual del cerebro. Y puntualizan que, en una muestra de cerebros de hombres homosexuales, se localiza una zona del hipotálamo, llamada Núcleo Supraquiasmático (NSQ) –el marcapasos o reloj del cerebro- que contiene el doble de células que el NSQ de un grupo heterosexual.
Psicólogos, psiquiatras y otros profesionales de la salud mental concuerdan en que la homosexualidad no es una enfermedad mental, ni una cuestión emocional, causado, en la homosexualidad de los varones, por una predisposición innata, coaligada esencialmente con “las variantes genéticas del receptor de andrógenos ubicadas en el cromosoma X”.
Deriva en acoso sexual, vestirse de mujer, violar a niños, abandonar la Iglesia, casarse con una persona del mismo sexo, sufrir depresión con intentos suicidas, consumir bebidas alcohólicas y drogas y, en tenebrosos celos y odios irracionales, son ahorcados y degollados con objetos punzantes en matorrales, residencias, moteles, calles y otros territorios. Ese ejercicio está tipificado, igual que la prostitución, de alto riesgo, por su exposición al salvajismo corporal, a contagio de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS/VIH) y otras contraídas por el contacto carnal, así como la estigmatización y marginalización social.
¡Qué horizonte más lastimero y compasivo! Obliga, incuestionablemente, al auxilio en endocrinología, psiquiatría, psicología, urología, ginecología, genética y otras especialidades de la salud, conforme a las normas internacionales. En psiquiatría, sí, aunque el 17 de mayo de 1990 la Organización Mundial de la Salud (OMS) haya excluido la homosexualidad del catálogo de enfermedades mentales.
Levantando o no la bandera arcoíris, son incontables las personas -unos pertenecen a los movimientos de exgais (sostienen que ya no los son) y otros al de los ex-ex gais (se retiraron y regresaron), que se han esforzado para variar su orientación sexual. Han acudido a terapias de beber agua bendita, a los rezos de plegarias, a la hipnosis, el exorcismo y a los antidepresivos.
Indistintamente, han apelado a la administración de hormonas, a las terapias por conversión o reparativa, el choque farmacológico, el análisis aplicado de conducta, el tratamiento por electrochoque, terapia grupal, psicoanálisis, terapia Afirmativa LGBTIQ+ y de contexto específico.
Además de las terapias pseudocientíficas e ilegales buscando curar a homosexuales, también han sobresalido tratamientos quirúrgicos, como la vasectomía, la histerectomía, la castración, la cirugía del nervio pudendo, la ablación de clítoris, la ooforectomía y la lobotomía.
El consenso médico aclara que no existe evidencia experimental de que esos tratamientos, que todavía están en uso, sean efectivos para cambiar la orientación sexual, pero sí que son fraudes crueles, degradantes, dañinos y peligrosos en cuanto a que provocan percances psicológicos, espirituales, relacionales, económicos, profesionales o laborales, físicos y sexuales. Estos métodos han sido calificados como “charlatanería”, porque están prohibidos y se apartan de los sistemas éticos de salud mental.
Los métodos y técnicas empleados, y confrontados en una cosa y la otra, persiguiendo el fin preconcebido, igualmente han sido útiles para crear 6 sistemas lógicos y deductivos sobre la homosexualidad: 1) Teorías psicodinámicas, 2) Postulado del determinismo biológico y sanación genética, 3) Inferencias endocrinólogas, 4) Observaciones neurobiológicas, 5) Principios de diversidad biológica y disidencia sexual, y 6) Teoría de la homosexualidad en otras especies.
Una buena psicoterapia y la Biblia son aproximativas para surcar en ese pantano. Las descripciones precedentes invitan a preparar profesionales enfocados en el acompañamiento y la más apropiada y efectiva asistencia sanitaria de los integrantes de esa población endeble, para cuya gestión han sido fundadas numerosas instituciones y grupos delineados.
¿Cuáles? La Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), la Asociación Mundial para la Salud Transgénero, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la Comisión para Prevenir y Eliminar la Discriminación (COPRED), la Asociación Mundial de Psiquiatría, la Asociación de Psiquiatras Gays y Lesbianas (ahora Asociación de Psiquiatras LGTBQ), Human Rights Watch, la Unesco, el Fondo Mama Cash, QuRight Action Internacional y el Fondo para la Igualdad Global.
¿Y en República Dominicana? Operan la estatal Conavihsida y las privadas Trans Siempre Amigos (Transsa), el Voluntariado GLBT Dominicano, el Observatorio de Derechos Humanos de Personas Trans (Odhpt), el Centro de Orientación e Investigación Integral (Coin) y otras entidades. Ahorita, ¿surgirá en RD un equipo de psiquiatras para explorar, como respuesta facultativa, las vivencias, la ansiedad, la depresión y otras patologías mentales del Colectivo LGBTQI+?
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El autor: expresidente Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), vicepresidente de Asoc. Escuelas de Comunicación Social (AdecomRD), presidente Asoc. de Profesionales de Relaciones Públicas (Asodoprep) y columnista de decenas de digitales.
Por Isaías Ramos
Febrero no es un mes cualquiera.
Febrero es memoria.
Es advertencia.
Es juramento.
En febrero, el pueblo dominicano dejó de obedecer manos opresoras y decidió ser dueño de su destino. No fue un gesto romántico: fue coraje frente al abuso, la expoliación y el desprecio por la dignidad humana. Por eso febrero no se celebra; febrero se honra. Honrarlo no es repetir consignas: es recordar que la independencia no fue un evento del pasado, sino una tarea permanente.
Hoy, al iniciar este Mes de la Patria, emerge una verdad incómoda: la dominación ya no llega con fusiles, sino con contratos; no con ejércitos, sino con estructuras que llaman “modernización”; no con cadenas visibles, sino con legalidades que pueden despojar cuando faltan control democrático y transparencia.
En días recientes, el país ha presenciado dos movimientos presidenciales que muchos interpretan como aislados, pero que revelan una misma lógica: el control de lo estratégico envuelto en lenguaje técnico que, si no se fiscaliza, sustituye soberanía ciudadana por opacidad.
Por un lado, se anunció la readecuación de la OPRET en la Empresa Metropolitana de Transporte (EMT) y el fortalecimiento de la ETED bajo “autonomía técnica” y “gobernanza corporativa” (Decretos 55-26 y 60-26, 30 de enero de 2026). Por otro, el Presidente eleva el tono contra AERODOM y advierte sometimientos judiciales si no se construye una nueva terminal. En apariencia, modernización de un lado y defensa del interés nacional del otro. En la práctica, activos estratégicos, contratos y poder.
Pero la Patria exige memoria, no espectáculo.
Conviene recordar lo esencial: en 2023, este Gobierno extendió por 30 años la concesión de AERODOM, del 2030 al 2060, siete años antes del vencimiento original. Decisiones que amarran al país por décadas exigen prudencia democrática, transparencia y control ciudadano. Es legítimo preguntar por qué adelantar una negociación de tan largo alcance y por qué no abrir un debate nacional amplio que blindara el interés público.
Nadie puede erigirse en justiciero de un contrato que su propio Gobierno extendió y aprobó por décadas sin explicar qué se pactó, qué obligaciones rigen y qué sanciones las garantizan. La coherencia institucional no se demuestra con amenazas: se demuestra con transparencia y rendición de cuentas verificables.
Si el Presidente aspira a autoridad moral, hay dos pruebas simples: publicar el estado del pago de la multa de cinco millones de dólares impuesta a AERODOM (con comprobantes o, si no se ha pagado, plazos y razones) y poner a disposición pública, accesible y centralizada, el contrato renovado y sus anexos. La Patria no se defiende con gestos: se defiende con documentos.
Mientras la atención pública se concentra en titulares, avanza lo verdaderamente estructural.
La conversión de la OPRET en empresa operadora, la delimitación de funciones con el fideicomiso del transporte masivo y la redefinición de la ETED no son simples ajustes administrativos: rediseñan el Estado. Modernizar puede ser necesario. Pero si se reduce el control democrático, se debilita la fiscalización y se encierra lo público en arquitecturas opacas, se abre la puerta a la captura.
El riesgo se repite: el Estado asume costos; lo rentable se vuelve concesionable; el ciudadano pasa de titular de derechos a cliente; y los servicios esenciales se convierten en plataformas de rentas, con poca claridad sobre quién decide, quién gana y quién paga.
Esto no es un error aislado. Es una visión de Estado: pérdidas socializadas, ganancias privatizadas; riesgo ciudadano, beneficio concentrado; control democrático debilitado y opacidad creciente. Es la nueva ingeniería de la dominación: elegante, legal y silenciosa. No oprime de golpe; desgasta hasta que el pueblo se acostumbra a perder.
Este modelo no es abstracto. Cuando se alinean decisiones estratégicas, contratos de largo plazo y estructuras opacas, se crean incentivos para capturar rentas y control sin debate público suficiente ni contrapesos eficaces. Y cuando el poder político y económico opera sin control democrático real, el resultado rara vez es desarrollo inclusivo.
Como ciudadanos y sujetos morales, esta responsabilidad no se delega. La libertad no se preserva sola: se defiende. Y defenderla hoy no exige odio ni caos, sino exigencia cívica sostenida. Comprender es actuar.
Desde hace años, el Foro y Frente Cívico y Social advierte que 2026 es un año clave: el punto en que este modelo puede consolidarse si la ciudadanía no exige controles y transparencia reales. El riesgo es que una minoría se quede con “el santo y la limosna”, mientras la mayoría pierde Estado, instituciones y patria como casa común.
Por eso febrero es advertencia. Porque febrero recuerda que la historia cambia cuando la conciencia se organiza.
Todavía estamos a tiempo de impedir que el Estado sea reducido a empresa y la Patria a negocio; de exigir orden con justicia, desarrollo con igualdad y progreso con dignidad; y de recordar que el Estado Social y Democrático de Derecho no es un lema, sino un mandato constitucional.
Este momento exige valentía moral y disciplina cívica. Exige contratos públicos, explicaciones claras, auditoría real y veeduría social activa. Exige, en suma, vencer convenciendo: con argumentos, verdad y memoria histórica.
Porque cuando la Patria se convierte en negocio, el silencio del pueblo se vuelve complicidad. Y la historia no absuelve a quienes, pudiendo defenderla, eligieron mirar hacia otro lado.
Despierta RD!