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Opinión

Enfrentar el agravamiento de la crisis con voluntad de derrotar el COVID-19 y avanzar hacia un cambio radical

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Por Narciso Isa Conde

El impacto de la pandemia del COVID 19 ha desnudado, acelerado y agravado la profunda crisis de decadencia del capitalismo mundial.

Ha operado como un detonante de los ya desacreditados modelos neoliberales, provocando crisis de salud y deterioro económico-social en mayor escala.

Los sistemas públicos de salud y seguridad social, ya degradados por las privatizaciones y el ejercicio de la salud como negocio capitalista, han sido desbordados por el enorme número de personas infectadas.

La incertidumbre, el sufrimiento, la perspectiva de hambruna y la amenaza de muerte se apoderan de los pueblos maltratados por sistemas excluyentes e ineficaces frente a ésta y otras epidemias, incluido el nuestro.

La voracidad capitalista y la corrupción agregada, han provocado una crisis de existencia de la humanidad y una fragilidad de la vida en sociedad de tal profundidad, que cualquier aguacero, huracán, terremoto, tornado, epidemia y pandemia, pueden generar tragedias humanas y sociales tan dramáticas como la actual.

Las causas ya no se pueden ocultar.

El capitalismo crea riquezas generando pobreza social y ecológica.

Su razón de ser no son las necesidades humanas, si no las ganancias.

El GRAN CAPITAL es como una especie de Rey Midas, que en vez de convertir todas las cosas en oro, tiene el maleficio de convertirlas en mercancías, para ser ofertada en el altar del Dios Mercado y ser transmutada en lucro y ganancias privadas colosales de unos pocos.

Bajo esta racionalidad y esta lógica capitalista el neoliberalismo considera mercancías incluso a los seres humanos y sus derechos esenciales, a la Madre Tierra o Casa Común, a todo lo que se llame salud humana y ambiental, educación, alimentación, seguridad social, seguridad ciudadana, igualdad de género y ejercicio político.

Pervierte todo.

Convierte todo en negocio y fuente de lucro.

Exalta el yo y procura matar el nosotros/as.

Ataca a muerte la solidaridad humana.

El imperialismo ejecuta todo tipo de guerra sucia: económica, militar, cibernética, química, bacteriológica, viral, mediática… Pentagoniza y gansteriza la política exterior

· Aquellos vientos trajeron estos huracanes.

En ese contexto mundial la República Dominicana, subordinada a EE.UU, no solo no podía ser excepción, sino que se ha constituido en una muestra de altísima de degradación de la clase dominante-gobernante y un país con condiciones estructurales de altos riesgos y enorme vulnerabilidad frente a fenómenos naturales, epidemias y a pandemias como la del COVID 19 en expansión.

Las recetas neoliberales dejaron la economía y los servicios sociales a la deriva de un supuesto libre mercado controlado por las transnacionales y las grandes empresas capitalistas locales.

Durante años los diferentes gobiernos en RD han aplicado las políticas neoliberales privatizando servicios y empresas estatales.

Este accionar y pensamiento ideológico dio aquí el gran salto con la Constitución del 2010. El capitalismo neoliberal adquirió así rango constitucional e infectó todo el marco jurídico, económico y legislativo que rige el funcionamiento del Estado y la sociedad.

Todo esto se ha traducido en las siguientes realidades:

· Las leyes de salud y seguridad social, junto a todas las políticas públicas correspondientes, fomentan el lucro privado en lugar del bienestar colectivo.

· El sistema educativo, público y privado, fue Impregnado de una visión mercantilista, que en vez de formar seres humanos libres y solidarios, solo busca transmitir conocimientos técnicos y productivos que permitan engordar el Capital, a la vez que mercantiliza progresivamente la enseñanza.

· Las leyes electorales y el ejercicio de la política fueron contaminadas en alto grado por el mercantilismo político.

· El consumismo superfluo ha alcanzado niveles alarmantes.

· Los hábitos de consumo cambiaron para peor.

· La estructura social quedó disgregada y trituraron la cultura de solidaridad.

· El egoísmo ha sido inyectado en grandes dosis a la sociedad junto a la ambición por el dinero.

Todas las opresiones y discriminaciones: patriarcado machista, racismo, menosprecio por los niños/as, adolecentes y jóvenes… han sido usadas para el crecimiento de las fortunas y el poder a cargo del gran capital privado y la partidocracia. Y todas las crisis capitalistas son usadas para potenciar esas opresiones

El afán de lucro por vías legales e ilegales se disparó.

La corrupción se expandió en partidos, Estado, gobierno y en no pocas empresas privadas; siempre protegida por un régimen de impunidad.

Las desigualdades crecen y los de arriba se tornan cada vez más autoritarios, insensibles y deshumanizados; más propensos a considerar los cargos públicos, las finanzas del Estado, el patrimonio natural del país y los partidos políticos como patrimonio propio o de sus empresas y negocios.

Así se ha creado una asociación mafiosa entre la partidocracia, altos funcionarios, representantes del gran capital privado y políticos enriquecidos al vapor.

Y a consecuencia de esa perversa dinámica en la acumulación de riquezas y poder, la salud pública, la seguridad social, la educación, el régimen alimenticio, la seguridad ciudadana, las relaciones hombre-mujer, adultos machos-jóvenes y envejecientes, democracia-despotismo y, en fin, las condiciones de existencia del pueblo dominicano, se empeoran más de lo que estaban, empobreciendo enormes contingentes humanos.

El modelo de crecimiento del capitalismo -aun mostrando grados de acumulación y modernización superiores a los que precedieron la restructuración neoliberal- ha profundizado la crisis en todas las vertientes de nuestra existencia como pueblo, conformando una gran crisis múltiple: económica, social, ambiental, urbanística, moral y político institucional.

Además, la fragilidad de un crecimiento basado fundamentalmente en turismo, zonas francas, remesas, endeudamiento externo y dinero del lavado de la corrupción y la narco-corrupción, no ha tardado en evidenciarse y exhibir tendencias al desplome.

Hasta aquí los antecedentes más degradantes generados por esta dominación insoportable, a los que se le ha sumado la estremecedora invasión y propagación del COVID 19; propagación facilitada por la irresponsabilidad de los auspiciadores de las recién realizadas votaciones municipales, en medio de la pandemia y evidentes sus primeras señales en el territorio nacional.

De esa manera la crisis acumulada en las últimas décadas le creó las condiciones al Nuevo Corona Virus para generar una nueva y peligrosa fase de la crisis de salud, y precipitando de paso el desplome de la economía, afectando la mayoría de las fuentes del cacareado crecimiento y situando a nuestro país entre los peores impactados por la pandemia y entre los más incapacitados para detener la cadena de muertes y sufrimientos, la depresión económica y la hambruna que se avecina.

¡Que un virus, por contaminante y mortífero que sea, provoque este desastre, indica lo mal que ha sido gobernada esta sociedad!

· ¿QUÉ HACER? ¿CÓMO ACTUAR?

El Movimiento Caamañista-MC, en tan difíciles circunstancias tiene una enorme responsabilidad y un ineludible desafío, solo posible de abordar desde la firmeza, el espíritu subversivo y la creatividad teórica y política. Dispuesto a asumir ese compromiso junto a la IZQUIERDA REVOLUCIONARIA-IR, MANDO y todas las fuerzas políticas y sociales realmente transformadoras.

Estos conmovedores acontecimientos refuerzan la idea de que las sociedades capitalistas se están tornando cada vez más invivibles, enemigas de la existencia de los seres humanos en condiciones de salud y dignidad.

Esa realidad, cada vez más perceptible por más sectores, resulta en nuestro caso una oportunidad para sembrar y expandir conciencia política respecto a la necesidad de abolir este sistema, de construir nuevas vanguardias e impulsar las luchas de las fuerzas transformadoras con absoluta independencia de la partidocracia tradicional, del gran capital transnacional y local, y de todos los responsables de este desastre.

Una oportunidad para:

· ¡Sembrar democracia real y soberanía!

· ¡Sembrar anti-capitalismo y antiimperialismo!

· ¡Sembrar y expandir conciencia socialista desde el MC y las izquierdas transformadoras!

Una oportunidad para aprender de las luchas recién libradas: Los Haitises, Loma Miranda, Marcha Verde, Juventud Indignada…

· Para rescatar sus aportes valiosos y aprender de sus limitaciones políticas.

· Para que la lucha y las exigencias contra los efectos agravantes del COVID 19 pueda ser asumida en dirección de generar la capacidad de autoprotección y autodefensa del pueblo trabajador y las capas media.

· Para fortalecer el propósito de echar abajo este régimen, desmontar esta institucionalidad corrompida, tirar al zafacón el modelo neoliberal y abrir el proceso transición hacia una nueva democracia.

· Para descartar conciliaciones, alianzas y blandenguerías con los responsables históricos y actuales de esta crisis.

· BATALLA DE IDEAS.

Mientras perdure el Estado de Emergencia, la imposibilidad de ejercer el derecho de reunión, movilización y rebelión, se impone desplegar la BATALLA DE IDEAS contra la clase dominante-gobernante, junto al análisis de los procesos, investigaciones científicas e impulso de medidas sociales realmente efectivas para detener el avance de la pandemia y revertirla.

En esta dirección presentamos las siguientes exigencias y emplazamientos:

1. Ejecución rápida de la decisión de generalizar en todo el país las pruebas gratuitas de detección del COVID 19, ya que está demostrado que los países que han sido más eficaces en la lucha contra la propagación de la pandemia han sido aquellos que han masificado las pruebas libre de costos.

2. Ampliación al máximo posible y de manera sostenida la cuarentena o recogimiento; asegurando cobertura total de alimentación a los hogares empobrecidos e impulsando alternativas al hacinamiento, la falta de agua y luz.

3. Garantizar de inmediato los medios de protección y mayores incentivos a todo el personal de salud, ampliando sus efectivos con nuevas contrataciones y procurando asesoría especializada, particularmente la cubana.

4. Establecer la absoluta gratuidad de todos los servicios de salud mientras duren los efectos de la pandemia.

5. Apelar a un abanico de tratamientos naturistas y convencionales de comprobada eficacia para reducir al mínimo la mortalidad, subvirtiendo los obstáculos impuestos por el afán de lucro de las corporaciones farmacéuticas.

6. Intervenir con esos fines todas las empresas privadas de la salud (clínicas, laboratorios, farmacias, empresas farmacéuticas, ARS…) a fin de que los servicios y medicamentos tengan precios exclusivamente para compensar costos de operaciones.

7. Prohibición categórica, mientras dure la emergencia, del aprovechamiento del dolor de la sociedad dándole continuidad a una campaña electoral que debe cesar, incluidas sus odiosas prácticas clientelistas disfrazadas de filantropía.

8. Crear el FONDO DE EMERGENCIA ESTATAL-PRIVADO destinado a detener la propagación del COVID 19 y a revertir el nocivo impacto económico de la pandemia en nuestro país; comprometiendo muchos más recursos que los ya anunciados y especializados con esos fines. Establecer mecanismos precisos de control y transparencia en su ejecución.

9. Prohibir tanto los despidos como las suspensiones de trabajadores/as sin sueldos. Garantizar, con ese fondo de emergencia, los salarios completos en todas las empresas paralizadas y semiparalizadas.

10. Proteger mediante exoneraciones temporales de impuestos y facilidades financieras-bancarias a las MyPIMES y a las COOPERATIVAS afectadas por la crisis.

· EL FINANCIAMIENTO EXTRAORDINARIO ES POSIBLE Y HAY QUE EXIGIRLO.

Los recursos necesarios para financiar todo lo relacionado con la situación de emergencia y la cuarentena, pueden proceder de las ganancias y ahorros de los grandes grupos económicos locales y de las transnacionales establecidas en el país (obligándolos a aportar), de la suspensión de los pagos de la deuda pública, externa e interna y la recuperación de fondos robados al Estado claramente identificables.

A eso deben agregársele fondos que se pueden obtenerse con un plan de ahorros y austeridad estatal, reduciendo sueldos de lujo y botellas, anulando el acuerdo de pago de 395 millones con ODEBRECH, reduciendo gastos de publicidad, traspasando partes de la asignaciones de Ministerios y entidades prácticamente paralizadas, recortando drásticamente el presupuesto electoral y las asignaciones a los partidos, especializando una parte de la enorme economía en la factura petrolera y de otras tantas fuentes parecidas.

La no observancia de medidas del tipo de las que estamos exigiendo, la continuidad de la indolencia y la irresponsabilidad gubernamental -mezcladas con nuevas modalidades de corrupción- abrirán paso a la aceleración de la hambruna y al crecimiento de la indignación colectiva.

La imposición de más sacrificios a los pobres y muy pobres, acompañados como ya lo están, de una descarada corruptela oficial en las compras y contrataciones de emergencia, auguran una justificada rebeldía popular e incluso asaltos masivos a establecimiento de expendio de alimentos.

· HACIA EL CAMBIO RADICAL

Mientras perdure este momento excepcional hay que estar alerta y es obligatorio, además de emplazar a quienes detentan el poder, instrumentar de inmediato las nuevas modalidades de comunicación, auto-organización y presión popular que contribuyan a la auto-defensa colectiva de la vida y la salud; siempre teniendo presente la posibilidad de precipitación de estallidos o revueltas sociales de gran envergadura a consecuencia de la desesperación provocada por la indolencia de quienes ejercen el poder y poseen grandes fortunas.

Una vez contenida y revertida la propagación de la infección, en medio de una crisis de legitimidad mayor y de las secuelas de este trauma mundial, se abriría otra fase de la lucha popular, en la que el MC será firme abanderado del desplazamiento de este régimen político y este sistema institucional, a través del ejercicio consecuente la DEMOCRACIA DE CALLE, del despliegue de movilizaciones, protestas y rebeldías populares.

Y frente a las perspectivas de imposibilidad de realización de las elecciones presidenciales y congresuales de mayo próximo y ante las pretensiones del PLD danilista de permanecer en el gobierno, el MC asumirá sin vacilaciones la lucha por el establecimiento de un GOBIERNO PROVISIONAL DE EMERGENCIA, que dé respuesta a la profunda y multifacética crisis heredada de esta conmoción y sus antecedentes.

Asumirá con firmeza renovada todo lo que contribuya al inicio transformaciones estructurales vía UN CAMBIO RADICAL que incluye un PROCESO CONSTITUYENTE con todos sus atributos: ASAMBLEA CONSTITUYENTE SOBERANA por elección y participación popular, NUEVA CONSTITUCIÓN, NUEVA INSTITUCIONALIDAD Y NUEVAS ELECCIONES con nuevas reglas de juego.

Abrazado a los héroes y heroínas de la Patria, en este mes del Abril Heroico, al compas de los latidos del corazón del pueblo y solidarios con todos los pueblos de Nuestra América y del Mundo, seguros de su acompañamiento en medio de crisis parecidas, el Movimiento Caamañista- MC jura dar esta pelea hasta la victoria final.

¡HACIA ATRÁS, JAMAS; HACIA ADELANTE, SIEMPRE!

¡HACIA EL CAMBIO RADICAL!

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Opinión

La CIA, Mockingbird y los periodistas

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(I)

Por Oscar López Reyes

Desde 1950, tres años a posteriori de su creación -1947- la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos comenzó a instrumentalizar a periodistas para manipular y moldear a la opinión pública mundial, en una abominable labor de zapa, en el cenit geopolítico de la Guerra Fría entre dos superpotencias imperiales. Su proyecto primigenio, y el más escalofriante, ha sido la encubierta Operación Mockingbird, mediante la cual se ocultaron y tergiversaron informaciones para influir a favor de los designios norteamericanos, y desde 2019 ejecuta a gran escala una campaña de reclutamiento para difundir noticias y entretenimiento en redes sociales y plataformas streaming.

En estos 78 años, la CIA ha invertido miles de millones de dólares en el enlistamiento de periodistas anti-éticos y anti-democráticos y en infiltración en medios de comunicación para divulgar programas propagandísticos, engendrando el descrédito y la desconfianza ciudadana, así como la animadversión de adversarios en guerras.

La operación Mockingbird, que inicialmente consistió en escuchas telefónicas periodísticas sin orden judicial, fue llevada a cabo por la CIA para identificar fuentes de filtraciones de datos de alta inteligencia. Principió grabando conversaciones privadas de Hanson Baldwin, reportero de seguridad nacional del New York Times, entre el 12 de marzo y el 15 de junio de 1963, desde el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Las grabaciones fueron por iniciativa del presidente de Estados Unidos, Jhon F. Kennedy, luego que se incomodara por un reportaje de primera plana publicado por Baldwin (ganador del Premio Pulitzer en 1943 por su cobertura de la Segunda Guerra Mundial) en la edición del 26 de julio de 1962 del New York Times en el que, amparado en una información clasificada, revelaba el número de misiles nucleares en el arsenal estadounidense. A su vez, comparaba esos depósitos atómicos de Estados Unidos con los de la Unión Soviética, y el afán de esta última superpotencia por resguardar sus emplazamientos de misiles balísticos intercontinentales.

A seguidas, la CIA también intervino los teléfonos residenciales de los columnistas Robert S. Allen y Paul Scott (The Allen-Scott Report, publicada en unos 300 periódicos), tras estos dar a conocer secretos clasificados de Estados Unidos. Más adelante, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) se incorporó a las averiguaciones y vigilancia para detectar quienes desde los organismos de inteligencia estaban infiltrando informaciones a la prensa. También produjo la intercepción telefónica a la periodista de Newsweek, Lloyd Nornam, y el secretario de Estado Dean Rusk presionó para que CBS News no difundiera un reportaje del periodista Daniel Schorr sobre el espectacular escape de ciudadanos de Alemania Oriental a través de un túnel bajo el Muro de Berlín.

Por intermedio del proyecto Mockingbird -según variadas fuentes- para divulgar propaganda proestadounidense y truquear a la opinión pública contra la influencia comunista, aceptaron ser asalariados de la CIA cientos de periodistas de The New York Times, The Washington Post, Newsweek, ABC, CBS, NBC, la revista Time, Louisville Courier Jounal, Copley News Service, la agencia internacional Reuters y otros medios de América Latina, Europa y otras regiones.

Los objetivos bien definidos de la contratación a sueldo de la red de periodistas, publicaciones, televisoras y emisoras tengo que segmentarlos en siete:

1.- Difundir relatos preescritos por la CIA, para tratar de cambiar la percepción global sobre situaciones y personas, siempre favorables a Estados Unidos.

2.- Controlar la política editorial de medios comunicativos, a través de altos ejecutivos y editores, en una novedosa interacción subrepticia gobierno-prensa.

3.- Ocultar informaciones perjudiciales o desfavorables a Estados Unidos, en una intromisión estatal sin precedentes.

4.- Inclinar la balanza para conveniencia estratégica de Estados Unidos en coberturas informativas, artículos de opinión, editoriales y otros géneros periodísticos.

5.- Contrarrestar la propaganda e influencia de la Unión Soviética, con mecanismos sofisticados de persuasión pública.

6.- Suministrar datos de inteligencia, en una típica tarea de espionaje.

7.- Detectar a agentes o empleados de organismos de inteligencia que confidencialmente suministraban informaciones a periodistas.

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El autor: Redactor principal del Código de Ética del Periodista Dominicano y autor exclusivo del libro “La Ética en el Periodismo. Los cinco factores que interactúan en la deontología profesional”.

 

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Opinión

Cuando el privilegio pesa más que el salario

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Por Isaías Ramos

En el artículo anterior, “Cuando trabajar no alcanza”, mostramos lo esencial: en nuestro país hay trabajadores a tiempo completo que, aun cumpliendo con todo, no alcanzan el costo de la canasta básica. Hoy toca cerrar el círculo con una pregunta inevitable: si el Estado asegura que no tiene margen para indexar el ISR ni para acercar los salarios a la canasta, ¿cómo sí lo tiene para blindar exenciones y subsidios que ya rondan el medio billón de pesos al año?

La comparación es contundente: alrededor de RD$19 mil millones para cumplir la indexación —lo mínimo para que la inflación no se coma el salario por la vía del impuesto— frente a más de RD$500 mil millones en gasto tributario y subsidios no focalizados. Esa diferencia no es técnica; es moral. Es un impuesto silencioso al trabajo para sostener privilegios que casi nunca rinden cuentas.

No hablamos de milagros, sino de coherencia constitucional.

Primero derechos; después privilegios.

La indexación es justicia básica; que el salario cubra la canasta es dignidad mínima. Cuando eso no ocurre, todo lo demás se convierte en una transferencia regresiva: recursos públicos arriba y salarios de subsistencia abajo.

Lo vemos en historias como la de Marta, cajera en una tienda que abre seis días a la semana. Gana el salario mínimo del tramo superior y aun así no le alcanza para transporte, alimentos y educación básica de sus hijos. Todos conocemos una Marta. Su caso no es la excepción; es el reflejo de un modelo.

Reconocemos, sin ambigüedades, que ciertos sectores han traído inversión y empleo. Pero en un Estado Social y Democrático de Derecho, la prioridad no se discute: derechos primero, incentivos después. Si un sector recibe exenciones millonarias durante décadas, la contrapartida mínima es un salario mediano por encima de la canasta y una reducción verificable de la informalidad. Y si los beneficios se justifican por su aporte, ese aporte debe comprobarse con datos públicos.

Las preguntas son simples, y las respuestas deberían serlo también:

  • ¿Cuál es su salario mediano y qué parte de la canasta cubre?
  • ¿Cuál es su aporte fiscal neto, descontadas exenciones y transferencias?
  • ¿Qué metas salariales y de formalización han cumplido —auditadas y con plazos—?

Si esas respuestas no existen, la falla no está en quien critica, sino en un modelo que evita mirarse al espejo.

Cuando miramos la región, el panorama se vuelve más claro y más crudo. Llevamos décadas creciendo alrededor de 5 % anual, más del doble del promedio latinoamericano. Sin embargo, datos del Banco Mundial muestran que menos de 2 % de los dominicanos ascendió de grupo de ingreso en una década, frente a un 41 % regional. Es una de las movilidades más bajas de América Latina: un motor económico de alta potencia montado sobre una carrocería social demasiado frágil.

A eso se suma un mercado laboral con alrededor de 55 % de informalidad, superando un promedio regional que ya bordea la mitad. Millones de personas trabajan sin contrato, sin protección y sin capacidad de negociación. Mientras tanto, el salario mínimo formal del sector privado no sectorizado —según el tamaño de la empresa— oscila hoy entre unos RD$16,000 en las microempresas y cerca de RD$28,000 en las grandes, y ni siquiera en su tramo superior alcanza el costo de la canasta familiar nacional, que ronda los RD$47,500, ni la canasta del quintil 1, situada en torno a RD$28,400. La mayoría de los trabajadores informales ni siquiera se acerca a esos montos.

Ahí está el nudo del modelo: un PIB que corre por delante del promedio regional, con salarios más bajos, más informalidad y menor movilidad que casi todos. Ahí es donde la retórica del “milagro” deja de coincidir con lo que millones viven cada día: jornadas largas, ingresos insuficientes y un crecimiento que no se traduce en dignidad.

Y, mientras tanto, la indexación —que solo evita que el impuesto castigue el salario— se presenta como inalcanzable. No lo es. Lo inalcanzable es pretender estabilidad congelando la protección del trabajador mientras se blindan privilegios que nadie revisa con lupa desde hace décadas. Eso no es estabilidad; es un subsidio a la precariedad.

La discusión no es “si hay dinero”, sino de dónde es justo que salga.

¿De quienes ya no pueden más, o de exenciones que llevan medio siglo sin evaluación seria?

¿De la nómina de la clase trabajadora, o de regímenes especiales convertidos en vacas sagradas?

En el Frente Cívico y Social entendemos que la guía es simple y está escrita en la Constitución. El artículo 62 establece, entre otras cosas, que es finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado y, en su numeral 9, consagra el derecho a un salario justo y suficiente para vivir con dignidad. No es poesía; es mandato. Si el salario mediano de un sector no cubre la canasta, ese sector no cumple con la dignidad mínima. Y si además recibe exenciones, la obligación de rendir cuentas es aún mayor.

Y porque no hay dignidad sin desarrollo, no olvidemos lo esencial: salario digno es demanda interna, productividad futura y estabilidad social. Con sueldos de miseria no se construye un mercado interno robusto, no se fortalece el capital humano, no hay escalera de movilidad. Lo que se “ahorra” hoy en salarios bajos se paga mañana en menor crecimiento y mayor conflictividad.

En una frase: un país que se respeta no pone el privilegio por encima del salario, ni el incentivo por encima de la dignidad. Cuando la política honra esa jerarquía, la estadística deja de ser consuelo y se convierte en vida vivible.

Despierta RD

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Opinión

La Corte Penal Internacional y los Tribunales Penales Internacionales  (1 de 2)

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Por Rommel Santos Díaz

A diferencia de la Corte Penal Internacional, cuyo estatuto es el resultado de varios años de debates y de la Conferencia de Plenipotenciarios, los tribunales Ad –Hoc para la Ex Yugoslavia  y Ruanda  son la expresión de una respuesta a dos situaciones específicas caracterizadas por la comisión de atrocidades en el territorio de estos países.

Fue precisamente la gravedad de las circunstancias lo que obligó al Consejo de Seguridad a ejercer las atribuciones que le confiere el  Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas para crear las jurisdicciones penales Ad – Hoc para la Ex Yugoslavia ( Resolución  827 de 1993) y para Ruanda (Resolución 955 de 1994)

En estos casos, ambos tribunales tienen virtualmente estatutos idénticos y también compartieron algunas instituciones comunes, como  por ejemplo el Fiscal, dado que a partir del 15 de septiembre del 2003, el Consejo de Seguridad designo a Hassan Bubacar Jallow como Fiscal del  Tribunal Penal Internacional  para Ruanda.

La Fiscal Carla Del Ponte ejerce su competencia exclusivamente en relación al Tribunal Penal Internacional  para la Ex Yugoslavia. Las características comunes entre ambos tribunales han tenido como consecuencia, al menos en el ámbito teórico, la economía y uniformidad en el ámbito fiscal  hasta el año 2003 así como en el desarrollo de una línea jurisprudencial sólida y constante en el análisis de sus respectivos casos.

De esta forma la creación de dichos tribunales Ad-Hoc constituye un desarrollo sin precedentes a favor de la implementación de las normas sobre derechos humanos que a su vez ha favorecido una dinámica positiva en el proceso de creación de un sistema de justicia penal internacional  que se concreta casi una década después con el inicio de las funciones  de la Corte Penal Internacional.

Por su lado el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda fueron creados por resoluciones del Consejo de Seguridad en virtud de las cuales son considerados como órganos judiciales subsidiarios del mismo.

Se ha establecido que aun cuando fueron creados por el Consejo de Seguridad, el cual no es un órgano judicial, esto no afecta la validez del acto jurídico de creación puesto que ambos son el reflejo del ejercicio del mandato del principal órgano de las Naciones Unidas  para mantener la seguridad y la paz internacional.

Esta línea de razonamiento concuerda con la establecida por la Corte Internacional de Justicia en su Opinión Consultiva sobre los efectos de las compensaciones concedidas por el tribunal administrativo de las Naciones Unidas de 1954.

Por tanto, mientras la Corte Penal Internacional es un tribunal internacional independiente, el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda son órganos judiciales subsidiarios del Consejo de Seguridad Conforme al Artículo 2 del Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional mantiene relaciones de cooperación con el sistema de de las Naciones Unidas, pero ello no afecta su  independencia con respecto a dicha organización internacional.

Rommelsantosdiaz@gmail.com

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Edificio La República: Restauración No. 138, cuarta planta, Santiago, República Dominicana. Teléfono: 809-247-3606. Fax: 809-581-0030.
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