Opinión
En 169 años, la Cámara de Diputados ha tenido 60 presidentes y sólo una presidenta
Por Víctor Mateo
De Manuel María Valencia a Ernesto Bonetti (1844-1930)
En sus orígenes, la historia política de República Dominicana fue inestable y controversial. En 169 años de vida republicana, una de sus instituciones más antiguas, el Congreso Nacional, no escapó de la difícil y conflictiva época política. Los antecedentes históricos establecen que fue Manuel María Valencia quien presidió el llamado Consejo Constituyente de San Cristóbal en 1844, por lo que se le reconoce como el primer presidente de la Cámara de Diputados.
Desde 1844 hasta 1916 la Cámara de Diputados fue dirigida por 32 legisladores, mientras que entre 1916 y 1924 no hubo Congreso constituido, pues durante esos años, el país estuvo ocupado por tropas estadounidenses que conformaron un gobierno militar. Tras la desocupación, los diputados estuvieron dirigidos por el señor Ernesto Bonetti Burgos, quien estuvo en el cargo el mismo tiempo que duró Horacio Vásquez en la Presidencia de la República: hasta 1930.
Presidentes de los diputados en la Era de Trujillo
Pese a que durante más de 30 años, República Dominicana no conoció otra autoridad que no fuese la de Rafael Leónidas Trujillo, los libros de historia registran nueve presidentes de la Cámara de Diputados en la “Era de Trujillo”. Ellos son: Miguel Ángel Roca (1930-1936), Daniel Henríquez Velásquez (1936-1937), Arturo Pellerano Sardá (1937-1940), Abelardo René Nanita León (1940-1942), Manuel Arturo Peña Batlle (1942), Porfirio Herrera Velásquez (1943-1955), Rafael Francisco Prats Ramírez (1955-1956), Carlos Sánchez y Sánchez (1956-1958) y José Ramón Rodríguez (1958-1961).
Porfirio Herrera Velásquez, conocido como un hombre de la extrema confianza de Trujillo, fue quien ejerció por más tiempo la presidencia de la Cámara de Diputados durante la dictadura. Por su parte, Manuel Arturo Peña Batlle solo estuvo al frente de la Cámara de Diputados durante el transcurrir de 1942, siendo del menos permanencia en el cargo.
Los 61 presidentes después de la dictadura
Desde 1961 la Cámara de Diputados ha tenido 19 presidentes: nueve pertenecientes al PRSC -entre ellos la primera y única mujer en presidir el hemiciclo-, cinco pertenecientes al PLD e igual número pertenecientes al PRD.
Luego de que el diputado José Ramón Rodríguez presidiera la cámara baja del Congreso Nacional durante los meses de persecución y posterior asesinato de varios de los ajusticiadores de Rafael L. Trujillo, la responsabilidad quedó bajo la persona de Carlos Rafael Goico Morales, quien fue diputado y presidente de esa institución durante el período 1961-1962.
A Goico Morales se le atribuye haber sido uno de los fundadores del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC). Fue procurador general de la República (1968) y luego vicepresidente de la República en dos ocasiones (1970-1074 y 1974-1978).
En 1963 asumió la dirigencia de dicha cámara Miguel A. Mc’Cabe Aristy. Ese mismo año también ocupó la posición Rafael R. Molina Ureña. A partir de 1963, hasta abril de 1965, el gobierno de la República estuvo bajo el Triunvirato conformado tras el golpe de Estado al profesor Juan Bosch. Es por ello que el próximo presidente de la Cámara de Diputados, Patricio Gerardo Badía Lara, ascendió en 1966, durando justamente los cuatro años del primer gobierno del doctor Balaguer.
Con la inauguración del segundo mandato de Joaquín Balaguer, Atilio Antonio Guzmán Fernández fue escogido como presidente de la Cámara Baja, posición en la que permaneció por ocho años consecutivos. Este hecho lo convierte en el legislador que ha ocupado la presidencia de la Cámara de Diputados por más tiempo después de la dictadura de Trujillo.
El triunfo del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) en las elecciones de 1978 supuso un cambio no solo en la conducción del Poder Ejecutivo, sino también en la conformación y conducción del Congreso Nacional. Dos diputados del PRD ocuparon la presidencia dela Cámara de Diputados durante el gobierno de Antonio Guzmán Fernández: Abraham Bautista Alcántara (1978-1979) y Hatuey de Camps Jiménez (1979-1982). Durante el gobierno de Salvador Jorge Blanco (1982-1986), solo un legislador dirigió la Cámara de Diputados: Hugo Tolentino Dipp (1982-1986), quien fue representante por la ciudad de Santo Domingo de Guzmán.
Con la vuelta al poder del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) y el doctor Balaguer en 1986, tres legisladores presidieron el órgano legislativo: Fernando Amiama Tió (1986-1987), Ramón Edilio Vargas Ortega (1987) y Luis José González Sánchez (1987-1990). Los tres representaron intereses netamente reformistas, contrario a lo que ocurrió en sus siguientes períodos como presidente de la República (1990-1994, 1994-1996). De1990 a 1996, tres diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ocuparon la presidencia de la Cámara de Diputados: Norge Botello (1990-1993), Danilo Medina (1994-1995) y José Ramón Fadul Fadul (1995-1996).
El ingeniero Héctor Rafael Peguero Méndez presidió la Cámara Baja por tres años consecutivos (1996-1999) durante el primer gobierno del Dr. Leonel Fernández.
En 1999 se da un hecho sin precedentes en la historia política dominicana: una mujer se convirtió en la presidenta de la Cámara de Diputados de la República Dominicana. Rafaela Alburquerque, representante por San Pedro de Macorís y dirigente reformista, estuvo al mando de la Cámara Baja de 1999 a 2003. Su ascenso a la máxima posición entre los diputados se debió a un acuerdo entre una facción reformista y los perredeístas, ya que el partido blanco ganó abrumadoramente el torneo electoral del período 1998-2002, repitiendo la misma hazaña en las elecciones de 2002-2006.
Luego, al finalizar el período de Rafaela Alburquerque, asumió la presidencia Alfredo Pacheco Osoria, del PRD, quien dirigió los destinos de la Cámara Baja hasta el año 2006, cuando el PLD ganó las elecciones congresuales y municipales de manera abrumadora.
El PLD se mantiene al frente del Congreso Nacional desde el año 2006. Dos legisladores del PLD han sido presidentes de la Cámara de Diputados desde entonces: Julio César Valentín (2006-2010) y Abel Martínez, (2010-), ambos son representantes por la provincia Santiago de los Caballeros.
Bibliografía
Galeria de expresidentes de la Cámara de Diputados. Recuperado desdewww.camaradediputados.gob.do
El autor es: Abogado y catedrático de la PUCMM
(I)
Por Oscar López Reyes
Desde 1950, tres años a posteriori de su creación -1947- la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos comenzó a instrumentalizar a periodistas para manipular y moldear a la opinión pública mundial, en una abominable labor de zapa, en el cenit geopolítico de la Guerra Fría entre dos superpotencias imperiales. Su proyecto primigenio, y el más escalofriante, ha sido la encubierta Operación Mockingbird, mediante la cual se ocultaron y tergiversaron informaciones para influir a favor de los designios norteamericanos, y desde 2019 ejecuta a gran escala una campaña de reclutamiento para difundir noticias y entretenimiento en redes sociales y plataformas streaming.
En estos 78 años, la CIA ha invertido miles de millones de dólares en el enlistamiento de periodistas anti-éticos y anti-democráticos y en infiltración en medios de comunicación para divulgar programas propagandísticos, engendrando el descrédito y la desconfianza ciudadana, así como la animadversión de adversarios en guerras.
La operación Mockingbird, que inicialmente consistió en escuchas telefónicas periodísticas sin orden judicial, fue llevada a cabo por la CIA para identificar fuentes de filtraciones de datos de alta inteligencia. Principió grabando conversaciones privadas de Hanson Baldwin, reportero de seguridad nacional del New York Times, entre el 12 de marzo y el 15 de junio de 1963, desde el Despacho Oval de la Casa Blanca.
Las grabaciones fueron por iniciativa del presidente de Estados Unidos, Jhon F. Kennedy, luego que se incomodara por un reportaje de primera plana publicado por Baldwin (ganador del Premio Pulitzer en 1943 por su cobertura de la Segunda Guerra Mundial) en la edición del 26 de julio de 1962 del New York Times en el que, amparado en una información clasificada, revelaba el número de misiles nucleares en el arsenal estadounidense. A su vez, comparaba esos depósitos atómicos de Estados Unidos con los de la Unión Soviética, y el afán de esta última superpotencia por resguardar sus emplazamientos de misiles balísticos intercontinentales.
A seguidas, la CIA también intervino los teléfonos residenciales de los columnistas Robert S. Allen y Paul Scott (The Allen-Scott Report, publicada en unos 300 periódicos), tras estos dar a conocer secretos clasificados de Estados Unidos. Más adelante, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) se incorporó a las averiguaciones y vigilancia para detectar quienes desde los organismos de inteligencia estaban infiltrando informaciones a la prensa. También produjo la intercepción telefónica a la periodista de Newsweek, Lloyd Nornam, y el secretario de Estado Dean Rusk presionó para que CBS News no difundiera un reportaje del periodista Daniel Schorr sobre el espectacular escape de ciudadanos de Alemania Oriental a través de un túnel bajo el Muro de Berlín.
Por intermedio del proyecto Mockingbird -según variadas fuentes- para divulgar propaganda proestadounidense y truquear a la opinión pública contra la influencia comunista, aceptaron ser asalariados de la CIA cientos de periodistas de The New York Times, The Washington Post, Newsweek, ABC, CBS, NBC, la revista Time, Louisville Courier Jounal, Copley News Service, la agencia internacional Reuters y otros medios de América Latina, Europa y otras regiones.
Los objetivos bien definidos de la contratación a sueldo de la red de periodistas, publicaciones, televisoras y emisoras tengo que segmentarlos en siete:
1.- Difundir relatos preescritos por la CIA, para tratar de cambiar la percepción global sobre situaciones y personas, siempre favorables a Estados Unidos.
2.- Controlar la política editorial de medios comunicativos, a través de altos ejecutivos y editores, en una novedosa interacción subrepticia gobierno-prensa.
3.- Ocultar informaciones perjudiciales o desfavorables a Estados Unidos, en una intromisión estatal sin precedentes.
4.- Inclinar la balanza para conveniencia estratégica de Estados Unidos en coberturas informativas, artículos de opinión, editoriales y otros géneros periodísticos.
5.- Contrarrestar la propaganda e influencia de la Unión Soviética, con mecanismos sofisticados de persuasión pública.
6.- Suministrar datos de inteligencia, en una típica tarea de espionaje.
7.- Detectar a agentes o empleados de organismos de inteligencia que confidencialmente suministraban informaciones a periodistas.
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El autor: Redactor principal del Código de Ética del Periodista Dominicano y autor exclusivo del libro “La Ética en el Periodismo. Los cinco factores que interactúan en la deontología profesional”.
Por Isaías Ramos
En el artículo anterior, “Cuando trabajar no alcanza”, mostramos lo esencial: en nuestro país hay trabajadores a tiempo completo que, aun cumpliendo con todo, no alcanzan el costo de la canasta básica. Hoy toca cerrar el círculo con una pregunta inevitable: si el Estado asegura que no tiene margen para indexar el ISR ni para acercar los salarios a la canasta, ¿cómo sí lo tiene para blindar exenciones y subsidios que ya rondan el medio billón de pesos al año?
La comparación es contundente: alrededor de RD$19 mil millones para cumplir la indexación —lo mínimo para que la inflación no se coma el salario por la vía del impuesto— frente a más de RD$500 mil millones en gasto tributario y subsidios no focalizados. Esa diferencia no es técnica; es moral. Es un impuesto silencioso al trabajo para sostener privilegios que casi nunca rinden cuentas.
No hablamos de milagros, sino de coherencia constitucional.
Primero derechos; después privilegios.
La indexación es justicia básica; que el salario cubra la canasta es dignidad mínima. Cuando eso no ocurre, todo lo demás se convierte en una transferencia regresiva: recursos públicos arriba y salarios de subsistencia abajo.
Lo vemos en historias como la de Marta, cajera en una tienda que abre seis días a la semana. Gana el salario mínimo del tramo superior y aun así no le alcanza para transporte, alimentos y educación básica de sus hijos. Todos conocemos una Marta. Su caso no es la excepción; es el reflejo de un modelo.
Reconocemos, sin ambigüedades, que ciertos sectores han traído inversión y empleo. Pero en un Estado Social y Democrático de Derecho, la prioridad no se discute: derechos primero, incentivos después. Si un sector recibe exenciones millonarias durante décadas, la contrapartida mínima es un salario mediano por encima de la canasta y una reducción verificable de la informalidad. Y si los beneficios se justifican por su aporte, ese aporte debe comprobarse con datos públicos.
Las preguntas son simples, y las respuestas deberían serlo también:
- ¿Cuál es su salario mediano y qué parte de la canasta cubre?
- ¿Cuál es su aporte fiscal neto, descontadas exenciones y transferencias?
- ¿Qué metas salariales y de formalización han cumplido —auditadas y con plazos—?
Si esas respuestas no existen, la falla no está en quien critica, sino en un modelo que evita mirarse al espejo.
Cuando miramos la región, el panorama se vuelve más claro y más crudo. Llevamos décadas creciendo alrededor de 5 % anual, más del doble del promedio latinoamericano. Sin embargo, datos del Banco Mundial muestran que menos de 2 % de los dominicanos ascendió de grupo de ingreso en una década, frente a un 41 % regional. Es una de las movilidades más bajas de América Latina: un motor económico de alta potencia montado sobre una carrocería social demasiado frágil.
A eso se suma un mercado laboral con alrededor de 55 % de informalidad, superando un promedio regional que ya bordea la mitad. Millones de personas trabajan sin contrato, sin protección y sin capacidad de negociación. Mientras tanto, el salario mínimo formal del sector privado no sectorizado —según el tamaño de la empresa— oscila hoy entre unos RD$16,000 en las microempresas y cerca de RD$28,000 en las grandes, y ni siquiera en su tramo superior alcanza el costo de la canasta familiar nacional, que ronda los RD$47,500, ni la canasta del quintil 1, situada en torno a RD$28,400. La mayoría de los trabajadores informales ni siquiera se acerca a esos montos.
Ahí está el nudo del modelo: un PIB que corre por delante del promedio regional, con salarios más bajos, más informalidad y menor movilidad que casi todos. Ahí es donde la retórica del “milagro” deja de coincidir con lo que millones viven cada día: jornadas largas, ingresos insuficientes y un crecimiento que no se traduce en dignidad.
Y, mientras tanto, la indexación —que solo evita que el impuesto castigue el salario— se presenta como inalcanzable. No lo es. Lo inalcanzable es pretender estabilidad congelando la protección del trabajador mientras se blindan privilegios que nadie revisa con lupa desde hace décadas. Eso no es estabilidad; es un subsidio a la precariedad.
La discusión no es “si hay dinero”, sino de dónde es justo que salga.
¿De quienes ya no pueden más, o de exenciones que llevan medio siglo sin evaluación seria?
¿De la nómina de la clase trabajadora, o de regímenes especiales convertidos en vacas sagradas?
En el Frente Cívico y Social entendemos que la guía es simple y está escrita en la Constitución. El artículo 62 establece, entre otras cosas, que es finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado y, en su numeral 9, consagra el derecho a un salario justo y suficiente para vivir con dignidad. No es poesía; es mandato. Si el salario mediano de un sector no cubre la canasta, ese sector no cumple con la dignidad mínima. Y si además recibe exenciones, la obligación de rendir cuentas es aún mayor.
Y porque no hay dignidad sin desarrollo, no olvidemos lo esencial: salario digno es demanda interna, productividad futura y estabilidad social. Con sueldos de miseria no se construye un mercado interno robusto, no se fortalece el capital humano, no hay escalera de movilidad. Lo que se “ahorra” hoy en salarios bajos se paga mañana en menor crecimiento y mayor conflictividad.
En una frase: un país que se respeta no pone el privilegio por encima del salario, ni el incentivo por encima de la dignidad. Cuando la política honra esa jerarquía, la estadística deja de ser consuelo y se convierte en vida vivible.
Despierta RD
Por Rommel Santos Díaz
A diferencia de la Corte Penal Internacional, cuyo estatuto es el resultado de varios años de debates y de la Conferencia de Plenipotenciarios, los tribunales Ad –Hoc para la Ex Yugoslavia y Ruanda son la expresión de una respuesta a dos situaciones específicas caracterizadas por la comisión de atrocidades en el territorio de estos países.
Fue precisamente la gravedad de las circunstancias lo que obligó al Consejo de Seguridad a ejercer las atribuciones que le confiere el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas para crear las jurisdicciones penales Ad – Hoc para la Ex Yugoslavia ( Resolución 827 de 1993) y para Ruanda (Resolución 955 de 1994)
En estos casos, ambos tribunales tienen virtualmente estatutos idénticos y también compartieron algunas instituciones comunes, como por ejemplo el Fiscal, dado que a partir del 15 de septiembre del 2003, el Consejo de Seguridad designo a Hassan Bubacar Jallow como Fiscal del Tribunal Penal Internacional para Ruanda.
La Fiscal Carla Del Ponte ejerce su competencia exclusivamente en relación al Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia. Las características comunes entre ambos tribunales han tenido como consecuencia, al menos en el ámbito teórico, la economía y uniformidad en el ámbito fiscal hasta el año 2003 así como en el desarrollo de una línea jurisprudencial sólida y constante en el análisis de sus respectivos casos.
De esta forma la creación de dichos tribunales Ad-Hoc constituye un desarrollo sin precedentes a favor de la implementación de las normas sobre derechos humanos que a su vez ha favorecido una dinámica positiva en el proceso de creación de un sistema de justicia penal internacional que se concreta casi una década después con el inicio de las funciones de la Corte Penal Internacional.
Por su lado el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda fueron creados por resoluciones del Consejo de Seguridad en virtud de las cuales son considerados como órganos judiciales subsidiarios del mismo.
Se ha establecido que aun cuando fueron creados por el Consejo de Seguridad, el cual no es un órgano judicial, esto no afecta la validez del acto jurídico de creación puesto que ambos son el reflejo del ejercicio del mandato del principal órgano de las Naciones Unidas para mantener la seguridad y la paz internacional.
Esta línea de razonamiento concuerda con la establecida por la Corte Internacional de Justicia en su Opinión Consultiva sobre los efectos de las compensaciones concedidas por el tribunal administrativo de las Naciones Unidas de 1954.
Por tanto, mientras la Corte Penal Internacional es un tribunal internacional independiente, el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda son órganos judiciales subsidiarios del Consejo de Seguridad Conforme al Artículo 2 del Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional mantiene relaciones de cooperación con el sistema de de las Naciones Unidas, pero ello no afecta su independencia con respecto a dicha organización internacional.