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En PRM pesa más la cultura de falta de transparencia que el aparente interés de adecentar la administración pública.
Por Elba García
Durante los años en que se fundó e inició su papel de oposición el Partido Revolucionario Moderno (PRM), el cual nadie se atreve a negar que tiene el ADN del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), no ha podido sobreponerse a una serie de criterios y conductas equivocadas que forman parte de su esencia.
Con el partido oficial ocurre exactamente lo mismo que con la situación que describe una famosa expresión dominicana que reza: ¨¨ha dejado ver hasta el refajo¨¨
Pues el PRM parece que no puede soportar la tentación de no digerir la transparencia, como hijo fiel de la partidocracia, ya que no tolera que los que llegan a esa organización practiquen los que prometieron durante los tiempos de campaña electoral.
Durante la conformación de un bloque de oposición fueron muchas las personalidades que aceptaron ser parte del PRM porque ya no soportaban el comportamiento del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en la dirección y control del Estado.
Pero olvidaron que esa conducta es propia de todos los partidos que ven la política como un instrumento para hacer todo lo que no se debe hacer en esta actividad vital para mejorar las condiciones de vida de la nación.
Y el PRM no es la excepción, cuyos primeros síntomas de su enfermedad se observaron en el año 2016 y de igual modo en el 2020 tras presentar candidaturas a los diferentes cargos electivos y en ese proceso hizo tantas travesuras en contra de sus propios aliados que no dejó dudas de que era enemigo de los que procuraban transparencia y un cambio auténtico para bien de la sociedad.
Entre las personalidades que apoyaron la iniciativa del PRM estaba Miguel Ceara Hatton, quien posteriormente ingresó como miembro y dirigente del mismo y cuya imagen de buen técnico y con mucha integridad, como el que más, nadie ponía en duda en el país y lo que en consecuencia beneficiaba los propósitos del ahora partido oficial.
Su profesión de economista y en función de su formación fue al Gobierno de Luis Abinader a ocupar una posición acorde con su especialidad, pero siempre iba a tener la limitante del virus que prevalece en el PRM de que ellos consideran que el Estado es sólo para sus dirigentes y miembros, a pesar de que este académico ya lo es, aunque con perfiles diferentes a los que regularmente militan en esta entidad, y para nadie más, lo cual no es extraño a ninguna de las organizaciones de este tipo que interactúan en el escenario nacional.
Y exactamente esa ha sido su práctica, ya que no sólo promovió un voto contrario a sus aliados, sino que incluso falsificó documentos para excluir candidaturas de personas que no son de esa entidad, pero que eran parte de un acuerdo electoral.
A propósito de la actitud seria de Ceara Hatton como ministro de Medio Ambiente, independientemente de que no es la persona ideal para ese cargo, sino que debe ser un especialista en la materia, han tronado en su contra todas las voces del PRM por la denuncia de la gran cantidad de ¨¨botellas¨¨ que encontró allí y sobre todo por el hecho de que un periodista vinculado familiarmente con el fallecido Jorge Mera reciba un millón de pesos mensuales sin que nadie sepa la justificación.
En contra de este técnico y serio funcionario han llovido las acusaciones y descalificaciones, que son realmente inaceptables, porque Ceara Hatton más bien prestigia la gestión de una organización que nadie puede poner en tela de juicio de que pregona lo que no práctica.
El hecho de que el ministro de Medio Ambiente haya denunciado una serie de irregularidades que se producen en ese órgano, no puede ser una causa para que se le quiera denostar y desprestigiar como lo ha hecho el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quien ha ofrecido unas declaraciones desacertadas, fuera de la verdad, que no representan las características fundamentales del funcionario.
La cuestión es que Guillermo Gómez y todos los que se han referido de muy mala manera al asunto encajan mucho más que Ceara Hatton en el perfil perredeísta y ahora perremeísta, en el que todo se vale y en el que se valida la forma inescrupulosa de manejar el Estado dominicano.
Los ataques en contra de Ceara Hatton son el resultado de que él ha querido ser fiel con lo que piensa y además tomarle la palabra al presidente Luis Abinader de eliminar de la administración pública aquellas conductas que son las que más daños han hecho a la imagen de la democracia.
Sólo queda que Ceara Hatton sea llevado a presentar su renuncia, no sólo del cargo, sino también del PRM, con cuya decisión pierde el Gobierno y todo el país, porque no hay ninguna persona sensata que pueda quitarle capacidad a este funcionario, a menos que no sea por mezquindad y que se diga, con razón, que éste no está en el cargo que se corresponde con su experiencia y especialidad profesional.
Lo más grave del asunto es que el periodista Guillermo Gómez admite la existencia de una nómina de perremeístas que cobran sin trabajar, lo cual es una especie de repetición de lo que siempre se ha dicho que se rechaza, pero que la practica ha sido otra.
Con los ataques a Ceara Hatton se busca justificar lo injustificable, ya que su único pecado es haber dejado claro con su denuncia, aunque sin decirlo puntualmente, que el PRM es parte de lo que se ha dado en llamar la partidocracia, conformada por una serie de partidos políticos que tienen el mismo comportamiento en lo que respecta a la administración del erario y cuando se trata de la implementación de políticas públicas.
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Posición de R.D. sobre Venezuela es acomodamiento a su condición de sometida a nuevos requerimientos de Trump.
Lo planteado por el Gobierno de Luis Abinader de que no comparte la elección de Delcy Rodríguez como presidenta transitoria de Venezuela tras el apresamiento de Nicolás Maduro, revela que República Dominicana quiere incluso superar lo impuesto por Estados Unidos, pero siempre ajustada a los intereses de la potencia del norte.
La realidad es que la pregunta que se impone es y hasta dónde y quién ha dicho que el país tiene la facultad de objetar a una mandataria provisional escogida por el órgano competente y supuestamente sugerida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), aunque el restablecimiento de relaciones comerciales y diplomáticas conlleve algunos requerimientos democráticos.
Sin embargo, la posición dominicana implica la violación del derecho internacional, entre los que se encuentran el de soberanía y autodeterminación de los pueblos, así como la Carta de la ONU.
Evidentemente que el ingrediente introducido por el Gobierno dominicano resulta gracioso para los intereses foráneos que convergen en Venezuela, máxime los que están asociados a los Estados Unidos.
La contradicción dominicana con lo planteado en la Organización de Estados Americanos (OEA) y su práctica en política exterior, ya que el presente Gobierno siempre se inclina por la intromisión en los asuntos internos de otros países, no deja la naci0n buen parada en la comunidad internacional.
Resulta poco entendible que la República Dominicana no haya apoyado abiertamente la incursión ilegal de Estados Unidos en Venezuela, pero que preste su territorio para el apoyo logístico de la acción.
Es una especie de doble moral, pese a que en su lugar debió mantener una posición aparentemente neutral, aunque de cualquiera manera ya estaba involucrada en una intervención armada que viola los principios fundamentales del derecho internacional
De lo que no queda ninguna duda es que el crédito internacional en política exterior del país ha quedado seriamente comprometido con una causa de la que ha sido una víctima en una diversidad de ocasiones como en el 1916 y el 1965.
La verdad que pretender una conducta diferente de la nación frente a la irracionalidad de Trump sería mucho pedir, sobre todo cuando otros países pertenecientes a la Unión Europea y otras superpotencias como Rusia y China también son tolerantes con la agresividad e intromisión del principal imperio del mundo.
No obstante, desde cualquier perspectiva que sea vea el asunto la conclusión no puede ser otra que en la situación pesa más el miedo que la vergüenza y la dignidad del pueblo dominicano.
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La República Dominicana inhabilitada en política exterior en el nuevo escenario imperial de Trump
La República Dominicana con una ocupación militar parcial de Estados Unidos, se proyecta como una presa sin libertad para expresarse libremente en política exterior.
La ocupación militar, aunque sólo se observa en el Aeropuerto Internacional de las Américas, abarca otros entornos que no son necesariamente visibles.
Pero la agresividad o poco disimulada intervención, deja el país y de igual modo a prácticamente toda Latinoamérica, a merced del capricho y la voluntad de los intereses de la nueva cara del imperio.
La República Dominicana ni por asomo se atreve a pronunciarse libremente sobre política exterior sin que esté a tono con la linea trazada o impuesto por la administración Trump.
La pregunta que subyace es si ese nuevo cuadro no implica también un trastorno del régimen legal, porque se podría estar en un escenario en el que los derechos fundamentales pasen a un segundo plano en el que el Estado Social Democrático de Derecho sea una expresión vacía y sin sentido.
Por razones geopolíticas y factores muy particulares, el país se asoma a un resquebrajamiento del proceso de constitucionalización del derecho a nivel interno y retroceder la nación a épocas ya superadas.
La pregunta que se impone es si prevalecerá en el mundo el pregonado derecho internacional cuando las instituciones que lo enarbolan pierden autoridad moral frente a las violaciones provenientes de potencias como los Estados Unidos que ya ni siquiera guarda las apariencias
El problema, que tiene una dimensión mundial, pero impacta más severamente a los países del tercer mundo y que propicia la posibilidad del surgimiento de regímenes de fuerza, aunque con simulaciones democráticas.
La preocupación tiene que ver con el hecho de graves violaciones del derecho internacional en una época en que éste forma parte consustancial del derecho interno y entonces qué se puede esperar como resultado.
El retroceso de la línea trazada por Donald Trump representa una amenaza mundial contra los logros del derecho contemporáneo, no sólo en favor de las personas físicas, sino también de los Estados más pequeños y débiles.
Hay precedentes en esta materia cuando predominaba en el mundo el llamado constitucionalismo clásico, que dio paso a dictaduras como las Adolfo Hitler en Alemania y la de Benito Mussoline en Italia, cuyos resultados fueron realmente catastróficos para la humanidad.
La interrogante que permanece en el nuevo panorama mundial es si va a pesar más el miedo que la vergüenza y la dignidad de los pueblos del mundo.
Por Elba García
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple su sueño de ser dictador hemisférico, aunque sea por un día.
La vocación dictatorial de Trump se ha expresado con mayor contundencia tras la entrada ilegal en territorio venezolano y apresar al jefe de Estado de ese país Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Tras este acontecimiento en momentos que se habla de la época del derecho constitucional, el cual incluye el derecho internacional, Trump ha anunciado su pretensión de convertir a Venezuela en una nueva colonia del imperio norteamericano.
El gobernante de los Estados Unidos ha adelantado que busca manejar la riqueza petrolera de Venezuela, una de las principales del mundo.
Pero la violación de Trump llega todavía más lejos al advertir a los demás países latinoamericanos a verse en el espejo de Venezuela.
Tromp hizo una alusión directa contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien dice podría correr la misma suerte de Maduro.
Anteriormente lo hizo con Brasil a propósito de la condena por conspiración del expresidente Bolsonoro.
Pero de igual modo se ha comportado con Honduras, donde en sus recientes elecciones presidenciales auspició uno de los candidatos y presionó con advertencias de actuar duramente contra los que estén en contra de sus designios.
Al fin impuso su voluntad, sin que haya reacción fuerte de rechazo a la vocación imperial del presidente de Estados Unidos.
No sé entiende por qué los países latinoamericanos no se unen en un bloque para rechazar la política de dominación y dictatorial de Donald Trump.
Incluso en el rechazo a la violación del derecho internacional por parte de los Estados Unidos pueden incluirse los países de la Unión Europea, que son permanentemente asediados y amenazados de imponerles aranceles y otros castigos como parte de la vocación dictatorial del mandatario norteamericano.
El chantaje de los Estados Unidos incluye también el otorgamiento de visados para ingresar al territorio de la potencia del norte.
La conducta de Trump es como si su administración haya borrado del mapa la supuesta clase gobernante que existe allí.
El problema se torna tan grave que la violación de derechos no solo se produce en Estados Unidos, sino en todo el mundo que parece haber retornado el derecho constitucional clásico, que fue sustituido por el derecho constitucional moderno en que los Estados grandes aplastan a los pequeños.
La época Trump prácticamente ha borrado el legado establecido por Estados Unidos a través del derecho constitucional difuso y sobre el equilibrio de los poderes.
Lo sorprendente de la era Tromp es que hasta la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos luce sometida a una cierta tolerancia del jefe de Estado de la potencia del norte.
Si la mayoría de los países no reaccionan a la política represiva y de dominación de Trump difícilmente pueda sobrevivir el sistema democrático, lo que puede crear serias tensiones y confrontaciones sociales y políticas en todo el planeta.