Opinión
Embutidos contaminados desde siempre
Published
12 años agoon
Por: HamletA Hermann
Indigna en gran medida cómo algunos productores de embutidos en República Dominicana agreden a ProConsumidor por atreverse a cumplir con las leyes de la República. Cualquiera creería que la falsificación de productos comestibles es cosa de ahora y que sucede por primera vez. Pero no. Ciertos embutidores dominicanos han venido dejando un rastro fácilmente detectable de cómo se han aprovechado de la impunidad que han disfrutado en las décadas recientes.
Tomemos como fuente el ejemplar número 460 de la revista ¡Ahora!, fechada 4 de septiembre de 1972, vale decir, exactamente cuarenta años atrás. El título de un reportaje fue: “Salchichón; el criollo está adulterado”. Parte del enjundioso texto fue el siguiente:
“El consumidor que va a comprar salchichón criollo no solamente recibe un producto adulterado sino que, además, le dan gato por liebre: un artículo que, de conformidad con las normas internacionales, no podría ser clasificado como salchichón y al que se le ha añadido tanta cantidad de almidón para rellenarlo que se hace necesario teñirlo de rojo con el fin de que parezca que es todo de carne. Se expone igualmente a llevarse para la casa un embutido que ni siquiera es apto para el consumo humano, lo cual ha podido comprobarse en un elevado tanto por ciento de los casos.”
“Este es el resultado de la investigación científica efectuada en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) como tesis de graduación por las estudiantes Mireya Maríñez Pina y Rosario del Pilar Isalguez Mejía, de la Escuela de Farmacia, y con la cual obtuvieron el título de Doctor. La cuidadosa investigación duró siete meses, desde septiembre de 1971 hasta abril de 1972, y fue asesorada por la doctora Victoria E. Lebrón de Álvarez, profesora de bromatología del Departamento de Farmacia. Contó además con la cooperación del laboratorio de la finca experimental de Engombe de la UASD y del Laboratorio Nacional de Salud Pública (Departamento de Nutrición).”
“En el caso del salchichón, por ejemplo, el estudio se hizo sobre 23 muestras: 3 de salchichón extranjeros y 20 de los que se fabrican en el país. Una sola de las muestras podía ser considerada por la técnica de fabricación y por la composición como genuino salchichón crudo y ahumado. Las 19 restantes no podían ser clasificadas como tales.”
“He aquí las razones: En muchas muestras la cantidad de almidón sobrepasaba el tanto por ciento reglamentario, no obstante lo excesivamente tolerantes que son a este respecto las regulaciones nacionales vigentes. Mientras en los extranjeros esa proporción era de 1.73%, en los criollos llegaba hasta 5.85%, esto es, más del triple.”
“Ello pone en evidencia que el almidón es empleado como material barato de relleno, no como aglutinante, que, además de rebajar la calidad del producto, disminuye el valor nutritivo al sustituir carne (proteínas) por cereales (glúcidos). Otros datos que demuestran la mala calidad y escaso valor nutritivo de los salchichones criollos, son los siguientes: el promedio de agua en los extranjeros es de 32.45% mientras que en los nativos llega hasta el 43.45%: un 11% más. Y mientras los importados contienen 38. 85% de grasa, en los nuestros apenas llegan al 25.85%: 13% menos.”
“Los investigadores comprobaron, además, que el salchichón es almacenado en forma inadecuada lo que da lugar, no sólo a apariencia desagradable sino a que, por el calor, la humedad y la suciedad, se rompa la envoltura y se contamine la masa del producto. Nueve de las muestras analizadas resultaron totalmente no aptas para el consumo.”
“Para evitar que el afán de lucro, que es lo que guía a los fabricantes en economías llamadas de mercado como la nuestra, continúe exponiendo al consumidor a recibir productos adulterados o a que le den gato por liebre, se hace inaplazable establecer un riguroso sistema de control de calidad como existe en muchos países.”
Como podrá verse, el problema de los embutidos dominicanos no es cosa de ahora. Durante medio siglo se han explotado las necesidades de un pueblo que, raras veces, encuentra quien lo defienda de los productores inescrupulosos. Y cuando aparece un defensor genuino, como Altagracia Paulino, entonces la quieren sacrificar por cometer el pecado de exigir que todos cumplan las leyes.
Artículo publicado originalmente en el periódico HOY
Por Isaías Ramos
El país se encuentra nuevamente al borde de un abismo que amenaza no solo con oscurecer nuestras calles, sino con apagar la esperanza de un pueblo que lucha por un futuro mejor. Desde octubre de 2024, el sistema eléctrico nacional ha entrado en un estado de colapso programado, reviviendo los fantasmas de tragedias pasadas como las de 1984 y 2002. Apagones de hasta 16 horas diarias no solo paralizan nuestra vida cotidiana, sino que exponen la desgarradora realidad de un modelo energético corrupto, negligente y diseñado para el lucro de unos pocos a costa de la dignidad de muchos.
Mientras la paciencia de los ciudadanos se agota, el gobierno, incapaz de asumir su responsabilidad, recurre a la excusa de que 800 mil usuarios son «ilegales». Pero esta narrativa no solo es ofensiva, sino que oculta el verdadero problema: estamos atrapados en un sistema diseñado para el saqueo y la explotación, un sistema donde la energía, un derecho humano fundamental, se ha convertido en un negocio para las élites.
Esta crisis no es casualidad ni un accidente. Es el resultado de décadas de decisiones políticas equivocadas que comenzaron con la Ley de Capitalización 141-97. Bajo la promesa de «eficiencia» y «estabilidad», el Estado entregó el sistema eléctrico a manos privadas, prometiendo tarifas justas y un servicio estable. Sin embargo, lo que ocurrió fue el despojo del patrimonio nacional.
Desde entonces, más de 30 mil millones de dólares en “subsidios” han sido transferidos a estas empresas eléctricas, una cifra que hoy pesa como una carga insoportable sobre el endeudamiento nacional. Con esos recursos, podríamos haber instalado 20 mil megavatios de energía solar o 15 mil de energía eólica, garantizando nuestra soberanía energética y dejando atrás este modelo obsoleto. En cambio, seguimos pagando tarifas abusivas, soportando apagones interminables y viendo cómo las ganancias de unos pocos crecen mientras el pueblo vive en la penumbra.
La privatización no solo nos arrebató el control de nuestra energía; nos convirtió en rehenes de un sistema donde la dignidad del pueblo es la moneda más barata.
En lugar de asumir su responsabilidad, el gobierno ha optado por criminalizar al pueblo. Etiquetar a miles de familias como «ladrones» de energía no solo es una muestra de desprecio, sino también una estrategia que intenta desviar la atención de la verdadera raíz del problema.
El pueblo dominicano no es ladrón. Es víctima de un sistema roto y de un liderazgo incapaz de garantizar soluciones reales. Si existen usuarios irregulares, el Estado tiene la obligación de regularizarlos con dignidad y justicia. Ir casa por casa, instalar contadores y garantizar un servicio digno y accesible. Pero lo que vemos es lo contrario: un castigo colectivo que penaliza incluso a quienes cumplen con sus obligaciones.
No podemos ignorar los paralelismos con eventos pasados. En 1984, las decisiones erradas llevaron a un estallido social que dejó más de 100 muertos. En septiembre del 2002, el descontento popular derivó en protestas masivas con resultados de más de una docena de muertos y cientos de heridos que sacudieron al país.
Hoy, la situación es alarmantemente similar. La indignación popular crece, las protestas aumentan y la frustración se siente en cada rincón del país. Las voces de los ciudadanos se alzan en un grito colectivo, exigiendo justicia y soluciones reales. Estas no son señales que se deban ignorar. Hacerlo sería abrir la puerta a un nuevo estallido social que podría superar las tragedias del pasado.
En pleno siglo XXI, la energía no es un lujo ni un privilegio. Es un derecho humano fundamental. Así lo reconoce la ONU en su Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 7, que establece: «Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos».
Nuestra nación no puede seguir siendo esclava de un modelo que prioriza el lucro sobre las personas. Es momento de recuperar lo que nunca debimos perder: el control de nuestra energía y el compromiso con el bienestar colectivo.
Debemos construir un sistema energético basado en la sostenibilidad, accesible para todos y gestionado con justicia. Pero esta transición debe ir acompañada de un enfoque que respete la dignidad del pueblo.
El futuro de nuestro país está en juego. Cada día que pasa sin soluciones es un paso más hacia el colapso, pero también cada acción, por pequeña que sea, puede encender una luz. Una luz que nos guíe hacia un futuro donde la energía sea un derecho garantizado, no una mercancía para el lucro.
Desde el Frente Cívico y Social (FCS), estamos convencidos de que el país necesita un liderazgo renovado, uno que priorice al pueblo sobre los intereses privados, que construya un sistema energético digno y que transforme la crisis en oportunidad.
La pregunta es clara: ¿Seguiremos siendo esclavos de las tinieblas o nos levantaremos para construir el país que merecemos?
¡Despierta, RD!
Opinión
Cumplimiento de las solicitudes de la Corte Penal Internacional
Published
1 día agoon
enero 29, 2025Por Rommel Santos Díaz
Las solicitudes de asistencia se cumplirán de conformidad con el procedimiento aplicable en el derecho interno del Estado requerido y, salvo si ese derecho lo prohíbe, en la forma especificada en la solicitud, incluidos los procedimientos indicados en ella y la autorización a las personas especificadas en ella para estar presentes y prestar asistencia en el trámite.
En el caso de una solicitud urgente y cuando la Corte Penal Internacional lo pida, los documentos o pruebas incluidos en la respuesta serán transmitidos con urgencia.
El Estatuto de Roma establece que las respuestas del Estado Parte requerido serán transmitidas en su idioma y forma original.
Cuando resulte necesario en el caso de una solicitud que pueda ejecutarse sin necesidad de medidas coercitivas, en particular la entrevista a una persona o la recepción de pruebas de una persona voluntariamente, aun cuando sea sin la presencia de las autoridades del Estado Parte requerido si ello fuere esencial para la ejecución de la solicitud, y el reconocimiento de un lugar u otro recinto que no entrañe un cambio en el , el Fiscal podrá ejecutar directamente la solicitud en el territorio de un Estado.
Cuando el Estado Parte requerido fuere un Estado en cuyo territorio se hubiera cometido presuntamente el crimen, y hubiere habido una de admisibilidad de conformidad con los artículos 18 o 19, el Fiscal podrá ejecutar directamente la solicitud tras celebrar todas las consultas posibles con el Estado Parte requerido.
En los demás casos, el Fiscal podrá ejecutar la solicitud tras celebrar consultas con el Estado Parte requerido y con sujeción a cualquier condición u observación razonable que imponga o haga ese Estado Parte.
Cuando el Estado Parte requerido considere que hay problemas para la ejecución de una solicitud de conformidad con las solicitudes a que se hace referencia en los artículos 933 y 96 del Estatuto de Roma, celebrará consultas sin demora con la Corte Penal Internacional para resolver la cuestión.
Finalmente, las disposiciones en virtud de las cuales una persona que sea oída o interrogada por la Corte Penal Internacional con arreglo al artículo 72 podrá hacer valer las restricciones previstas para impedir la divulgación de información confidencial relacionada con la seguridad nacional serán igualmente aplicables al cumplimiento de las solicitudes de asistencia a que se hace referencia en el presente artículo.
Por Nelson Encarnación
Una de las medidas más saludables adoptadas por el Gobierno del presidente Luis Abinader relativas a la alimentación escolar fue establecer que en la elaboración de las raciones servidas en los centros educativos se emplee leche de producción nacional, con lo cual se obtienen variados beneficios.
El principal es apoyar y fomentar la ganadería dominicana, cuya incidencia en varias regiones ha sido tradicionalmente muy importante, logrando mantenerse como proveedores que cuentan con una infraestructura confiable, sólida y segura.
El otro beneficio es el control eficaz de la calidad de la leche que se sirve en estos alimentos, así como a los consumidores en general.
Esto alcanza mayor importancia ante las informaciones relacionadas con la aparición de un brote de fiebre aftosa en Alemania, donde se da cuenta de que esa enfermedad, que afecta animales de granja, ha provocado el sacrificio de determinadas especies.
Las acciones adoptadas en ese país se ajustan a los protocolos sanitarios internacionales que exigen sacrificar a los animales expuestos al contagio para evitar la propagación, debido a su alta tasa de infección.
El brote ha generado alarma en Europa, pues es el primero que se registra en Alemania en los últimos 35 años y que aún no ha podido ser controlado de forma completa y radical, según las informaciones de prensa.Esto obliga a las autoridades nacionales a extremar la vigilancia preventiva para evitar su ingreso a la República Dominicana, ya sea a través de leche o de derivados lácteos que lleguen por canales de importación.
Es una alerta oportuna para llamar la atención a fin de que se fortalezcan los controles fitosanitarios para mantener al país libre de una amenaza cuyas repercusiones serian altamente dañinas para el sector.
Sobre todo cuando, según los especialistas, un factor de gravedad y complicación es que no existe tratamiento para los animales infectados, lo cual—como medida extrema—obliga al sacrificio para combatir los brotes.
Es importante resaltar que, afortunadamente, no afecta a los humanos, pero tiene un gran impacto en la ganadería y en toda la cadena de producción asociada a este rubro.
Suponemos que las autoridades del área están edificadas, pues debemos recordar el trabajo que le costó al país restaurar la confianza de nuestros compradores de productos de origen animal, luego de estar vedados precisamente por no extremar los controles.