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En crisis postprimarias Leonel juega ruleta rusa y monta candidatura fuera del PLD.
Las acciones del expresidente Leonel Fernández indican que se ha decidido jugar una ruleta rusa en su lucha por hacer valer unos alegatos de fraudes que pierden credibilidad y fuerza en el curso de los días, pero que constituyen también una forma de lesionar la confiabilidad que debe proporcionar la Junta Central Electoral (JCE) para las elecciones más importantes para escoger las autoridades nacionales el año entrante 2020.
En la medida en que pasan las horas el candidato hasta ahora perdedor abandona y recurre a una serie de recursos, unos en el campo legal y otros en el ámbito político para preparar el terreno para lanzarse a una candidatura presidencial fuera del PLD en el 2020.
El pedido que había mantenido el hasta ahora presidente del PLD consistía en que se contaran los votos físicos emitidos a nivel presidencial en las primarias, pero cuando la JCE decide hacerlo, entonces Leonel sostiene que eso no es una garantía para esclarecer el fraude que se alega porque en su opinión se rompió la cadena de custodia de los equipos utilizados.
Entonces, Leonel ahora hace el pedido de que la Junta Central Electoral haga una auditoria forense al módulo fuente que sirvió de base para el conteo y la transmisión de los votos de forma automatizada para cuya medida el expresidente plantea que esto se haga con la presencia de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA), otros organismos internacionales y la embajada de los Estados Unidos en el país.
Al propio tiempo, Leonel ha sometido al Tribunal Superior Electoral un referimiento para impedir que la JCE continúe el conteo de los votos y que proclame a Gonzalo Castillo como aspirante ganador y de inmediato ha sido enrolado para ser conocido hoy, el cual podría no tener buenos resultados, porque si bien este tipo de recurso no requiere o no debe ir al fondo del caso, pero por lo menos debe sustentarlo con algunas pruebas para que pueda tener un resultado positivo.
Sin embargo, el hecho de que Leonel y su gente han sido, podría decirse, muy inconsistentes en su denuncia, porque en un momento han sostenido algo, pero luego se retractan y lesionan su propia credibilidad, como por ejemplo la acusación de Rubén Maldonado, vocero de esa corriente en la JCE, en contra de este órgano y además de Jochi Gómez, hijo del periodista Guillermo Gómez, de que habían participado en el fraude cometido, pero luego ante un emplazamiento del abogado de éste, se retracta durante su participación en el programa El Sol de la Mañana, lo cual ha dejado muy mal parado a ese grupo.
Pero hay que tomar en cuenta que Leonel al propio tiempo que recurre a recursos legales también lo hace en el ámbito político con el anuncio de otra manifestación frente a la Junta Central Electoral para aparentemente presionar en favor de su causa, pero que en el fondo es para preparar y montar una maquinaria propagandística frente a la posibilidad su candidatura presidencial por un grupo de pequeños partidos, encabezado por uno de sus aliados, la Fuerza Nacional Progresista.
Empero, para Leonel presentar su aspiración presidencial al margen del PLD tendría que atacar el articulo 49 de la Ley Electoral, la 3318, que impide que un aspirante que haya participado en cualquier partido político no puede hacerlo a través de otro.
En este caso Leonel tendría que recurrir al Tribunal Constitucional, porque ciertamente ese artículo de la Ley Electoral se contrapone con la Constitución de la República en lo que respecta al derecho fundamental de elegir y ser elegible.
Otro obstáculo político sería que habría que ver hasta donde es posible que todos los aspirantes en la corriente de Leonel dentro del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se sumen a esos planes, sobre todo después de haber ganado las primarias, como por ejemplo Abel Martínez y José Rafael Vargas, entre otros.
Esto último va estar determinado en una proporción importante por el éxito de Leonel en el terreno jurídico y podría que no necesariamente en el político-electoral, principalmente con el referimiento a conocerse en el Tribunal Superior Electoral, cuya sentencia o ordenanza si resulta contraria a su pedido puede liquidar definitivamente la imagen del presidente del PLD, pero si es positiva para él podría fortalecerla.
Ya el Tribunal Constitucional ha anulado una serie de artículos de la ley señalada más arriba porque chocaban con la carta magna, pero habría que ver cual sería la actitud de los jueces de esta alta corte frente a ese recurso, porque hay quienes sostienen que los jueces que lo conforman responden a la corriente danilista, cuyo presidente Milton Ray Guevara era o es un seguidor de un partido que se ha convertido en visagra del PLD como lo es el Revolucionario Dominicano PRD.
Sin embargo, se debe decir que de todos los tribunales de las altas cortes, el Constitucional ha tenido una actitud de revisión de una serie de leyes y sentencias que violentan el estado de derecho es el que más ha trabajado en favor de la institucionalidad, lo cual implica factores en contra y en favor de Leonel.
Todos estos pasos dados por el exmandatario ponen en tela de juicio la credibilidad de la Junta Central Electoral y el uso de una tecnología que enamoró a los amplios sectores de la vida nacional, pero que se cuestiona su vulnerabilidad.
Sin lugar a dudas que estos escarceos leonelistas ponen en peligro las elecciones generales a celebrarse en el año 2020, lo cual también representa una amenaza para el sistema democrático.
Lo cierto es que frente a la situación Leonel parece que ha sido incitado a que abandone el PLD y que presente una candidatura presidencial por un grupo de pequeños partidos que responden a sus intereses, pero habría que ver si tendría éxito en sus propósitos o si en realidad termina liquidado porque le toque el tiro al azar que se dispara en ese juego conocido como ruleta rusa y que este muera políticamente en el escenario nacional.
En todo caso una candidatura de Leonel a la presidencia de la República por otros partidos que no sea el PLD, el expresidente podría jugar un papel podría decirse aceptable, aunque no gane, pero su manejo en la actualidad pesará mucho porque se observa que su liquidación no solo podría ser electoral, sino ético y moral, porque su gente lanza una serie de acusaciones que carecen de prueba y con Maldonado haberse retractado de lo que dijo en contra de Jochi Gómez sirve para medir también que una cosa igual pudo ocurrir o ocurre con las primarias, porque este mismo personaje es el vocero en el órgano electoral del grupo de Leonel Fernández, lo cual afecta toda la estrategia del exjefe de Estado.
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IA entra a justicia dominicana: entre la eficiencia tecnológica y el desafío de preservar el criterio humano
El uso de herramientas inteligentes comienza a transformar procedimientos judiciales y la práctica jurídica en República Dominicana. La promesa es una justicia más rápida y eficiente, pero su expansión abre interrogantes sobre privacidad, transparencia, responsabilidad, debido proceso y el papel insustituible de jueces y abogados.
Por Elba Rosa García
La inteligencia artificial dejó de ser un asunto reservado a especialistas en tecnología para entrar en uno de los espacios más sensibles de la vida democrática: la administración de justicia.
República Dominicana comienza a experimentar esa transformación. Herramientas capaces de procesar grandes cantidades de información, asistir en la elaboración de documentos y automatizar determinadas tareas ya forman parte de iniciativas desarrolladas dentro del Poder Judicial.
El cambio promete eficiencia, pero también plantea una pregunta que trasciende la tecnología: ¿hasta dónde debe permitirse que la inteligencia artificial intervenga en procesos donde están en juego derechos, patrimonio, libertad y decisiones que pueden modificar la vida de una persona?
La IA ya está entrando a los tribunales
En julio de 2026, el Poder Judicial informó que avanza en la incorporación de soluciones apoyadas en inteligencia artificial con el propósito de optimizar la gestión judicial, fortalecer la transparencia y facilitar el acceso de los ciudadanos a los servicios de justicia.
Entre las iniciativas anunciadas figura una implementación piloto de Microsoft Copilot en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia y en determinadas áreas administrativas y de apoyo a tribunales.
De acuerdo con la institución, estas herramientas permiten apoyar tareas repetitivas, asistir en la redacción jurídica y facilitar el análisis de información legal. El Poder Judicial sostiene, sin embargo, que la tecnología debe funcionar como instrumento auxiliar y no sustituir la función jurisdiccional ni el criterio humano.
Ese último aspecto constituye probablemente el punto central de la discusión.
Una cosa es ayudar al juez y otra decidir por él
La inteligencia artificial puede localizar información en segundos, organizar documentos, comparar grandes cantidades de datos y generar borradores. Pero administrar justicia no consiste solamente en procesar información.
Juzgar supone interpretar normas, valorar pruebas, ponderar derechos, motivar decisiones y comprender circunstancias humanas que difícilmente pueden reducirse a una operación matemática.
El debate ya ha llegado al Tribunal Constitucional dominicano.
Durante el Congreso Mundial de Derecho Constitucional de 2026, el magistrado Amaury A. Reyes Torres abordó el impacto de la inteligencia artificial en la función jurisdiccional y sostuvo que una decisión producida mediante IA generativa no puede considerarse final sin revisión o confirmación humana. También llamó la atención sobre cuestiones como la trazabilidad, la protección de información sensible, el uso ético y la denominada “caja negra” de determinados sistemas tecnológicos.
La reflexión revela que el problema no consiste simplemente en determinar si la justicia utilizará inteligencia artificial.
La cuestión verdaderamente importante será establecer qué puede hacer la IA, qué no debe hacer y quién responde por sus resultados.
El riesgo de una justicia de “caja negra”
Cuando un juez dicta una decisión, debe explicar jurídicamente las razones que sustentan su conclusión.
Pero ¿qué sucede cuando un sistema informático recomienda un determinado resultado y no puede conocerse claramente cómo llegó hasta él?
Ahí aparece uno de los grandes problemas jurídicos de la inteligencia artificial: la explicabilidad.
En un Estado de derecho no debería bastar con afirmar que un algoritmo produjo determinado resultado. Cuando una decisión afecta derechos, la persona necesita conocer las razones, cuestionarlas y disponer de mecanismos efectivos para impugnarlas.
El debido proceso, la tutela judicial efectiva, la igualdad y la seguridad jurídica adquieren así una dimensión tecnológica que hasta hace pocos años parecía lejana.
Los abogados tampoco quedan fuera de la transformación
El cambio no se limita a los tribunales.
Los abogados ya tienen acceso a sistemas capaces de resumir expedientes, estructurar argumentos, comparar documentos, preparar borradores contractuales y asistir en investigaciones jurídicas.
Utilizadas correctamente, estas herramientas pueden ahorrar tiempo y permitir que el profesional concentre mayores esfuerzos en el razonamiento jurídico y la estrategia del caso.
Pero existe una frontera que no debe perderse de vista: la inteligencia artificial puede asistir al abogado, pero no asumir su responsabilidad profesional.
Una respuesta generada automáticamente puede contener errores, omitir elementos relevantes o presentar como cierta información que no ha sido debidamente comprobada. En materia jurídica, un dato incorrecto puede comprometer la defensa de una persona o la credibilidad del profesional.
Por eso, verificar las fuentes, comprobar la jurisprudencia y revisar personalmente cualquier documento producido con asistencia tecnológica se convierte en una nueva obligación práctica del jurista contemporáneo.
Privacidad y expedientes judiciales
Existe otro problema menos visible, pero igualmente importante: los datos.
Los expedientes pueden contener información financiera, familiar, empresarial, médica, penal o patrimonial. Introducir indiscriminadamente esos datos en plataformas tecnológicas externas podría generar riesgos de confidencialidad y protección de información sensible.
Precisamente por ello, el Poder Judicial ha señalado que sus proyectos se desarrollan bajo criterios de seguridad, gobernanza tecnológica, trazabilidad, transparencia y supervisión humana.
La transformación digital de la justicia tendrá que avanzar, por tanto, acompañada de reglas estrictas sobre qué información puede ser procesada, dónde se almacena, quién puede acceder a ella y durante cuánto tiempo permanece disponible.
Los deepfakes: un nuevo desafío para la prueba
La inteligencia artificial también introduce dificultades fuera de los sistemas institucionales.
Hoy es posible generar o alterar imágenes, voces y videos con niveles crecientes de realismo. Una grabación que parece auténtica puede haber sido manipulada; una voz aparentemente perteneciente a determinada persona puede ser artificial.
Las consecuencias para el proceso judicial son evidentes.
La autenticidad, integridad, cadena de custodia y valoración de la prueba digital adquieren una importancia creciente en un entorno donde ver o escuchar algo ya no necesariamente significa que haya ocurrido de esa manera.
En junio de este año, el Poder Judicial recibió una misión de asistencia técnica vinculada con la Unión Europea para analizar la actualización del marco normativo dominicano frente a la inteligencia artificial y los delitos tecnológicos. Entre los fenómenos mencionados estuvieron fraudes, extorsiones, suplantaciones de identidad y deepfakes.
El Derecho comienza a correr detrás de la tecnología
La velocidad de la innovación presenta otro desafío.
La tecnología evoluciona en meses; las leyes necesitan discusión, consensos, aprobación y aplicación.
En la nueva legislatura iniciada en agosto, el Congreso dominicano mantiene entre su agenda diferentes reformas y proyectos vinculados con justicia, ciberseguridad e inteligencia artificial, en momentos en que esta última impacta áreas como educación, salud, empleo, seguridad y servicios públicos.
Regular demasiado pronto o con excesiva rigidez podría limitar innovaciones beneficiosas. Pero llegar demasiado tarde podría dejar a ciudadanos e instituciones sin respuestas claras frente a nuevos riesgos.
El equilibrio será complejo.
La tecnología debe servir a la justicia
La inteligencia artificial puede convertirse en una extraordinaria aliada para un sistema judicial que necesita rapidez, organización, accesibilidad y reducción de tareas repetitivas.
Pero eficiencia y justicia no son necesariamente sinónimos.
Una decisión puede producirse rápidamente y ser injusta. Un algoritmo puede procesar miles de casos y reproducir errores a gran escala. Una herramienta puede aumentar la productividad y, al mismo tiempo, generar riesgos para la privacidad.
Por eso, la transformación que comienza a experimentar la justicia dominicana no debería medirse exclusivamente por la cantidad de procesos que logren automatizarse.
El verdadero indicador será determinar si la tecnología contribuye a ofrecer una justicia más rápida sin hacerla menos humana; más moderna sin hacerla menos transparente; y más eficiente sin debilitar las garantías fundamentales de quienes acuden a los tribunales.
La inteligencia artificial llegó al Derecho y difícilmente retrocederá.
Ahora corresponde al Derecho establecer sus límites.
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Motoconchismo en República Dominicana: entre el sustento de miles de familias y el desafío de la seguridad vial
Una actividad que resuelve necesidades de transporte y genera ingresos, pero cuya informalidad y elevada exposición a los accidentes obligan al país a replantear su regulación
Por Elba García
Para una parte importante de la población dominicana, el motoconcho representa mucho más que una motocicleta estacionada en una esquina esperando pasajeros. Es fuente de ingresos, transporte rápido, conexión entre comunidades y, en numerosos sectores donde el transporte colectivo resulta insuficiente, una alternativa prácticamente indispensable.
Sin embargo, detrás de esa utilidad social y económica existe una realidad preocupante: la motocicleta ocupa un lugar central en la grave problemática de seguridad vial que enfrenta la República Dominicana.
El motoconchismo se encuentra así entre dos realidades difíciles de separar. Por un lado, proporciona sustento a miles de trabajadores y facilita la movilidad de ciudadanos; por otro, su crecimiento desorganizado, la informalidad de una parte del sector y el incumplimiento de las normas de tránsito aumentan los riesgos tanto para conductores como para pasajeros y peatones.
Un país sobre dos ruedas
La magnitud del fenómeno puede apreciarse observando la composición del parque vehicular dominicano. Al cierre de 2025, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) contabilizaba 3,846,694 motocicletas, equivalentes al 57.9 % de los 6,640,871 vehículos registrados en el país. En apenas un año, la cantidad de motocicletas aumentó en 314,727 unidades, un crecimiento de 8.9 %.
No todas esas motocicletas están destinadas al motoconcho, naturalmente, pero las cifras permiten dimensionar hasta qué punto este vehículo se ha integrado a la movilidad cotidiana de los dominicanos.
En barrios urbanos, municipios y comunidades rurales, el motoconcho llega allí donde muchas veces no lo hacen los autobuses, carros públicos o corredores organizados. Permite recorrer distancias cortas con rapidez y, para muchas personas que no poseen vehículo propio, constituye la forma más inmediata de llegar al trabajo, la escuela, un centro médico o una parada de transporte colectivo.
Esa flexibilidad explica parte de su permanencia y expansión.
Fuente de trabajo y supervivencia
El otro rostro del motoconcho es económico.
Para numerosos trabajadores, conducir una motocicleta para transportar pasajeros constituye una oportunidad de obtener ingresos sin depender de un empleo asalariado tradicional. En una economía donde la informalidad laboral continúa teniendo un peso significativo, la motocicleta se convierte en una herramienta de trabajo relativamente accesible.
La actividad también produce un movimiento económico indirecto: talleres de reparación, venta de repuestos, neumáticos, lubricantes, combustible y otros servicios relacionados dependen en alguna medida del enorme universo de motocicletas que circula diariamente.
Por eso, cualquier política pública destinada a enfrentar los problemas del motoconchismo debe evitar una simplificación: el motoconchista no puede ser considerado únicamente como un problema de tránsito. Es también un trabajador y un prestador de un servicio que responde a una necesidad real de movilidad.
El precio humano de la motocicleta
Pero los beneficios económicos y sociales conviven con una realidad dramática.
El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) informó en julio de 2026 que durante 2025 fallecieron 2,992 personas en siniestros de tránsito en República Dominicana y más del 65 % de las víctimas eran motociclistas.
La cifra no significa que todas esas víctimas fueran motoconchistas, pero demuestra la vulnerabilidad extraordinaria de quienes utilizan motocicletas en las vías dominicanas.
El problema tampoco se limita a las muertes. El Plan Estratégico Institucional 2025-2028 del INTRANT señala que entre 2021 y 2024 se registraron 473,850 personas lesionadas en accidentes de tránsito, una carga considerable tanto para las familias como para el sistema sanitario y la economía nacional.
Cada accidente grave puede representar hospitalización, cirugía, rehabilitación, incapacidad laboral, pérdida de ingresos y, en los casos más extremos, la muerte de quien sostiene económicamente a una familia.
Informalidad: el gran desafío
Una de las principales debilidades históricas del motoconchismo ha sido la informalidad.
Paradas improvisadas, motocicletas sin las condiciones adecuadas, conductores sin la documentación requerida, ausencia de identificación uniforme y poca capacitación vial han dificultado convertir esta actividad en un verdadero servicio organizado de transporte.
En 2026 las autoridades intensificaron las acciones para cambiar esa realidad.
Entre el 3 y el 24 de junio, el INTRANT y otros organismos estatales intervinieron 488 paradas de motoconcho en diferentes puntos del territorio nacional como parte de un proceso de regularización. Las jornadas incluyeron levantamiento documental, fiscalización y depuración de operadores.
Uno de los resultados destacados por la institución fue el incremento de 107.5 % en la emisión de nuevas licencias categoría 1 para motocicletas, al pasar de 1,843 en marzo a 3,824 en junio de 2026.
La tendencia evidencia que la fiscalización, cuando está acompañada de mecanismos que permitan cumplir la normativa, puede conducir progresivamente hacia la formalización.
Seguridad ciudadana y confianza
La regulación tiene otra dimensión: la seguridad del pasajero.
Quien aborda un motoconcho entrega temporalmente su seguridad a una persona que muchas veces desconoce. De ahí la importancia de establecer mecanismos efectivos de identificación de los operadores y de las motocicletas utilizadas para prestar el servicio.
Un sistema organizado permitiría saber quién conduce, si posee licencia vigente, si la motocicleta está debidamente registrada y si cumple con los requisitos establecidos por las autoridades.
Eso protegería al pasajero, pero también al propio motoconchista responsable, porque contribuiría a diferenciar al trabajador formal de quien utiliza una motocicleta al margen de las normas.
El casco no puede ser opcional
La transformación del sector tampoco puede descansar exclusivamente sobre operativos policiales.
Debe acompañarse de educación vial permanente y de una cultura de prevención. El uso correcto del casco protector tanto por el conductor como por el pasajero, el respeto a los semáforos, la prohibición de circular en sentido contrario, el control de velocidad y la eliminación de maniobras temerarias tienen que convertirse en prácticas habituales.
El motoconchista profesional debería asumir que transportar una persona implica una responsabilidad adicional: no solamente llegar rápido, sino llevar al pasajero seguro hasta su destino.
De igual manera, los usuarios deben comprender que aceptar viajar sin casco o con un conductor que viola reiteradamente las normas también los coloca innecesariamente en peligro.
¿Eliminar o transformar?
Plantear la desaparición del motoconchismo no parece responder a la realidad social dominicana.
La actividad cumple una función que el sistema de transporte público todavía no ha podido sustituir completamente, especialmente en sectores periféricos y comunidades donde las rutas tradicionales no llegan con suficiente frecuencia.
El desafío consiste entonces en transformar el motoconcho informal en un servicio regulado, identificable y seguro.
Esto requiere registro de operadores, licencias correspondientes, motocicletas en condiciones técnicas adecuadas, uso obligatorio de equipos de protección, capacitación periódica, organización de las paradas y una fiscalización que sea constante y no solamente producto de operativos ocasionales.
También supone incorporar al propio sector a las soluciones. Las asociaciones de motoconchistas pueden desempeñar un papel importante en la organización de paradas, identificación de conductores y promoción del cumplimiento de las normas.
Entre necesidad y transformación
El motoconchismo dominicano refleja, en cierto modo, las contradicciones del sistema nacional de movilidad.
Surgió y se expandió porque había una necesidad. Generó empleos porque había personas que necesitaban trabajar. Creció en numerosos lugares porque el transporte convencional no podía responder completamente a la demanda.
Pero aquello que nació como una solución espontánea necesita evolucionar.
República Dominicana no tiene que escoger entre proteger el trabajo de los motoconchistas o garantizar la seguridad vial. Ambas cosas pueden y deben coexistir.
Formalizar el sector, capacitar a sus trabajadores y hacer cumplir la ley permitiría conservar sus beneficios económicos y sociales mientras se reducen sus consecuencias negativas.
El verdadero problema, por tanto, quizás no sea la existencia del motoconcho. El problema es permitir que un servicio utilizado diariamente por miles de ciudadanos continúe funcionando sin alcanzar los niveles de organización y seguridad que exige una sociedad moderna.
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República Dominicana crea empleos, pero la informalidad sigue siendo el gran desafío del mercado laboral
Por Elba García
El aumento de la población ocupada convive con una informalidad de 54.1 %. El desafío nacional ya no consiste únicamente en generar puestos de trabajo, sino en conseguir que más empleos ofrezcan productividad, estabilidad y protección social.
La República Dominicana continúa mostrando capacidad para generar empleos, pero detrás de las cifras positivas del mercado laboral permanece una realidad que condiciona la calidad del crecimiento económico: más de la mitad de los ocupados continúa en la informalidad.
El Boletín Trimestral del Mercado Laboral del Banco Central correspondiente a enero-marzo de 2026 sitúa la proporción de ocupados informales en 54.1 % y la de formales en 45.9 %. El dato obliga a mirar más allá del número total de personas con trabajo y preguntarse por la calidad, estabilidad y protección asociadas a esos empleos.
Una economía que recupera dinamismo
El debate adquiere mayor relevancia en momentos en que la actividad económica dominicana muestra señales de recuperación. El Banco Central informó que el Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) creció 6.4 % interanual en junio de 2026; durante abril-junio la expansión promedio fue de 5.0 %, y en el primer semestre el crecimiento acumulado alcanzó 4.5 %. Construcción, minería, zonas francas y servicios estuvieron entre las actividades de mayor dinamismo.
Ese desempeño confirma que crecimiento y generación de actividad productiva están presentes. Sin embargo, el reto consiste en lograr que una mayor proporción de ese dinamismo se traduzca en empleos formales y sostenibles.
Tener trabajo no siempre significa tener protección
La informalidad es un fenómeno más complejo que el simple hecho de trabajar por cuenta propia. Desde la perspectiva del desarrollo, plantea interrogantes sobre protección social, estabilidad de los ingresos, productividad, acceso al crédito y capacidad de trabajadores y pequeños negocios para incorporarse plenamente a la economía organizada.
Por eso, una política laboral moderna no puede limitarse a contar cuántas personas están ocupadas. Debe observar también bajo qué condiciones trabajan y qué posibilidades tienen de progresar.
El pequeño negocio también enfrenta barreras
La formalización tampoco puede abordarse únicamente desde la fiscalización. Para muchos pequeños negocios, el tránsito hacia la formalidad implica costos, trámites y obligaciones que pueden resultar difíciles de asumir. El desafío de las políticas públicas es conseguir que formalizarse represente una ventaja real: acceso a financiamiento, capacitación, mercados, protección y oportunidades de crecimiento.
Una estrategia efectiva necesita combinar simplificación administrativa, incentivos, educación financiera, productividad y cumplimiento de las obligaciones legales. Perseguir la informalidad sin comprender sus causas podría terminar debilitando a unidades productivas que generan sustento para miles de familias.
El desafío de los jóvenes
Para los jóvenes, la discusión tiene una dimensión adicional. El primer empleo suele ser la puerta de entrada a la experiencia, al crédito y a la independencia económica. Cuando esa puerta conduce principalmente a ocupaciones precarias o informales, el país corre el riesgo de reproducir durante años una estructura laboral de baja productividad.
La formación técnica, la educación vinculada a las necesidades productivas y las competencias digitales serán cada vez más importantes ante la transformación tecnológica del mercado de trabajo.
Crecer no será suficiente
La República Dominicana necesita continuar creciendo. Pero el desarrollo no puede medirse únicamente por la velocidad de expansión de la economía. También importa la capacidad de ese crecimiento para elevar la productividad, los ingresos y la seguridad económica de las familias.
La informalidad de 54.1 % registrada en el primer trimestre de 2026 resume uno de los grandes desafíos pendientes. El país ha demostrado que puede generar actividad económica; la próxima tarea es conseguir que una mayor parte de esa actividad se convierta en oportunidades formales, productivas y sostenibles.
La verdadera medida del progreso no estará solamente en cuántos dominicanos trabajan, sino también en cómo trabajan, qué protección reciben y qué posibilidades tienen de construir un futuro mejor.
FUENTES DE REFERENCIA
- Banco Central de la República Dominicana, Boletín Trimestral del Mercado Laboral, enero-marzo de 2026.
- Banco Central de la República Dominicana, “Economía dominicana registra expansión de 6.4 % en junio 2026”, 23 de julio de 2026.