Opinión
En Brasil: A golpear el golpe sin “hacer como el buey”
Por Narciso Isa Conde
En la crisis política de Brasil concurren factores muy delicados que no deben ser obviados.
No tengo la menor duda de que el lumpen imperialismo estadounidense y la derecha social, económica y política… mafiosa, fascistoide y pro EEUU (partidos, corporaciones, medios de comunicación…) ha puesto en marcha un golpe parlamentario, seudo-institucional e ilegal contra la presidenta Dilma Rousseff y el gobierno del Partido de los Trabajadores-PT.
Está claro que el vicepresidente Michel Temer del derechista Partido Movimiento Democrático Brasileño-PMDB (uno de los malos aliados escogidos por la alta dirección del PT para gobernar con el visto bueno de la gran burguesía paulista), traicionó el pacto original para procurar el reemplazo de Dilma y tratar de convertirse en una especie del MACRI brasileño.
Es evidente que los principales escenarios escogidos para instrumentar ese golpe son, por un lado, los más perversos monopolios de la comunicación y, por el otro, un descalificado y corrompido Congreso; cuyo presidente del Senado, EDUARDO CUNHA, uno de los principales acusadores de Dilma, ha sido denunciado por recibir sobornos ascendentes a 5 millones de dólares y con alrededor de 14 integrantes que están siendo procesados por implicaciones en el escándalo LAVA JATO (PETROBRAS-ODEBRECH-PARTIDOS GOBERNANTES Y DE OPOSICIÓN).
Como lo es también, que el enorme escándalo de corrupción estatal-privada, que sin dudas tiene en el cogollo del PT y en sus gobiernos a sus principales responsables políticos –no a los únicos- ha sido retorcido burdamente para impulsar sin base legal el juicio político-parlamentario a la Presidenta Rousseff y tratar de consumar el golpe en frío; hasta ahora con un incierto y peligroso desenlace, incluso más allá de lo que acontezca en breve en el parlamento.
* El destripamiento entre facciones imperialistas.
Intuyo –algo que los investigadores sociales brasileños tendrían que confirmar- que uno de los telones de fondo de este terremoto político en las instancias de poder de esa potencia imperialista emergente, es la ríspida competencia entre dos facciones de la lumpen burguesía transnacional: una de factura nítidamente estadounidense o asociada a ella, y la de corte más propiamente brasileña; ambas con afanes hegemónicos en el escenario nacional, en áreas del mercado internacional y los resortes de los supra-poderes mundiales.
Ahí están posiblemente envueltas no pocas cosas relativas a petróleo, bio-cultivos, generación de energía con combustibles fósiles, minerales estratégicos, complejos industriales-militares, carteles de la construcción, agua, biodiversidad, rol del BRIC… en el marco de intensas y fuertes pugnas al interior de una convulsa civilización burguesa mundialmente decadente y gansterizada.
Esta intuición aparece reforzada por el trasfondo del nuevo escándalo de corrupción en las entrañas del capitalismo globalizado, conocido como PAPELES DE PANAMÁ; donde la mano peluda de WASHINGTON parece estar moviendo soterradamente -generando verdades y medias verdades, y asumiendo encubrimientos interesados- las investigaciones de unos 11.5 millones de documentos internos del despacho de la firma de abogados panameños Mossack Fonseca -considerada como una de los cinco mayores registradoras mundiales de sociedades ‘offshore’-, modalidad legal e ilegal del capital financiero para proteger variadas modalidades de robo, incluidas evasiones de impuestos.
Esa denuncia parcial de cuentas secretas y trasferencias dolosas ocultas, a la que ha tenido acceso el diario alemán ‘Süddeustche Zeitung’ y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), evidentemente incluye, además de muchos datos ciertos (de lo contrario no sería efectiva), evidentes fines políticos imperiales subversivos contra los Kirchner en Argentina, contra el clan ruso nacionalista de Putin en Rusia y contra la alianza PT-ODEBRECH-PETROBRAS en Brasil (estos dos últimos del BRIC), entre doce jefes de Estado o primeros ministros, 128 políticos, 61 familiares o socios cercanos a líderes políticos, futbolistas, empresarios o actores.
Curiosamente entre los 11.5 millones de documentos investigados no se incluyeron los que corresponden a las cuentas secretas y a las sociedades offshorts de los ricachones capitalistas norteamericanos, políticos, empresas y celebridades gringas. Como si los poderosos bancos de negocios estadounidenses, los lobos de Wall Street, las corporaciones mineras canadienses, las grandes firmas de abogados, los congresistas, familias tipo Bush, Clinton, Cheney, Trump, Rockefeller, Morgan… fueran angelitos del paraíso celestial.
Pretender culpar a un lado y exculpar al otro cuando se trata de facciones todas comprobadamente comprometidas en sobornos, tráfico de influencia, financiamientos políticos espurios, enriquecimientos ilícitos y ocultamientos de trampas, que de nuevo las pugnas políticas o económicas no tardan en develar, es ofender la inteligencia de la humanidad.
Pretender que todo la pus develada en Brasil, Argentina, lo de Sarkozy-Francia, lo de Martinelli en Panamá, lo de Funes en El Salvador, la Princesa y los empresarios españoles, el Rey Saudí… se debe a una determinación imperial-transnacional a favor de la transparencia en la competencia mundial, en vista de una globalización supuestamente homogénea del gran capital internacional y del su interés de sus grandes potencias en “moralizar los mercados” –como reiteradamente viene planteando Rafael Fafa Taveras, ex-izquierdista, comandante de abril 1965 y destacado dirigente de la oposición electoralista que lidera el PARTIDO REVOLICIONARIO MODERNO(PR)- es no entender la decadencia, el fraccionamiento, la segmentación, la putrefacción y lumpenización del capitalismo-imperialismo de estos tiempos, sean sus componentes de larga data o sean emergentes.
Se trata de pugnas al interior de un capitalismo integralmente podrido, sin ninguna intención ni posibilidad de auto-sanearse. Pugnas políticas, territoriales, militares, financieras, comerciales, industriales, de poder, de conquistas y reconquistas, donde todas las suciedades son válidas. Pugnas feroces, tramposas, violentas, amorales… plagadas de hipocresías y simulaciones.
Y se trata también de denuncias parciales, incompletas, interesadas, de unas facciones contra otras, en el marco de esas pugnas.
Pasa en Brasil y en todo el planeta.
Medias verdades o verdades a medias, con una u otra exageración, y uno u otro encubrimiento, cuya sumatorias, más las denuncias procedentes de fuentes no parciales, permiten cada vez más una mayor aproximación a una verdad más completa e integral.
* En Brasil: lo pérfido y lo imperdonable de parte y parte.
Lo pérfido de las derechas pro-estadounidense y del lumpen imperialismo de igual factura es que ocultando sus inmoralidades, emplea las culpas de sus adversarios del PT en materia de corrupción, para impulsar una contra-ofensiva neoliberal y mafiosa que persigue –vía el golpe o movimiento espurio de presiones por la renuncia de Dilma- arrasar con los avances democráticos y las políticas sociales progresivas en Brasil y en el Continente. Y eso merece un rechazo categórico.
Lo imperdonable, es que un líder obrero y la dirección de un partido originalmente socialista revolucionario, hayan metido a esa organización en las patas de los caballos de la lumpen-burguesía transnacional y local, pactando con componentes de unas de sus facciones, a cambio de una gobernabilidad claudicante y en procura de ventajas, posibilidades de sobornos, financiamientos, enriquecimientos, privilegios, preeminencias, cuotas de poder…
Que optara por aprovechar las bonanzas de las exportaciones y de los “comoditys” para políticas fundamentalmente asistencialistas y reivindicativistas, para inversiones escandalosas en competencias de deportivas de relumbrón; obviando olímpicamente los cambios estructurales, el desmonte del modelo neoliberal, los cambios hacia la socialización de la propiedad y los ingresos, y la necesaria refundación institucional.
Es difícil de negar la corrupción en los gobiernos de Lula y el involucramiento de sus alfiles en graves faltas. Hasta Dilma se vio forzada, en vano intento por diferenciarse, a instrumentar fuertes expedientes judiciales contra dirigentes gubernamentales del PT y aliados, en un intento de contención de la degradación en marcha.
Es difícil negar el contubernio, las complicidades y protecciones de Lula y de ella misma del mal uso de los recursos y de la corrupción de PETROBRAS o de las corruptelas de ODREBRECH y otros consorcios “amigos”, desplegadas durante tanto tiempo a escala brasileña y mundial. Es impensable la ignorancia o la inocencia de ambos en esas turbulencias morales.
Como tampoco puede eximírsele de culpas -a una como Presidenta del país y al otro como líder del partido de gobierno- del injustificable paquetazo neoliberal y sus consecuencias traducidas en una impopularidad espectacular del gobierno (se dice que Dilma bajó a un 12%, sin desmentidos consistentes), que se ha facilitado a EEUU y a las derechas su política sediciosa y desestabilizadora, porque se trata de un gobierno debilitado, casi en el suelo, con cierta legalidad pero con poca legitimidad.
Alegar los diezmados 50 millones de votos de origen, insistir en que los sediciosos hubieran aprobado algo peor que el paquetazo de Dilma, argumentar que otros políticos aceptan pagos de ODEBRECH y corporaciones parecidas para compensar conferencias magistrales, esgrimir que las derechas también emplea los métodos cuestionables que critica, para entonces tratar de justificar fallas y realidades muy crudas y evidentes, es una tontería que imposibilita salir del pantano; salida solo viable con el reconocimiento de las graves faltas cometidas y una intensa renovación de izquierda brasileña, que tendría que pasar por cambios radicales en la dirección del PT y aliados.
Que ahora debería comenzar por admitir el alto grado de ilegitimidad de las instituciones legislativas y ejecutivas de esa gran nación, y asumir su necesaria refundación vía una Constituyente participativa y nuevas elecciones.
Que debería repensar y rearmar la ruta post-neoliberal y post-capitalista.
Una izquierda consecuente, transformadora, no puede, no debe, justificar la conducta del buey que es capaz de embarrarse el trasero sin sentirlo y de embarrar a los demás sin notarlo y sin preocuparse. Sin admitir ni corregir el mal.
Por Rommel Santos Diaz
Se tiene reportado el uso de 250,000 niños soldados en cerca de 50 países. Para completar el panorama, se estima que 20 millones de niños han sido desplazados como consecuencias de las diversas guerras y catástrofes humanitarias, mientras que entre 8,000 y 10,000 niños mueren cada año como consecuencia de utilización de minas antipersonales.
Existen indicios de que la trata de niños en zonas de conflicto es una tendencia que va en aumento y esta vinculada a redes de delincuencia transnacional organizada.
La Corte Penal Internacional es el primer tribunal internacional cuyo Estatuto y Reglas de Procedimiento y Prueba brindan a las víctimas la posibilidad de participar en todas las etapas del proceso.
A diferencia de las actuaciones de las víctimas en otros tribunales internacionales, limitadas a reforzar los argumentos de la defensa o el Fiscal, la Corte Penal Internacional les reconoce derechos que les corresponden por ser quienes han sufrido la grave vulneración de sus derechos humanos y tienen la mayor expectativa de que se haga justicia.
El principal reto de la Corte Penal Internacional será demostrar que sus investigaciones y decisiones no están guiadas por móviles políticos o intereses ajenos a la justicia y la represión de crímenes internacionales.
Finalmente, en la medida en que este sistema se vaya consolidando, siguiendo los parámetros legales del Estatuto de Roma y de las Reglas de Procedimiento y Prueba, es posible que países hoy reticentes hacia la Corte Penal Internacional modifiquen su postura hacia una de ayuda y cooperación. Con esto se lograría tener un sistema penal internacional plenamente universal como complemento a las iniciativas locales por sancionar crímenes de genocidio, lesa humanida, guerra y agresión.
rommelsantosdiaz@gmail.com
Por Nelson Encarnación
El reciente escándalo de corrupción detectado en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) ha acentuado la percepción o el convencimiento en algunos de que los políticos acceden a los cargos públicos con la intención de apropiarse de los recursos que manejan.
Ya en otras oportunidades se ha esparcido el mismo convencimiento, en ocasión de hechos judicializados que aún cursan en los tribunales sin sentencias firmes.
Estos y casos anteriores han servido de fundamento a quienes entienden que las formaciones políticas son nidos de bandidos con una amplia vocación hacia la depredación de los recursos públicos, dando lugar, al mismo tiempo, a la prédica contra los políticos y los partidos.
Sin embargo, existen argumentos y evidencias suficientes para desmontar la mala fama contra los políticos. Podemos afirmar, de manera categórica, que los políticos profesionales no roban.
Para remontarnos a los hechos más sonados de persecución a la corrupción, podemos referir el que ha sido, probablemente, el más sonoro de todos, es decir, el procesamiento judicial del expresidente Salvador Jorge Blanco (1982-1986), quien fue condenado a 20 años de prisión por hechos que, evidentemente, no cometió.
Jorge Blanco, que antes de ser político ya era un abogado prestigioso, murió en medio de precariedades materiales, una situación que no concuerda con quien supuestamente fue un corrupto.
Los hechos por los que se condenó al exmandatario no fueron cometidos por él ni por ninguno de sus seguidores con formación y compromiso político, sino por allegados que nada tenían que ver con el Partido Revolucionario Dominicano.
En el caso de los expedientes que todavía se ventilan en la justicia relacionados con hechos registrados—conforme las imputaciones del Ministerio Público—vinculan en primer plano a personeros relacionados al expresidente Danilo Medina, no a dirigentes conocidos del Partido de la Liberación Dominicana.
Y en el más reciente que ocupa la atención del país, es decir, el expediente Senasa, una simple identificación de los encartados permite concluir en que se repite el mismo patrón: los principales señalados no son políticos de militancia.
En consecuencia, si miramos los hechos con un sentido lógico y alejado de la intención de dañar a los partidos y sus dirigentes, podemos proclamar que los políticos profesionales, con formación en el servicio a la sociedad, con compromiso, no roban los fondos del erario. Ahí está la historia.
Por Isaías Ramos
Al despedir 2025 y abrir 2026, es fácil refugiarse en lo cómodo: deseos repetidos, frases bonitas, la ilusión de que todo cambiará solo porque cambia el calendario. Pero la República Dominicana no necesita otro brindis vacío. Necesita una sacudida de conciencia y un cambio de rumbo. Ese rumbo comienza cuando dejamos de mirar la política como un espectáculo ajeno y asumimos que la república —la casa de todos— se sostiene o se cae con la conducta diaria de su gente.
Durante más de tres décadas, una clase política dominante, reciclada en siglas, alianzas y narrativas, ha contribuido a degradar la vida pública. Se normalizó el privilegio. Se hizo costumbre la trampa. El clientelismo dejó de ser excepción y se volvió método. La impunidad dejó de ser temor y se volvió expectativa. El Estado, demasiadas veces, dejó de ser instrumento del bien común para convertirse en botín, refugio o escalera personal. Cuando lo público se vuelve mercancía, el daño deja de ser un asunto de élites y se convierte en una fractura moral, social y espiritual.
No se trata de negar que existan servidores públicos honestos ni ciudadanos decentes. Precisamente por ellos —y por los jóvenes que merecen un país digno— no podemos resignarnos. Los datos aportan contexto a una percepción extendida: el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 asigna a la República Dominicana 36/100 y la ubica en la posición 104 de 180 países. El Rule of Law Index 2025 del World Justice Project sitúa al país en el puesto 76 de 143, y en el factor “Ausencia de Corrupción”, en 90 de 143.
La experiencia cotidiana confirma esa brecha. El trámite que solo “camina” por la vía indebida. El contrato opaco. El expediente que duerme. La sanción que nunca llega. Ese desgaste produce algo peor que el enojo: produce resignación. Y cuando una sociedad se resigna, la corrupción no se frena; se perfecciona. Así es como una república se vacía por dentro, aunque conserve su nombre y sus símbolos.
La historia política lo ha advertido con claridad: cuando los ciudadanos se repliegan en el interés personal y abandonan la vida pública, el Estado se debilita y queda a merced de los peores. Cuando un pueblo ama su país, respeta las leyes y vive con sobriedad cívica, es posible avanzar hacia el bienestar compartido. Cuando se instala la indiferencia, el interés particular aísla y la república se convierte en un cascarón.
Si 2026 será un año de esperanza, esa esperanza no puede ser pasiva. Tiene que ser esperanza disciplinada: la que mira el abismo, lo nombra y aun así decide construir un puente. Ese puente se llama Constitución. No como símbolo ceremonial, sino como norma viva. El artículo 6 establece su supremacía y declara nulos los actos contrarios a ella. El artículo 7 nos define como Estado Social y Democrático de Derecho. El artículo 8 fija como función esencial del Estado proteger los derechos de la persona y respetar su dignidad.
Honrar la Constitución no es citarla: es vivirla. Es aceptar que no puede haber Estado de derecho con corrupción estructural; que no puede haber democracia con clientelismo; que no puede haber justicia con privilegios. Honrar la Constitución es convertir el servicio público en honor y no en negocio; proteger el dinero del pueblo como sagrado; poner el mérito por encima del padrino; transparentar compras, obras y nombramientos; y asegurar consecuencias reales a quien robe lo común. Esa es la frontera entre república y fachada.
Por eso, en 2026, el Foro y Frente Cívico y Social debe reforzar en todo el territorio nacional un despertar de conciencia sostenido y pacífico que convierta indignación en organización y esperanza en disciplina. No se trata de incendiar el país; se trata de iluminarlo. No de sustituir instituciones, sino de obligarlas a cumplir su rol constitucional con presión cívica legítima.
La ruta es concreta y verificable: formación cívica territorial, veeduría social continua y defensa constitucional práctica, acompañando denuncias, dando seguimiento público a los casos y exigiendo consecuencias sin selectividad.
Nada de esto se logra solo con organizaciones. Se logra con el ciudadano común. En esta semana de cambio de año, vale la pena asumir un pacto sencillo: renunciar a pagar sobornos, a pedir favores indebidos y a justificar privilegios; comprometerse a informarse antes de opinar, a exigir rendición de cuentas en lo local y a participar más allá del voto. Un país cambia cuando cambia lo que su gente considera “normal”.
Imaginemos, con realismo, la nación que podemos construir si ese giro comienza: una donde no se necesita padrino para un servicio; donde un contrato público no es lotería para unos pocos, sino obligación transparente; donde el funcionario teme más a la justicia y a la vergüenza pública que a la pérdida del cargo; donde el joven respeta al competente y no admira al tramposo. Que Dios —y la conciencia despierta de cada dominicano— nos guíe y nos exija verdad, justicia y rectitud; que el amor a la patria sea conducta diaria; y que la defensa de la libertad sea nuestro sentir y nuestro hacer.
Cerramos 2025 con una verdad incómoda: hemos permitido demasiado. Abrimos 2026 con una verdad poderosa: todavía estamos a tiempo. Honrar la Constitución o perder la República: esa es la elección de nuestro tiempo. Salvemos la patria.
¡Despierta RD!