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“En el barrio 24 de Abril no hay parques ni canchas, pero sí un drink en cada esquina”
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El desempleo en la República Dominicana no es cosa de ayer, y la juventud es la que se ve más afectada. La falta de oportunidades ha generado desesperanza en los barrios más pobres del país, convirtiéndose en algo rutinario para miles de jóvenes.
La necesidad de tener una vida digna y estar cada vez más lejos de ella se refleja en una gran cantidad de sectores. Un ejemplo de ello lo encontramos en el barrio 24 de Abril del Gran Santo Domingo, cuyos habitantes sufren el fuerte deterioro social de la zona.
Ese es el caso de Mayra Pinales, una mujer de 45 años, quien denuncia la falta de oportunidades, sobre todo para las nuevas generaciones.
“Nosotros por aquí estamos desamparados y los jóvenes ni se diga. Ellos creyeron en un diputado del PLD, que los puso a hacer campañas y les vendió sueños, porque después que ganó, por aquí ni pasa”, señala Pinales.
A la falta de empleo se suma la falta de formación de los adolescentes, que suelen abandonar los estudios a una edad temprana, de doce años en adelante.
Rosa Campusano, quien tiene años viviendo en el barrio, cuenta que es frecuente ver a los jóvenes en lugares donde se vende alcohol en lugar de estar en la escuela.
“Los muchachos de aquí se van para la UASD a tirar piedras, bombas lacrimógenas y enfrentarse con la policía”.
Nayeli Jiménez tiene 21 años y dejó la escuela cuando estaba en tercero de Bachiller, siguiendo el ejemplo de otras personas que habían decidido hacer lo mismo para llevar una vida “normal”.
Como otras tantas jóvenes de su barrio, y de otras zonas de la capital y del país, Nayeli fue madre a temprana edad – tiene dos niños, de dos y tres años – y en la actualidad trabaja en una discoteca. “Realmente quisiera volver a estudiar, pero por mi trabajo no puedo”, asegura.
La maternidad adolescente es una de las principales consecuencias del abandono escolar, que deja a las jóvenes en una especie de “limbo vital” en plena etapa de desarrollo y las empuja a tomar un camino sin retorno, como en el caso de Nayeli, abocándolas a realizar trabajos no cualificados para sacar adelante, en muchos casos sin la ayuda del padre, a sus hijos.
Y ese es sólo un ejemplo de la huella que deja la precariedad en la que viven los habitantes de los barrios como el 24 de abril y el abandono que sufren por parte de las autoridades.
La falta de lugares para el recreo, el deporte y la ausencia de un programa de actividades culturales deja a niños y adolescentes sin alternativas al ocio y expuestos a entretenimientos “de otro tipo”.
“Lo único que tenemos es una Iglesia que apadrina niños desde 5 hasta los 15 años”, explica Rosa Campusano, quien asegura que en el barrio no hay canchas ni parques, pero en cada esquina se puede encontrar un drink o un billar”.
La delincuencia es un mal que se extiende en el 24 de Abril, y un peligro al que se une el hecho de que el destacamento policial más cercano se encuentra en el barrio de Las Cañitas.
“Aquí no se puede tener nada de valor en las manos. Ellos pasan dos en un motor, te chequean y si lo quieren te lo arrebatan”, dice Jairo Sosa, vecino del lugar.
Sosa explica que los atracadores no son del mismo barrio, si no que se trasladan desde otros como el Simón Bolívar, Capotillo y Las Cañitas. También se queja del patrullaje de los policías, ya que, según él, asisten poco y mayormente cuando van en busca de algo.
Pero entre la escasez, la inseguridad y la falta de estudios y de oportunidades queda hueco también para la solidaridad y el optimismo.
“Aquí nos puede faltar de todo, pero nunca una mano amiga de nuestros vecinos. Yo he sido beneficiada de ello al igual que otros, siempre hay colaboración de vecinos con vecinos”, destaca Cristy Almonte.
“Yo nunca he perdido las esperanzas, creo en mí y en mi esfuerzo, aunque ahora no esté en un buen lugar y en la sociedad no hay muchas oportunidades, no pierdo la fe. Sé que podré conseguir un empleo y terminar la universidad para ayudar a mi familia, todo es cuestión de sacrificios”, expresa con optimismo el joven Maicol Peña, de 19 años.
Para el sociólogo Joel Arboleda, la solución al deterioro social que viven barrios como el 24 de Abril pasa por falta de un control estatal de la natalidad, basado en la educación sexual y el uso de anticonceptivos, así como la implementación de políticas públicas que fomenten el desarrollo profesional de los jóvenes y su acceso al empleo.
Afirmó que es deber del Estado apoyar a estos jóvenes y sacarlos de la marginalidad y el rechazo social a los que se ven sometidos por el simple hecho de haber nacido en unas condiciones que ellos no eligieron.
acento.com.do
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Juez evaluará este miércoles solicitud de Pepca para extender investigación del caso Senasa.
Santo Domingo, R.D.-Deiby Peguero, juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, fijó para este miércoles el conocimiento de la solicitud de prórroga de cuatro meses presentada por el Ministerio Público para concluir la investigación y depositar la acusación contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Marcelo Hazim, y los demás implicados en el caso Cobra.
La solicitud de prórroga fue depositada por fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con el propósito de analizar minuciosamente las evidencias recabadas durante allanamiento. Así lo informó recientemente el procurador adjunto, Wilson Camacho.
Camacho indicó que la institución cuenta con un equipo especializado dedicado al estudio del contenido de 16,800 cajas de documentos ocupadas durante los recientes operativos de intervención como parte de la investigación que realiza del caso.
El exdirector de SeNaSa, Santiago Marcelo Hazim, junto a otros imputados, es señalado de conformar una estructura criminal que habría perpetrado un desfalco superior a RD$15 mil millones en perjuicio del Estado dominicano, a través de la entidad pública de salud.
Además de Hazim, figuran como imputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes cumplen distintas medidas de coerción impuestas en diciembre de 2025.
Santo Domingo, R.D.-Jhovanny de Jesus Metz Crus, conocido como «Macho», señalado como el principal sospechoso de la muerte del conductor Deivy Carlos Abreu Quezada, quien falleció luego de ser atacado por una turba de motociclistas durante una persecución, fue apresado en Jamaica.
La información fue confirmada a Diario Libre por una fuente de la Procuraduría General de la República (PGR).
De acuerdo con las investigaciones, «Macho» habría sido quien presuntamente propinó varias estocadas a Abreu Quezada durante el ataque ocurrido el pasado 17 de abril en el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, donde la víctima intentó refugiarse tras ser perseguida durante varios kilómetros por un grupo de motociclistas.
En principio, se informó que la persecución se produjo a raíz de un incidente de tránsito.
Posteriormente, trascendió que la agresión habría sido motivada por una presunta deuda económica que el conductor mantenía con sus atacantes.
Visado a JamaicaEn marzo pasado, Jamaica eliminó el requisito de visa para los dominicanos que viajen a ese país por turismo o negocio por un periodo de 180 días.
Mets Cruz también enfrenta un proceso judicial por las heridas de bala ocasionadas en 2023 al sargento de la Policía Nacional Christopher Almánzar García, adscrito a la unidad SWAT.
El imputado no se presentó al juicio de fondo pautado para el miércoles 20 de mayo ante el Cuarto Tribunal Colegiado de Santiago, por lo que la sala ordenó declararlo en rebeldía y activar las consecuencias legales correspondientes.
En ese expediente, Mets Cruz enfrenta acusaciones por intento de homicidio y asociación de malhechores.
El hecho ocurrió el 7 de mayo de 2023 en el sector El Ejido, de Santiago.
Durante el incidente, el sargento Almánzar García sufrió fracturas en el fémur y la rodilla izquierda, mientras que su sobrino, Jeison Willian Almánzar Núñez, resultó herido en la pierna izquierda cuando intentaba auxiliarlo.
Según las informaciones ofrecidas en el tribunal, Mets Cruz cumplía medidas de coerción consistentes en presentación periódica, impedimento de salida del país y orden de alejamiento de las víctimas.
Tras su incomparecencia al juicio, el tribunal dispuso su declaratoria en rebeldía, mientras las autoridades activaron su búsqueda.
Ahora, con su detención en Jamaica, las autoridades dominicanas deberán realizar las gestiones correspondientes para establecer su eventual retorno al país y que responda ante la justicia por los procesos que tiene pendientes.
Formalmente no hay un tratado de extradición entre República Dominicana y Jamaica. El intercambio judicial y la colaboración policial se apoyan en organismos internacionales como Interpol.
Santo Domingo, R.D.-Declaro inadmisible el Tribunal Constitucional (TC) por notoria improcedencia, la acción de amparo interpuesta por el empresario Alexander Montilla Sierra, con la que pretendía suspender un proceso de embargo inmobiliario en su contra y obtener la reposición de los plazos procesales de dicho caso.
La Alta Corte, mediante la sentencia TC/0784/26, tomó la decisión al rechazar la acción presentada por el cuñado del expresidente Danilo Medina contra la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y la señora Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.
La decisión fue aprobada por la mayoría de los jueces del pleno. Por su parte, el magistrado José Alejandro Vargas se inhibió de participar en la deliberación y el fallo, debido a que intervino en el proceso en su anterior condición de juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, cuando conoció una medida de coerción vinculada al caso penal.
El caso se remonta a una investigación de la PEPCA dirigida contra Alexander Montilla Sierra y su hermano Maxy Gerardo, junto a otras personas físicas y jurídicas. Las indagatorias se originaron en una de las líneas de investigación de la Operación Antipulpo, por presuntos actos de corrupción y lavado de activos relacionados con contratos públicos y licitaciones irregulares.
En esas pesquisas, la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, autorizó entre diciembre de 2020 y enero de 2021 la inmovilización de fondos y la oposición a transferencias de bienes muebles e inmuebles de los investigados.
Según el expediente, estas medidas dejaron a Alexander Montilla Sierra sin capacidad para disponer de su patrimonio, impidiéndole honrar un pagaré notarial por RD$20,000,000.00 suscrito en 2018 con Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.
Ante el incumplimiento de pago, Castillo de los Santos inició en 2021 un proceso de embargo inmobiliario sobre dos propiedades de Montilla Sierra: una unidad en el condominio Terrazas del Mirador II y un apartamento en el condominio Karla I.
Tras un acuerdo de colaboración entre Maxy Montilla y la PEPCA, la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción autorizó, mediante auto del 12 de diciembre de 2025, el levantamiento parcial de las oposiciones e inmovilizaciones. La PEPCA tramitó la ejecución de dicha orden ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Superintendencia de Bancos el 30 de diciembre de 2025.
El 6 de febrero de 2026 antes de tener conocimiento formal del levantamiento, notificado por la DGII el 17 de febrero, Alexander Montilla interpuso una acción de amparo en la que solicitó la publicidad registral de las oposiciones, la suspensión del embargo inmobiliario y la reposición de los plazos procesales.
La Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional declaró inadmisible dicha acción el 3 de marzo de 2026 (Sentencia núm. 037-2026-SSEN-00109), al considerar que había perdido su objeto tras el levantamiento parcial de las medidas.
Montilla Sierra recurrió el fallo ante el Tribunal Constitucional alegando vulneraciones al debido proceso, la tutela judicial efectiva, el derecho de propiedad, la igualdad de armas y el principio de inviolabilidad de las nulidades constitucionales, entre otros.
El TC coincidió en que la sentencia de primera instancia era errónea, pero por una razón distinta a la planteada por el recurrente: consideró que el juez de amparo no debió declarar la inadmisibilidad por «falta de objeto», sino por «notoria improcedencia». Esto se apoya en su jurisprudencia reiterada, la cual establece que el amparo no puede utilizarse para suspender, modificar o dejar sin efecto decisiones dictadas por otro tribunal en un proceso judicial ordinario en curso.
En consecuencia, el TC revocó la sentencia recurrida y, actuando directamente sobre el fondo de la acción original, concluyó que las pretensiones de Montilla Sierra excedían el ámbito del amparo. De concederlas, el juez constitucional estaría sustituyendo a la jurisdicción ordinaria en la conducción de un proceso iniciado desde el año 2021.
El tribunal señaló que cualquier objeción sobre la falta de publicidad de las oposiciones administrativas debió plantearse oportunamente ante el propio juez del embargo, mediante los mecanismos procesales correspondientes.
Cabe destacar que el Ministerio Público obtuvo la homologación de un acuerdo bajo el criterio de oportunidad, mediante el cual Maxy Gerardo Montilla Sierra y un grupo de sus empresas aceptaron su responsabilidad penal y autorizaron el decomiso de RD$2,000 millones en efectivo a favor del Estado dominicano.
El acuerdo, homologado por el juez Raymundo Mejía del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, compromete a Montilla a pagar una indemnización de RD$600 millones a las distribuidoras de electricidad EdeEste, EdeSur y EdeNorte, en resarcimiento por los perjuicios ocasionados.
Asimismo, contempla la disolución en un plazo de dos años de las empresas Transformadores Solomon Dominicana, S.A.S., Electrocable Aluconsa, S.A.S., NSD, Importaciones Diversas, SRL, Distribuidora de Materiales Eléctricos FEE, SRL, Distribuidora Eléctrica Henan Jinshui, SRL, Importadora Eaglerise, SRL, TLC Negocios Globales, SRL, Watmax Lighting, SRL, Herrajes Eléctricos RPC, SRL, y MG Solomon Corporation.
También fija el pago de RD$431,816,307.90 a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y el decomiso de un terreno de 200.18 metros cuadrados ubicado en la avenida Roberto Pastoriza núm. 2, Ensanche Naco, valorado en RD$50,901,692.13.
Por el caso Antipulpo, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, a siete años de prisión en el centro penitenciario de Najayo.
La decisión fue recurrida y está pendiente de revisión para el próximo 8 de septiembre en la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Otros imputados recibieron penas menores y algunos fueron declarados noculpables, entre ellos Magaly Medina.