Reportaje A Fondo
“En la cárcel me llamaban asesina y comeniños”
María Teresa Rivera es la primera mujer asilada después de haber sido condenada a 40 años de prisión en su país, El Salvador, por sufrir un aborto
Con cinco años se quedó huérfana de madre; de su padre nunca supo. A esa edad se hizo cargo de su hermano de dos y empezó a trabajar. La difícil infancia de María Teresa Rivera (San Juan Opico, 1982) ya avanzaba que no iba a tener una vida fácil. Su historia está plagada de pesadillas, desde una violación hasta la cárcel tras sufrir un aborto en un país donde las mujeres que interrumpen su embarazo o pierden sus bebés por complicaciones obstétricas son consideradas homicidas. Pero ahora puede soñar. Asilada en Suecia desde 2016, estudia enfermería y planea ser abogada.
Su etapa adulta tampoco le deparaba muchas alegrías. Tras independizarse, empezó a trabajar y con 22 años comenzó una relación. Se quedó embarazada. «Todo iba bonito al principio, pero después empezó el maltrato psicológico y verbal, los golpes. De todo», resume. Aguantó porque no quería que su hijo creciera sin un padre. Hasta que dijo «hasta aquí». Dejó a su pareja y se fue a vivir con su bebé de cuatro meses y su suegra, que la animaba a rehacer su vida. La paz le duró seis años. Trabajaba duro en una maquila y tenían para todo lo necesario. «Pero no sabía que iba a fracasar también en mi nueva relación», rememora. Lo que pasó después, la llevó a la cárcel con una condena de cuatro décadas.
Nunca supe que estaba embarazada hasta la madrugada del 24 de noviembre de 2011
«Nunca supe que estaba embarazada hasta la madrugada del 24 de noviembre de 2011″. Sintió un retortijón y pensó que algo le había caído mal al estómago. Lo siguiente que recuerda es ir al baño sin luz de su humilde casa —»somos gente pobre», aclara— y ver mucha sangre. «Me desmayé y cuando desperté en el hospital estaba esposada. Y unos policías y los doctores me decían que era una asesina, que había matado a mi hijo». Al día siguiente estaba en La Bartolina, la cárcel de detención preventiva. Allí pasó cinco días hasta que se celebró la primera audiencia ante un juez. «¿Con qué cortaste el cordón umbilical?», le preguntó el magistrado. «Yo no he cortado nada», contestó. Su abogada de oficio, dice, no habló con ella en todo el proceso. Por eso, ella misma pidió que la examinaran para comprobar que no se había tomado ni introducido nada para provocar el aborto que acababa de sufrir.
El juez hizo caso omiso de la petición de Rivera y la acusó de homicidio agravado. En El Salvador (6,4 millones de habitantes) el aborto es ilegal desde 1998, cuando se endureció el Código Penal. Hasta entonces estaba permitido en tres supuestos: violación, peligro para la madre o si la vida del feto no era viable. La ley, una de las más duras del mundo, no distingue además si la interrupción del embarazo es provocada, involuntaria o el bebé muere durante el parto. Un cambio en la Constitución del país, además, reconoce la vida «desde el momento de la concepción», por lo que un aborto es considerado un homicidio agravado, con penas que oscilan entre 30 y 50 años. Para esta mujer de infancia difícil, que soñaba con estudiar, y madre de un niño de seis, la condena fue de 40 años.
Otras 16 reclusas
En El Salvador, el aborto es ilegal desde 1998. A Rivera la condenaron a 40 años de cárcel tras perder a su bebé
«Empezó una pesadilla. En la cárcel yo no oculté por qué estaba ahí y me llamaban ‘asesina, comeniños’. La comida era mala y no nos daban casi agua, solo dos botellas para beber y bañarnos cada día, algunos no nos daban y nos decían que no teníamos derechos». Así era la rutina en el penal de Izalco, donde había al menos otras 16 reclusas por haber abortado como ella. Al principio no las conocía, creía que era la única, porque las demás ocultaban sus historias para no sufrir los insultos y la discriminación por parte de otras internas.
«Era una triple tortura: primero la separación de mi hijo, también la pérdida del otro y tener que aguantar ese trato». Rivera se sentía muy sola. Sin quitarse de la mente volver a estar con su pequeño, al que solo vio dos veces mientras estuvo presa, empezó a batallar por su libertad y las compañeras en su misma situación. «¿Por qué me iba a quedar callada?». Apenas un mes después de haber sido condenada, aunque llevaba unos cuantos más encarcelada, entró en contacto con la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador, una de las ONG que apoyó al grupo de 17 presas en Izalco por haber abortado. Bajo su jersey, una camiseta azul con letras amarillas recuerda a sus compañeras «y más» porque podría haber casos desconocidos por las organizaciones.
Por mediación de la ONG, Rivera supo que había otras en su situación y que había una campaña legal e internacional para reclamar su libertad. La de Rivera llegó el 20 de mayo de 2016, después de cuatro años y medio entre rejas. Su caso se reabrió y se celebró un nuevo juicio que determinó que la historia que Rivera siempre había contado era verdad.
«Perdóname», le dijo a su hijo, ya de 11 años, cuando recuperó su libertad. «Jamás quise causarle daño y no quería que pasara las mismas cosas que yo cuando era pequeña, andar en la calle comiendo de la basura y que te humillen. Y sentí que se había repetido la misma historia», explica. Lejos de indemnizarla por daños y perjuicios como había solicitado el juez, su absolución no gustó a la Fiscalía que solo diez días después del fallo, lo recurrió.
Muchos me preguntan por qué apoyo el aborto. Porque las mujeres somos dueñas de nuestro cuerpo, les respondo
El temor ante la posibilidad de volver a la cárcel y separarse de su niño otra vez empujó a Rivera a tomar una decisión: tenía que irse de El Salvador. Primero pensó en Estados Unidos como destino, pero necesitaba dinero y no tenía. La oportunidad le llegó pronto. Cinco meses después de haber salido de Izalco, dos entidades de Suecia la invitaron a dar una charla. En octubre de 2016, viajó al país nórdico acompañada de su hijo con intención de quedarse. Y lo logró. Ella es la primera salvadoreña asilada por el riesgo que supone para ella haber abortado.
Una sociedad hipócrita
El hijo de Rivera se ha adaptado a su nueva vida en Suecia, pero echa de menos a su abuela. Ella ha aprendido sueco, aunque bromea entre risas sobre su nivel de manejo del idioma. «Hablo más bien un dialecto». Suficiente para estudiar enfermería para cuidar de ancianos, aunque lo que de verdad sueña es ser abogada. No soporta las injusticias, especialmente las que sufren las mujeres. Y no solo en su país. «Los derechos sexuales y reproductivos son para todas las mujeres del mundo», reivindica. No tener un título de Derecho no le impide, sin embargo, luchar por ellas. Por eso es activista por la despenalización del aborto, por eso cuenta su historia. Para eso ha venido a España invitada por Amnistía Internacional y encadena una entrevista tras otra. Con hablar pausado y sin estridencias, sin prisas por acabar, sin rehuir ningún tema por espinoso que parezca, sin escatimar en detalles.
«Muchos me preguntan por qué apoyo el aborto. ‘Porque soy mujer y somos dueñas de nuestro cuerpo’, les respondo. Pero El Salvador es una sociedad hipócrita. Te discrimina y rechaza por ser mujer. Y por pobre, porque en la cárcel solo hay mujeres pobres, no hay ricas porque ellas si quieren interrumpir su embarazo, salen del país o van a clínicas privadas y lo hacen», espeta.
Rivera no se olvida de las que todavía quedan en la cárcel. «Conocí a Maira y Alba, que habían sido víctimas de violencia sexual y por eso habían quedado embarazas. Me daba rabia. ¿Por qué ellas estaban allí y sus violadores libres? Pensaba en qué habría hecho yo si me hubiera quedado embaraza a los ocho años cuando me violaron», se indigna.
Esta mujer que ha tenido que rehacer su vida muchas veces cree que, además de la hipocresía social, la religión tiene mucho que ver con la penalización del aborto en El Salvador. «La sociedad es muy cristiana. Yo creo en Dios, pero creo que a Dios no le gustan mucho estas injusticias que sufren las mujeres. La religión es una barrera grande», continúa. Pero no una que piense que no se puede romper. Para su país, Rivera quiere una ley de plazos como la española. Mientras llega, tiene un mensaje para las que están encarceladas por lo mismo que ella lo estuvo, que ahora son 18, según los últimos datos de la Agrupación Ciudadana: «Que no están solas. Que tengan fe: algún día gozarán de libertad como yo».
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Reportaje A Fondo
Estados Unidos ofrece 170 millones a Guatemala para prevenir la migración irregular
El presidente de Guatemala aprovechó su gira en Washington para pedir acompañamiento de la OEA en el proceso de elección de magistrados para las Cortes del país.
Ciudad de Guatemala.- El Gobierno de los Estados Unidos ofreció esta semana durante la visita a Washington del presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, que aportará 170 millones de dólares más para el país centroamericano destinados a proyectos de salud, desarrollo y seguridad con el objetivo de combatir las causas centrales de la migración.
Alrededor del mediodía, Arévalo y Harris dieron una conferencia de prensa en la que vicepresidenta reiteró el apoyo de su Gobierno hacia Guatemala. “Su elección ha traído un sentido de optimismo a la gente de los Estados Unidos y alrededor del mundo. (…) Mientras usted responsabiliza a los actores corruptos y promueve una buena gobernanza, nosotros lo apoyamos”, manifestó Harris al presidente guatemalteco.
Harris recalcó la importancia de la lucha contra la corrupción tanto para mitigar la migración irregular como para atraer inversión económica hacia Guatemala. “La corrupción empodera a las organizaciones criminales y perpetúan la violencia, factores que obligan a la gente a dejar su país de origen”, agregó.
Por su parte, Arévalo agradeció el apoyo recibido por el Gobierno estadounidense durante el “difícil proceso de elección presidencial y de transición” y reiteró su compromiso de luchar contra la corrupción. “Mantendremos nuestro compromiso como gobiernos para fomentar la participación de todos los sectores para construir una Guatemala nueva, democrática y mucho más próspera”, señaló el mandatario.
El anuncio de los 170 millones más que se adicionarán para invertir en Guatemala, se anunciaron por medio de un comunicado de prensa previo al encuentro de los funcionarios. Esto forma parte de la ruta de trabajo que Estados Unidos ha implementado, según Harris, en los últimos tres años para abordar las causas fundamentales de la migración irregular de Centroamérica.
Arévalo pide ayuda a la OEA
Como parte de su gira en Washington la que inició el domingo y concluyó este miércoles, el presidente Arévalo participó el martes en la Sesión Protocolaria de la Organización de Estados Americanos (OEA), en la que manifestó su agradecimiento por todo el apoyo recibido durante la transición de Gobierno y les pidió el acompañamiento para la elección de magistrados para Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones, un proceso que se realizará en los próximos cinco meses y en el que el Congreso de Guatemala, deberá elegir a los magistrados que dirigirán ambas cortes para el periodo 2024-2029.
“Guatemala solicita a la Organización de Estados Americanos que de acompañamiento a la selección de autoridades del sistema de justicia mediante una misión de observación de este proceso”, dijo. El mandatario indicó que el país está a la víspera de iniciar una “batalla” jurídica y política contra grupos que controlan el aparato judicial y por eso pidió el apoyo de la OEA.
En la nación centroamericana, la elección de magistrados para ambas Cortes ha sido un proceso viciado en el que abogados, magistrados, exfuncionarios públicos y empresarios han estado en prisión debido al tráfico de influencias y el manejo ilegal que en su momento descubrió e investigó la extinta Comisión Internacional contra la Corrupción en Guatemala (CICIG) para nombrar magistrados. Esta elección es una de las más esperadas y complejas en el Legislativo desde hace más de cuatro años.
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“Podríamos transformarnos en potencia energética”, dice el ministro de Minas y Energía de Colombia, Andrés Camacho. Pero expertos coinciden en que es necesaria una mayor planificación
Buenos Aires.- La transición energética es una de las claves del momento en materia ambiental. El reto es reducir el uso de combustibles fósiles (gas, petróleo y carbón) para reemplazarlos progresivamente por energías renovables. En este escenario, América Latina se encuentra ante una gran oportunidad. Con un enorme potencial para el desarrollo de energía fotovoltaica, eólica, biocombustibles o hidrógeno verde, la cuestión es cómo aprovecharla y qué camino tomar para acelerar el proceso.
Las energías renovables, en aumento
Según el panorama energético 2023 de América Latina y el Caribe, publicado por la Organización Latinoamericana de Energía (Olade), la capacidad de generación eléctrica con fuentes de energías renovables no convencionales en 2022 se incrementó: la eólica, un 10% y la solar, 46%. “El 95% de la nueva capacidad instalada en generación eléctrica en el año 2022 fue renovable y aún existe una brecha que cubrir de 16,2 millones de habitantes en cuanto a cobertura del servicio eléctrico”, aclara el informe.
Brasil, por ejemplo, es uno de los líderes mundiales en inversión en energía eólica, “además de contar con un buen nivel de inversión en investigación y desarrollo tanto público como privado”, agrega Bersalli. Mientras en Chile, según María Trinidad Castro Crichton, directora ejecutiva del World Energy Council (WEC) en ese país, “las energías renovables alcanzan un 54% en la matriz energética, explica. Además, “tiene una capacidad proyectada de producir 70 veces los requerimientos en combustibles tales como el hidrógeno bajo en emisiones”. A eso se le suma, apunta la experta, la gran capacidad de generación de energía fotovoltaica, gracias especialmente a la alta radiación solar en el norte y también de energía eólica por los fuertes vientos del sur de Chile.
La importancia de la planificación
El país sudamericano se comprometió al desafío de la carbono neutralidad para el año 2050 con una transición energética que debe considerar la accesibilidad, seguridad y sustentabilidad del suministro energético, recuerda Castro. “Chile centró su política energética como parte de su estrategia de desarrollo. Es una visión a largo plazo que trasciende los Gobiernos de turno. En este sentido, contamos con una hoja de ruta que define ejes estructurales que vamos actualizando de forma participativa conforme avanzan los años”, señala.
En esta misma línea, el ministro de Minas y Energía de Colombia, Andrés Camacho, destaca que hay dos elementos clave para el proceso de transición energética justa que está desarrollando su país: que sea una apuesta de todas las áreas del Gobierno —no sólo de las de energía— y que haya una respuesta favorable por parte de la sociedad. “Buscamos reducir el extractivismo, desarrollando otros sectores de la economía, como el campo, la industria y el turismo. La idea es garantizar fuentes de ingreso que sustituyan las del petróleo, gas y carbón”, detalla a América Futura el funcionario.
Incluso, recuerda que Colombia tomó la decisión de no conceder más contratos de exploración de petróleo ni hidrocarburos y, así, no aumentar más la frontera extractiva. Además, están llevando adelante un proyecto de comunidades energéticas: “Estamos en pleno desarrollo de más de 5000 comunidades energéticas en todo el país que tienen el propósito democratizar la energía. Tenemos agua, sol y viento para aprovechar. Como continente podríamos transformarnos en potencia energética, complementándonos con los países que tienen minerales, que nos daría un buen margen de competitividad en la disputa geopolítica que el mundo está recorriendo”.
En el caso de Costa Rica, “lo que más se explota es la energía hidroeléctrica que ocupa más del 70% de la matriz”, explica Federico Varela, Gerente General de HiPower, empresa costarricense líder en energía solar. ”Lo que sucede es que cuando se tiene tan alta dependencia de un tipo de energía, la planificación de la demanda es crucial. En 2023, al extenderse el fenómeno de El Niño los embalses se vaciaron, provocando que se tuviera que importar energía de otros países . Ante esto, la energía solar y eólica deberían ser alternativas a la hidroeléctrica”, sostiene. Sin embargo, la política pública actual en Costa Rica no fomenta la adopción de este tipo de energía, lo que viene con aumentos en la tarifa.
¿Y qué pasa con Argentina? Martín Dapelo, especialista en energías renovables y fundador de la empresa On Networking, afirma que, con el nuevo Gobierno de Javier Milei y los cambios que está llevando, “se quitaron beneficios a las renovables y se les mantiene a los hidrocarburos”. En ese sentido, menciona el DNU, el decreto de necesidad y urgencia, que “derogó los beneficios fiscales en materia energética que tenía la generación distribuida”, aquella que permite que cada usuario de la red eléctrica pueda generar su propia energía a partir de fuentes renovables y pueda inyectar los excedentes al sistema energético tradicional. Mientras, los hidrocarburos aún tienen subsidios.
Los retos de América Latina
Los especialistas coinciden en que Latinoamérica necesita saldar ciertas asperezas para unirse en pos de una alianza regional que facilite y dé fortaleza a esta clase de políticas. “Los desafíos que impone la emergencia climática, los conflictos geopolíticos, la era post pandemia, entre otros, necesitan del liderazgo de personas que sirvan de guía para construir en conjunto una casa común mejor para todos”, asegura Crichton, de WEC Chile.
En el mismo sentido, Anahí Urquiza, investigadora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2, dice que en la región hay muchísimo que hacer en materia de investigaciones propias y desarrollo de la ciencia, sin dejar de mirar a los pueblos originarios que “viven de manera diferente en su relación con los ecosistemas”. “Debemos ganar fortaleza para no perder el foco frente a los vaivenes políticos”, sostiene Urquiza. “Para avanzar en estas áreas, necesitamos que las inversiones sean mayores, crear institucionalidad que permita generar una articulación adecuada entre la evidencia científica, el diálogo con los territorios y las decisiones de largo plazo”. ¿Estará Latinoamérica a la altura de poder realizar una transición soberana a largo plazo, poniendo foco en las fortalezas de la región?
Cómo acelerar la transición energética
Los especialistas consultados por América Futura coinciden en una serie de pasos en los que cada país debe trabajar para acelerar la transición:
1. Focalizar en medidas de eficiencia energética e invertir en renovables.
2. A nivel macro, facilitar las inversiones en tecnologías de energía renovable pero también en infraestructura, como líneas de transmisión y distribución, sistemas de almacenamiento.
3. Adecuar normativas, legislaciones y reorientar progresivamente los subsidios energéticos que benefician a los combustibles fósiles hacia las energía limpias.
4. Desarrollar alianzas sólidas a nivel latinoamericano para crear cadenas de valor regionales en torno a las energías renovables, la movilidad eléctrica, transporte público como, por ejemplo, líneas de ferrocarriles rápidos.
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Reportaje A Fondo
El voto de castigo disminuirá en las elecciones presidenciales de América Latina de 2024
Redacción América, (EFE).- Las seis elecciones presidenciales que habrá en América Latina durante este año mostrarán una desaceleración del voto de castigo que han experimentado gobernantes y partidos oficialistas de la región en los últimos cuatro años, según proyectan los sondeos demoscópicos y opinan de los expertos.
En los próximos doce meses se celebrarán comicios presidenciales en El Salvador (febrero), Panamá (mayo), República Dominicana (primera vuelta en mayo y segunda vuelta en junio), México (junio), Uruguay (primera vuelta en octubre y segunda vuelta en noviembre) y finalmente Venezuela (previstas tentativamente para diciembre), el único de los seis países donde las presidenciales no estarán acompañadas de legislativas.
Este súper ciclo electoral comenzó en 2021 y abarca a los diecisiete países de América Latina -todos, excepto Bolivia- donde han tenido o tendrá lugar elecciones presidenciales, legislativas, regionales y locales para renovar las autoridades políticas.
Las elecciones celebradas a lo largo del pasado año han puesto de manifiesto que cuando son convocados a las urnas, los ciudadanos se decantan por opciones que representan una alternativa a la opción política que ostenta el poder, como ha sucedido en Guatemala con el inesperado triunfo del candidato del Movimiento Semilla, el socialdemócrata Bernardo Arévalo.
De hecho, «de las últimas diecinueve elecciones, en diecisiete perdió el partido que estaba en el Gobierno, salvo el caso de Paraguay -con el triunfo de Santiago Peña, del oficialista Partido Colorado- y salvo la farsa electoral en Nicaragua», opina en declaraciones a EFE Daniel Zovatto, hasta hace dos días director regional de Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA).
Lo que está sucediendo “es que todos los que están en el poder son castigados, porque la gente está descontenta», como ha ocurrido en Argentina, «donde perdió el oficialismo y ganó la oposición”, señala a EFE Patricio Navia, profesor titular de Estudios Liberales de la Universidad de Nueva York.
Menos voto de castigo
«Vamos a ver una región más multicolor, más heterogénea, más diversa, sin una ola rosa ni una ola conservadora o de centroderecha, sino con una mayor diversidad de Gobiernos», considera Zovatto.
«Habrá reelección en El Salvador, voto de castigo en Panamá (contra la socialdemocracia, actualmente en el poder) y posiblemente (Luis) Abinader pueda quedarse con la presidencia en República Dominicana, si es que no se le complica», apunta este politólogo y jurista argentino.
En el segundo semestre del año, las elecciones de Uruguay son «una moneda que está en el aire, mientras que en Venezuela no está claro qué tipo de elección va a haber, si con garantías (democraticas) o sin ellas», apostilla.
Según los expertos, la desaceleración de la alternancia en el poder y el castigo a los oficialismos tiene más que ver con las condiciones particulares de los procesos electorales de 2024 que porque esta tendencia vaya a desaparecer del panorama político de América Latina.