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“En el barrio 24 de Abril no hay parques ni canchas, pero sí un drink en cada esquina”
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El desempleo en la República Dominicana no es cosa de ayer, y la juventud es la que se ve más afectada. La falta de oportunidades ha generado desesperanza en los barrios más pobres del país, convirtiéndose en algo rutinario para miles de jóvenes.
La necesidad de tener una vida digna y estar cada vez más lejos de ella se refleja en una gran cantidad de sectores. Un ejemplo de ello lo encontramos en el barrio 24 de Abril del Gran Santo Domingo, cuyos habitantes sufren el fuerte deterioro social de la zona.
Ese es el caso de Mayra Pinales, una mujer de 45 años, quien denuncia la falta de oportunidades, sobre todo para las nuevas generaciones.
“Nosotros por aquí estamos desamparados y los jóvenes ni se diga. Ellos creyeron en un diputado del PLD, que los puso a hacer campañas y les vendió sueños, porque después que ganó, por aquí ni pasa”, señala Pinales.
A la falta de empleo se suma la falta de formación de los adolescentes, que suelen abandonar los estudios a una edad temprana, de doce años en adelante.
Rosa Campusano, quien tiene años viviendo en el barrio, cuenta que es frecuente ver a los jóvenes en lugares donde se vende alcohol en lugar de estar en la escuela.
“Los muchachos de aquí se van para la UASD a tirar piedras, bombas lacrimógenas y enfrentarse con la policía”.
Nayeli Jiménez tiene 21 años y dejó la escuela cuando estaba en tercero de Bachiller, siguiendo el ejemplo de otras personas que habían decidido hacer lo mismo para llevar una vida “normal”.
Como otras tantas jóvenes de su barrio, y de otras zonas de la capital y del país, Nayeli fue madre a temprana edad – tiene dos niños, de dos y tres años – y en la actualidad trabaja en una discoteca. “Realmente quisiera volver a estudiar, pero por mi trabajo no puedo”, asegura.
La maternidad adolescente es una de las principales consecuencias del abandono escolar, que deja a las jóvenes en una especie de “limbo vital” en plena etapa de desarrollo y las empuja a tomar un camino sin retorno, como en el caso de Nayeli, abocándolas a realizar trabajos no cualificados para sacar adelante, en muchos casos sin la ayuda del padre, a sus hijos.
Y ese es sólo un ejemplo de la huella que deja la precariedad en la que viven los habitantes de los barrios como el 24 de abril y el abandono que sufren por parte de las autoridades.
La falta de lugares para el recreo, el deporte y la ausencia de un programa de actividades culturales deja a niños y adolescentes sin alternativas al ocio y expuestos a entretenimientos “de otro tipo”.
“Lo único que tenemos es una Iglesia que apadrina niños desde 5 hasta los 15 años”, explica Rosa Campusano, quien asegura que en el barrio no hay canchas ni parques, pero en cada esquina se puede encontrar un drink o un billar”.
La delincuencia es un mal que se extiende en el 24 de Abril, y un peligro al que se une el hecho de que el destacamento policial más cercano se encuentra en el barrio de Las Cañitas.
“Aquí no se puede tener nada de valor en las manos. Ellos pasan dos en un motor, te chequean y si lo quieren te lo arrebatan”, dice Jairo Sosa, vecino del lugar.
Sosa explica que los atracadores no son del mismo barrio, si no que se trasladan desde otros como el Simón Bolívar, Capotillo y Las Cañitas. También se queja del patrullaje de los policías, ya que, según él, asisten poco y mayormente cuando van en busca de algo.
Pero entre la escasez, la inseguridad y la falta de estudios y de oportunidades queda hueco también para la solidaridad y el optimismo.
“Aquí nos puede faltar de todo, pero nunca una mano amiga de nuestros vecinos. Yo he sido beneficiada de ello al igual que otros, siempre hay colaboración de vecinos con vecinos”, destaca Cristy Almonte.
“Yo nunca he perdido las esperanzas, creo en mí y en mi esfuerzo, aunque ahora no esté en un buen lugar y en la sociedad no hay muchas oportunidades, no pierdo la fe. Sé que podré conseguir un empleo y terminar la universidad para ayudar a mi familia, todo es cuestión de sacrificios”, expresa con optimismo el joven Maicol Peña, de 19 años.
Para el sociólogo Joel Arboleda, la solución al deterioro social que viven barrios como el 24 de Abril pasa por falta de un control estatal de la natalidad, basado en la educación sexual y el uso de anticonceptivos, así como la implementación de políticas públicas que fomenten el desarrollo profesional de los jóvenes y su acceso al empleo.
Afirmó que es deber del Estado apoyar a estos jóvenes y sacarlos de la marginalidad y el rechazo social a los que se ven sometidos por el simple hecho de haber nacido en unas condiciones que ellos no eligieron.
acento.com.do
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.