Opinión
En Brasil: A golpear el golpe sin “hacer como el buey”
Por Narciso Isa Conde
En la crisis política de Brasil concurren factores muy delicados que no deben ser obviados.
No tengo la menor duda de que el lumpen imperialismo estadounidense y la derecha social, económica y política… mafiosa, fascistoide y pro EEUU (partidos, corporaciones, medios de comunicación…) ha puesto en marcha un golpe parlamentario, seudo-institucional e ilegal contra la presidenta Dilma Rousseff y el gobierno del Partido de los Trabajadores-PT.
Está claro que el vicepresidente Michel Temer del derechista Partido Movimiento Democrático Brasileño-PMDB (uno de los malos aliados escogidos por la alta dirección del PT para gobernar con el visto bueno de la gran burguesía paulista), traicionó el pacto original para procurar el reemplazo de Dilma y tratar de convertirse en una especie del MACRI brasileño.
Es evidente que los principales escenarios escogidos para instrumentar ese golpe son, por un lado, los más perversos monopolios de la comunicación y, por el otro, un descalificado y corrompido Congreso; cuyo presidente del Senado, EDUARDO CUNHA, uno de los principales acusadores de Dilma, ha sido denunciado por recibir sobornos ascendentes a 5 millones de dólares y con alrededor de 14 integrantes que están siendo procesados por implicaciones en el escándalo LAVA JATO (PETROBRAS-ODEBRECH-PARTIDOS GOBERNANTES Y DE OPOSICIÓN).
Como lo es también, que el enorme escándalo de corrupción estatal-privada, que sin dudas tiene en el cogollo del PT y en sus gobiernos a sus principales responsables políticos –no a los únicos- ha sido retorcido burdamente para impulsar sin base legal el juicio político-parlamentario a la Presidenta Rousseff y tratar de consumar el golpe en frío; hasta ahora con un incierto y peligroso desenlace, incluso más allá de lo que acontezca en breve en el parlamento.
* El destripamiento entre facciones imperialistas.
Intuyo –algo que los investigadores sociales brasileños tendrían que confirmar- que uno de los telones de fondo de este terremoto político en las instancias de poder de esa potencia imperialista emergente, es la ríspida competencia entre dos facciones de la lumpen burguesía transnacional: una de factura nítidamente estadounidense o asociada a ella, y la de corte más propiamente brasileña; ambas con afanes hegemónicos en el escenario nacional, en áreas del mercado internacional y los resortes de los supra-poderes mundiales.
Ahí están posiblemente envueltas no pocas cosas relativas a petróleo, bio-cultivos, generación de energía con combustibles fósiles, minerales estratégicos, complejos industriales-militares, carteles de la construcción, agua, biodiversidad, rol del BRIC… en el marco de intensas y fuertes pugnas al interior de una convulsa civilización burguesa mundialmente decadente y gansterizada.
Esta intuición aparece reforzada por el trasfondo del nuevo escándalo de corrupción en las entrañas del capitalismo globalizado, conocido como PAPELES DE PANAMÁ; donde la mano peluda de WASHINGTON parece estar moviendo soterradamente -generando verdades y medias verdades, y asumiendo encubrimientos interesados- las investigaciones de unos 11.5 millones de documentos internos del despacho de la firma de abogados panameños Mossack Fonseca -considerada como una de los cinco mayores registradoras mundiales de sociedades ‘offshore’-, modalidad legal e ilegal del capital financiero para proteger variadas modalidades de robo, incluidas evasiones de impuestos.
Esa denuncia parcial de cuentas secretas y trasferencias dolosas ocultas, a la que ha tenido acceso el diario alemán ‘Süddeustche Zeitung’ y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), evidentemente incluye, además de muchos datos ciertos (de lo contrario no sería efectiva), evidentes fines políticos imperiales subversivos contra los Kirchner en Argentina, contra el clan ruso nacionalista de Putin en Rusia y contra la alianza PT-ODEBRECH-PETROBRAS en Brasil (estos dos últimos del BRIC), entre doce jefes de Estado o primeros ministros, 128 políticos, 61 familiares o socios cercanos a líderes políticos, futbolistas, empresarios o actores.
Curiosamente entre los 11.5 millones de documentos investigados no se incluyeron los que corresponden a las cuentas secretas y a las sociedades offshorts de los ricachones capitalistas norteamericanos, políticos, empresas y celebridades gringas. Como si los poderosos bancos de negocios estadounidenses, los lobos de Wall Street, las corporaciones mineras canadienses, las grandes firmas de abogados, los congresistas, familias tipo Bush, Clinton, Cheney, Trump, Rockefeller, Morgan… fueran angelitos del paraíso celestial.
Pretender culpar a un lado y exculpar al otro cuando se trata de facciones todas comprobadamente comprometidas en sobornos, tráfico de influencia, financiamientos políticos espurios, enriquecimientos ilícitos y ocultamientos de trampas, que de nuevo las pugnas políticas o económicas no tardan en develar, es ofender la inteligencia de la humanidad.
Pretender que todo la pus develada en Brasil, Argentina, lo de Sarkozy-Francia, lo de Martinelli en Panamá, lo de Funes en El Salvador, la Princesa y los empresarios españoles, el Rey Saudí… se debe a una determinación imperial-transnacional a favor de la transparencia en la competencia mundial, en vista de una globalización supuestamente homogénea del gran capital internacional y del su interés de sus grandes potencias en “moralizar los mercados” –como reiteradamente viene planteando Rafael Fafa Taveras, ex-izquierdista, comandante de abril 1965 y destacado dirigente de la oposición electoralista que lidera el PARTIDO REVOLICIONARIO MODERNO(PR)- es no entender la decadencia, el fraccionamiento, la segmentación, la putrefacción y lumpenización del capitalismo-imperialismo de estos tiempos, sean sus componentes de larga data o sean emergentes.
Se trata de pugnas al interior de un capitalismo integralmente podrido, sin ninguna intención ni posibilidad de auto-sanearse. Pugnas políticas, territoriales, militares, financieras, comerciales, industriales, de poder, de conquistas y reconquistas, donde todas las suciedades son válidas. Pugnas feroces, tramposas, violentas, amorales… plagadas de hipocresías y simulaciones.
Y se trata también de denuncias parciales, incompletas, interesadas, de unas facciones contra otras, en el marco de esas pugnas.
Pasa en Brasil y en todo el planeta.
Medias verdades o verdades a medias, con una u otra exageración, y uno u otro encubrimiento, cuya sumatorias, más las denuncias procedentes de fuentes no parciales, permiten cada vez más una mayor aproximación a una verdad más completa e integral.
* En Brasil: lo pérfido y lo imperdonable de parte y parte.
Lo pérfido de las derechas pro-estadounidense y del lumpen imperialismo de igual factura es que ocultando sus inmoralidades, emplea las culpas de sus adversarios del PT en materia de corrupción, para impulsar una contra-ofensiva neoliberal y mafiosa que persigue –vía el golpe o movimiento espurio de presiones por la renuncia de Dilma- arrasar con los avances democráticos y las políticas sociales progresivas en Brasil y en el Continente. Y eso merece un rechazo categórico.
Lo imperdonable, es que un líder obrero y la dirección de un partido originalmente socialista revolucionario, hayan metido a esa organización en las patas de los caballos de la lumpen-burguesía transnacional y local, pactando con componentes de unas de sus facciones, a cambio de una gobernabilidad claudicante y en procura de ventajas, posibilidades de sobornos, financiamientos, enriquecimientos, privilegios, preeminencias, cuotas de poder…
Que optara por aprovechar las bonanzas de las exportaciones y de los “comoditys” para políticas fundamentalmente asistencialistas y reivindicativistas, para inversiones escandalosas en competencias de deportivas de relumbrón; obviando olímpicamente los cambios estructurales, el desmonte del modelo neoliberal, los cambios hacia la socialización de la propiedad y los ingresos, y la necesaria refundación institucional.
Es difícil de negar la corrupción en los gobiernos de Lula y el involucramiento de sus alfiles en graves faltas. Hasta Dilma se vio forzada, en vano intento por diferenciarse, a instrumentar fuertes expedientes judiciales contra dirigentes gubernamentales del PT y aliados, en un intento de contención de la degradación en marcha.
Es difícil negar el contubernio, las complicidades y protecciones de Lula y de ella misma del mal uso de los recursos y de la corrupción de PETROBRAS o de las corruptelas de ODREBRECH y otros consorcios “amigos”, desplegadas durante tanto tiempo a escala brasileña y mundial. Es impensable la ignorancia o la inocencia de ambos en esas turbulencias morales.
Como tampoco puede eximírsele de culpas -a una como Presidenta del país y al otro como líder del partido de gobierno- del injustificable paquetazo neoliberal y sus consecuencias traducidas en una impopularidad espectacular del gobierno (se dice que Dilma bajó a un 12%, sin desmentidos consistentes), que se ha facilitado a EEUU y a las derechas su política sediciosa y desestabilizadora, porque se trata de un gobierno debilitado, casi en el suelo, con cierta legalidad pero con poca legitimidad.
Alegar los diezmados 50 millones de votos de origen, insistir en que los sediciosos hubieran aprobado algo peor que el paquetazo de Dilma, argumentar que otros políticos aceptan pagos de ODEBRECH y corporaciones parecidas para compensar conferencias magistrales, esgrimir que las derechas también emplea los métodos cuestionables que critica, para entonces tratar de justificar fallas y realidades muy crudas y evidentes, es una tontería que imposibilita salir del pantano; salida solo viable con el reconocimiento de las graves faltas cometidas y una intensa renovación de izquierda brasileña, que tendría que pasar por cambios radicales en la dirección del PT y aliados.
Que ahora debería comenzar por admitir el alto grado de ilegitimidad de las instituciones legislativas y ejecutivas de esa gran nación, y asumir su necesaria refundación vía una Constituyente participativa y nuevas elecciones.
Que debería repensar y rearmar la ruta post-neoliberal y post-capitalista.
Una izquierda consecuente, transformadora, no puede, no debe, justificar la conducta del buey que es capaz de embarrarse el trasero sin sentirlo y de embarrar a los demás sin notarlo y sin preocuparse. Sin admitir ni corregir el mal.
Por José Cabral.
Es muy bonito escuchar por la televisión y todos los demás medios de comunicación el tema de los derechos fundamentales, cuya realidad envía un mensaje distinto.
En más de una ocasión he planteado el serio problema en que está atrapada la sociedad dominicana en el contexto del sistema de justicia nacional.
Lo primero es que nadie, absolutamente nadie, respeta como debe ser la justicia constitucional, ni siquiera las cortes que tienen la misión de velar por ella mediante los recursos extraordinarios para la preservación y respeto de la constitución.
El primer ejemplo de lo que ocurre con la violación de la Constitución y con el no respeto de los derechos fundamentales, tanto a nivel del derecho interno como del externo, es la actitud del Ministerio Público, el cual destina al zafacón las denuncias y querellas presentadas por aquellas personas humanas víctimas de robos, asaltos a mano armada y de una gran variedad de actos delincuenciales.
El asunto es tan grave que cuando las victiman reclaman resultados de sus querellas o denuncias el fiscal procede con un archivo definitivo en virtud de lo que dispone el artículo 181 del Código Procesal Penal, pero peor aun cuando el perjudicado decide someter un recurso de objeción ante el juez de Instrucción, el cual regularmente lo que hace es ratificar lo decidido por el Ministerio Público.
En este caso no importa la violación que cometa el fiscal que ha manejado el caso, lo cual se constituye en una violación de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, consignados en los artículos 68 y 69 de la Constitución.
Pero la cuestión se complica cuando hay que acudir mediante un recurso contencioso administrativo por las constantes y graves violaciones de los derechos de los administrados, cuyo desempeño de los jueces de esta jurisdicción, hermanita de padre y madre del derecho constitucional, actúa como una caja de resonancia del Procuraduría General Administrativa y ahora abogado del Estado.
Es frustratorio e imperdonable lo que ocurre en esta jurisdicción de la justicia, pero todavía la cuestión es mucho más preocupante con la emisión de una serie de sentencias que violentan los más elementales principios del derecho constitucional.
Sin embargo, lo más deprimente es cuando se somete un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia, cuyo fallo se produce cuando ya los justiciables han muerto o de revisión de una acción de amparo o de una decisión jurisdiccional ante el Tribunal Constitucional, en cuyos órganos se concreta la expresión de que justicia tardía es justicia denegada, dado que los casos son decididos hasta 2, 3 y hasta 4 años después de haberse sometido.
Voy seguir con el tema, pero lo que he dicho hasta este punto indica que la Constitución dominicana y el neo-constitucionalismo que tanto se pregona es una forma de que el país esté a la moda con esta corriente, pero que la realidad está más asociada con la herencia histórico cultural del pueblo dominicano, en la que prevalecen una serie de antivalores como el amiguismo, el machismo, el patriarcado y el caudillismo, entre otros.
Sólo el pueblo dominicano puede superar la sociedad de las cavernas en que nos tienen sumergidos los partidos políticos y otros actores de la democracia de papel que se ha impuesto en la República Dominicana.
Por Isaías Ramos
¿Puede el Congreso aprobar una ley que contradiga, en la práctica, una sentencia vinculante del Tribunal Constitucional? Esa es la pregunta que hoy enfrenta la República Dominicana tras la aprobación en primera lectura en el Senado de un proyecto que eliminaría las candidaturas independientes.
Más allá de las diferencias políticas que puedan existir sobre el modelo electoral, lo que está en discusión es algo mucho más profundo: el respeto a la Constitución de la República Dominicana, a los derechos políticos de los ciudadanos y a las decisiones vinculantes del máximo órgano de control constitucional del país.
En diciembre de 2024, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales diversas disposiciones de la legislación electoral que imponían trabas desproporcionadas a las candidaturas independientes. La decisión procuró garantizar que el derecho de los ciudadanos a elegir y ser elegidos no quedara condicionado exclusivamente a la estructura de los partidos políticos.
Sin embargo, lo ocurrido en el Congreso parece avanzar en dirección contraria. La aprobación de un proyecto que, en la práctica, eliminaría las candidaturas independientes plantea un choque evidente entre la voluntad legislativa y una sentencia vinculante del máximo intérprete de la Constitución.
La gravedad del momento institucional se acentúa aún más cuando se observa que la decisión fue adoptada de manera prácticamente unánime por los senadores. Resulta legítimo preguntarse si todos los legisladores han reflexionado plenamente sobre el alcance constitucional de la decisión adoptada o si estamos ante una reacción política frente a una sentencia que algunos sectores preferirían ignorar.
Algunos constitucionalistas, como Eduardo Jorge Prats, han descrito esta reacción como una “rabieta institucional hiperpartidista disfrazada de defensa de los partidos”. Más allá de la dureza de esa expresión, la advertencia merece una reflexión seria. Cuando las decisiones de un tribunal constitucional comienzan a ser relativizadas o neutralizadas mediante decisiones políticas, el equilibrio institucional de una democracia empieza a resentirse.
La Constitución dominicana es clara en este punto. El artículo 6 establece que todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución. El artículo 68 dispone que corresponde al Estado garantizar la efectividad de los derechos fundamentales; no basta con reconocerlos en el texto constitucional, es necesario hacerlos posibles en la realidad. El artículo 73 establece la nulidad de pleno derecho de los actos contrarios a la Constitución. El artículo 74 consagra el carácter progresivo de los derechos fundamentales. Y el artículo 184 reconoce al Tribunal Constitucional como el órgano encargado de garantizar la supremacía de la Carta Magna.
A la luz de esos principios, la iniciativa aprobada en primera lectura adquiere una dimensión particularmente sensible para el orden constitucional. Lo que está en juego es una posible tensión institucional con el Tribunal Constitucional si una ley terminara reproduciendo, en la práctica, las mismas restricciones que el propio tribunal declaró inconstitucionales. Una situación así podría tener consecuencias graves para el orden constitucional.
El artículo 68 de la Constitución no es una disposición abstracta: es la garantía de que los derechos fundamentales tengan contenido real y efectivo. Cuando el Estado limita injustificadamente vías de participación política, no solo restringe un derecho; también debilita la confianza del ciudadano en las instituciones llamadas a protegerlo.
Este no es un debate sobre simpatías o antipatías hacia las candidaturas independientes, ni sobre la importancia de los partidos políticos. Los partidos son pilares fundamentales de la democracia. Pero reconocer su importancia no significa convertirlos en los únicos canales posibles de participación política. La democracia dominicana debe abrir puertas al ciudadano, no cerrarlas.
Si la Constitución reconoce derechos políticos a los ciudadanos, surge entonces una pregunta de fondo: ¿quién puede legítimamente restringirlos? Los derechos políticos pertenecen al pueblo dominicano. Los partidos son uno —pero no el único— de los canales para ejercerlos.
Las democracias se sostienen sobre un principio simple pero esencial: la Constitución es la norma suprema del Estado y todos los poderes públicos están sometidos a ella. Cuando ese principio comienza a relativizarse, la confianza institucional se erosiona y el sistema democrático se vuelve más frágil.
Nuestro deber como nación —y particularmente de quienes ejercen responsabilidades públicas— es proteger la Constitución incluso cuando hacerlo resulte incómodo o políticamente inconveniente. El respeto al orden constitucional no es una opción circunstancial: es la base misma sobre la cual descansa la estabilidad institucional de la República.
La estabilidad democrática que hoy disfruta la República Dominicana no es un accidente histórico. Tampoco ha sido un proceso perfecto: a lo largo del tiempo ha habido episodios de indiferencia frente a los deberes y mandatos constitucionales. Pero precisamente por esa experiencia acumulada sabemos que debilitar las reglas del juego institucional solo aumenta los riesgos para el orden democrático en un mundo marcado por crecientes tensiones geopolíticas y desafíos globales.
Desde el Foro Cívico y Social y el Frente Cívico y Social creemos firmemente que aún hay espacio para la reflexión institucional. Por ello hacemos un llamado respetuoso pero firme a los honorables senadores para que, antes de la segunda lectura de este proyecto, revisen con serenidad el alcance constitucional de la decisión que se está tomando.
También está en juego el mensaje institucional que el Congreso envía al país. Cuando un poder del Estado parece actuar en contradicción con la Constitución o con una sentencia vinculante del Tribunal Constitucional, el mensaje hacia la ciudadanía y hacia las instituciones públicas es institucionalmente delicado.
En una democracia constitucional, los derechos políticos del ciudadano no dependen de la voluntad de los partidos ni de las mayorías circunstanciales del Congreso. Dependen de la Constitución. Porque cuando una democracia olvida que la Constitución es su límite, no se debilitan los partidos: se debilita la República.
Despierta RD!
(Primera entrega)
Por Oscar López Reyes
Las costumbres, creencias y valores tradicionales pierden incidencia colectiva o se están esfumando, igual que la rigidez en la gobernanza de la democracia representativa/liberal; se dispersan en el descrédito y desarticulan organizaciones socio-comunitarias y sus líderes más experimentados. La vieja ciudadanía y la identidad cultural se desgastan en su funcionalidad y legitimidad, y no por casuística.
Las instancias del poder típico y clásico han menguado, y las voces que antaño repercutían con resonancia se apagan en el anclaje del paisaje de la individualización, el aislamiento y la fatiga, porque en la globalización y el necrocapitalismo se satisfacen pírricamente los deseos y aspiraciones comunales. Al unísono, esta nueva dinámica ha reducido la lucha de clases y puesto en jaque el viejo discurso político y los lances episódicos y coyunturalistas.
Visualicemos 10 componentes claves de las añejas estructuras del dominio y los procesos neodemocráticos:
1.- Crisis paternal y profesoral. Los jefes del hogar y la escuela han perdido autoridad, haciendo descansar las influencias de infantes y adolescentes en amistades de estos y en los dispositivos electrónicos, que desconcentran y aíslan. Esos tutores no les fijan límites razonables, en una permisividad aupada por el temor al autoritarismo y a la culpabilidad (“crianza culposa”). La fragilidad en el mando de los docentes radica en el escaso respaldo familiar, el decaimiento de algunos padres hacia sus hijos y su desarmonía con las nuevas tecnologías.
2.- Los partidos de masas. Las organizaciones políticas legendarias/rutinarias de alta afiliación han devenido en flácidas estructuras orgánicas, con una militancia con una pobre formación ideológica. Sus características principales son la personalización de su liderazgo en la obsolescencia e inadaptación en un contexto societario en constante cambio, la búsqueda energúmena de cargos públicos y beneficios particulares, la incursión en actos delictivos, como la corrupción, la descomposición, la escasa lealtad y las exigencias monetarias. Esos agravios se han traducido en inercia, estancamiento y en endeble suficiencia de esos partidos para movilizar a los conglomerados.
3.- Los partidos de izquierda. La atomización y decadencia del sistema de agrupaciones de izquierda tiene su raíz en el enclaustramiento a los principios invariables de la Revolución Bolchevique comandada por los reverenciados ideólogos comunistas Vladimir Lenin, León Trotsky y José Stalin (Rusia, 1917), que conduce a la negación de los cambios, o sea, a la resistencia inconsciente a la readecuación a los nuevos tiempos hegemonizados por el marketing y las alternativas populistas nacionalistas. El progresismo no aprovecha la crisis de la plutocracia librecambista, se estanca y retrocede porque tampoco satisface las aspiraciones de la mayoría. Con su dogmatismo divisionista, la izquierda no se amolda a las conversiones, ni responde a desafíos contemporáneos, como la equilibrada, emergente y ascendente República Popular China.
4.- Los grupos estudiantiles. Recrean en la penumbra de la reminiscencia los movimientos estudiantiles de liceos secundarios y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) de las décadas 1960-1980, cuyos miembros y simpatizantes salían a las calles a movilizarse -con quemas de neumáticos y enfrentamientos con agentes de la Policía Nacional- por reivindicaciones académicas y el respetado a las libertades públicas y los derechos humanos. Han sido empequeñecidos y diezmados por la hegemonía del modelo mercantilista neoliberal, la vigencia democrática, la minimización de la izquierda y el predominio del egocentrismo.
5.- Los gremios de empresas. La afiliación sindical está en declive por la disminución de las grandes industrias manufactureras y la automatización tecnológica, que reduce empleos, mejora calidad y aumenta la productividad; el anarcosindicalismo, la percepción de corrupción y la politización de los gremios. Ahora una laptop tonifica con más utilidad que un sindicato.
6.- La gobernanza estatal. La jurisdicción del presidente de la República mengua, por los reclamos de la opinión pública en sociedades democráticas, la vigencia del estado de derecho, las imposiciones de organismos internacionales y los grupos de intereses. Asimismo, la influencia y el poder de funcionarios del Estado se ha limitado (no eliminado) por la implementación de normativas contra sobornos en licitaciones y adquisiciones, la prohibición de doble cargo remunerado, los contubernios y negocios asociados, la reducción de gastos operativos y otros relativos a los procesos de transparencia, y por temores a las denuncias públicas (los desfalcos y peculados son más conocidos) y a los enjuiciamientos judiciales.
7.- La prensa tradicional. Eleva su grado de credibilidad y se reinventa en novedosas esferas, pero desperdicia audiencias y protagonismo por el advenimiento de la internet. También les perforan las redes sociales y la gratuidad de otras plataformas digitales, que son preferidas por los nuevos usuarios, especialmente los jóvenes.
8.- Los militares y policías. Los ciudadanos respetan cada vez menos a los cuerpos policiales y castrenses, que han erosionado su confianza por sus arbitrariedades, la prevaricación y gangrena, la complicidad con crímenes y su incompetencia para afrontar la desbordada delincuencia sistémica. Están siendo frenados por las denuncias ciudadanas y los rollizos esfuerzos de las autoridades oficiales, como las reformas institucionales.
9.- Las masonerías y los clubes culturales. Se estropean y desvanecen las entidades extremadamente cerradas, restringidas, desactualizadas, monótonas y sin presupuestos, como las logias masónicas y los clubes culturales. Por el contrario, las religiones se transforman y crece la espiritualidad, con prácticas como el yoga/meditación, adaptadas a estilos de convivencia flexibles, abiertos, individualistas y globalizados.
10.- Las ligas campesinas. Décadas atrás, comunidades rurales bullían de efervescencia, en intensas jornadas de lucha –que cobró vidas humanas- por la Reforma Agraria, motorizadas por núcleos de agricultores sin tierra. Hoy las ligas agrarias son debiluchas, y perecen. Ese declive brota dispersión e ineficacia para organizarse y proteger su producción, así como la emigración a las ciudades del país y el exterior. También han apaciguado el descalabro de la izquierda y el tráfico y lavado de dinero con la venta de predios.
Como se constata en las descripciones y razonamientos predichos, en la Nueva Era de trabajos digitales, computación cuántica e inteligencia artificial, líderes políticos, socio-comunitarios y organizaciones de pelajes dispares no se han remozado en perspectivas de las otras expresiones ciudadanas y paradigmas emergentes en el hogar, la escuela y los cantones geográficos. Su morfema léxico se fue a pique.
Inequívocamente, no han comprendido que las ideas y potestades ya no se imponen únicamente con la coacción o coerción, sino con el diálogo tolerante, la cercanía con discursos moderados e inclinando el pandero en otros espacios de socialización. Si persisten obstinadamente sin girar gradualmente hacia metas prioritarias y alcanzables en el corazón de esas mutaciones societales, las viejas estructuras organizacionales seguirán carcomidas en el aislamiento, por el derrotero de la desarticulación sin retorno. ¡Qué adversidad!, ¡qué lamento!, y ¡qué calamidad!
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El autor: Periodista, escritor y catedrático.
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