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“En el barrio 24 de Abril no hay parques ni canchas, pero sí un drink en cada esquina”

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SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El desempleo en la República Dominicana no es cosa de ayer, y la juventud es la que se ve más afectada. La falta de oportunidades ha generado desesperanza en los barrios más pobres del país, convirtiéndose en algo rutinario para miles de jóvenes.

La necesidad de tener una vida digna y estar cada vez más lejos de ella se refleja en una gran cantidad de sectores. Un ejemplo de ello lo encontramos en el barrio 24 de Abril del Gran Santo Domingo, cuyos habitantes sufren el fuerte deterioro social de la zona.

Ese es el caso de Mayra Pinales, una mujer de 45 años, quien denuncia la falta de oportunidades, sobre todo para las nuevas generaciones.

“Nosotros por aquí estamos desamparados y los jóvenes ni se diga. Ellos creyeron en un diputado del PLD, que los puso a hacer campañas y les vendió sueños, porque después que ganó, por aquí ni pasa”, señala Pinales.

A la falta de empleo se suma la falta de formación de los adolescentes, que suelen abandonar los estudios a una edad temprana, de doce años en adelante.

Rosa Campusano, quien tiene años viviendo en el barrio, cuenta que es frecuente ver a los jóvenes en lugares donde se vende alcohol en lugar de estar en la escuela.

“Los muchachos de aquí se van para la UASD a tirar piedras, bombas lacrimógenas y enfrentarse con la policía”.

Nayeli Jiménez tiene 21 años y dejó la escuela cuando estaba en tercero de Bachiller, siguiendo el ejemplo de otras personas que habían decidido hacer lo mismo para llevar una vida “normal”.

Como otras tantas jóvenes de su barrio, y de otras zonas de la capital y del país, Nayeli fue madre a temprana edad – tiene dos niños, de dos y tres años – y en la actualidad trabaja en una discoteca. “Realmente quisiera volver a estudiar, pero por mi trabajo no puedo”, asegura.

La maternidad adolescente es una de las principales consecuencias del abandono escolar, que deja a las jóvenes en una especie de “limbo vital” en plena etapa de desarrollo y las empuja a tomar un camino sin retorno, como en el caso de Nayeli, abocándolas a realizar trabajos no cualificados para sacar adelante, en muchos casos sin la ayuda del padre, a sus hijos.

Y ese es sólo un ejemplo de la huella que deja la precariedad en la que viven los habitantes de los barrios como el 24 de abril y el abandono que sufren por parte de las autoridades.

La falta de lugares para el recreo, el deporte y la ausencia de un programa de actividades culturales deja a niños y adolescentes sin alternativas al ocio y expuestos a entretenimientos “de otro tipo”.

“Lo único que tenemos es una Iglesia que apadrina niños desde 5 hasta los 15 años”, explica Rosa Campusano, quien asegura que en el barrio no hay canchas ni parques, pero en cada esquina se puede encontrar un drink o un billar”.

La delincuencia es un mal que se extiende en el 24 de Abril, y un peligro al que se une el hecho de que el destacamento policial más cercano se encuentra en el barrio de Las Cañitas.

“Aquí no se puede tener nada de valor en las manos. Ellos pasan dos en un motor, te chequean y si lo quieren te lo arrebatan”, dice Jairo Sosa, vecino del lugar.

Sosa explica que los atracadores no son del mismo barrio, si no que se trasladan desde otros como el Simón Bolívar, Capotillo y Las Cañitas. También se queja del patrullaje de los policías, ya que, según él, asisten poco y mayormente cuando van en busca de algo.

Pero entre la escasez, la inseguridad y la falta de estudios y de oportunidades queda hueco también para la solidaridad y el optimismo.

“Aquí nos puede faltar de todo, pero nunca una mano amiga de nuestros vecinos. Yo he sido beneficiada de ello al igual que otros, siempre hay colaboración de vecinos con vecinos”, destaca Cristy Almonte.

“Yo nunca he perdido las esperanzas, creo en mí y en mi esfuerzo, aunque ahora no esté en un buen lugar y en la sociedad no hay muchas oportunidades, no pierdo la fe. Sé que podré conseguir un empleo y terminar la universidad para ayudar a mi familia, todo es cuestión de sacrificios”, expresa con optimismo el joven Maicol Peña, de 19 años.

Para el sociólogo Joel Arboleda, la solución al deterioro social que viven barrios como el 24 de Abril pasa por falta de un control estatal de la natalidad, basado en la educación sexual y el uso de anticonceptivos, así como la implementación de políticas públicas que fomenten el desarrollo profesional de los jóvenes y su acceso al empleo.

Afirmó que es deber del Estado apoyar a estos jóvenes y sacarlos de la marginalidad y el rechazo social a los que se ven sometidos por el simple hecho de haber nacido en unas condiciones que ellos no eligieron.

acento.com.do

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Cerca de dos meses después de concluido el periodo del presidente de la SCJ Abinader aún no ha convocado CNM

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Santo Domingo, R.D.-El pasado 5 de abril concluyó el periodo de siete años para el cual fue escogido el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina en el 2019, quien al momento de su designacion por el presidente de entonces Danilo Medina fungia como miembro del Comite Central del Partido de la Liberacion Dominicana, pero casi dos meses después el presidente Abinader no ha  convocado el Consejo Nacional de la Magistratura para su reevaluacion.

Tras asumir la silla presidencial en 2020, el gobernante Luis Abinader pasó a ser el encargado de instruir las labores del CNM en la selección de los jueces que conforman las altas cortes del país, dentro de las que se encuentran el Tribunal Superior Electoral (TSE), Tribunal Constitucional (TC), la Procuraduría General de la República (PGR) y la SCJ.

Precisamente, una de las evaluaciones pendientes es la del puesto de Henry Molina. Sin embargo, 49 días después de que concluyeran los siete años del magistrado, el mandatario Abinader se mantiene todavía sin convocar a los integrantes del Consejo para determinar si escogerán un nuevo o mantendrán el mismo presidente en el Poder Judicial.

También forman parte de la lista de vencidos los jueces Fran Euclides Soto Sánchez, Manuel Herrera Carbuccia y Francisco Antonio Jerez, Molina Peña, los jueces Vanessa E. Acosta Peralta, Samuel Arias Arzeno, Anselmo Alejandro Bello, María G. Garabito, Justiniano Montero Montero, Nancy Salcedo Fernández y Rafael Vásquez Goico, quienes componen el pleno de la SCJ.

El artículo 26 de la Ley Orgánica 138-11 es el que delimita el tiempo de funciones que tendrán los presidentes de las principales instancias judiciales.

En caso de que la intención de Molina sea permanecer en la posición por un segundo periodo consecutivo, los integrantes del CNM deberán utilizar el siguiente criterio para decidir sobre su confirmación durante la evaluación de desempeño: “Su integridad, imagen pública, reputación intelectual, destrezas profesionales, capacidad de análisis, laboriosidad, competencias académicas, atención y eficiencia a casos asignados, y tendrá como base de sustentación de informes”.

“Permanencia de jueces. Los jueces del Tribunal Constitucional, de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Superior Electoral, vencido el período para el que fueron designados, permanecerán en sus cargos hasta la toma de posesión de quienes les sustituyan”, artículo 38.

La prima en hacerlo fue La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) luego de que el pasado 28 de abril le pidiera al presidente Abinader reunir “de manera inmediata” al CNM para concluir con la selección o confirmación de 11 jueces que terminaron su periodo.

En tanto, la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) comunicó el pasado 6 de mayo que el proceso debe realizarse “sin más dilaciones, debido a la importancia que reviste la renovación y evaluación de los jueces para la estabilidad democrática y la confianza ciudadana en el Poder Judicial”.

El Instituto Dominicano de Derecho Penal (IDDP) coincidió el pasado 12 de mayo con la ROI y Adocco, advirtiendo que esta situación coloca a la matrícula de la Suprema en una fase de “rezago”.

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, es uno de los ocho miembros que tiene el CNM. El pasado 7 de abril, Pacheco aseguró al ser entrevistado en el Congreso Nacional que “dentro de muy poco tiempo” se reuniría el Consejo.

47 días después de esas declaraciones, el presidente Abinader ni ninguno de los integrantes han adelantado la fecha en que sostendrían el encuentro.

Mientras tanto, el Poder Judicial ha registrado durante los últimos días un episodio de inestabilidad, luego de que el pasado jueves aproximadamente 500 jueces decidieran realizar un paro laboral de 24 horas en alrededor de 36 distritos judiciales del territorio nacional para visibilizar sus exigencias: mejoras en las “precarias” condiciones de trabajo, la necesidad de que se implemente una reforma estructural en el sistema, entre otras.

Esta situación ha provocado señalamientos en contra de Henry Molina. Según el director del IDDP, Carlos Balcácer, entiende que el magistrado no ha sido capaz de exigirle al presidente Luis Abinader el cumplimiento de la entrega del dinero que debe recibir el Poder Judicial para solucionar la insatisfacción de los servidores.

“Lamentablemente, el presidente de la Suprema no ha sido capaz, como sí lo hicieron presidentes anteriores con autonomía económica propia, de exigirle al presidente de la nación que aporte las partidas económicas que merece el Poder Judicial. Eso es lo que explica esa situación”, expresó Balcácer el pasado miércoles durante una actividad realizada en el Palacio Nacional.

¿Continuarán los paros laborales en la Justicia?

La Asociación Dominicana de Jueces y Juezas de Paz (Adojupa), Jueces y Juezas por la Democracia (Judemo) aclaró ayer a los medios de comunicación que hasta el momento no ha sostenido un diálogo con el Consejo del Poder Judicial (CPJ) para alcanzar un acuerdo.

A pesar de que prevén continuar con las manifestaciones en caso de que sus exigencias no sean atendidas, las asociaciones reiteraron su disposición de participar en un diálogo institucional.

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El PLD participó en discusion sobre encuestas, dice Paliza.

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Santo Domingo, R.D.-José Ignacio Paliza,  presidente del PRM,  reaccionó este domingo a las críticas del expresidente Danilo Medina sobre la prohibición de publicar encuestas fuera de los plazos establecidos, recordándole que el PLD participó en la discusión del reglamento elaborado por la Junta Central Electoral (JCE) que tomó la medida.

Paliza respondió a declaraciones de Medina, quien consideró «sospechosa» la decisión de suspender las encuestas fuera de tiempo, señalando que el reglamento fue socializado previamente con todos los partidos políticos y firmas encuestadoras.

«La JCE publicó en abril de 2025, a través de diversos medios, el borrador de reglamento para encuestas conforme lo establece la Ley 107-13″, expresó el dirigente oficialista en una publicación en redes sociales.

Asimismo, recordó que el pasado 5 de junio la Junta celebró una audiencia pública con representantes de las organizaciones políticas, incluyendo al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), para escuchar observaciones y sugerencias sobre el documento.

«El PLD participó en ella. Inclusive, fue otorgado un plazo adicional para observaciones», sostuvo Paliza en una nota de prensa.

Con estas declaraciones, el presidente del PRM defendió el proceso llevado a cabo por la JCE y rechazó los cuestionamientos hechos por Medina en torno a la regulación de las encuestas electorales.

Medina, presidente del PLD y expresidente de la República, dijo este domingo que se le hacía «sumamente sospechosa» la prohibición de la JCE en torno a las encuestas y planteó que la medida buscaba tapar lo mal que está el gobernante Partido Revolucionario Moderno. También expresó que estaba consciente que la Junta podía tomar la medida.

«La ley la autoriza a hacer eso, pero es sumamente sospechoso que sea en este momento que se eliminen las encuestas. Eso no se hizo en el 2024, cuando las utilizaron para crear la percepción de invencibilidad del Gobierno», indicó a periodistas en Sánchez Ramírez, donde encabezó un acto de juramentación.

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Autoridades desmantelan red de trata de personas en Puerto Plata.

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Santo Domingo.- Sesenta y dos mujeres fueron rescatadas de la explotacion sexual comercial en Puerta Plata con el desmantelamiento por parte de miembros de la Unidad Especializada de Investigación Conjunta Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos (UITIMC), adscrita a la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT).

La acción contra el grupo criminal, integrado por dominicanos y extranjeros, se llevó a cabo durante un amplio operativo ejecutado en distintas zonas del distrito municipal de Cabarete, municipio de Sosúa, Puerto Plata, en una labor conjunta con el Departamento II, Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet), bajo la coordinación de la Procuraduría Fiscal de Puerto Plata.

Las autoridades ejecutaron en total siete órdenes judiciales de allanamientos y arrestaron a seis personas en el marco de una investigación contra la red dedicada a la trata de personas, bajo la modalidad de explotación sexual y proxenetismo.

La teniente coronel de la Policía, Lidavel Pérez Beltré, coordinadora de la UITIMC, dijo que los detenidos fueron trasladados a la Fiscalía de Puerto Plata para los fines judiciales correspondientes.

Durante el operativo fueron rescatadas 51 mujeres de nacionalidad dominicana y 11 haitianas, que fueron entregadas al personal de Asistencia y Protección a Víctimas y Testigos de la Procuraduría General de la República para los procedimientos de lugar.

También, un total de veinticinco (25) hombres indocumentados, aproximadamente, en su mayoría de nacionalidad haitiana, los cuales fueron entregados al personal de interdicción de la Dirección General de Migración de la provincia.

Las autoridades también ocuparon armas de fuego, vehículos, varios equipos electrónicos, incluyendo teléfonos celulares, computadoras portátiles, CPU, tabletas y DVR, así como cuadernos, libros de registros, sumas importantes de dinero en efectivo y una gran cantidad de preservativos, así como varios objetos relacionados a esa actividad delictiva.

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Edificio La República: Restauración No. 138, cuarta planta, Santiago, República Dominicana. Teléfono: 809-247-3606. Fax: 809-581-0030.
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