Nacionales
En RD las víctimas y testigos no tienen protección efectiva
Vista de uno de los pasillos del Palacio de Justicia de Santo Domingo.
Desde el año 2002, el Código Procesal Penal habla sobre el deber del Estado de garantizar la protección a víctimas y testigos, sin embargo, más de una década después, la cobertura de este tipo de programas es escasa en la República Dominicana.
El mismo Procurador General de la República reconoce la necesidad de ampliar estas medidas con el fin de resguardar a los colaboradores de la Justicia.
En 2009, mediante la resolución 42, la Procuraduría creó la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos bajo el amparo de la Dirección Nacional de Persecución del Narcotráfico y Criminalidad Compleja.
Dicha unidad, según reveló Francisco Domínguez Brito, tiene más de 20 personas bajo protección. “Cada caso tiene sus particularidades, hay algunos en los que se han alquilado apartamentos a estas personas para que vivan en lugares suministrados por nosotros, hay otros en los que no llegamos a ese extremo, sino que tenemos un contacto telefónico permanente”, explicó.
Sin embargo, para el juez del Tribunal Constitucional, Lino Vásquez, el tratamiento dado a las víctimas y testigos es “deficitario como consecuencia de una política dispersa, que no atiende estándares básicos de atención y protección que permitan a la víctima acceder en condiciones de igualdad al proceso”.
En la página 45 del libro “Procedimiento Penal Apuntado”, publicado en abril del 2013, el juez de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Francisco Ortega Polanco, considera que en el país el tema está en “ciernes” y se pregunta “¿Quién con sano juicio, aceptará declarar ante la Policía Judicial o en el tribunal, a sabiendas de las intimaciones y represalias contra sí mismo y sus familiares de parte de los criminales procesados o investigados?”.
Constitución establece protección
Si bien es cierto que el Estado ha dado los pasos para mejorar las condiciones de las víctimas, testigos y sujetos de riesgo, no menos cierto es que nos falta mucho por recorrer. La Constitución dominicana en su artículo 169, párrafo primero, establece que el Ministerio Público “dispondrá la protección de víctimas y testigos”. También en el artículo 177 indica que el Estado tiene que crear programas de asistencia legal gratuita para las víctimas de escasos recursos.
En adición, la ley Orgánica del Ministerio Público (133-11), en su artículo 52 numeral 2, también habla de la protección a las víctimas y testigos.
“Corresponde al director General de Persecución del Ministerio Público: Coordinar el sistema de protección de víctimas, testigos u otros sujetos en riesgo en los procesos penales”, indica la norma.
No hay cultura de protección
La mayoría de las personas que actualmente están bajo el amparo del programa de protección están vinculadas a casos de narcotráfico. Para determinar quién puede o no ser protegido, el Ministerio Público evalúa los casos, el riesgo y la colaboración.
“Yo pienso que el gran problema es que todavía el testigo protegido no es parte de una cultura en la República Dominicana, por eso no hay más. Sin embargo, poco a poco en la medida en que se va institucionalizando, podremos tener más casos de esa naturaleza”, aseguró Domínguez Brito.
El Procurador entiende que es suficiente con el marco legal vigente pero esa “institución, como tal, debe desarrollarse aún más, todavía no es una institución totalmente cotidiana, sin embargo, y sobre todo en materia de violencia de género tendrá que irse afinando más”.
Aseguró, además, que se hace necesario ampliar el sistema y los mecanismos de protección.
Desde la Procuraduría también se instauró la Oficina de Representación Legal de los Derechos de las Víctimas, para brindar asistencia legal gratuita a las víctimas del delito, pero aún su alcance no es nacional. Además, en los casos de violencia de género también se tienen previsto algunos mecanismos de protección.
Un proyecto para las víctimas
Tanto Vásquez, excomisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia, como el exconsultor sobre el proyecto de criminología de esa desaparecida entidad, Miguel Valerio Jiminián, comparten la idea de que el Estado tiene una deuda con la víctima y que se necesita un marco legal que regule y concentre todo lo relativo a la protección de testigos y víctimas.
El mismo comisionado creó el proyecto de ley para la “atención y protección a víctimas, testigos y otros sujetos en riesgos” que reposa en la Cámara de Diputados y entre otras cosas plantea la posibilidad de que testigos y víctimas tengan nueva identidad, indemnización para la víctima cuando el Estado no identifique al agresor, facilitar residencia en el extranjero, un sitio custodiado y reservado para los protegidos.
En resumen, esta iniciativa que costó cerca de RD$240 mil y unas 150 reuniones, según reveló Valerio, busca que a las víctimas, testigos y otros sujetos en riesgo participen en plena igualdad de condiciones en el proceso penal, evitando así posibles impunidades innecesarias y la victimización secundaria.
Para Valerio, acompañar a la víctima es necesario porque cuando termina el proceso penal “así como el imputado tiene derecho a reinsertarse la víctima también tienen derecho a recuperarse”.
Aseguró que, paradójicamente, el Estado no crea políticas de recuperación de víctimas y tiene políticas de reinserción del imputado.
EL CARIBE.
Nacionales
El Ministerio Público solicita medidas de coerción contra Wander Franco por posesión ilegal de arma
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio Público informó este martes que ha solicitado medida de coerción contra Wander Franco, campocorto de los Rays de Tampa Bay, por posesión ilegal de arma.
La coerción solicitada por el órgano persecutor contra Franco consiste en presentación periódica ante el fiscal investigador.
El pelotero fue detenido el pasado domingo luego de un incidente con el joven José Jasiel Cohen Sánchez en San Juan de la Maguana, presuntamente derivado de una disputa amorosa.
Además, se está solicitando coerción en contra de Cohen Sánchez, quien presuntamente agredió a una joven que acompañaba a Franco, la cual, según las autoridades, sería su expareja.
El fiscal Adolfo Augusto Féliz Pérez subrayó que, aunque se alcanzó un acuerdo entre las partes involucradas, el caso fue llevado al tribunal debido a su carácter de orden público.
Detalles del incidente
El fiscal Félix detalló que el altercado comenzó el viernes cuando Cohen Sánchez, al ver a su expareja junto a Franco, tuvo una reacción celosa y, presuntamente, la agredió. Franco intentó mediar en la situación sin involucrarse en una confrontación física.
El conflicto continuó el domingo, cuando Franco acompañó a la joven hasta su casa, y Cohen Sánchez llegó al lugar, supuestamente provocando al pelotero.
Según Féliz, Cohen Sánchez intentó llevar a su expareja en su vehículo y ella accedió a subirse.
- «Al salir del área residencial, llegó el papá de Cohen Sánchez, ante un llamado de su hijo, bloquearon la salida y el padre, creyendo que lo que iban a atracar, sacó su pistola y se produjo una situación confusa», explicó el fiscal.
Finalmente, al llegar la policía al lugar, el propio padre de Cohen Sánchez descubrió el arma de fuego en el vehículo de Franco. A raíz de esta situación, todos los involucrados en el altercado fueron arrestados.
Redacción.- La madrugada de este martes cayó abatido «Carnaval» tras enfrentar a miembros del Dicrim, en un hecho ocurrido en el sector La Toronja del Almirante en Santo Domingo Este.
El presunto antisocial identificado como, José Miguel López de 23 años de edad, habría participado en el asalto a la Joyería Argenis Oro en San Luis.
De acuerdo con las informaciones del vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, López era activamente buscado mediante tres órdenes de arresto por muertes, heridas a ciudadanos y el caso de la joyería en San Luis. Asimismo, se le ocupó un arma de fuego con la cual atacó a los agentes.
El pasado lunes 28 de octubre, hombres armados asaltaron la joyería Argenis Oro, los individuos llegaron a bordo de una jeepeta gris, vestidos con uniformes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) e irrumpieron en el establecimiento bajo la apariencia de un operativo policial.
El propietario de la joyería, Argenis Pérez Rodríguez, dijo que los delincuentes sustrajeron 4 mil gramos de oro.
En días pasados el vocero de la policía, Diego Pesqueira, explicó que, tras una ardua labor de investigación, logró capturar a cinco de los integrantes de una banda delictiva. Asimismo, añadió que durante el proceso se incluyó levantamientos de cámaras, entrevistas y fueron identificados siete de los participantes en este hecho quienes se encuentran prófugos.
Santo Domingo, R.D.-El presidente Luis Abinader eliminó, a través de varios decretos, la Comisión Internacional Asesora de Ciencia y Tecnología, la Comisión Presidencial para la Modernización y Seguridad Portuaria y el Consejo Nacional de Población y Familia (Conapofa).
El Gobierno dijo que la eliminación de esas instituciones forma parte del plan de racionalización y modernización de la administración pública, «eliminando duplicidades y optimizando el uso de recursos estatales en diferentes sectores».
El decreto 636-24 establece la eliminación de la Comisión Internacional Asesora de Ciencia y Tecnología, creada en 2004 para asesorar en políticas de ciencia y tecnología; la disposición gubernamental señala que el Ministerio de Educación asumirá la responsabilidad de concluir sus programas en curso y continuará con sus compromisos jurídicos y contractuales.
“Este decreto también deroga disposiciones previas relacionadas con la creación y administración de la comisión, asegurando una transición ordenada hacia una estructura de gestión más coherente con la Constitución y las leyes vigentes en la administración pública dominicana”, indica el comunicado de prensa.
Con el decreto 637-24 se dispone la supresión de la Comisión Presidencial para la Modernización y Seguridad Portuaria, cuyas funciones serán asumidas por la Autoridad Portuaria Dominicana, que también se encargará de los compromisos legales y contractuales vigentes.
Los bienes de esta comisión serán administrados por la Dirección General de Bienes Nacionales, quien traspasará los activos necesarios a la Autoridad Portuaria para continuar sus labores en el sector portuario.
“Además, este decreto deroga varias disposiciones previas que apoyaban la existencia de la comisión, consolidando sus funciones bajo una sola entidad administrativa para mejorar la eficiencia y reducir duplicidades en la administración pública”, resalta el documento de prensa.
Mediante el decreto 640-24 se emite la supresión del Consejo Nacional de Población y Familia (Conapofa), cuyas funciones serán asumidas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, que se convierte también en el continuador jurídico de los compromisos contractuales y legales pendientes.
La Dirección General de Bienes Nacionales administrará los activos de Conapofa y transferirá los necesarios al Ministerio de Salud Pública para garantizar la continuidad de sus funciones.
La Dirección General de Presupuesto (Digepress) gestionará las partidas presupuestarias no ejecutadas de esta comisión, y el Ministerio de Administración Pública colaborará en la reubicación, cesación e indemnización del personal.