Nacionales
En las manos de Dios y a merced de ellos
Los vendedores ambulantes arropan las ciudades… ¿quién los controla?
SANTO DOMINGO. Arepas, huevos hervidos, chicharrones, longaniza, carne frita, queso con galletas, espaguetis y salami con tostones, «jociquito», tripita, morcilla, yaniqueques, maíz en mazorca, batata asada, pasteles en hoja, frutas peladas y enteras, dulces, semillas, empanadas, quipes, chimichurris, mabí, frío – frío, esquimalitos, palitos de coco, agua en botellas, agua en funditas…
Y nos quedamos cortos. Es difícil recorrer cien metros en esta ciudad, sin encontrar alguien que venda «algo». La mayoría de las veces, sin ninguna idea de la responsabilidad que tiene entre manos o sobre su bandeja.
¿Ustedes saben el peligro que corre un ciudadano, al degustar cualquiera de estas «delicias» ofrecidas bajo una temperatura ambiente de casi 40 grados, respirando CO2, y recibiendo lluvia de sudor? ¿Alguien sabe si los que prepararon esos alimentos están fisiológicamente sanos o si el agua que utilizaron para prepararlos es potable? ¿Alguien se ha atrevido a mirar profundamente dónde hierven las mazorcas de maíz?
Que conste que para salir a robar, atracar o vender drogas, es preferible contar con mil personas ganándose la vida honradamente en las calles, pero no a costa de la salud colectiva, ni tomando por asalto la vía pública contaminando el área con desechables no degradables, ni vertiendo aceite frito en las tuberías.
Todos conocemos a personas, que aún trabajando de sol a sol, les resulta muy difícil producir para algo más que poner comida en la mesa un par de veces al día. Por eso, uno se alegra de corazón al ver cómo poco a poco el negocio de un ciudadano progresa.
Es el caso de este señor, que comenzó con una mesita y un fogón de gas vendiendo tostones con salami fritos de desayuno en el corazón de Piantini. En menos de un año, el negocio ha florecido: tiene 3 mesitas, dos fogones, un exhibidor, una doña que fríe, otro señor que despacha, una lona azul para proteger a los parroquianos del calor, media docena de sillas, una camioneta y los mismos tostones con salami, con opción de espaguetis guisados, y algo que apenas atisbo a identificar en lo que cambia la luz.
Pero la alegría por su progreso económico no impide que reclame que su negocio sea regulado y supervisado por autoridades competentes. Pero no por la DGII para quitarle de sus ganancias en su voraz cacería impositiva sin retorno, ni por la Amet o la Policía, que son sus primeros clientes, pero sí por un organismo que certifique mínimamente las condiciones de preparación y venta de la mercancía, y les enseñe a estos manipuladores de alimentos los lineamientos mínimos para cuidar, no sólo su producto, sino también la salud de todos sus usuarios.
En cualquier país del mundo -la parte civilizada, claro-, hasta el que vende ilusiones tiene un carnet, y tiene que registrarse en el ayuntamiento y en una oficina de salud pública. No es posible que estemos a merced de que cualquiera, por mucha necesidad y buenas intenciones que tenga, se autoproclame chef, y nos enferme a todos. Hasta los que no consumimos, porque el desorden y la suciedad queda para todos.
Ayudemos a estas personas que se ganan la vida honradamente ofreciendo sus productos en las mejores condiciones posibles. ¿A quién se le escribe? O más importante aún, ¿quién responde?
Diariolibre.com
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.